En Brasil, después de más de una década de progresos significativos en la lucha contra la pobreza a través de inversiones públicas en salud, educación y protección social, la enmienda constitucional 95/2016 (CA 95), conocida como la "Regla de gasto", entró en vigor en 2017, congelándose gasto público por 20 años. "Al constitucionalizar la austeridad de esta manera", comenta el informe del INESC, "a los futuros gobiernos elegidos se les impedirá determinar democráticamente el tamaño de los derechos humanos y las necesidades básicas de inversión".
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