Acusados de prevaricación, malversación, fraude, falsedad documental y delitos contra la Hacienda Pública, tendrán cinco días para depositar la fianza EL MERCURIO DIGITAL -
AGENCIAS.- El juez que investiga el caso de corrupción en el que se ha visto implicado el yerno del Rey de España ha impuesto una fianza de casi 8,2 millones de euros a Iñaki Urdangarin y su socio, según el auto judicial difundido el miércoles y del que informa la agencia REUTERS.
El juez José Castro acepta así la solicitud de la Fiscalía en un caso que investiga la presunta apropiación indebida de fondos públicos a través del instituto Nóos, una fundación sin ánimo de lucro que presidía Urdangarin y que presuntamente habría desviado unos casi seis millones de euros de fondos públicos.
Urdangarin y Torres, acusados de prevaricación, malversación, fraude, falsedad documental y delitos contra la Hacienda Pública, tendrán cinco días para depositar la fianza - 8.180.000 euros - en el juzgado o se embargarán sus bienes, según las diligencias judiciales.
El auto no establece la cantidad de dinero que habrá de aportar cada uno de los socios, refiriéndose al "carácter solidario" de una fianza que pretende responder a las responsabilidades pecuniarias que pudieran declararse.
Urdangarin, en el escrito remitido al juez con el que intentó evitar la fianza, defendió que los contratos que firmó su fundación con diferentes administraciones públicas y que estaban relacionados principalmente con la organización de actos relacionados con el deporte y el turismo fueron correctos, y que no cometió delito alguno.
El yerno del Rey afirmaba además que no ocupaba más que una mera "función representativa" en una institución que habría desviado fraudulentamente dinero recibido de los gobiernos balear y valenciano entre 2004 y 2007.
La imputación por corrupción del duque de Palma, esposo de la infanta Cristina, la segunda hija del Rey, ha sido uno de los reveses más importantes que ha sufrido la Casa Real en los últimos años, que han llevado a un considerable descenso de la popularidad de la monarquía en un país agobiado por la crisis económica.
La indignación popular ha llevado también a la ciudad de Palma a cambiar el nombre de la calle "duques de Palma" y devolverle su denominación original a raíz de la imputación de Urdangarin, que ha sido apartado de sus funciones por la Casa Real.
El caso dio un nuevo giro el martes, cuando el magistrado llamó a declarar como imputado al secretario de las infantas, Carlos García Revenga, para que responda de las funciones que desempeñaba como tesorero de la fundación o de cualquiera de las entidades mercantiles que conformaban su entorno.
