OPINIÓN de Teodoro Martínez Arán El gobierno español ha aprobado “medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones”. Han sido especialmente criticadas aquellas destinadas a limitar el derecho a la asistencia sanitaria de la población inmigrante no regularizada. Hasta el día de antes de publicar esta norma, nadie quedaba sin asistencia por no cumplir los requisitos legales para la plena cobertura establecidos por Sistema Nacional de Salud. En primer lugar, porque las personas “fuera del sistema” eran muy pocas; un certificado de empadronamiento era suficiente para obtener una tarjeta de asistencia sanitaria. En segundo lugar, por sus profesionales, que obviaban las limitaciones que los burócratas imponían a la asistencia óptima de sus pacientes. El actual Gobierno considera que esa actitud ha provocado un despilfarro sanitario no presupuestado en torno a los 1.500 millones de euros anuales, de los c
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