OPINIÓN de Teodoro Martínez Arán
El gobierno español ha aprobado “medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones”. Han sido especialmente criticadas aquellas destinadas a limitar el derecho a la asistencia sanitaria de la población inmigrante no regularizada.
Hasta el día de antes de publicar esta norma, nadie quedaba sin asistencia por no cumplir los requisitos legales para la plena cobertura establecidos por Sistema Nacional de Salud. En primer lugar, porque las personas “fuera del sistema” eran muy pocas; un certificado de empadronamiento era suficiente para obtener una tarjeta de asistencia sanitaria. En segundo lugar, por sus profesionales, que obviaban las limitaciones que los burócratas imponían a la asistencia óptima de sus pacientes.
El actual Gobierno considera que esa actitud ha provocado un despilfarro sanitario no presupuestado en torno a los 1.500 millones de euros anuales, de los cuales 1.000 corresponderían a ciudadanos de la Unión Europea que viajan a nuestro país para obtener asistencia de prestaciones no cubiertas por sus respectivos sistemas de salud (hecho conocido como turismo sanitario), y los 500 restantes a los inmigrantes que no tienen regularizada su estancia en el país.
Además de las medidas destinadas a intentar facturar a sus socios comunitarios la asistencia de los ciudadanos que vienen a curarse en nuestro sistema, se plantea en este decreto la limitación del derecho a la asistencia de la población extranjera no regularizada. Esto restringirá la asistencia a cuidados de urgencia por enfermedad grave o accidente, el embarazo, parto y postparto. Los menores de dieciocho años mantendrán las mismas condiciones que los españoles.
Denegar la asistencia sanitaria a un enfermo, pudiendo proporcionársela, es un acto de lesa humanidad. Es contraria a la deontología médica, y atenta contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos. “El médico debe atender con la misma diligencia y solicitud a todos los pacientes, sin discriminación alguna. Su principal lealtad es la que debe a su paciente y la salud de éste debe anteponerse a cualquier otra conveniencia. El médico no puede negar la asistencia por temor a que la enfermedad o las circunstancias del paciente le supongan un riesgo personal”, reza el código deontológico español.
Por encima de todo está el paciente y su salud. Sin matices. Sólo un burócrata puede redactar algo que niegue la asistencia de un enfermo. Hay cómo se le va a negar la asistencia a un hombre cuyo único “crimen” es ser más pobre que nosotros, haber tenido que abandonar a su país y su familia, y exponerse a condiciones penosas por buscar un futuro que le negaba su tierra de origen.
Aún hay argumentos egoístas para los xenófobos que pudieran aplaudir estas medidas. Excluir de la asistencia sanitaria a colectivos de población que conviven con nosotros genera problemas serios de salud pública, en especial en relación con las enfermedades prevenibles transmisibles, como la tuberculosis, el sida o el sarampión. Aumentar el porcentaje de población susceptible a las enfermedades, sin incluirlos en los programas de promoción y prevención, y sin tratarlas en los estadios precoces de la enfermedad, crea reservorios para los gérmenes que hacen baldías las campañas de vacunación y erradicación de enfermedades.
La solidaridad es un elemento clave en la financiación de los sistemas nacionales de salud. Los sistemas con un fuerte componente de aseguramiento individual, como el estadounidense, han demostrado ser muchísimo más caros (Estados Unidos invierte justo el doble del PIB que España), con muchísima menos cobertura que nuestro sistema y unos resultados sanitarios mucho peores. La primera causa de empobrecimiento de un ciudadano de clase media en Estados Unidos es caer enfermo; deberíamos reflexionar sobre ello a los que citan el sistema sanitario estadounidense como un posible modelo.
Por ética, por derecho, por humanidad, por justicia. Yo sí atiendo inmigrantes sin papeles. Y lo seguiré haciendo.
El gobierno español ha aprobado “medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones”. Han sido especialmente criticadas aquellas destinadas a limitar el derecho a la asistencia sanitaria de la población inmigrante no regularizada.
Hasta el día de antes de publicar esta norma, nadie quedaba sin asistencia por no cumplir los requisitos legales para la plena cobertura establecidos por Sistema Nacional de Salud. En primer lugar, porque las personas “fuera del sistema” eran muy pocas; un certificado de empadronamiento era suficiente para obtener una tarjeta de asistencia sanitaria. En segundo lugar, por sus profesionales, que obviaban las limitaciones que los burócratas imponían a la asistencia óptima de sus pacientes.
El actual Gobierno considera que esa actitud ha provocado un despilfarro sanitario no presupuestado en torno a los 1.500 millones de euros anuales, de los cuales 1.000 corresponderían a ciudadanos de la Unión Europea que viajan a nuestro país para obtener asistencia de prestaciones no cubiertas por sus respectivos sistemas de salud (hecho conocido como turismo sanitario), y los 500 restantes a los inmigrantes que no tienen regularizada su estancia en el país.
Además de las medidas destinadas a intentar facturar a sus socios comunitarios la asistencia de los ciudadanos que vienen a curarse en nuestro sistema, se plantea en este decreto la limitación del derecho a la asistencia de la población extranjera no regularizada. Esto restringirá la asistencia a cuidados de urgencia por enfermedad grave o accidente, el embarazo, parto y postparto. Los menores de dieciocho años mantendrán las mismas condiciones que los españoles.
Denegar la asistencia sanitaria a un enfermo, pudiendo proporcionársela, es un acto de lesa humanidad. Es contraria a la deontología médica, y atenta contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos. “El médico debe atender con la misma diligencia y solicitud a todos los pacientes, sin discriminación alguna. Su principal lealtad es la que debe a su paciente y la salud de éste debe anteponerse a cualquier otra conveniencia. El médico no puede negar la asistencia por temor a que la enfermedad o las circunstancias del paciente le supongan un riesgo personal”, reza el código deontológico español.
Por encima de todo está el paciente y su salud. Sin matices. Sólo un burócrata puede redactar algo que niegue la asistencia de un enfermo. Hay cómo se le va a negar la asistencia a un hombre cuyo único “crimen” es ser más pobre que nosotros, haber tenido que abandonar a su país y su familia, y exponerse a condiciones penosas por buscar un futuro que le negaba su tierra de origen.
Aún hay argumentos egoístas para los xenófobos que pudieran aplaudir estas medidas. Excluir de la asistencia sanitaria a colectivos de población que conviven con nosotros genera problemas serios de salud pública, en especial en relación con las enfermedades prevenibles transmisibles, como la tuberculosis, el sida o el sarampión. Aumentar el porcentaje de población susceptible a las enfermedades, sin incluirlos en los programas de promoción y prevención, y sin tratarlas en los estadios precoces de la enfermedad, crea reservorios para los gérmenes que hacen baldías las campañas de vacunación y erradicación de enfermedades.
La solidaridad es un elemento clave en la financiación de los sistemas nacionales de salud. Los sistemas con un fuerte componente de aseguramiento individual, como el estadounidense, han demostrado ser muchísimo más caros (Estados Unidos invierte justo el doble del PIB que España), con muchísima menos cobertura que nuestro sistema y unos resultados sanitarios mucho peores. La primera causa de empobrecimiento de un ciudadano de clase media en Estados Unidos es caer enfermo; deberíamos reflexionar sobre ello a los que citan el sistema sanitario estadounidense como un posible modelo.
Por ética, por derecho, por humanidad, por justicia. Yo sí atiendo inmigrantes sin papeles. Y lo seguiré haciendo.
