PACMA presenta una demanda por la presencia de menores en corridas de toros durante las Fallas de Valencia
El Partido Animalista sostiene que la Ley de derechos y garantías de la infancia y la adolescencia de la Comunitat Valenciana prohíbe la asistencia de menores a corridas de toros.
Valencia, 06 de marzo de 2024 - El Partido Animalista PACMA ha formalizado su demanda contra la Consellería de Justicia, Interior y Administración de la Generalitat Valenciana; Nautalia Viajes S.L – arrendataria de la Plaza de Toros de Valencia – y la Diputación de Valencia – titular de la Plaza -, por la asistencia de menores a corridas de toros durante las Fallas de 2022.
La formación política denuncia que ni la Generalitat, ni la Diputación, ni Nautalia, no solo no hayan restringido el acceso de los menores a estos espectáculos, sino que, por el contrario, se haya fomentado mediante la organización de un “palco infantil”.
Para PACMA, se estaría infringiendo la Ley de derechos y garantías de la infancia de la Comunitat Valenciana, que prohíbe la asistencia de menores a “espectáculos cuyo reglamento contemple la producción de daños físicos o psíquicos sobre personas o animales”, así como su acceso a “recintos donde tengan lugar actividades o espectáculos violentos”.
Tras el archivo de la denuncia inicial, presentada ante la Agencia Valenciana de Seguridad, PACMA recurrió a la Consejería de Justicia, Interior y Administración Pública. Sin embargo, ambos organismos de la Generalitat coincidieron en cuestionar, en sus respectivas resoluciones, que las corridas puedan ser consideradas espectáculos violentos, lo que PACMA decidió recurrir en vía judicial.
“Es ridículo pretender que las corridas de toros, cuya regulación prevé el uso de armas como puñales, arpones y espadas, con la finalidad de herir gravemente a un animal hasta causarle la muerte, pueda no ser considerado un espectáculo violento” señala Cristina García, abogada y vicepresidenta del Partido Animalista.
Adultos tapando los ojos a los niños
“Como prueba de la asistencia de menores, hemos presentado imágenes de las corridas denunciadas, que fueron publicadas en los medios, en las que se podía observar, incluso, cómo las personas adultas que acompañaban a los niños, en determinados momentos, les llegan a tapar los ojos con las manos para evitar que vean las terribles escenas que se suceden en el ruedo”.
En su demanda, PACMA insiste en que el Comité de Derechos del Niño de la ONU ha manifestado de manera reiterada que la tauromaquia es una actividad de la que es necesario proteger a la infancia. En 2018, entre las Observaciones finales sobre los informes periódicos de España, la incluyó en el apartado “Violencia contra los niños”, recomendando prohibir la participación de menores “como toreros y como público en espectáculos de tauromaquia”.
El equipo legal de PACMA explica que la propia Ley de derechos y garantías de la infancia y la adolescencia de la Comunitat Valenciana establece en su preámbulo que debe ser interpretada conforme a la Convención, y, por tanto, a las recomendaciones del Comité, a la par que establece la obligación de los poderes públicos de adoptar las medidas necesarias para proteger a los menores de cualquier forma de violencia.
Absurdo: "se está protegiendo a los niños de ver las corridas por la tele, pero no de verlas en directo"
Esta misma Ley prohíbe a los medios públicos autonómicos emitir imágenes de espectáculos que impliquen maltrato animal. En este sentido, en el Manual de estilo de la Corporación valenciana se explica que, por respeto a la sensibilidad de las personas, sean adultas o infantes, no se retransmiten corridas de toros, por tratarse de espectáculos con maltrato implícito, mientras que, como denuncia el Partido Animalista, el Jefe del Servicio de Espectáculos Públicos y el Director General de Interior de la Generalitat cuestiona que puedan ser consideradas como espectáculos violentos. “Así nos encontramos con el absurdo de que, en la Comunidad Valenciana, se está protegiendo a los niños de ver las corridas por la tele, pero no de verlas en directo.” remata Eva Ramos, la asesora jurídica de PACMA.
