"Es el mayor recorte de libertades desde el franquismo"
Greenpeace protesta frente al Congreso contra el "recorte de los derechos de libre expresión, reunión y manifestación, recogidos en la Constitución Española"
27 MARZO: NO SOMOS DELITO. SOMOS CIUDADANÍA
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| EFE |
La reforma del Código Penal
Se aprueba la prisión permanente revisable y se endurece los delitos contra la autoridad, por ejemplo, a quienes "falten al respeto a los agentes".
Se castiga la resistencia y desobediencia grave a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones (de tres meses a un año de cárcel), y se sancionará con una multa de uno a tres meses aquellos que "falten al respeto y consideración debida a la autoridad".
Se eleva de uno a dos años la condena mínima para quienes inciten a la prostitución a menores discapacitados y recoge la posibilidad de aplicar la libertad vigilada para los maltratadores que lesionen a sus parejas.
Contra la corrupción
Se tipifica como delito la financiación ilegal de partidos. Las personas que participan en "estructuras u organizaciones, cualquiera que sea su naturaleza, cuya finalidad sea la financiación de partidos políticos" al margen de la ley serán castigadas con una pena de prisión de uno a cinco años de cárcel, con independencia de la cuantía de la comisión. Se dificulta además el acceso la libertad condicional a los corruptos que no hayan reparado el daño causado.
Se regula la Oficina de Recuperación y Gestión de activos procedentes del delito, y se modifica la regulación del decomiso, para que los jueces puedan ordenar la intervención de bienes del condenado, procedentes de otras actividades delictivas. Siempre que existan indicios de su procedencia ilícita, como puede ser la desproporción entre el patrimonio y su medio de vida, o el recurso de paraísos fiscales o empresas interpuestas.
Se aprueba la prisión permanente revisable, que podrá ser impuesta en casos de excepcional gravedad, como el homicidio del Rey o su heredero, de jefes de Estado extranjeros, genocidio, asesinatos en serie cometidos dentro de una organización criminal o contra menores de 16 años o personas especialmente vulnerables.
La libertad condicional no computará como tiempo de cumplimiento de condena, pero su concesión determinará la suspensión de la ejecución del resto de la pena. Si durante ese tiempo no reincide, se declarará extinguida la pena pendiente, pero si incumple las condiciones, la libertad será revocada y se deberá cumplir la pena que le restaba.
Excepcionalmente, un europeo podrá ser expulsado si representa una amenaza grave para el orden público o la seguridad pública, por lo cual la pena de prisión será sustituida por la expulsión del territorio nacional.
Se suprime las faltas, para convertirlas en delitos leves o sanciones administrativas.
Se agravan las penas de delitos de hurto y robo para aumentar la persecución de multirreincidentes, butrones, alunizajes o robo de cable de cobre o suministro eléctrico.
Eleva a 16 años la edad mínima de consentimiento sexual.
Se prevé la paralización de los derribos de viviendas ilegales en las zonas costeras hasta que los propietarios tengan asegurado el cobro de indemnizaciones. Según esta enmienda, el juez podrá, una vez "oída la administración competente, condicionar temporalmente la demolición a la constitución de garantías que aseguren el pago" de las indemnizaciones.
Se reduce la pena de cárcel a quienes dificulten o impidan el ejercicio de huelga y a los piquetes que, no obstante, seguirán teniendo castigos más duros cuando actúen con violencia.
Se aumenta la persecución del maltrato, abandono y explotación sexual de animales.
Se tipifican nuevos delitos como el matrimonio forzado, el hostigamiento, la divulgación no autorizada de imágenes o grabaciones íntimas obtenidas con la anuencia de la persona afectada o la manipulación de los dispositivos de control que sirven para vigilar el cumplimiento de las penas.
Se trasponen decisiones europeas sobre pornografía infantil, explotación sexual de menores, trata de seres humanos o inmigración ilegal, que será castigada como el resto -la sexual, la extracción de órganos o los matrimonios forzados- con entre cinco y ocho años de cárcel.
La norma modifica la Ley del Indulto para que un alto cargo del Ministerio de Justicia comparezca sobre estos expedientes cada seis meses.
Hologramas contra la 'ley Mordaza'
La Plataforma Ciudadana No Somos Delito ha puesto en marcha en Madrid una acción "única" de protesta a modo de "manifestación de hologramas", la primera del mundo, contra la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, conocida como 'ley Mordaza', "que ataca los derechos constitucionales de libertad, reunión, asociación y expresión".
Esta acción reivindicativa se llevará a cabo en abril y cualquier persona del mundo podrá participar escaneándose a si mismo a través de la web 'www.hologramasporlalibertad.org'. De esta forma, su imagen y su protesta se convertirán en holograma para poder estar presente en la primera manifestación de hologramas del mundo.
Greenpeace
Activistas de Greenpeace se han manifestado hoy miércoles frente al Congreso de los Diputados de Madrid como protesta contra la aprobación de las leyes del Código Penal y de Seguridad Ciudadana, y que previsiblemente saldrá adelante con el único voto a favor del Partido Popular. Los activistas han sido identificados y posteriormente han podido marcharse.
"Con esta protesta pacífica Greenpeace quiere denunciar que las reformas legislativas del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana suponen un recorte de los derechos de libre expresión, reunión y manifestación, recogidos en la Constitución Española", ha declarado Miguel Ángel Soto, portavoz de Greenpeace.
Para Greenpeace, como para la gran mayoría de fuerzas sociales y políticas que rechazan estas reformas, estas leyes son un ataque del Gobierno contra la protesta pacífica de la sociedad civil ante la crisis política generada por los escándalos financieros, la corrupción, la privatización de servicios públicos o los recortes sociales.
Ambas reformas legales incluyen un incremento de las penas y sanciones por conductas relacionadas con el ejercicio de los derechos de libre expresión, reunión y manifestación. Las reformas incrementan las penas para los delitos existentes en materia de orden público e introduce nuevas conductas delictivas que señalan directamente las manifestaciones y formas de protesta de uso reciente, como la ocupación pacífica de entidades bancarias o la resistencia a los desahucios. En el caso de Greenpeace se incluyen tipos nuevos de infracciones como desplegar pancartas en fachadas o manifestarse en la puerta de instalaciones de energía térmica o nuclear.
Las sanciones económicas, de hasta 30.000 en el caso de las graves o 600.000 € en el caso de las muy graves, resultan del todo desproporcionadas y tienen como objetivo desincentivar a la ciudadanía a que ejerza sus derechos fundamentales.
"Ante el incremento de las protestas y las nuevas formas de reivindicación que surgen para luchar contra la precariedad social, el Gobierno ha optado por la represión en lugar del diálogo. En vez de solucionar el origen del descontento o de adaptar el rumbo de sus políticas, el Gobierno ha elegido por intimidar al ciudadano a través de multas desorbitadas", ha añadido Soto.
27 MARZO: NO SOMOS DELITO. SOMOS CIUDADANÍA
Este jueves, 26 de marzo el gobierno aprobará en el Congreso las Leyes Mordaza. Ante tal injusticia, no podemos quedarnos callados y es por eso que desde No Somos Delito queremos promover este viernes 27 de marzo un acto de rechazo en el Congreso de los Diputados en el que organizaciones sociales y ciudadanía podamos seguir denunciando la gravedad que supone la aplicación de estas leyes y pedir su retirada inmediata.
Os invitamos a todas a asistir a este acto que tendrá lugar este viernes 27 de marzo de 10:00 a 12:30 en la Sala Ernest Lluch del Parlamento, Plaza de las Cortes 1.
http://nosomosdelito.net/sites/default/files/public_files/users/roberto/27m_programa_del_acto_congreso_leyes_mordaza1.pdf
