EL SALVADOR •elmercuriodigital ▫ La decisión gubernamental de dar marcha atrás a los beneficios a los pandilleros presos pone fin a tregua y desata una guerra abierta contra el Estado.
Tomás Andréu desde San Salvador.- Sólo en agosto se cometieron 911 homicidios en El Salvador. El día 27 del mismo mes se registró el asesinato de 52 personas en 24 horas, según el Instituto de Medicina Legal (IML). Esta misma entidad vaticina que el 2015 cerrará con 6,000 muertes violentas, cifra muy superior a la marca histórica desde el fin de la guerra civil de los años 80 registrada en el 2009, de 4,367 homicidios.
Entre enero y agosto del año en curso, el país centroamericano registró más de 4,200 crímenes, cifra atribuida por el gobierno salvadoreño al combate que está dando a su enemigo más cercano: las pandillas. En respuesta, ha aumentado el asesinato de los que se niegan a ser extorsionados, policías, militares, civiles que transitan en comunidades a las que no pertenecen, jóvenes que se resisten en entrar a ellas, entre otros.
La violencia toca al mismo gobierno. Desde enero hasta la segunda mitad de septiembre de 2015 fueron asesinados 51 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), cifra que supera la del 2014 (38). Los militares que acompañan a la policía en tareas de seguridad también han sido blanco de las pandillas, o maras, y más de una docena ha perdido la vida, incluyendo un guardaespaldas del presidente Salvador Sánchez Cerén.
Según las autoridades de seguridad, el incremento de las muertes se debe a que las cúpulas de las pandillas —Mara Salvatrucha y Barrio 18— fueron alejadas de los privilegios penitenciarios que obtuvieron durante el gobierno del expresidente Mauricio Funes (2009-2014). Esto consistió en que a partir del 2012 los líderes de las pandillas encarcelados fueron trasladados del penal de máxima seguridad del departamento de Zacatecoluca —mejor conocido como Zacatraz— a cárceles comunes.
Este favor —y otros más— junto con La Tregua, como se denominó al acuerdo entre el gobierno y las pandillas de cese de hostilidades entre estas bandas, redujo los homicidios. El gobierno del expresidente Funes nunca aceptó que la idea nació y fue impulsada desde el seno de su gestión y públicamente intentó venderse a sí mismo como “facilitador” de este hecho, pero las publicaciones periodísticas demostraron lo contrario.
El propósito del gobierno era bajar el número homicidios. Y lo logró. Antes de La Tregua —que duró año y medio aproximadamente— en El Salvador ocurrían entre 12 y 14 asesinatos al día. Tras el acuerdo, estos números bajaron a entre 5 y 3 muertes diarias.
Pero el segundo gobierno del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), iniciado el 1 de junio del 2014, revirtió estos beneficios. Es decir: las cúpulas de las pandillas volvieron a la cárcel de máxima seguridad. A cambio, estas arreciaron su beligerancia hasta llegar a una guerra abierta contra el Estado. Actualmente el número de homicidios se ha elevado a 24 al día. La PNC estima que setiembre cerrará con 700 asesinatos. Agosto dejó 30 cadáveres cada 24 horas.
Cifras oficiales estiman que en El Salvador existen al menos 60,000 pandilleros en las calles. Dentro del sistema penitenciaron están otros 13,000. Desde las cárceles se ordenan las extorsiones, asesinatos y otros hechos delictivos que tienen alcance nacional como paralizar el transporte público.
El secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, afirmó recientemente al informativo digital El Faro que el número de víctimas de 2016 será parecido al de 2015, por el simple hecho de que no pueden menguar su batalla contra las pandillas, que incluye la captura masiva de sus miembros y la represión en los territorios que dominan.
“En esta coyuntura, creer que mágicamente van a desparecer los homicidios no va a ocurrir. Un enfrentamiento con la criminalidad en este periodo va a generar lo que está ocurriendo: muchas víctimas. Lamentamos eso, pero creemos que esta es la única manera y esa es nuestra estrategia”.
Diferente gobierno, mismo error
Analistas políticos de izquierda creen que el gobierno del presidente Sánchez Cerén está repitiendo los mismos errores de la derecha —que gobernó durante 20 años a través del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA)— en su lucha contra las pandillas, incluso, opinan que es más represivo. Pero esta represión goza del consentimiento de la ciudadanía que se siente hasta el cuello de miedo y violencia.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró el 26 de agosto a las pandillas como terroristas. La resolución abarca a colaboradores, financistas, apologistas y aquellos que pretendan negociar con estos grupos.
“Al declarar las pandillas como grupos terroristas, el Estado salvadoreño les confirió un estatus que las coloca por encima de grupos criminales y las convierte en actores políticos que atentan contra el Estado y la seguridad de este”, comentó a Noticias Aliadas el exguerrillero y exdiputado del FLMN, Raúl Mijango. Él fue parte de la Tregua “como facilitador”: una especie de puente de comunicación entre las maras y el gobierno de Funes.
“La violencia es el principal problema de El Salvador. Si esto no se resuelve adecuadamente, el país deja de ser viable”, advierte Mijango. Y baraja como solución algo que es inadmisible para los partidos políticos del país, para la sociedad y la ley.
“La vía más civilizada y de menos costo social y económico para reducir la violencia es el diálogo con los generadores de la misma [pandilleros] para convertirlos a ellos mismos en parte de la solución del problema. No hay que olvidar que el mejor antídoto se saca del veneno mismo”, dijo.
Para ARENA, sempiterna adversaria del FMLN, “las pandillas no tienen estatus político al haber sido declaradas terroristas. Esto es una categoría penal”, según señaló a Noticias Aliadas el general retirado Mauricio Vargas, actual diputado por esa organización política y miembro de la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa.
“Muerte a los pandilleros”
Gobierno y oposición se culpan mutuamente del ambiente de inseguridad que vive El Salvador. No es paradójico que la población celebre los comentarios de funcionarios como los del vicepresidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, quien pide abiertamente “muerte a los pandilleros”.
Blandino Nerio, miembro del FMLN y diputado de la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa, asevera que los resultados que la población espera no pueden nacer de la noche a la mañana.
“Un problema que tiene más de 20 años no se resolverá en un mes. Tenemos que desmontar los factores estructurales que han generado esta dificultad de violencia. Los procesos para cortar la reproducción de las pandillas no es fácil”, afirma.
Jeannette Aguilar, investigadora de temas en seguridad y directora del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana, hace una dura de critica a la actuación del gobierno, la sed de venganza de la sociedad salvadoreña y la indolencia de los diputados.
“La doble moral de la sociedad salvadoreña y los resabios del autoritarismo siguen presentes en la cultura política de El Salvador. Nos quejamos de la violencia y la criminalidad, pero queremos resolver todo con violencia (...), los funcionarios hacen apología del delito al decir que es positivo que la mayoría de muertos son pandilleros, porque están alentando prácticas de ejecución. Deberían ser interpelados, investigados porque están estimulando que haya más violencia en un contexto de mucha crispación social”, indica a Noticias Aliadas.
Lejos del optimismo insustancial y afincada en la realidad, Aguilar piensa que “no hay salida en el corto plazo. La corrupción y la cultura de la ilegalidad están enquistadas de forma profunda en nuestro sistema político y en el tejido social. Los homicidios o la violencia de las pandillas sólo es una expresión visible de la profunda descomposición y fractura que atraviesa la sociedad salvadoreña”. —Noticias Aliadas.
Tomás Andréu desde San Salvador.- Sólo en agosto se cometieron 911 homicidios en El Salvador. El día 27 del mismo mes se registró el asesinato de 52 personas en 24 horas, según el Instituto de Medicina Legal (IML). Esta misma entidad vaticina que el 2015 cerrará con 6,000 muertes violentas, cifra muy superior a la marca histórica desde el fin de la guerra civil de los años 80 registrada en el 2009, de 4,367 homicidios.
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| Univision |
Entre enero y agosto del año en curso, el país centroamericano registró más de 4,200 crímenes, cifra atribuida por el gobierno salvadoreño al combate que está dando a su enemigo más cercano: las pandillas. En respuesta, ha aumentado el asesinato de los que se niegan a ser extorsionados, policías, militares, civiles que transitan en comunidades a las que no pertenecen, jóvenes que se resisten en entrar a ellas, entre otros.
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| Tomás Andréu |
La violencia toca al mismo gobierno. Desde enero hasta la segunda mitad de septiembre de 2015 fueron asesinados 51 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), cifra que supera la del 2014 (38). Los militares que acompañan a la policía en tareas de seguridad también han sido blanco de las pandillas, o maras, y más de una docena ha perdido la vida, incluyendo un guardaespaldas del presidente Salvador Sánchez Cerén.
Según las autoridades de seguridad, el incremento de las muertes se debe a que las cúpulas de las pandillas —Mara Salvatrucha y Barrio 18— fueron alejadas de los privilegios penitenciarios que obtuvieron durante el gobierno del expresidente Mauricio Funes (2009-2014). Esto consistió en que a partir del 2012 los líderes de las pandillas encarcelados fueron trasladados del penal de máxima seguridad del departamento de Zacatecoluca —mejor conocido como Zacatraz— a cárceles comunes.
Este favor —y otros más— junto con La Tregua, como se denominó al acuerdo entre el gobierno y las pandillas de cese de hostilidades entre estas bandas, redujo los homicidios. El gobierno del expresidente Funes nunca aceptó que la idea nació y fue impulsada desde el seno de su gestión y públicamente intentó venderse a sí mismo como “facilitador” de este hecho, pero las publicaciones periodísticas demostraron lo contrario.
El propósito del gobierno era bajar el número homicidios. Y lo logró. Antes de La Tregua —que duró año y medio aproximadamente— en El Salvador ocurrían entre 12 y 14 asesinatos al día. Tras el acuerdo, estos números bajaron a entre 5 y 3 muertes diarias.
Pero el segundo gobierno del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), iniciado el 1 de junio del 2014, revirtió estos beneficios. Es decir: las cúpulas de las pandillas volvieron a la cárcel de máxima seguridad. A cambio, estas arreciaron su beligerancia hasta llegar a una guerra abierta contra el Estado. Actualmente el número de homicidios se ha elevado a 24 al día. La PNC estima que setiembre cerrará con 700 asesinatos. Agosto dejó 30 cadáveres cada 24 horas.
Cifras oficiales estiman que en El Salvador existen al menos 60,000 pandilleros en las calles. Dentro del sistema penitenciaron están otros 13,000. Desde las cárceles se ordenan las extorsiones, asesinatos y otros hechos delictivos que tienen alcance nacional como paralizar el transporte público.
El secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, afirmó recientemente al informativo digital El Faro que el número de víctimas de 2016 será parecido al de 2015, por el simple hecho de que no pueden menguar su batalla contra las pandillas, que incluye la captura masiva de sus miembros y la represión en los territorios que dominan.
“En esta coyuntura, creer que mágicamente van a desparecer los homicidios no va a ocurrir. Un enfrentamiento con la criminalidad en este periodo va a generar lo que está ocurriendo: muchas víctimas. Lamentamos eso, pero creemos que esta es la única manera y esa es nuestra estrategia”.
Diferente gobierno, mismo error
Analistas políticos de izquierda creen que el gobierno del presidente Sánchez Cerén está repitiendo los mismos errores de la derecha —que gobernó durante 20 años a través del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA)— en su lucha contra las pandillas, incluso, opinan que es más represivo. Pero esta represión goza del consentimiento de la ciudadanía que se siente hasta el cuello de miedo y violencia.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró el 26 de agosto a las pandillas como terroristas. La resolución abarca a colaboradores, financistas, apologistas y aquellos que pretendan negociar con estos grupos.
“Al declarar las pandillas como grupos terroristas, el Estado salvadoreño les confirió un estatus que las coloca por encima de grupos criminales y las convierte en actores políticos que atentan contra el Estado y la seguridad de este”, comentó a Noticias Aliadas el exguerrillero y exdiputado del FLMN, Raúl Mijango. Él fue parte de la Tregua “como facilitador”: una especie de puente de comunicación entre las maras y el gobierno de Funes.
“La violencia es el principal problema de El Salvador. Si esto no se resuelve adecuadamente, el país deja de ser viable”, advierte Mijango. Y baraja como solución algo que es inadmisible para los partidos políticos del país, para la sociedad y la ley.
“La vía más civilizada y de menos costo social y económico para reducir la violencia es el diálogo con los generadores de la misma [pandilleros] para convertirlos a ellos mismos en parte de la solución del problema. No hay que olvidar que el mejor antídoto se saca del veneno mismo”, dijo.
Para ARENA, sempiterna adversaria del FMLN, “las pandillas no tienen estatus político al haber sido declaradas terroristas. Esto es una categoría penal”, según señaló a Noticias Aliadas el general retirado Mauricio Vargas, actual diputado por esa organización política y miembro de la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa.
“Muerte a los pandilleros”
Gobierno y oposición se culpan mutuamente del ambiente de inseguridad que vive El Salvador. No es paradójico que la población celebre los comentarios de funcionarios como los del vicepresidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, quien pide abiertamente “muerte a los pandilleros”.
Blandino Nerio, miembro del FMLN y diputado de la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa, asevera que los resultados que la población espera no pueden nacer de la noche a la mañana.
“Un problema que tiene más de 20 años no se resolverá en un mes. Tenemos que desmontar los factores estructurales que han generado esta dificultad de violencia. Los procesos para cortar la reproducción de las pandillas no es fácil”, afirma.
Jeannette Aguilar, investigadora de temas en seguridad y directora del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana, hace una dura de critica a la actuación del gobierno, la sed de venganza de la sociedad salvadoreña y la indolencia de los diputados.
“La doble moral de la sociedad salvadoreña y los resabios del autoritarismo siguen presentes en la cultura política de El Salvador. Nos quejamos de la violencia y la criminalidad, pero queremos resolver todo con violencia (...), los funcionarios hacen apología del delito al decir que es positivo que la mayoría de muertos son pandilleros, porque están alentando prácticas de ejecución. Deberían ser interpelados, investigados porque están estimulando que haya más violencia en un contexto de mucha crispación social”, indica a Noticias Aliadas.
Lejos del optimismo insustancial y afincada en la realidad, Aguilar piensa que “no hay salida en el corto plazo. La corrupción y la cultura de la ilegalidad están enquistadas de forma profunda en nuestro sistema político y en el tejido social. Los homicidios o la violencia de las pandillas sólo es una expresión visible de la profunda descomposición y fractura que atraviesa la sociedad salvadoreña”. —Noticias Aliadas.
