"Se deja en la impunidad una de las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas en este país"
Entre 1996 y 1998, más de 300.000 mujeres fueron sometidas a un programa de esterilización forzada durante el régimen de Fujimori
Al liberarlos de toda responsabilidad por esos hechos, se deja en la impunidad una de las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas en este país, aseguran.
María Ysabel Cedano, directora de Demus-Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, condenó la Resolución, emitida el 22 de enero de 2014 por la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima, que dispone no formalizar denuncia penal contra Alberto Fujimori, los ex ministros de Salud Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga, Eduardo Yong, asesores y directores involucrados en el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar entre 1996 y 2000.
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| Víctimas de esterilización forzada reclaman justicia |
Este programa, que respondió a la Ley Nacional de Población, tenía como objetivo reducir la tasa de fecundidad a 2,5 hijos por mujer en el año 2000 y promovió 270.000 esterilizaciones quirúrgicas, especialmente a mujeres en zonas rurales, a quienes, con engaños y chantajes, se les privó de sus capacidades reproductivas sin garantizarles información clara sobre la intervención.
Cedano señaló que por lo menos 18 mujeres murieron como resultado de estas prácticas y que el 15 de junio de 1999 DEMUS denunció el caso de María Mamérita Mestanza Chávez, víctima mortal de esterilización forzada, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Explicó que la investigación fiscal se reinició en noviembre de 2012 ante el exhorto de la CIDH, instancia que monitorea el Acuerdo de Solución Amistosa en torno al caso de Mestanza Chávez.
Ante la CIDH, el Estado peruano se comprometió a investigar y sancionar a los presuntos responsables de su muerte, lo que se desdice con la última decisión fiscal.
La Resolución de la Fiscalía señala que los hechos denunciados no constituirían crímenes de lesa humanidad por el desconocimiento del ataque generalizado y sistemático de parte de Alberto Fujimori y que los delitos enmarcados en el Código Penal nacional no se habrían configurado por falta de dolo de parte de los ex ministros, asesores y directores de salud.
En la legislación penal peruana la esterilización forzada es un delito y constituye una violación grave a los derechos humanos, de acuerdo con el sistema internacional de derechos humanos. Por tanto, configura un crimen de lesa humanidad por haber sido una práctica sistemática y generalizada, que amerita investigación y sanción.
