OPINIÓN de Esther Vivas .- La lucha contra la pobreza no puede ser objeto de mercadeo, y las ayudas a quienes más lo necesitan no pueden responder a intereses partidistas. Sin embargo, con la aprobación e implementación de la renta garantizada de ciudadanía parece que ha primado más el cálculo político que la defensa de los derechos de las personas vulnerables. Sino, ¿cómo se explica que a pesar del apoyo unánime recibido por parte de todos los partidos en el pleno del Parlament, su aplicación esté topando con tantos obstáculos?
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