El más alto tribunal estadounidense concluyó que este método respetaba la octava enmienda, que prohíbe los sufrimientos “crueles e inusuales”
•elmercuriodigital ▫ La Corte Suprema de Estados Unidos declaró constitucional un método de ejecución por inyección letal.Cinco de los nueve magistrados de la más alta instancia judicial del país estimaron que las demandas de condenados a muerte en Oklahoma (sur) no demostraron “un riesgo sustancial de sufrimiento” en el caso de la utilización del midazolam, un ansiolítico para dejar inconsciente al condenado antes de administrarle el producto letal.
El más alto tribunal estadounidense concluyó que este método respetaba la octava enmienda, que prohíbe los sufrimientos “crueles e inusuales”.
“Los presos no identificaron un método de ejecución alternativo disponible que implique un riesgo de sufrimiento significativamente menor”, dijo el juez Samuel Alito al leer la decisión de la mayoría.
La decisión constituye un revés para los opositores a la pena de muerte en Estados Unidos, el único país occidental que aún aplica este castigo. Alabama, Arizona, Florida, Luisiana, Oklahoma y Virgina recurren al midazolam para aplicar la inyección letal.
El gobernador de Oklahoma, Mary Fallin, apoyó la sentencia de ayer, al afirmar que la Constitución “claramente no pretende prohibir la pena de muerte” por inyección letal o mediante el uso de midazolam.
“Es difícil imaginarse qué puede ser más cruel o más inusual que una muerte prolongada”, dijo Diann Rust-Tierney, directora de la Coalición Nacional para la Abolición de la Pena de Muerte.
Dale Baich, abogado de demandantes que se encuentran en el corredor de la muerte, afirmó que la decisión “contradice la comprensión médica y científica” de las propiedades del midazolam.
A pesar del resultado, Baich afirmó que el “litigio seguramente continuará” con la esperanza de evitar “ejecuciones chapuceras” en el futuro.
Drogas controvertidas
En una decisión de abril de 2008, la Corte Suprema confirmó la constitucionalidad del uso de la inyección letal. Pero desde entonces, el rechazo de los fabricantes (principalmente europeos) a suministrar las drogas requeridas para ejecutar presos condujo a estados como Oklahoma a buscar alternativas, incluido el midazolam, cuya efectividad es cuestionada.
En abril de 2014, Clayton Lockett, condenado a muerte en Oklahoma por asesinato, violación y secuestro, agonizó por 43 minutos antes de morir y se le pudo ver retorcerse de dolor durante su prolongada ejecución.
Unos meses antes, Dennis McGuire, condenado a muerte en Ohio por asesinar a una mujer embarazada, tardó 26 minutos en morir, mientras que lo mismo ocurrió en Arizona en julio de 2014 con Joseph Wood, cuya agonía duró 117 minutos.
Se supone que la muerte por inyección letal no debería insumir más de 10 minutos y tampoco debería causar dolor.
Un cuarto demandante contra este método, Charles Warner, también fue ejecutado en Oklahoma en enero luego de que la Corte Suprema rechazara su pedido de clemencia de última hora.
En el lugar mismo de la ejecución, Warner (condenado a muerte por violar y matar a una niña de once meses) dijo que sentía como si su cuerpo estuviera “ardiendo”.
Así las cosas, dos jueces sostuvieron ayer que ya era hora de hacerse una pregunta básica: “¿Es constitucional la pena de muerte?”, dijo el juez Stephen Breyer, quien sostuvo que hablaba por él y por su colega Ruth Ginsburg.
La resolución dictada por la Corte Suprema de Estados Unidos a favor del uso de Midazolam, un medicamento empleado en las ejecuciones por inyección letal en Oklahoma, "no resuelve las deficiencias fundamentales de la pena de muerte", ha dicho Amnistía Internacional.
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| Manifestación contra la pena de muerte en Maryland, Estados Unidos, enero de 2013. © Aimee Castanell |
“Esta decisión no cambia el hecho de que, con independencia del método de ejecución, la pena de muerte es inaceptable en cualquier caso. La pena de muerte es la violación máxima de los derechos humanos. La decisión adoptada por la Corte no resolverá los defectos fundamentales de la pena de muerte, entre ellos el riesgo de ejecutar a una persona condenada por error. El único debate debe tratar sobre cómo poner fin a esta pena cruel, inhumana y degradante de una vez por todas", ha dicho Steven W. Hawkins, director ejecutivo de Amnistía Internacional Estados Unidos.
