Por Teodoro Rentería Arróyave
A Silvia mi amor por 62 años de noviazgo que se cumplieron en la víspera, precisamente en domingo cuando se inició esta aventura de vida.
Estamos a 7 días de que el presidente electo de Guatemala del Partido Avanzada Semilla, César Bernardo Arévalo de León, tome posesión constitucional del más alto puesto de nuestro país vecino, después de cientos de intentos del Ministerio Público de esa nación centroamericana por revertir el mandato de las urnas, es decir del pueblo.
El título de esta entrega me obliga a explicarlo, en México como en casi todos los países, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en otros se les conoce como el Supremo, le han fallado a sus pueblos al ser laxos y plenamente traidores en su cometido primordial de interpretar la Constitución respectiva y hacerla respetar.
A tal grado que, hubo épocas que nosotros en forma reiterada en el Comentario a Tiempo, calificamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de nuestro país., como “la suprema”, en referencia una veladora corriente que siempre se apagaba.
Es el caso que, el Constitucional de Guatemala, no se anduvo por las ramas con fallos endebles y fáciles de violentar, por el contrario, ha ORDENADO, así con mayúsculas y en negritas, al Congreso la investidura presidencial en tiempo y forma.
La Corte de Constitucionalidad de Guatemala, nombre exacto del denominado Constitucional, aprobó el recurso de amparo definitivo que promovieron un grupo de abogados, encabezado por el letrado Edgar Ortiz Romero contra la pretensión del Ministerio Público, MP, cuya titular o fiscal general de la nación es la ultraderechista y antidemocrática, Consuelo Porras.
El amparo concedido textualmente dice en sus partes fundamentales: “Se estudió la situación denunciada, directamente relacionada con la suspensión provisional de la inscripción de la persona jurídica de uno de los partidos participantes, así como la coyuntura nacional. El análisis, desde lo jurídico-constitucional, se realizó para proveer de certeza al actuar en esta situación, especialmente al Congreso de la República, para que pueda, dicho organismo, proceder con certeza en su tarea de materializar la toma de posesión de los cargos, y desvanecer la amenaza denunciada”.
“La situación denunciada”, que menciona el máximo tribunal, se refiere a la solicitud de amparo -interpuesta por un grupo de abogados, encabezados por el constitucionalista Edgar Ortiz Romero―, que pedía garantizar la democracia en Guatemala ante la amenaza de que ‘se desobedezca la voluntad popular, mediante cualquier acción u omisión tendente a afectar la toma de posesión y ejercicio de sus respectivos cargos’”.
“Hoy es un día histórico para la democracia guatemalteca, -declaró por su parte el abogado promovente, Ortiz Romero-, la Corte nos ha otorgado un amparo definitivo, refrendando que el 14 de enero de 2024 debe haber una transición de Gobierno, y deben asumir sus cargos tanto el binomio electo, Arévalo y Karin Herrera, así como los diputados electos”.
El Ministerio Público, recurrió a toda una serie de artimañas para deslegitimar y anular los resultados en las urnas en los comicios llevados a cabo el pasado 20 de agosto, cuando el progresista Arévalo ganó los comicios con el 58 por ciento de los votos.
Este triunfo del Movimiento Semilla, como lo dijo en su oportunidad el colega, Bernardo Arévalo del diario “El País” envió un contundente mensaje ciudadano contra la corrupción y la impunidad que campean en Guatemala, específicamente contra el denominado “pacto de corruptos”, conformado por un grupo de políticos, militares, empresarios y personas vinculadas al narcotráfico, que han cooptado la mayoría de las instituciones del Estado desde que lograron la expulsión en 2019 de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, no obstante ello logró desmantelar más de 200 estructuras de corrupción.
Los derrotados fiscales por el Supremo han atacado sistemáticamente al Tribunal Supremo Electoral, lo que obligó a la magistrada electoral, Blanca Alfaro catalogar la petición de la Fiscalía como “una ruptura del orden constitucional”, mientras que el presidente electo, Bernardo Arévalo acusó a Consuelo Porras y a su fiscalía de pretender ejecutar un “golpe de Estado” con el apoyo “otros actores corruptos”.
En concreto, la Corte de Constitucionalidad, emitió su fallo con esta histórica decisión: “Se le exhorta -al Congreso- preservar el régimen democrático del Estado, observar los valores de la justicia, la seguridad y la paz, observando que, imperativamente, la renovación de los integrantes del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo se lleve a cabo el 14 de enero de 2024, fecha prevista en la Constitución, con las personas electas, conforme los resultados avalados por el Tribunal Supremo Electoral, procurando la materialización de la unidad nacional, de los intereses de la población guatemalteca, por medio de un proceso pacífico de transición”.
Por cierto, el mismo amparo insta al presidente saliente, el conservador Alejandro Giammattei, a “promover la unidad nacional y la culminación de la transición en proceso”.
Respeto y reconocimiento al Supremo de Guatemala por defender el derecho, su Constitución y la decisión más que suprema del pueblo guatemalteco.
DE VEZ EN VEZ EL SUPREMO O LA SUPREMA CUMPLEN CON LA CONSTITUCIÓN, no es mucho pedir que, así sea desde ahora y para siempre en todas las naciones del mundo.