Laura de Grado | Madrid - 6 febrero, 2024
La mutilación genital femenina (MGF) no es un problema exclusivo de comunidades africanas, las niñas que están en riesgo en España «son españolas, han nacido aquí y están aquí para quedarse», afirma de manera contundente la activista y mediadora intercultural Hellen Namuli, quien recuerda que la lucha contra esta forma de violencia machista debe involucrar a toda la sociedad, independientemente de su origen.
«Parece que el 6 de febrero solo la comunidad africana tiene que participar en esta lucha, pero si una violencia toca a una mujer, toca a todas las mujeres«, reivindica a Efeminista Namuli, que aprovecha el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina para pedir que más mujeres levanten su voz y griten «ya basta» contra la ablación.
La activista se une a otras expertas y organizaciones que insisten en que, para combatir eficazmente esta forma de violencia, es imperativo contar con datos actualizados, informar y sensibilizar sin juzgar a las supervivientes, así como formar al personal sanitario y al profesorado en perspectiva de género e interseccional para garantizar un abordaje integral.
La activista y mediadora intercultural de UNAF, Hellen Namuli, durante una entrevsita con Efeminista. EFE/Laura de Grado
De origen ugandés, Namuli lleva años dedicándose la salud sexual y reproductiva y a la lucha contra diversas formas de violencias, especialmente a la prevención y atención de MGF. Desde hace dos años lo hace como parte del equipo de mediadoras de la ONG Unión Nacional de Asociaciones Familiares (UNAF) en Madrid, una de las comunidades -después de Cataluña- donde más niñas están en riesgo de ser mutiladas.
Una violencia que «no se contabiliza»
En España se calcula que hay más de 15.500 niñas de entre 0 y 14 años cuyas familias proceden de países donde se practica la mutilación genital femenina, principalmente zonas del África subsahariana (Nigeria, Senegal, Gambia, Guinea y Ghana), de las que aproximadamente unas 3.600 se consideran en riesgo de sufrir ablación, según el estudio «La Mutilación Genital Femenina en España» de 2019, elaborado por la Fundació Wassu-UAB y promovido por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (desde ese año no se han actualizado los datos).
Preguntada por esas cifras, Namuli sostiene que uno de los obstáculos es, precisamente, la falta de estadísticas oficiales. Casi todas las cifras disponibles se basan en estimaciones y percepciones de las trabajadoras, señala, pero «no se contabiliza» la magnitud de esta violencia.
Y subraya que esas niñas en riesgo «son españolas» porque en la mayoría de los casos han nacido en España o han venido con sus familias y «están aquí para quedarse».
Más presencia del movimiento feminista
Desde UNAF piden que la MGF sea una lucha prioritaria dentro de la agenda feminista porque se trata de una forma de violencia contra las mujeres que, por desgracia, aún está muy presente en una sociedad multicultural como es la española.
Y reclaman un protocolo estatal integral, multi e interinstitucional que garantice la atención a mujeres y niñas supervivientes y una evaluación del protocolo sanitario elaborado en 2015.
Asimismo, critican la disparidad en la respuesta social ante diferentes formas de violencia de género. En sus declaraciones, destaca la paradoja de que, si bien todas las mujeres se unen en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N), mostrando una solidaridad colectiva, esta unidad parece desvanecerse en la lucha contra la mutilación genital femenina.
«Queremos que el día 6 haya más presencia de mujeres luchando para erradicar esto», insta Namuli, que pide «trabajar juntas».
La MGF está reconocida internacionalmente como una violación de los derechos humanos de las mujeres y niñas. Se estima que la han sufrido unas 200 millones de mujeres y niñas en el mundo, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), y cada año amenaza a 4 millones de niñas.
Además, está considerada una forma de violencia contra las mujeres según el Convenio de Estambul que España ratificó en 2014, y la ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida como la ley del «sólo sí es sí», reconoció esta práctica, que consiste en la extirpación -parcial o total- de los genitales externos de las mujeres, como una forma de violencia machista. Sin embargo, el riesgo persiste.
Conocer sus derechos para luchar contra la MGF
Namuli, que ha colaborado con organizaciones como Karibu, Médicos del Mundo y Dahtmaco, enfatiza que ninguna madre desea dañar a su hija y que el proceso de sensibilización implica educar, desde un enfoque feminista, sobre los derechos de las mujeres y la infancia.
«Cuando una mamá practica la MGF piensa que está haciendo algo bueno para su hija, hay que tratar este tema con mucha sensibilidad porque muchas veces no saben las consecuencias», relata.
Por eso el conocimiento de estos derechos empodera a las mujeres y les proporciona una herramienta esencial en la lucha contra todas las formas de violencia, afirma la trabajadora de UNAF, organización que lidera La Red Estatal Libres de MGF.
Las estrategias de Namuli para acercarse a las mujeres pasan por utilizar códigos culturales que facilitan la comunicación y el entendimiento, escuchar desde el respeto y «no juzgar» para crear un espacio seguro y de confianza donde se sientan libres de expresarse.
«Es importante saber identificar y comprender lo que necesitan las mujeres, interesarse por lo que les gusta hacer y sus intereses», añade.
Y explica que el trabajo de mediación no solo se limita a la atención individual, sino que se extiende a talleres grupales y programas de sensibilización, o al acompañamiento y colaboración con profesionales de la salud y la educación y otros actores clave.
Proteger a las niñas de la mutilación genital femenina
En este sentido y para mejorar la atención a supervivientes de MGF, especialmente en los centros de salud, hace falta formación en perspectiva de género e intercultural.
Y recuerda la urgente necesidad de empezar a trabajar, desde los colegios e institutos, con las supervivientes que todavía son niñas y están a tiempo de crecer con educación sexual y reproductiva de calidad.
Para proteger a estas menores la ley española castiga la mutilación genital femenina con penas de cárcel de entre 6 y 12 años y la perdida de la custodia de las hijas, también si se realiza fuera de España.
Desde 2015 existe una herramienta de prevención conocida como «compromiso preventivo», un documento que sirve para que padres y madres puedan usarlo de apoyo en su decisión de no practicar la ablación a sus hijas cuando viajan a los países de origen.
Con él la familia se compromete a no mutilar a su hija durante la estancia en su país de origen y, para asegurar la integridad de la niña, la pediatra revisa a la menor antes y después del viaje con el fin de constatar que no ha sufrido ningún daño físico.
