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Desplazamiento forzado en Guanajuato (II)

OPINIÓN de Teodoro Rentería Arróyave
 
SEGUNDA Y ÚLTIMA PARTE 

Concluimos con el trabajo de investigación periodística del portal “Zona Franca” de Guanajuato que denuncia el preocupante “desplazamiento forzado” de periodistas y defensoras de derechos humanos como consecuencia del burocratismo del gobierno estatal. Recuérdese que Guanajuato ocupa el deshonroso primer lugar de las entidades más violentas del país.  

En nuestra tarea de difundir estas informaciones que por sí mismas son denuncias públicas, nos quedamos en que como consecuencia de este reportaje-denuncia de Zona Franca, el gobernador de Guanajuato Diego Sinhue Rodríguez Vallejo manifestó que está abierto para dialogar con el gremio periodístico al afirmar, burocrático, que sólo es cuestión de agenda.  

“Zona Franca”, nos explica que “Guanajuato tiene su propia Ley Estatal de Víctimas, pero en el diagnóstico se advierte que contempla tangencialmente la situación del desplazamiento forzado interno, por lo que el enfoque de atención desde la Ley General de Víctimas ha mostrado ser insuficiente para la óptima atención de las personas que debieron de desplazarse, así como la falta de especificidad de la legislación para resolver las situaciones de particulares que conlleva un desplazamiento forzado interno”. 

Por tanto agrega, “el papel que han tenido las instancias estatales respecto a la desaparición forzada en Guanajuato ha sido secundario. El Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha actualizado planes de protección de forma discrecional y sólo hasta que la autoridad ministerial toma la decisión de reubicar temporalmente a la persona o familia en riesgo. 

Esta es una de las observaciones puntuales del académico e investigador en materia de derechos humanos, Raymundo Sandoval Bautista, quien a través de la Plataforma por la Paz y la Justicia realizó el estudio ‘Desplazamiento Forzado Interno’, en el que aborda nueve casos concretos en personas buscadoras de personas desaparecidas. 

La Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, CEAIV, que funge como asesoría jurídica de los casos, sirve como apoyo para las gestiones que acompañan el desplazamiento, pero ninguna autoridad se hace cargo de generar soluciones duraderas para modificar las causas estructurales que generan el desplazamiento. 

En los casos de personas buscadoras y sus familias, se ha pugnado por que sean reconocidas como personas defensoras de derechos humanos, pues Sandoval Bautista resaltó que estas tuvieron que reubicarse temporalmente como producto de las amenazas y el asesinato de integrantes de sus familias. 

Esta revictimización es múltiple ya que, en la mayor parte de los casos, además de la desaparición de alguno de sus integrantes, estas familias fueron víctimas directas de más de un acto de violencia extrema. 

Destaca también que en Guanajuato se han asesinado a cinco personas buscadoras en los últimos tres años: Rosario Zavala, Javier Barajas, Ulises Cardona, Carmela Vázquez y Teresa Magueyal, “aunque existe información que hay una sexta persona asesinada en Pénjamo cuya identidad no se ha hecho pública y por lo tanto no se ha reconocido en los registros. 

El Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato se instaló el 10 de abril de 2019. A través de su Secretaría Técnica determina la idoneidad de las medidas de reubicación temporal (eufemismo utilizado para referirse al desplazamiento forzado) del domicilio para lo cual -como ya se apuntó-, turna al Mecanismo Federal de Protección estos casos para que confirme o no la implementación de la medida”. 

En fin, el “desplazamiento forzado” en Guanajuato, es un problema social grave y desesperante, esperemos que la agenda del gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, le permita atenderlo sin dilación alguna.
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