Por Jorge Majfud
Como observamos al principio, para conocer las raíces de los fenómenos políticos y sociales en América latina y en otros continentes, debemos estudiar lo que ocurrió o está ocurriendo en Estados Unidos. Aquí veremos uno de los muchos ejemplos (aunque no referidos a diseños de agencias secretas ni a traspiraciones ideológicas de grandes compañías), un hecho judicial específico. En otras palabras, el destino del mundo en manos de un puñado de individuos con sus propias opiniones sobre la Humanidad.
Actualmente, según la Ley Federal de Campañas Electorales, las contribuciones están sujetas a ciertos límites. Por ejemplo, un ciudadano común no puede donar más de 3.300 dólares por elección.[i] Pero, una vez limitada la generosidad de gente común, la ley muestra sus debilidades por los lobbies. Uno de los actores de peso en la administración del poder social son los Political Action Committees (PACs) los cuales, como las iglesias, están exentos de pagar impuestos, pese a que su accionar gira entorno al gran capital. Exentos de pagar impuestos y exentos de revelar sus fuentes de ingresos.
Exentos de gravámenes y libres para acosar a las instituciones. En 2010, la Corte Suprema de Estados Unidos (como en las últimas décadas, con una amplia mayoría de jueces elegidos por presidentes conservadores) falló en favor de Citizens United, otra “organización sin fines de lucro” a favor de los derechos de las grandes corporaciones. Su fundador, masón y admirador de Ronald Reagan, Floyd Brown, lo definió de forma sintomática: “Somos gente a la que no les importa la política; gente que desea que el gobierno los deje en paz; pero si su país los llama a luchar en el extranjero, lo hará con gusto”. Para este fanatismo anglosajón, las brutales intervenciones en otros países no son políticas ni son sobre intereses económicos, sino puro patriotismo, Dios, la moral y el teorema de Pitágoras.
Como toda organización conservadora y funcional a una elite aristocrática, su lema incluye la palabra “restaurar” y “volver a los buenos viejos tiempos”, todo en nombre del “we the people”: debemos “devolver el gobierno de Estados Unidos a los ciudadanos”, junto con la clásica narrativa que se chorrea hacia el sur desde hace un par de siglos: “reafirmar los tradicionales valores estadounidenses de un gobierno mínimo, de la defensa de la libertad de empresa, por una familia fuerte y por la soberanía y seguridad nacional”. En menos palabras: por la libertad irrestricta de los amos. Lo que en 1776 significaba “we the people”, ahora significa “nosotros los ciudadanos”. Es decir, un Club VIP de propietarios con poder económico y político.
En 2009, esta poderosa organización privada inició una demanda contra la Comisión de Elecciones Federales. En la demanda y en el fallo final de la Corte Suprema, se entendió que la limitación de donaciones de un grupo cualquiera a un partido político constituía una violación a la Primera enmienda de la constitución. Cinco votos en nueve entendieron que “si la Primera Enmienda tiene alguna fuerza, debe prohibir al Congreso cualquier multa o encarcelamiento de ciudadanos o de asociaciones de ciudadanos, simplemente por participar en discursos políticos”. Según esta interpretación, las megacorporaciones son ciudadanos y asociaciones de ciudadanos “participando en discursos políticos…”[1] Es decir, que una corporación multimillonaria o un señor multimillonario no pudiesen donar unos cientos de millones de dólares a un candidato al senado o a la presidencia iba contra la “libertad de expresión”. La decisión liberó múltiples restricciones y mantuvo una sola: los ultra millonarios no pueden donar sumas obscenas a los candidatos, si no es a través de fundaciones fachadas, conocidas como “sin fines de lucro” y diferenciadas de los PAC por el superlativo “super”: los Super PACs no tienen limitación de donación a grupso que promueven una determinada candidatura. Además, pasan a tener el derecho de hacerlo de forma anónima, lo que entre los académicos y analistas de todo tipo pasó a llamarse dark money (“dinero oscuro”).
Claro, otra vez, en el país de las leyes se hace todo legal. La corrupción es cosa de latinoamericanos y de negros pobres en África. Otra prueba irrefutable de la observación que hiciera a fines del siglo XIX el escritor francés Anatole France: “La Ley, en su magnífica ecuanimidad, prohíbe, tanto al rico como al pobre, dormir bajo los puentes, mendigar por las calles y robar pan”. Como suele ocurrir en una democracia como la de Estados Unidos, secuestrada por las corporaciones, los verdaderos ciudadanos tenían otra opinión. A principios de 2010 una encuesta de ABC y The Washington Post reveló que el 80 por ciento de los estadounidenses se oponía a la eliminación de trabas y límites en las donaciones a los políticos propuesta por Citizens United.[ii] Obviamente, nada de eso importa ni tiene algún efecto legal. Obviamente, la ley se argumentó con un barniz de igualdad, ya que los sindicatos de obreros, que no sólo obtienen recursos de sus trabajadores afiliados sino que han sido arrinconados en su institucionalidad por décadas, tendrían el mismo derecho de apoyar candidatos con “cifras ilimitadas de dinero”. El mismo derecho que las corporaciones privadas que manejan más dinero que países enteros.[2]
Cinco votos en nueve decidieron el destino de 320 millones de estadounidenses y, por extensión cultural e ideológica, de gran parte del resto del mundo. Sobre todo, de América latina, el todavía Patio trasero de la mayor potencia económica, militar e ideológica del mundo. Desde entonces, hubo varios intentos para, si no limitar, al menos revelar la identidad de los super donantes. Uno de los más recientes, por ejemplo, fue una ley aprobada por el estado de California, la que pretendía obligar a revelar el nombre de los donantes multimillonarios a causas políticas. La demanda contra la ley fue impulsada por la fundación Americans for Prosperity, otra “organización sin fines de lucro” exenta de impuestos y fundada por el multimillonario Charles Koch y su hermano David Koch, y por el grupo conservador Thomas More Law Center.[iii] Naturalmente, el 0,01 por ciento de los de arriba saben cómo hacerlo. La Suprema Corte determinó que la ley violaba el derecho de los supermillonarios, establecido en el fallo de 2010.
Estas prácticas son conocidas desde el siglo XIX, pero a partir del nuevo fallo de la corte Suprema en 2010, el negocio de la política se multiplicó. Veamos, por ejemplo, un caso entre cientos de empresas dedicadas a crear opinión pública, ahora con más impunidad que antes. Berman and Company, fundada por el lobbyist Richard Berman, es uno de los mayores conglomerados dedicados a la creación de opinión a través de la demonización o el enchastre de los adversarios de sus clientes.[3] Aunque es una empresa privada con ganancias de decenas de millones de dólares, posee decenas de “organizaciones sin fines de lucro” que actúan como fachada, no sólo para su acción en el mundo mediático sino para la recepción de donaciones y pagos. ¿Por qué? Porque, según las leyes que lograron aprobar estos mismos grupos de intereses especiales, las donaciones a los grupos “sin fines de lucros” se realizan en total y completo secreto. La ley protege la anonimidad de los donantes. Todo realizado como es la costumbre del extremismo capitalista en nombre de la libertad. Rick Berman, abogado especializado en relaciones laborales, fundó “Enterprise Freedom Action Committee (Comité de Acción por la Libertad Empresarial)” (EFAC), una organización de derecha, dedicada al astroturf (v(ver capítulo “Relaciones sociales y astroturfing” en Moscas en la telaraña)), es decir, a crear movimientos falsamente populares desde arriba para servir los intereses de los de arriba.[4]
El 30 de octubre de 2014, el New York Times publicó una confesión del poderoso señor Berman, aparentemente debido a un micrófono abierto: “La gente siempre me pregunta: ¿Cómo sé que no seré descubierto, que lo que hago tiene una intencionalidad política? Es que todo lo que hacemos lo hacemos a través de organizaciones sin fines de lucro, las que están protegidas de cualquier obligación de revelar quiénes son sus donantes. Existe un anonimato total. La gente no sabe quién nos apoya”. El mismo experimentado Berman también dejó escapar algunos consejos para manipular la opinión pública: “Se debe usar el humor para desacreditar o marginar a nuestros adversarios”. Como sabemos que el humor ya casi no existe en las redes sociales, a lo que seguramente se refería el nuevo Bernays era a la ridiculización del adversario.“Algunos dicen que somos helicópteros negros… En parte tienen razón. Nuestro trabajo es atacar la capacidad de operación de nuestros adversarios”, reconoció Berman.[iv]
La libertad de presión se llama libertad de expresión y no incluye el derecho a saber.
jorge majfud. Del libro Moscas en la telaraña.
[1] En la campaña electoral de 2011, el candidato republicano Mitt Romney lo había dicho en una conferencia para empresarios “Corporations are people, my friend (Mi amigo, las corporaciones son personas también”).
[2] La misma lógica legal de facilitar la inmigración a Estados Unidos cuando en el siglo XIX los negros se convirtieron en ciudadanos con derecho a voto y quienes podían inmigrar eran europeos pobres. Otra vez, se aplica la observación de Anatole France sobre la igualdad de las leyes para prohibir algo a pobres y ricos por igual.
[3] En castellano, Lobby se puede traducir como “grupo de presión política”, pero no existe una traducción satisfactoria para lobbyist. Una traducción muy aproximada, aunque incómoda por su verdad implícita, sería “corruptor de políticos” o, más incómoda por su extensión, pero no por su precisión, “mercenario de la clase dirigente en los congresos del pueblo”. El músico David Berman, miembro del grupo Los judíos de plata, se había distanciado de su padre, Rick Berman, por diferencias éticas e ideológicas.
[4] Las “fundaciones populares y sin fines de lucro” de Berman incluyen “Center for Consumer Freedom” (para “ganar mal o perder bien (win ugly or lose pretty)”, “American Beverage Institute” (en favor del consumo de alcohol), “Employment Policy Institute Foundation” (para beneficiar a los obreros), “Center for Union Facts” (para educar a los trabajadores sobre los males antidemocráticos de los sindicatos), entre otras organizaciones gremiales y proletarias.
[i] “Contribution Limits.” FEC.gov, 2021, http://www.fec.gov/help-candidates-and-committees/candidate-taking-receipts/contribution-limits/.
[ii] “Poll: Large Majority Opposes Supreme Court’s Decision on Campaign Financing.” Washingtonpost.com, 17 Feb. 2010, http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/02/17/AR2010021701151.html.
[iii] “The Supreme Court Throws out a State Law Requiring Nonprofits to Name Rich Donors.” NPR.org, July 2021, http://www.npr.org/2021/07/01/1004062322/the-supreme-court-guts-a-state-law-requiring-nonprofits-to-name-their-rich-donor.
[iv] “Hard-Nosed Advice from Veteran Lobbyist: ‘Win Ugly or Lose Pretty’ (Published 2014).” The New York Times, 2022, http://www.nytimes.com/2014/10/31/us/politics/pr-executives-western-energy-alliance-speech-taped.html.
