OPINIÓN de Esther Vivas.- La lucha contra la pobreza no puede ser objeto de mercadeo, y las ayudas a quienes más lo necesitan no pueden responder a intereses partidistas. Sin embargo, con la aprobación e implementación de la renta garantizada de ciudadanía parece que ha primado más el cálculo político que la defensa de los derechos de las personas vulnerables. Sino, ¿cómo se explica que a pesar del apoyo unánime recibido por parte de todos los partidos en el pleno del Parlament, su aplicación esté topando con tantos obstáculos?
Los promotores de la renta garantizada de ciudadanía, que desde hace años batallan para hacer realidad esta ayuda y que han sido capaces de colocar en el centro del debate político esta demanda, consiguiendo el apoyo de amplios sectores sociales y sumando hasta más de 50.000 firmas que hicieron posible una iniciativa legislativa popular al respecto, son los primeros que denuncian las numerosas irregularidades e incumplimientos en su tramitación. Los recursos, las reclamaciones y las quejas de los solicitantes no hacen sino acumularse, y tanto la gestión rutinaria de la propia Administración como la aplicación del 155, aunque este no puede ser utilizado como excusa única de su bloqueo, están obstruyendo la que debería ser una medida prioritaria.
Gastos esenciales
Si el mismo Departament de Treball, Afers Socials i Famílies reconoce que la “renta garantizada de ciudadanía nace para garantizar que todos los ciudadanos de Catalunya puedan hacerse cargo de los gastos esenciales para el mantenimiento propio o de las personas que integran la unidad familiar o de convivencia”, ¿cómo se explica que las personas sin hogar, que ni siquiera tienen un techo donde vivir, queden excluidas? No puede ser que una interpretación restrictiva de la ley impida a quienes más sufren la crisis recibir las ayudas prometidas.
Según la Ley 14/2017 de la renta garantizada de ciudadanía, las personas sin hogar que se alojan en centros residenciales no pueden percibirla al considerar que se trata de alojamientos permanentes, cuando en realidad son espacios temporales. Negarles la renta garantizada de ciudadanía atenta contra la misma razón de ser de esta medida.
El apoyo económico que implica esta prestación daría a las personas en cuestión la autonomía económica suficiente para abandonar estos centros y rehacer su vida, muchos de hecho la esperaban. La Generalitat hoy les niega una ayuda a la que todos los grupos parlamentarios se comprometieron, dejando en una situación de indefensión a las personas afectadas.
Parece que todo el mundo se quiere fotografiar al lado del pobre. No queda bien, y menos en un contexto de crisis económica y social, negar la ayuda a quien más la requiere. O al menos no queda bien negársela en pleno debate parlamentario, cuando todas las cámaras enfocan al hemiciclo. Pero, ¿qué pasa después? Las promesas se olvidan y los de siempre pagan las consecuencias. Del dicho al hecho hay un buen trecho.
Los promotores de la renta garantizada de ciudadanía, que desde hace años batallan para hacer realidad esta ayuda y que han sido capaces de colocar en el centro del debate político esta demanda, consiguiendo el apoyo de amplios sectores sociales y sumando hasta más de 50.000 firmas que hicieron posible una iniciativa legislativa popular al respecto, son los primeros que denuncian las numerosas irregularidades e incumplimientos en su tramitación. Los recursos, las reclamaciones y las quejas de los solicitantes no hacen sino acumularse, y tanto la gestión rutinaria de la propia Administración como la aplicación del 155, aunque este no puede ser utilizado como excusa única de su bloqueo, están obstruyendo la que debería ser una medida prioritaria.
Gastos esenciales
Si el mismo Departament de Treball, Afers Socials i Famílies reconoce que la “renta garantizada de ciudadanía nace para garantizar que todos los ciudadanos de Catalunya puedan hacerse cargo de los gastos esenciales para el mantenimiento propio o de las personas que integran la unidad familiar o de convivencia”, ¿cómo se explica que las personas sin hogar, que ni siquiera tienen un techo donde vivir, queden excluidas? No puede ser que una interpretación restrictiva de la ley impida a quienes más sufren la crisis recibir las ayudas prometidas.
Según la Ley 14/2017 de la renta garantizada de ciudadanía, las personas sin hogar que se alojan en centros residenciales no pueden percibirla al considerar que se trata de alojamientos permanentes, cuando en realidad son espacios temporales. Negarles la renta garantizada de ciudadanía atenta contra la misma razón de ser de esta medida.
El apoyo económico que implica esta prestación daría a las personas en cuestión la autonomía económica suficiente para abandonar estos centros y rehacer su vida, muchos de hecho la esperaban. La Generalitat hoy les niega una ayuda a la que todos los grupos parlamentarios se comprometieron, dejando en una situación de indefensión a las personas afectadas.
Parece que todo el mundo se quiere fotografiar al lado del pobre. No queda bien, y menos en un contexto de crisis económica y social, negar la ayuda a quien más la requiere. O al menos no queda bien negársela en pleno debate parlamentario, cuando todas las cámaras enfocan al hemiciclo. Pero, ¿qué pasa después? Las promesas se olvidan y los de siempre pagan las consecuencias. Del dicho al hecho hay un buen trecho.
