Otra información es posible

Macri y su política monetaria ortodoxa generan su propia bomba

OPINIÓN de Julio C. Gambina.- El objetivo explícito de Macri y su equipo era bajar la inflación, y para eso, nada mejor que un monetarista ortodoxo al frente del Banco Central, Federico Sturzenegger. Su lógica, respondiendo a la teoría, era disminuir la cantidad de dinero en circulación. Había que “secar” la plaza, que no hubiera mayor circulación de dinero, con impacto, claro está, en el consumo y en la producción, por eso el “enfriamiento”, pero con el propósito de disminuir la escalada de precios, que anualizada al presente supera el 40%.

Argentina. Deuda y buitres

OPINIÓN de Julio C. Gambina, Argentina.- Continúa la historia de la deuda con los buitres y la justicia de EEUU, con capítulos diarios que agregan novedades al análisis y al problema del endeudamiento y sus gravosas consecuencias para la población.

Finalmente llegó el día D, el 30 de Julio, fecha en que vencía el plazo para acreditar en cuenta de los bonistas ingresados al canje de deuda del 2005 y 2010. Los fondos estaban y están en el Banco Mellon de NY, depositados a fines de junio pasado por el gobierno de Argentina, y el juez Griesa no permite su acreditación, por lo que aun cuando el país dispuso de los fondos para cancelar la deuda, los beneficiarios de esos recursos no los reciben.

Es el argumento para hablar de default, calificación que el gobierno rechaza, mientras las calificadoras de riesgo, entidades privadas vinculadas al sistema financiero mundial establecieron el “default selectivo”, es decir, de una parte de la deuda. El resultado inmediato es que dispararon el cobro de los seguros por default respecto de esos títulos, lo que supone un gran negocio.

Las deudas y el sistema financiero están llenos de oportunidades para buitres conocedores de los pormenores de la especulación exacerbada del capitalismo de época.

Desde el gobierno se instruyó a la Comisión Nacional de Valores para gestionar en EEUU una demanda de investigación sobre la connivencia del juzgado de Griesa con el negocio de los seguros por default, en alusión a la parcialidad del letrado con los fondos buitres.

Otro elemento a considerar es el papel de los bancos. Primero fueron los bancos nacionales de capital privado que intentaron una operación de compra de los títulos de la sentencia Griesa o el depósito en garantía de unos 250 millones de dólares para generar la posibilidad del stay o cautelar que dispondría el Juez para pagar a los bonistas. Dijeron los banqueros que era una acción “patriótica” y se dio a entender que había guiño desde el gobierno, especialmente desde el BCRA. La operación no prosperó pero estaban en juego las tenencias de títulos en manos de los bancos y su potencial desvalorización.

La posta la asumen ahora un conjunto de bancos extranjeros, con la misma preocupación “patriótica”, es decir, sus intereses por resguardar las inversiones en títulos de la deuda argentina.

Cada quien juega sus propios intereses

Estamos ante una situación de elevada complejidad donde cada quien atiende su juego.

El juez se planta en su sentencia.

Los fondos buitres tienen dictamen de cobro por el 100% y al contado y negocian desde allí, además de cobrar sus seguros contra default.

Los bancos intentan intervenir y aun con fracaso, mientras la ilusión de la negociación dura intervienen en la evolución del mercado de capitales con alzas de valores que favorecen sus movimientos de corto plazo.

La posición del gobierno pareciera apunta a llegar a diciembre para que finalice el marco de vigencia de la cláusula RUFO y entonces si negociar con los buitres sin temor a la potencial demanda del 92,4% de ingresados al canje, estimada entre 120.000 y 500.000 millones de dólares.

En definitiva, todos los escenarios culminan en el pago de la deuda, y lo que se discute es el cuanto y como del pago de la misma.

La danza de valores se cuenta por millones y son recursos que restringen la capacidad de asistencia de otras demandas o deudas sociales.

Como sostuvimos varias ocasiones, la deuda condiciona y establece privilegios en la disputa de los recursos públicos. En la reunión del Mercosur en Caracas la presidenta anunció que la Argentina canceló 190.000 millones de dólares en el último tiempo y con esfuerzo propio, sin ayuda externa, ya que el país estaba y está afuera del mercado de crédito internacional.

Las consecuencias son gravísimas, porque se postergan demandas sociales, sea el 82% móvil que demandan los trabajadores jubilados, la disminución del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, o directamente su eliminación, la solicitud de mejoras de ingresos salariales o beneficios de planes sociales y ni hablar de los presupuestos para el gasto social en educación, salud u otras áreas.

Más allá de las novedades cotidianas, esta novela con entregas diarias devuelve un escenario de especulación financiera exacerbada a escala global y por lo tanto la necesidad de disputar una nueva arquitectura financiera mundial. No es novedad, y el intento tiene varios años y fracasos múltiples motivados por quienes hegemonizan el sistema, a la cabeza EEUU y el orden instrumentado hace 70 años con el FMI y el BM.

Ante el fracaso de infructuosos esfuerzos se organizan iniciativas regionales cuyos resultados están por verse aún, por caso las iniciativas de los BRICS o las enunciadas en torno al demorado Banco del Sur.

El interrogante es si eso es posible en el marco del orden capitalista y en rigor, la nueva arquitectura financiera solo será posible si se modifican las relaciones sociales de producción a nivel de cada país y una articulación productiva integrada regionalmente que modifique el modelo productivo y de desarrollo, es decir, un camino que suponga la crítica y la superación del orden capitalista.

Campaña para suspender pagos e investigar

Por ello es que resulta importante asumir una tarea de esclarecimiento y difusión de estrategias alternativas, entre las que destacamos la campaña iniciada por la “Asamblea por la suspensión del pago e investigación de la deuda y por la defensa del patrimonio nacional y los bienes comunes” que impulsan un conjunto de personalidades, organizaciones sociales y políticas sustentando.

Entre las principales consignas se sostiene que “El pueblo debe saber de qué se trata”, qué “la única deuda es con el pueblo”, qué “no hay que pagar deuda ilegitima, odiosa y fraudulenta”, que se requiere “suspender los pagos e investigar la deuda” y además “defender los bienes comunes”.

En conjunto constituyen un programa alternativo al sustentado por el club de pagadores, mayoritarios en el sistema político que conforman oficialismo y oposición. Es un programa y una iniciativa política para constituir subjetivad contra el pago de la deuda y por instaurar una auditoría integral de la deuda con participación popular, con cuyos resultados se pueda discutir el privilegio en el uso de los recursos públicos.

Necesitamos fuerza social y política para terminar con el cáncer de la deuda y discutir la política económica para un modelo productivo y de desarrollo que parta de las necesidades populares en un marco de integración no subordinada, por la liberación social.


*Julio C. Gambina, Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP.

Argentina. Desaceleración económica, tasas de interés y precio del dólar

OPINIÓN de Julio C. Gambina, Argentina.- Se reinició el debate sobre la coyuntura, el crecimiento o no de la actividad económica, las tasas de interés y el precio de las divisas.

La desaceleración es un dato concreto, especialmente de la producción industrial. Así lo expresan los datos de las cuentas nacionales que remiten a una recesión productiva en el ámbito de la industria, con las automotrices a la cabeza y las suspensiones de trabajadores.

Desde el gobierno y los sindicatos se presiona para que las suspensiones no se transformen en cesantías, mientras se reducen los salarios de los trabajadores, que como siempre constituyen la variable de ajuste.

Es una discusión si la desaceleración o recesión se extiende al conjunto de la economía.

Desde el campo, con precios en alza y cosecha récord se contrasta la información y fluyen dólares para recomponer la crisis externa de menor superávit comercial y cierto alivio en la recomposición de reservas luego de dos años de pérdidas netas ante la fuga de capitales.

Con las tasas de interés ocurre algo insólito, ya que la política del BCRA luego de la devaluación de enero del 2014 fue la de promover el alza de las tasas al 26%.

Esa política fue la excusa de la banca privada y transnacional hegemónica en el ámbito comercial de las entidades financieras para elevar el costo del crédito a valores que oscilan entre el 85 y el 110%, en consumos con tarjetas, giros en descubiertos o créditos para consumo, o la producción.

No hay dudas que se trata de un costo usurario, imposible de financiar ninguna ampliación de la actividad económica, menos con la situación de desaceleración que se confirma en la vida cotidiana.

Desde el propio oficialismo, sea el gobierno o voces del periodismo afín se salió a denunciar el carácter usurario de la banca, sin reconocer que en el origen está la iniciativa del propia autoridad monetaria.

Mientras se discute que los propios bancos instalen auto restricciones, sorprende que siga vigente la ley 21.526 de entidades financieras de la dictadura, o que no se acuda a la nacionalización de la banca ante la usura explícita que suponen tasas de saqueo.

Mientras tanto el dólar volvió a subir, tanto el oficial como el paralelo, y parece haberse terminado la convertibilidad de 8 a 1 que rigió por unos meses.

Existen operaciones especulativas, no hay duda, y se asocian a la recurrente actitud especulativa que sostiene la fuga de capitales, Pero también se asocia a una inflación del 12% en el primer cuatrimestre, según la nueva medición del INDEC, que también está en la sospecha por no recoger íntegramente el movimiento de los precios en la Argentina, e incluir a los precios cuidados en la medición del indicador mensual de evolución de los precios.

El tipo de cambio es un precio más en la economía, como el de los alimentos, el combustible, o los salarios, y cada uno de ellos evoluciona según condiciones particulares.

Los grandes especuladores y productores exportadores de la argentina presionan por una nueva devaluación y saben que ya tuvieron éxito al comienzo del 2014, y van por una nueva devaluación, mientras los salarios se contienen en negociaciones salariales chantajeadas por el temor al despido o la desaceleración de la economía.

Por si fuera poco el debate de la coyuntura, el pasado 22 de mayo, el CIADI, Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, sentenció a la Argentina a pagar 40 millones de dólares a la empresa eléctrica francesa SAUR International S.A. por violación al tratado de defensa de inversiones entre Francia y Argentina.

También hay que sumar pagos de intereses del 6% desde septiembre de 2007 hasta el presente. Los cálculos indican unos 60 millones de dólares entre la sentencia, los intereses y los gastos, a los que deberán adicionarse honorarios profesionales.

Se trata de un nuevo fallo en contra de la Argentina por parte del CIADI y que nos renueva el interrogante sobre la permanencia del país en ese ámbito que no integra el Brasil y del que se retiraron Bolivia, Ecuador y Venezuela en años recientes.

La realidad es que la Argentina sigue prisionera de una institucionalidad en defensa del libre comercio sustentada en los años 90, los de la hegemonía neoliberal, y que no termina de desembarazarse.

Como si ello no fuera poco, acaba de realizarse en París un encuentro entre la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, la OCDE, y la CEPAL, para discutir los beneficios del libre comercio en momentos en que el Mercosur discute un tratado con la Unión Europea, luego de haber rechazado en 2005 un acuerdo similar con EEUU, el ALCA.

La pregunta recurrente apunta a pensar que tendrá de diferente el capitalismo europeo para favorecer un acuerdo de libre comercio que oportunamente se rechazó con EEUU.

Convengamos que solo son preguntas para analizar la complejidad de la coyuntura económica de la Argentina en momentos de reducción de la actividad económica y amenazas sobre los ingresos populares.

Argentina. Política social compensatoria

OPINIÓN de Julio C. Gambina, Argentina.- Hacía un año que no se actualizaban los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH), y esta semana se informó una actualización del 40%. Aun siendo poco representativo para cada perceptor del beneficio, de $460 a $644 por mes, la suma total afectada aporta en el intento de contrarrestar la caída del consumo y la producción que verifica la desaceleración de la economía en el presente.

El ajuste de ingresos por beneficios sociales supone varias consideraciones. Por un lado significa un reconocimiento de la variación real de los precios de bienes y servicios que consumen los sectores más desprotegidos de la sociedad; y por otro, confirma que los elevados indicadores de crecimiento de la economía en la década no alcanzan para que millones de personas resuelvan su cotidianeidad con recursos provenientes del empleo.

La política económica no ha podido resolver cuestiones estructurales asociadas al ingreso popular, por lo que la política social masiva actúa de forma compensatoria, intentando morigerar indicadores sociales de marginación y empobrecimiento que constituyen legados de cambios regresivos en el orden económico y social gestados en las últimas cuatro décadas.

Vale mencionar que la AUH es el programa más extenso de una política social masiva que involucra a casi 4 millones de beneficiarios, y a la que se suman otros tres millones de diversos planes sociales, entre ellos nuevos jubilados sin historial de aportes previsionales. La política social alcanza a unos 7 millones de personas que reciben transferencias de ingresos provenientes de la ANSES.

El movimiento de trabajadores jubilados cuestiona la distracción de fondos del ANSES para fines que no sean previsionales, sustentando que lo esencial de los recursos de la seguridad social son aportes y contribuciones con ese específico fin. En todo caso, señalan, la insuficiencia de fondos para hacer frente los pagos de jubilaciones y pensiones se asocian a la disminución de aportes patronales gestados en tiempo de Cavallo y Menem y que motivó el reemplazo con recursos tributarios. Este último argumento, la compensación con impuestos para el fondo de la seguridad social es lo que sostiene el gobierno para atender el conjunto de la política social con dinero de la ANSES.

La cuestión parece irresoluble por escases de fondos, sean del tesoro nacional o del fondo de la seguridad social. Las demandas a satisfacer son cuantiosas y más allá del debate sobre índices de pobreza e indigencia, la realidad es que una parte importante de la sociedad tiene problemas de ingresos para resolver las necesidades de la vida cotidiana.

En efecto, si son 7 millones los beneficiarios de la política social con ingresos ajustados pero escasos, y unos 5 millones de jubilados nacionales perciben la mínima, por debajo del 50% de lo necesario para una vida digna; y un tercio de los trabajadores están en situación irregular con ingresos menores a los regularizados con seguridad social; queda claro entonces la deuda del orden económico social con la mayoría de la población.

Con ese cuadro de situación se impone la masividad, no necesariamente universalidad, de una política social compensatoria ante una economía que en la crisis mundial creció a valores superiores. Es una situación que la Argentina comparte con la mayoría de los países de la región, aún con orientaciones políticas diferenciadas. En casi todos los países de Latinoamérica se aplican programas de transferencias de renta sustentados en fuertes ingresos fiscales derivados de la particular situación de suba de los precios internacionales de los productos de exportación.

Uno de los problemas a consignar es que en estudios de la CEPAL y de la OIT para la región se anticipan modificaciones en las condiciones globales del rumbo económico, del comercio y de los precios de las materias primas que pueden afectar la cuestión de los ingresos fiscales de los países y convocaran a discutir el uso de los recursos públicos. No en vano, sectores hegemónicos presionan para la disminución del gasto público y aunque no siempre se sostenga claramente, el gasto social está en la mira del objetivo para la reducción.

Otro de los problemas proviene de la evolución de los precios, del 1,8% en abril según el INDEC, que se suma al 10% del primer trimestre, y en particular del de la divisa, que esta semana parece haber iniciado un nuevo movimiento alcista luego de la devaluación de enero. Las mínimas correcciones del valor del dólar impactan en varios precios que sufren precisamente los sectores de menores ingresos, que aun antes de percibir los ajustes ya sufren el impacto de la suba en bienes y servicios de consumo cotidiano.


*Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP, Ciudad de Buenos Aires.
www.juliogambina.blogspot.com

Argentina. La pobreza en discusión

OPINIÓN de Julio C. Gambina, Argentina.- La polémica de estas horas remite a la magnitud de la pobreza e indigencia en la Argentina actual, y el debate transita entre la negada información oficial y mediciones alternativas.

Más allá de la cuestión cuantitativa, la discusión es relativa al modelo de desarrollo en crisis en 2001, con la máxima medición de pobreza e indigencia en nuestra historia, y las políticas asumidas posteriormente.

Datos y argumentos oficiales

En rigor, el INDEC discontinuó la publicación relativa a pobreza e indigencia y como consecuencia de la sorpresa para propios y extraños, el debate generado incluyó una explicación técnica en su sitio en internet el 24 de abril señalando que: “...se discontinuó la publicación de la serie histórica de la medición de incidencia de pobreza e indigencia por ingresos monetarios que el instituto estadístico venía realizando desde 1993 por contar con severas carencias metodológicas, sumadas al hecho de la discontinuación del IPC-GBA y la imposibilidad de empalme con el nuevo IPC-NU.”[1]

Es raro que se aluda a las “carencias metodológicas” que hasta ahora explicaron la “drástica” disminución de los indicadores, según argumenta el Jefe de Gabinete. Las cifras de pobreza e indigencia bajaron desde el máximo a comienzos del 2002, pero no a los niveles irrisorios que enuncia el INDEC.

Según el INDEC[2], para el primer semestre del 2013 existían un 4,7% de personas bajo la línea de pobreza, 2 millones de personas; y la indigencia en 1,4% de la población, un poco menos de 600.000 personas. Para el IPyPP[3] los datos son del 36,5% de personas bajo la pobreza, unas 15.400.000 personas, y la indigencia involucra a 5.000.000 de personas, expresando el 12,1% de la población.

Por lo tanto, la pobreza e indigencia es menor a la del 2001/2002 en las dos mediciones. Los registros del IPyPP están sustentados en actualizaciones de una base con datos del INDEC al 2006. Desde entonces el INDEC ha sido poco creíble en su información y las nuevas mediciones depararan nuevos debates sobre los indicadores de pobreza e indigencia.

En cualquier caso, la reducción respecto del grosero dato del 2002 con 56% de la población bajo la pobreza se explica por una política social masiva, para la sobrevivencia, que no saca a la población beneficiaria de la situación de empobrecimiento. Aludimos a los planes sociales, especialmente a la Asignación Universal por Hijo, de $460 mensuales con cerca de 4 millones de beneficiarios; y a 2 millones de nuevas jubilaciones mínimas otorgadas en estos años, con un ingreso mensual de $2.752.

Menos creíble aun es el argumento del “empalme” ya que la información escamoteada remite a datos del segundo semestre del 2013, antes de modificar a comienzos del 2014 el índice de Precios al Consumidor según la nueva metodología. No hay necesidad de empalme, y se necesitaba el dato de fines del 2013, así como oportunamente se informó el IPC de diciembre que tampoco empalma la inflación con el nuevo Índice de Precios al Consumidor Nacional Urbano.

Es muy importante que el INDEC difunda las cifras, ahora enunciadas desde la nueva metodología, y así como la inflación de enero se multiplicó por cuatro respecto de la de diciembre en la medición de precios; el indicador de pobreza e indigencia podría presentar una similitud, además agravada por el impacto de la devaluación y su incidencia en la inflación sobre los sectores más empobrecidos.

Pobreza y producción

Decíamos que el tema supera lo cuantitativo y se asocia a cuestiones estructurales del orden económico en la Argentina, al modelo productivo y de desarrollo.

En ese sentido y a modo de ejemplo vale mencionar la aprobación parlamentaria de la compensación por 5.000 millones de dólares a REPSOL.

¿Por qué el vínculo entre los datos de pobreza e YPF? Porque la petrolera privada de gestión estatal sigue siendo la empresa más importante y de mayor facturación en la Argentina, y constituye el eje proveedor de insumos estratégicos para el desarrollo productivo del conjunto de la economía local.

YPF participa activamente en la generación de valor, o si se quiere, de riqueza. Uno de los interrogantes, por lo tanto, remite a la distribución de la riqueza en el país, y queda claro que lo aprobado por el Parlamento supone el destino de cuantiosos recursos públicos, generados por el esfuerzo del trabajo social en el país al capital externo. Esos inversores externos, REPSOL, son un conglomerado de transnacionales que deterioraron las reservas de gas y petróleo, depredaron la naturaleza y fugaron ganancias para sus estratégicos planes de inversión en otras latitudes.

Vale remarcar que en Diputados la medida avanzó con 135 votos afirmativos del partido de gobierno y aliados (Nuevo Encuentro y otros provinciales); con la abstención de 42 legisladores, básicamente del masismo y el macrismo, que no se oponen a lo esencial de indemnizar a REPSOL[4], con lo cual existe una amplia mayoría favorable a favorecer recursos públicos a cumplir con acreedores e inversores externos. La votación negativa sumó 59 diputados, que incluye opositores que acuerdan la normalización con la petrolera transnacional (caso de la mayoría de UNEN) y sectores de izquierda y centro izquierda con larga prédica contra la política petrolera desde los ‘90 (Proyecto Sur, UP, FIT).

Los argumentos del gobierno y la oposición sistémica favorecen una reinserción subordinada de la economía local en el sistema capitalista mundial, por ello la autorización reciente al Santander para girar 32 millones de dólares como remesas de utilidades al exterior, y toda la búsqueda por conseguir capitales externos para introducir en la Argentina.

Los pagos se realizarán con bonos de la deuda pública, con rentabilidad en dólares, a una tasa mayor de la que obtienen otros países vecinos, entre el 7 y el 8,75%. Para el 2015 empezarán a amortizarse los bonos de deudas y los compromisos se extienden hasta el 2033, configurando toda una hipoteca que se suma al cáncer interminable del endeudamiento externo.

Se entregarán a REPSOL tres títulos: a) el Bonar X por 500 millones de dólares, con tasa del 7%, y con vencimiento en 2017; b) el Discount 33 por 1.250 millones de dólares, con tasa al 8,28%, con vencimiento en 2033; c) el Bonar 2024 por 3.250 millones de dólares, con tasa al 8,75%, que vence en 2024. Un tema de interés es que los 5.000 millones de dólares deben ser efectivamente realizados por Repsol; y si esto no ocurre, porque el valor de mercado obtenido fuera menor a 4.670 millones de dólares, el Estado se compromete a entregar bonos adicionales hasta 1.000 millones de dólares.

Es evidentemente un gran negocio para REPSOL, que afirma la pérdida de soberanía de la Argentina y la consolidación del carácter dependiente de nuestro orden económico y social. Por ello es que se necesita asociar la pobreza a la riqueza, ya que esta existe como consecuencia de aquella y habilita a un debate sobre un “modelo productivo y de desarrollo no dependiente”, donde la riqueza social generada sea distribuida para resolver las insatisfechas necesidades de la población empobrecida de la Argentina.



[1] http://www.indec.mecon.ar/nuevaweb/cuadros/novedades/gacetilla_24_04_14.pdf (consultada 25/04/2014)
[2] http://www.indec.mecon.ar/ (consultada 25/04/2014)
[3] http://www.ipypp.org.ar/index.php/50-articulos/357-36-5-de-pobres-y-12-1-de-indigentes-los-numeros-que-el-gobierno-pretende-ocultar (consultada 25/04/2014)
[4] “Entre el pragmatismo y el cálculo, un voto opositor incómodo” Por Laura Serra, LA NACION. "Yo lo hubiese votado a favor", se sinceró, sin ambigüedades, un encumbrado diputado del Frente Renovador. …el diputado de Pro Federico Sturzenegger, miembro informante de la bancada, lo reconoció en el recinto, cuando dijo que el problema de YPF "es un capítulo que debe ser cerrado, porque los costos de dejar este proceso en su situación actual son mayores que los que acarrearía no hacerlo". Gilberto Alegre, la voz del massismo en este tema en el recinto, coincidió. "Arreglar con Repsol es necesario y conveniente. El que expropia debe pagar. La Argentina debe volver al mundo y arreglar la situación con los acreedores externos". http://www.lanacion.com.ar/1684634-entre-el-pragmatismo-y-el-calculo-un-voto-opositor-incomodo (Consultado el 25/04/2014)


*Julio C. Gambina, Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP, Argentina

¿Es utópico luchar contra el capitalismo?

¿Es posible sostener una sociedad anticapitalista, antiimperialista, socialista?

OPINIÓN de Julio C. Gambina, Buenos Aires.- La crisis capitalista es un dato de la realidad, aunque algunos la nieguen. Es parte de un diagnóstico generalizado, a izquierda y derecha, sin embargo algunos se resisten a esa calificación.

Hace pocos días, el economista Pablo Rojo me discutía la existencia de una crisis mundial y calificaba de utópica mi propuesta en pos del socialismo[1]. Era en pleno despliegue de la mega devaluación de fin de enero.

Lo curioso, es que también me calificaba de utópico un periodista de izquierda ante mis comentarios de nacionalización del comercio exterior y la banca realizados en una entrevista radial telefónica antes de la mega devaluación.

No son los únicos, ya que algunos (muchos) amigos que evalúan mis presentaciones públicas me endilgan la imposibilidad de materializar mis propósitos anti capitalistas y que se requieren soluciones para el “mientras tanto”, lógicamente dentro del capitalismo.

Utópicos son los que esperan soluciones para la mayoría dentro del capitalismo

La realidad es que mientras me califican de utópico, el capitalismo realmente existente continúa su desarrollo, con mayor desigualdad a escala mundial y local.

La organización OXFAM presentó en Davos, en el Foro Económico Mundial un informe que entre otras cuestiones relata como 85 fortunas tienen el equivalente de la riqueza de la mitad de la población mundial, unos 3.500 millones de habitantes.

A su vez, la CEPAL, en su último Panorama Social de América Latina difundido a comienzos de este 2014 da cuenta del estancamiento en la tendencia a la mejora de los indicadores sociales verificados en buena parte de la década 2002/2012, con deterioro de las causas que explicaron el gran crecimiento de la región y su impacto positivo en la disminución de la pobreza.

El asunto es que la crisis, con epicentro en el capitalismo desarrollado, situación normal para calificar de mundial a una crisis, empieza ahora a sentirse entre los países emergentes, forma de llamar a aquellos territorios receptores de inversiones externas en plena crisis de los desarrollados, y lógicamente con ellos, el impacto de la crisis se extiende a todo el resto de países, amplificando el fenómeno de la miseria, la pobreza y la mayor explotación de los trabajadores, de los pueblos y de la naturaleza.

Lo utópico es pensar en un “mientras tanto” (difuso) en el marco del horizonte capitalista.

Juan Carlos Pugliese, el ministro de economía en el ocaso del gobierno de Raúl Alfonsín, confesaría a la sociedad que les habló con el corazón y los empresarios le contestaron con el bolsillo. Se puede pensar que se olvidó del orden social capitalista presidido por la lógica de la ganancia y la valorización del capital.

Ocurre lo mismo cuando las autoridades actuales se sorprenden ante la actitud especulativa de la sociedad ante la posibilidad otorgada por la política económica para ahorrar en divisas, o cuando solicitan a los productores vender sus tenencias acumuladas en silo-bolsas para bien de la situación económica nacional.

Ambas acciones, las compras de dólares o las retenciones de producciones, son parte de una cultura propia del orden capitalista incentivado por la posibilidad ofrecida desde la política gubernamental.

Ahora, desde el agrupamiento Carta Abierta se acusa al poder económico de haber obligado al gobierno a devaluar, siendo que el deliberado accionar político podría haber enfrentado, no de palabras, sino con acciones la aspiración por la depreciación de la moneda nacional.

La propia Presidenta aludió a la ausencia de una burguesía nacional, sujeto imprescindible para el sueño utópico del capitalismo nacional a que convocó Néstor Kirchner el 25/5/2003.

¡El capitalismo nacional es una utopía!

No existe ese sujeto burgués para un capitalismo nacional en tiempos de transnacionalización de la economía, verificado en la dominación transnacional de la producción y los servicios en el país, aun en una década de críticas discursivas contra el neoliberalismo, los organismos internacionales y el poder económico concentrado.

Históricamente, el peronismo pretendió suplir la ausencia de burguesía nacional con el papel del Estado como sujeto colectivo para definir ese objetivo deseado.

Resulta que el Estado ha sido reformulado en los ‘80 y ‘90, siendo la institucionalidad neoliberal, reforma constitucional incluida, con sus tratados internacionales e institutos de libre comercio y defensa de las inversiones extranjeras (TBI, CIADI, etc.), con la legislación favorable a los transgénicos, la reforma al Código minero, la protección a la producción de las terminales extranjeras de la industria automotriz, la promoción de la industria de armaduría, o la ley de entidades financieras supérstite; junto al cáncer de la especulación financiera y el endeudamiento, lo que explica el carácter estructural de la subordinación y dependencia del capitalismo argentino al orden contemporáneo del capital, más allá de buenas intencionalidades discursivas.

Un mérito del kirchnerismo fue captar a importantes sectores de la sociedad y el movimiento popular para su proyecto político de hacer normal el desarrollo capitalista en la Argentina, es decir, crecimiento económico con consenso social y relativa capacidad compensatoria de satisfacer necesidades insatisfechas y deterioro absoluto y relativo de condiciones de vida entre 1975 y 2001.

La convergencia de demanda social hacia el 2001-03 con el discurso oficial kirchnerista favoreció la extensión del consenso que empieza a encontrar límites ante las restricciones para continuar la convivencia del desarrollo capitalista “normal” con paliativos social de inclusión.

Estamos en pleno despliegue del ajuste

El ajuste responde a plena lógica del régimen del capital. No es impuesto por lógica externa, sino por la propia dinámica de la búsqueda de la ganancia, la acumulación y la valorización.

La devaluación desde el 1 a 1 a 1 =1,40 y su proyección 1=3 y su evolución hasta el 1=8 constituyen una política de transferencia de ingresos desde la mayoría de la población con ingresos fijos a la minoría en condiciones de fijar precios en el conjunto de la economía. La política de gobierno, sea fiscal o monetaria, de ingresos y precios, más allá de ciertas iniciativas en el intento de frenar aumentos o administrar el precio de la divisa ha sido funcional al modelo de acumulación de ganancias, de riqueza y de poder.

No todos los países sufren el problema de la inflación, no del modo en que se soportan para la mayoría de la población en la Argentina. El asunto es que la inflación, lo dijimos muchas veces, es la forma específica que tiene el poder económico actuante en el país para redistribuir regresivamente el producto social del trabajo en el país. La responsabilidad gubernamental es esencial, por acción u omisión.

Desde el fortísimo impacto social de la situación económica del 2001-2002, se crearon condiciones para desplegar paliativos que nunca retrotrajeron la situación social a otros tiempos del capitalismo local, previos a 1975, el máximo de redistribución progresiva en el marco capitalista. El tiempo de las reformas encontraron un límite hacia el 2007 y por eso la respuesta del capital hegemónico fue la inflación, que contagia incluso a sectores no hegemónicos, que aumentan precios mientras exista mercado que demande sus bienes o servicios. Por esto es que la inflación no solo tiene sus causas en los grandes fijadores de precios, sino que estos tienen capacidad de extender la cultura remarcadora asociada a la demanda de un patrón de consumo que favorece a los monopolios.

El gobierno se jacta de no querer generalizar el ajuste. Sin embargo, la inflación es ajuste. Es algo que sufre la mayoría de trabajadores, regulares o irregulares, precarios o no, tercerizados o no, activos o pasivos, incluso benefactores de subsidios congelados o actualizadas en una desigual carrera contra los precios de bienes y servicios que consume la mayoría de la población.

La realidad es el ajuste mundial que induce el capitalismo en tiempos de crisis, con especificidades nacionales. En Argentina se pretende disciplinar a los trabajadores que se aprestan a discutir convenciones colectivas, intentando que demanden por debajo de la inflación pasada y en perspectiva, que dicho sea de paso, nadie puede verificar a ciencia cierta ante las incertidumbres de las mediciones del INDEC. Una gran incógnita es el nuevo indicador federal de la evolución de los precios, algo a develar en los próximos días y meses.

No es en las conspiraciones en que se debe indagar sobre los responsables de los problemas económicos de la Argentina, es en el propio capitalismo y su lógica de explotación de fuerza de trabajo (agro y monocultivo, industria de armaduría dependiente de insumos externos) y naturaleza (tierra, agua, minería, hidrocarburos), como en la dependencia del ingreso de inversiones externas (Chevron, por ej.) o préstamos (acuerdo con el BM, búsqueda de acuerdo con el club de París para cancelar deuda ilegítima asumida en tiempos de la dictadura genocida).

Llamemos a las cosas por su nombre: el problema es el capitalismo

Resulta imprescindible cambiar la lógica de razonamiento sobre la solución de los problemas que afectan a nuestro pueblo. No existe salida dentro del capitalismo. Eso es lo utópico. Hace falta enfrentar el orden capitalista y así como el capitalismo tiene sujeto social que lo hace posible, en la vanguardia las transnacionales, los principales estados capitalistas y los organismos internacionales, los que generan el sentido común mayoritario para un patrón productivo y de consumo privilegiando el sálvese quien pueda y el individualismo, el anticapitalismo y el socialismo también requiere de la construcción del sujeto social para el cambio.

Esa construcción de sujeto es el “mientras tanto” entre la denuncia actual al orden capitalista y su gobierno, y la perspectiva para pensar en construir una sociedad alternativa con otro modelo productivo y de desarrollo, bajo el programa de la soberanía alimentaria, energética, financiera en un marco de integración regional no subordinada.

La soberanía alimentaria supone discutir el modelo sojero “transgénico” monoproductor, bajo el comando de las transnacionales de la alimentación y la biotecnología, de Monsanto, Syngenta, Dreyfus, Bunge y otros similares. Se trata de avanzar desde la agricultura familiar y de las comunidades en articulación con comunidades barriales de abastecimiento popular, extendiendo ferias contra grandes cadenas comerciales monopólicas, en beneficio de calidad de vida y empleo extendido con participación popular en la definición del patrón de producción y consumo.

Al remitir a la soberanía energética se supone asumir el proyecto “petroamérica” oportunamente sustentado por Hugo Chávez para articular una política energética común en Nuestramérica, lo que significa aunar criterios de impulso al desarrollo tecnológico y científico autónomo, con aporte de las universidades públicas de la región, con asignación de presupuestos suficientes y una convocatoria a definir el modelo productivo y de desarrollo no solo para el país, sino integradamente con la región.

Apuntamos a sustentar la propuesta de “nueva arquitectura financiera” para la región, con fondo constituido por las reservas internacionales, las que deben dejar de alimentar las finanzas del capitalismo desarrollado para organizar financiamiento propio con Banco del Sur o del ALBA, con aliento a monedas locales, sea el SUCRE (aceptado en el ALBA y que Venezuela podría proponer al Mercosur), o los acuerdos escasamente desarrollados de intercambio con monedas locales como el suscripto entre Brasil y Argentina.

Todo ello es posible si se denuncian los acuerdos bilaterales, se retira a la Argentina del CIADI, se generaliza una campaña contra el libre comercio redivivo en la Alianza Pacífico o en los acuerdos del Mercosur con la Unión Europea, si se audita la deuda pública, especialmente ahora la que demanda el Club de París, que en su mayoría es deuda ilegitima, espuria y odiosa, por haber sido asumida por gobiernos no constitucionales.

Cualquier medida que asumamos en este sentido, sea la nacionalización del comercio exterior y la banca, como venimos proponiendo, supone golpear fuerte al desarrollo capitalista e iniciar la construcción de un nuevo orden que me empecino en llamar socialista. No es una utopía la lucha contra el capitalismo y por el socialismo, es una demanda de nuestro tiempo, es el camino por la emancipación social y la defensa de la naturaleza.

Buenos Aires, 9 de febrero de 2014

*Julio C. Gambina es Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP.


[1] En el programa de Rolando Graña, tercera posición, 3P, en A24.

ARGENTINA - Precios y salarios en el debate económico


OPINIÓN de Julio C. Gambina.- La preocupación económica es la inflación y por eso, aparece como central la cuestión de los precios, entre ellos el de la fuerza de trabajo.

El fenómeno de la inflación se manifiesta como incremento de los precios, y más allá del INDEC y el viejo o nuevo indicador, la propia política de gobierno reconoce la existencia del flagelo inflacionario. Se discute la magnitud del problema, pero ya no se niega su existencia. Otra discusión es la política económica para frenar o impulsar los precios.

Por ello es que hay acuerdo de precios, por ahora solo en la zona metropolitana y en grandes centros comerciales. Ahora empieza a extenderse a cadenas de comercialización de menor magnitud y progresivamente adquirirá carácter federal, llegando el acuerdo de precios al conjunto del país. En el “mientras tanto”, quien puede aumentar lo hace.

Es importante que se reconozca el problema, paso inicial y pre-condición para intentar confrontarlo. Claro que el problema esencial apunta a reconocer no solo el fenómeno, sino las causas de la inflación. En general se reconoce la complejidad de la cuestión, pero existen teorías y enfoques que privilegian ciertos elementos.

Entre otros existen los que apuntan a la política económica, especialmente la monetaria, y más precisamente la emisión. La respuesta en este caso apunta a la disminución de la emisión de moneda y con ello a la reducción del gasto público. En general, esa reducción apunta a gastos sociales y nunca a aquellos destinos que satisfacen el ingreso de sectores dominantes, por caso el pago puntual de la deuda pública.

Otros señalan la cuestión estructural de la dominación monopolista en el sistema capitalista, es decir, señalan a los fijadores de precios, que no son muchos. Solo pueden establecer precios aquellos que tienen una situación de dominación en el mercado y utilizan esa posibilidad para apropiar una parte de la renta socialmente generada a costa del ingreso de una parte sustancial de la población. La respuesta para intentar contrarrestar esta situación apunta a medidas de control del poder económico, algunas veces de carácter imperativo y otras consensuales, como los actuales “acuerdos”.

Ambos diagnósticos pueden ser compartidos, siendo discutibles las medidas que se asocian a cada diagnóstico. Puede coincidirse en que se trata de un problema de emisión y que debe reducirse el gasto. La discusión es en todo caso cual es el gasto que se debe afectar. Si se achica el gasto en salud o educación, por ejemplo, o si se asume otra política respecto al privilegio de los acreedores, entre cancelar la deuda pública con inversores locales o externos o satisfacer derechos sociales consagrados por la Constitución Nacional. En el otro sentido, el debate apunta a discutir cómo se evita el accionar de monopolio. En este caso, debe asumirse que el capitalismo hace rato abandonó una época de libre competencia para abrirle paso a la concentración y centralización del capital, habilitando la dominación monopolista de la economía contemporánea, al mismo tiempo que el carácter del Estado, más allá de contradicciones, remite a una institucionalidad gestada por el propio régimen del capital.

Vale mencionar que el acuerdo de precios en curso es voluntario y por lo tanto involucra en el debate al gobierno con grandes operadores económicos, los que consienten en la coyuntura la política de “precios cuidados”. Cada cual atenderá su juego, intentando el sector empresario corregir al alza los acuerdos transitorios en busca de rentabilidad, esencial lógica capitalista. La respuesta gubernamental amenaza con la importación y pretende involucrar a nuevos actores económicos, caso de los productores de alimentos frescos y sus propios instrumentos de comercialización, caso del Mercado Central de abastecimiento.

Queda claro que el diagnóstico necesita incluir la lógica de la ganancia, esencia del capitalismo, para poder entender que la fijación de precios al alza es uno de los mecanismos del capital para lograr su cometido. Es algo que tiene especificidad nacional, pues no ocurre del mismo modo en todos los países del mundo. EEUU es un gran emisor y sin embargo no se manifiesta en una suba descontrolada de los precios, entre otras cuestiones, por su capacidad de trasladar la inflación al resto del mundo. Existen otros países con posición hegemónica en el sistema mundial del capitalismo que actúan del mismo modo.

Por ello, no en todos los países, la respuesta del capital es la misma. En el caso de la Argentina, las restricciones estructurales evidenciadas luego del ciclo inicial de la devaluación del 2002, con efecto hacia el 2006, hizo que se defienda la rentabilidad de la inversión con aumentos de precios. En esas condiciones, los trabajadores intentan defender sus ingresos y acuden a las paritarias, un logro de estos años, aunque solo para un sector minoritario de los trabajadores. De hecho, solo los trabajadores regularizados del sector privado han podido defenderse de la evolución de los precios, algo no logrado por los estatales y ni hablar aquellos que están en situación irregular de empleo, es decir, sin seguridad social. La mayoría de los trabajadores han perdido contra la inflación, insistamos, más allá de cualquier indicador del INDEC, el viejo o el nuevo que empezó a contabilizarse desde el comienzo del 2014.

La realidad augura conflicto a varias puntas, entre fijadores de precios y sociedad; entre los actores económicos y el gobierno, para ver quién puede disciplinar a quien; y claro, entre la mayoría de la población que vive de ingresos fijos, entre ellos los trabajadores en defensa de los salarios, a quienes pretenden disciplinar los patrones y el Estado. Este conflicto tiene a los trabajadores como sujeto esencial y por eso está en la agenda de discusión en las organizaciones de trabajadores, las que preparan las formas de intervención para obtener logros en la disputa por el ingreso nacional, destacándose pese a la fragmentación sindical la unidad de acción insospechada hasta hace muy poco tiempo. Es un juego de intereses económicos que se dirime en la política, en las iniciativas políticas para defender ingresos, es decir, ganancias los propietarios y salarios los trabajadores. El Estado juega para el capital, sí, es verdad, pero es también ámbito de disputa si se pretende construir otra institucionalidad para la transformación social, anticapitalista.


*Julio C. Gambina es Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP, Buenos Aires.

ARGENTINA - Primeros anuncios económicos del 2014


OPINIÓN de Julio C. Gambina.- Empezó el 2014 con algunas novedades anunciadas por el gobierno en materia de política económica.

Una de ellas remite a un nuevo acuerdo transitorio de precios. Otra a sanciones a las empresas distribuidoras de energía. Finalmente se anunciaron centenares de objetivos y metas para el presente año.

Aumentos y acuerdos de precios

Sobre los precios, vale registrar que el anuncio solo involucra un conjunto de productos y aplicables a la zona metropolitana. El interior profundo del país deberá esperar mejor ocasión.

La antesala del anuncio se presentó con incrementos del boleto del transporte de pasajeros en el Gran Buenos Aires, del precio de boletos de avión, los aumentos de las naftas y los peajes. Todos en cifras muy por encima de los registros oficiales de evolución de los precios, e incluso de lo que indican fuentes privadas, en general opositoras al gobierno.

Más allá del acuerdo de precios, queda claro que el año comienza con aumentos que inciden en la capacidad de gasto de la mayoría de la población, especialmente los perceptores de ingresos fijos. Es una situación que anticipa importantes debates salariales en cuanto se habiliten las negociaciones colectivas, y entre ellas destaca la paritaria docente con la incertidumbre de todos los comienzos de año relativa al inicio de las clases.

El estado y las empresas eléctricas

Respecto de las eléctricas, y aun persistiendo el problema de los cortes de luz y agua para algunos usuarios, el Ministerio de Planificación anunció un conjunto de multas a las empresas y resarcimientos a usuarios afectados, incluyendo sanciones retroactivas a similares episodios de años anteriores.

El anuncio incluye la posibilidad de rescisión de los contratos. Las medidas expresan una clara intención de hacer responsables de los cortes a las empresas.

Lo que se omite es hacer un balance crítico del accionar del ENRE, el ente de control, con escasa capacidad de incidir en la prevención de la crisis.

Pero aún más, se requiere apuntar al conjunto de la política energética, lo que requiere discutir desde la producción a la distribución de la energía. Ello no solo es electricidad, sino también petróleo o gas.

Ese fue precisamente el colofón de la exposición de De Vido, resaltando la potencia del yacimiento Vaca Muerta, especialmente en materia de gas. Aun resolviendo el abastecimiento energético del verano y los picos de demanda, la realidad es que la crisis energética ocupará buena parte de las discusiones del presente año.

Objetivos y metas 2014

En cuestión de objetivos y metas resaltan el fuerte crecimiento esperado para la economía, como la consolidación de un importante saldo comercial estimado en 10.124 millones de dólares, con exportaciones por más de 94.000 millones de dólares.

Los anuncios trascienden la economía, pero entre ellos resalta la afirmación de un modelo productivo que tiene epicentro en el extractivismo. En efecto, en materia agrícola se anuncia el objetivo de lograr un incremento del 20% en la producción de trigo con una meta a lograr a 11 millones de toneladas, al mismo tiempo que se sostiene una meta de 115 millones de toneladas para cereales y oleaginosas en la perspectiva del 2015.

Queda clara la continuidad en la soja y sus derivados como producto central del complejo agrícola del país, base esencial de la expansión de las exportaciones. Pero no solo agro en los anuncios, también la minería se presenta con una expectativa de inversiones externas por 3.800 millones de dólares.

La primarización y el extractivismo aparecen en el primer plano. Los anuncios relativos a política social expresa los límites estructurales de la economía argentina.

Entre otros, se aspira a un desempleo del 6,3% muy lejos de los valores históricos.

En materia de trabajo no registrado se aspira a que sea menor a 32,5%, dando cuenta de las dificultades para regularizar el empleo y terminar con la impunidad empresaria en la contratación irregular de la fuerza de trabajo.

La Asignación Universal por Hijo se incrementará para llegar a 4.501.939 beneficiarios, consolidándose como la principal política social y el mantenimiento del problema estructural de la pobreza.

Todos los anuncios denotan preocupación gubernamental ante las protestas y reclamos del fin de año, sea por la carestía de la canasta de consumo cotidiana o los cortes de electricidad y su impacto en zonas urbanas.

Se pretende incidir en la prevención del conflicto social que tiene eje en la disputa por el ingreso. Insistamos, un tema que aparece en el centro de la agenda de política económica a comienzo del 2014.



*Julio C. Gambina, Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP, Ciudad de Buenos Aires.

ARGENTINA - Aumentos y falencias de fin de año


OPINIÓN de Julio C. Gambina.- El aumento de precios es una preocupación social, especialmente si se es parte del 70% de los trabajadores asalariados, los que perciben menos de $5.000(1), según datos del Indec a junio del 2013. O si se pertenece al 73% de los jubilados nacionales que perciben la mínima, algo así como la mitad de los ingresos de 2/3 de los trabajadores asalariados en la Argentina.

La demanda social popular por mejorar los ingresos se generaliza en estas horas, y por ahora, las policías mejoraron sus haberes, como los camioneros obtuvieron un bono de fin de año, no remunerativo, por supuesto. Es parte de la situación de irregularidad que sufren un tercio de los trabajadores asalariados en el país.

El nuevo piso de la demanda de ingresos de los trabajadores, como reclamó en las calles esta semana la CTA y otras organizaciones sociales y políticas, ronda los $8.000 y el 82% móvil para los retirados.

Acuerdos de precios

La política económica responde por ahora con un nuevo “acuerdo de precios” en alimentos, bebidas, artículos de limpieza y de tocador. Unos 180 productos con precios acordados entre proveedores y el Estado.

¿Será uno más de otros “acuerdos” previos?

Vuelve a aparecer la figura del control popular, esta vez con capacidad de auditoría desde el ente de recaudación.

Ante los bajos ingresos populares, vale el intento de morigerar la remarcación de precios de la canasta de consumo de las familias con menores recursos económicos y financieros.

Claro que aún falta precisar el precio definitivo al que se ofrecerá esa lista de productos.

¿A qué precio se ofrecerán? ¿Regirán precios actuales, ya incrementados en estos días, o se retrotraerá la situación a alguna fecha anterior?

No recuerdo que los precios alguna vez bajaran, lo que puede considerarse un comentario pesimista que ratifica que los “mercados” ya hablaron. Ojalá nos equivoquemos.

El dólar en alza

Mientras se pretende contener el aumento de algunos precios, el de las divisas crece en forma acelerada.

No hace mucho el gobierno perjuró que no devaluaría. El tipo de cambio ya supera el promedio de valuación previsto para el 2014, cuestión debatida hace apenas meses, en septiembre, cuando se aprobó el presupuesto del próximo año y se imaginaron las variables de la evolución económica futura.

Algunos explican que no se trata de una devaluación sino de una depreciación de la moneda local respecto de las externas. Más allá de disquisiciones técnicas, lo real es que la modificación del precio del dólar y las demás monedas externas incide en el establecimiento de los precios locales, los que se corrigen en función de la dependencia de la Argentina del ingreso de importaciones para la producción.

El costo del alza de las divisas modifica los precios relativos en el conjunto de la economía, e induce una profundización de la ecuación de beneficiarios y perjudicados. Así, se afirman las tendencias a la expansión de la brecha de ingresos y calidad de vida de una mayoría empobrecida contra una minoría de amplio acceso al mercado de consumo y acumulación de riqueza y poder.

La política económica vuelve a intentar administrar o contener por consenso algunos precios, mientras que otros, caso del dólar, los aumenta.

Cortes de electricidad y tarifas

Una incógnita pasa por la disminución o quita de subsidios, los que significarán en simultáneo incremento de tarifas de servicios públicos, especialmente de electricidad y transporte.

El tema se agudiza ante la seguidilla de cortes de electricidad y agua que promueve protestas sociales y demandas extendidas contra las empresas concesionarias producto de las privatizaciones en los 90´.

Está claro que la política de privatizaciones es un fracaso para la sociedad y un gran negocio para las empresas, más allá de lo que cuentan sus balances contables.

La exhibición de pérdidas puede asumirse como un chantaje para incrementar precios o inducir expropiaciones ventajosas luego de agotar la potencia de la acumulación de ganancias.

El propio gobierno amenaza con hacerse cargo de la prestación del servicio de iniciativas empresarias descapitalizadas y sin proyectos de modernización, algo que también ocurre en el área de las comunicaciones, especialmente la telefonía celular.

La lógica es la del Mercado y el Estado capitalista

En definitiva, asistimos a la lógica del Mercado capitalista, donde el aumento de precios favorece la apropiación de mayor rentabilidad del capital y cuanto esto no es posible se acude al Estado capitalista, primero para que subsidie, y si no alcanza, entonces que expropie y compense la salida de la empresa en problemas.

Es la historia reciente del correo, de los ferrocarriles y más costosa aún, la de YPF, incluyendo una negociación que supondrá el incremento de la deuda pública por $5.000 millones de dólares. Una deuda a cancelar por recursos fiscales a costo de satisfacer necesidades de la población.

¿Es la subordinación a la lógica de la gananciala única posibilidad? Responder el interrogante nos lleva a discutir el orden económico, político y cultural de la sociedad contemporánea, y no solo de la Argentina, sino de la región y del mundo.

¡¡¡Felices Fiestas!!!



(1) NdE: 5000 pesos argentinos = US$ 780, aproximadamente, al cambio oficial.
 

ARGENTINA - Acuerdos con el FMI y el Banco Mundial


15.10.13. OPINIÓN de Julio C. Gambina.-  Una delegación argentina presidida por Hernán Lorenzino, Ministro de Economía del país, participó en Washington entre el 9 y 13 de octubre de varias reuniones con el FMI, el Banco Mundial (BM) y el G20. Lorenzino participó del V Encuentro de Ministros de Hacienda de América y el Caribeen la sede del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Washington y de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Mundial (BM).

En la ocasión, el ministerio informa que hubo “una serie de encuentros y conversaciones informales con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Jack Lew, y la subsecretaria de Asuntos Internacionales del organismo, Lael Brainard. Además, lo hizo con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde; su director del Hemisferio Occidental, Alejandro Werner; el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, y el vicepresidente de América latina y el Caribe del Banco Mundial, Hasan Tuluy.”[1]

Todos estos interlocutores en conjunto son el famoso núcleo del criticado “Consenso de Washington”, o sea, el gobierno de EEUU y los organismos internacionales (FMI, BM, BID), más el G20. ¡No solo hubo reunión, también acuerdos! Todo sea para que Argentina sea re-admitida en el sistema financiero mundial.

Préstamos del BM y negociaciones por demandas en EEUU

En esos encuentros se consideraron asuntos (acuerdos) que involucran y comprometen a futuro los recursos fiscales de la Argentina, especialmente los préstamos por 3.000 millones de dólares en tratamiento con el BM derivados del “Acuerdo Estratégico 2014-2016” informado en conjunto por el organismo internacional y el Ministerio[2].

Son negociaciones que superan a la gestión actual e involucran al próximo gobierno luego del 2015. En ese sentido destacan las negociaciones relativas a la deuda pública, con incidencia en lo fiscal, pero sobre todo, profundizando la hipoteca que condiciona al conjunto de la política económica.

En este plano de la deuda se destacan las frenéticas conversaciones para inducir a los gobernantes estadounidenses a comprometerse con la Argentina en sus reclamos para que la Corte Suprema de EEUU interceda contra la pretensión de los acreedores externos (fondos buitres) que demandan el cobro del 100% de los bonos en cesación de pagos.

En su sitio en internet, se informa que Lorenzino aludió a la cuestión señalando que "Las consecuencias para los procesos de reestructuración de la deuda soberana de los países se verán afectados tal como lo expresó el gobierno de Francia en su presentación ante la Corte Suprema de los Estados Unidos". Resulta evidente que el gobierno argentino pretende que los funcionarios de Obama asuman la misma actitud que los franceses, socios de la frustrada escalada contra Siria.

La vocación pagadora de la Argentina se manifiesta expresamente al resaltar que "Nuestra máxima prioridad es continuar pagando las deudas en tiempo y forma como hemos venido haciendo durante la última década. Simplemente queremos que nos dejen cumplir con nuestras obligaciones". La cuestión pasa por más deuda para seguir pagando. Se habla de “des-endeudamiento”, y sin embargo queremos llamar la atención sobre el nuevo endeudamiento y orientación de política económica que las gestiones ministeriales suponen a partir de estos encuentros y acuerdos.

Podemos leer en BAE, que “El jueves de la semana pasada el equipo económico empezó a mostrar en Washington DC el camino que seguirá en los próximos meses. Es que cerró la negociación con cinco de las empresas que demandaban al país en el Ciadi, el tribunal del Banco Mundial y en el Uncitral (corte que depende de las Naciones Unidas). Se trata del pago de u$s 500 millones, a través de bonos, a las firmas Azurix, Blue Ridge, Vivendi, National Grid y Continental Casualty Company.Como parte de la misma maniobra, el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, firmó también una alianza estratégica con el BM para que se le otorguen al país unos u$s3.000 millones en tres años.” En ese sentido, agrega el artículo: “Es que el fin de los litigios en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones permite que Estados Unidos deje de votar en contra de Argentina en distintos organismos.”[3]

Demandas ante el CIADI y acuerdos con el FMI

Resulta interesante verificar las demandas de las transnacionales contra los Estados en el CIADI, ámbito del BM. Argentina está a la cabeza, todo por el cambio de política cambiaria en 2002. Así lo muestra el gráfico que incluimos en el texto y que difunde el Instituto para el Desarrollo Social de la Argentina, IDESA.[4] Puede verse que las causas involucran a países de América Latina, África, Asia y Europa del Este.


¿Hay dudas para quien juega el BM? Eso no impide formular declaraciones contra la pobreza o la lucha por la inclusión social, mucho de lo cual puede verificarse en el comunicado conjunto del organismo y el Ministerio de Economía de la Argentina.

Otro de los temas remite a las conversaciones con el FMI. En la nota antes citada, el diario BAE informa que “el director para el Hemisferio Occidental del Fondo, el mexicano-argentino Alejandro Werner, sostuvo que el diálogo por el Índice de Precios al Consumidor Nacional Urbano es “constructivo”, al tiempo que confirmó que el 13 de noviembre elevará a la Junta Directiva el informe sobre los avances en la nueva metodología.” Agrega la noticia que “Werner ya había dicho que Argentina avanza rápido en el reemplazo de las actuales estadísticas, por las cuales el país recibió en febrero de este año la inédita “moción de censura” por parte del organismo que encabeza Christine Lagarde.”

Queda claro que Argentina está haciendo los deberes acordados con el FMI. Muy lejos quedan las diatribas contra el FMI y resulta evidente la búsqueda de normalización con los organismos internacionales y la intención de inserción en el mercado mundial de préstamos ante la caída de las reservas internacionales y las necesarias fuentes globales para el financiamiento del déficit de las cuentas públicas.

La dependencia y asociación al “Consenso de Washington”, deuda pública mediante, siguen latente en los problemas estructurales de la Argentina. En ese sentido es nuestra prédica por el retiro del país del CIADI, la denuncia de los tratados bilaterales de inversión, la investigación con auditoria de la deuda, lo que en definitiva supone cuestionar el orden capitalista mundial y bregar por otra organización económica de la sociedad. Es algo que sugiere la propuesta de cambio político por donde transita el laboratorio popular de las luchas de Nuestramérica.

Buenos Aires, 14 de octubre de 2013

Notas

[1] Ministerio de Economía, en http://www.mecon.gov.ar/ (visitada el 14/10/13)

[2] Gacetilla de prensa del 9/10/13 publicada en el Ministerio de Economía, en http://www.mecon.gov.ar/ (visitada el 14/10/13)

[3] “Buscan reforzar reservas con Banco Mundial y Baade. El Gobierno quiere cerrar frente externo con Fondo Monetario Internacional y Club de París.” En:http://www.diariobae.com/diario/2013/10/14/33049-buscan-reforzar-reservas-con-banco-mundial-y-baade.html (consultado 14/10/13)

[4]http://www.idesa.org/ (consultada el 14/10/13)


*Julio C. Gambina es profesor de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario.

ARGENTINA - El cáncer de la deuda pública a 30 años de vigencia constitucional


30.09.13. OPINIÓN de Julio C. Gambina.-  La cámara de Diputados dio media sanción al Presupuesto 2014 de la Argentina, y sin duda el Senado lo transformará en Ley en los próximos días.

El cáncer de la deuda pública ahoga cualquier pronóstico de perspectiva autónoma e independiente para la evolución económica del país en condiciones soberanas.

En efecto, todo el superávit primario previsto para el próximo año se esteriliza en la proyección de pagos de los vencimientos de la deuda pública, agravado si consideramos que los pronósticos en este sentido nunca se cumplen. A modo de ejemplo señalemos que en el 2013 se presupuestó un superávit financiero de 587 millones de pesos y la realidad demostró un déficit final del orden de los 44.612 millones. Para el próximo año se estima un superávit, luego del pago de deuda de unos 869 millones, que podemos anticipar será negativo en cifras varias veces superiores.

El tema de la deuda es cuento largo y viene de arrastre como herencia de la Dictadura, quienes legaron al Estado nacional una deuda por 44.000 millones dólares. Los turnos constitucionales la incrementaron gravosamente. Con Alfonsín el legado llegó a 62.000 millones de dólares, y Menem la elevó a 122.000 millones de dólares. Con De la Rúa creció hasta los 145.000 millones y la crisis del 2001 gestó la cesación de pagos (default) por 100.000 millones y el pago riguroso a los acreedores privilegiados: los organismos internacionales.

Ahora, pese a los canjes del 2005 y del 2010, el monto de deuda llega a los 209.000 millones de dólares, unos 197.500 en situación regular (performing) y unos 11.500 millones de aquellos acreedores que no ingresaron a los canjes previos y a los que se está invitando a ingresar desde que el Parlamento, mayoritariamente, oficialistas y oposición sistémica reabrieron indefinidamente el canje de deuda en cesación de pagos.

Por si esto fuera poco, según información oficial, en esta década se cancelaron más de 173.000 millones de dólares, usando parte de las reservas internacionales, mayoritariamente a acreedores externos y asumiendo nueva deuda en ámbitos del sector público, sea el BCRA, el BNA, la ANSES (administra el fondo de jubilaciones). De hecho se canceló deuda con extranjeros para asumirla el propio Estado, en desmedro de los ahorros de los trabajadores destinados a cubrir los ingresos previsionales (presentes y futuros).

Vale aclarar que al mencionar el monto de deuda pública no incluimos la deuda de Provincias o Municipios, ni los títulos emitidos por el Banco Central para regular la política monetaria. En este caso la deuda consolidada superaría los 250.000 millones de dólares, poniendo en discusión el carácter del desendeudamiento proclamado por esferas oficiales.

La deuda pública fue, es y será un cáncer que requiere ser extirpado, para lo cual se impone una auditoria a fondo, que investigue la situación integralmente y que defina la legitimidad de la misma. Claro que mientras tanto, debieran suspenderse los pagos. De este modo, se liberan importantes recursos para intentar una política soberana.

En el futuro cercano existen varias amenazas, y no solo de los llamados fondos buitres. Las empresas que demandaron a la Argentina ante el CIADI, ámbito dependiente del Banco Mundial tienen sentencias favorables por 500 millones de dólares. El sistema mundial, es decir, las principales potencias capitalistas y los organismos internacionales presionan para que la Argentina cancele esa y otras deudas que se reclaman.

El país necesita discutir si continuará en terapia intensiva por el cáncer de la deuda, o si por el contrario, extirpa de raíz un problema estructural de la economía local que condiciona la política y restringe seriamente la democracia y los derechos de la sociedad y el pueblo argentino.

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2013


*Julio C. Gambina, Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP
www.juliogambina.blogspot.com

ARGENTINA - La economía argentina y el presupuesto para el 2014. ¿Qué propone y que oculta?

OPINIÓN de Julio C. Gambina.- 17.09.13. 

El poder ejecutivo presentó al Parlamento el pasado jueves 12/9 el proyecto presupuestario para el 2014, incluyendo el pronóstico del cierre del 2013. El crecimiento previsto del PBI para este año es del 5,1% y para el próximo un 6,2%, con la hipótesis de mejoras en la economía de EEUU y Brasil, dos importantes socios comerciales del país. La inflación se supone en 10,3 para el 2013 y del 10,4 para el 2014, y el dólar se establece a un promedio de 6,33 pesos por dólar. Es verdad que cuesta creer en las cifras de evolución de precios para este año y el próximo, aunque en los próximos días puede presentarse una nueva metodología de medición de precios por el INDEC, según compromiso asumido por el gobierno con el FMI.

A priori señalemos que el presupuesto presentado al Congreso pone de manifiesto la continuidad de la política económica y de los instrumentos en curso, sea escamotear la verdadera inflación de precios con impacto en la ponderación de la medición de la propia actividad económica, como eludir los problemas que presenta el modelo productivo y la inserción internacional subordinada. En este último sentido destaca la hipoteca de la deuda pública, la gigantesca importación de combustibles y la sostenida fuga de capitales. Son datos que no favorecen el mentado objetivo de la inclusión social y la distribución del ingreso, mucho menos de la riqueza socialmente generada.

Superávit fiscal para seguir pagando deuda

El superávit fiscal primario establecido en el Presupuesto, es decir, antes de pagos por la deuda, alcanza a 83.889,3 millones de pesos, equivalentes a 14.614,8 millones de dólares (tipo de cambio= 5,74). Al mismo tiempo, el proyecto de presupuesto incluye 80.310 millones de pesos para hacer frente a compromisos de pago de intereses de la deuda pública, unos 13.991 millones de dólares al tipo de cambio actual. En definitiva, el ahorro previsto tiene destino en la cancelación de la deuda, un tema que estuvo en la entrevista de la Presidenta que difundió la TV pública el sábado 14/9.

Lo curioso es que CFK, a dos días de presentado el proyecto presupuestario, al historiar el endeudamiento del Estado Nacional, explica el fraude de la deuda, resaltando que la banca no pretende la cancelación de la deuda, sino la renovación, lo que explica que pese a pagos por más de 173.000 millones de dólares en una década, el país registre una deuda superior a los 209.000 millones de dólares. El argumento presidencial remite a que por más que se cancele deuda, el mecanismo es la refinanciación y la hipoteca estructural. Argentina es “pagador serial” de una deuda imposible de cancelar. Encima de ello, en el Parlamento, con voto mayoritario del oficialismo y la oposición sistémica, con muy pocos votos por la negativa, se reabrió el canje de deuda en forma “indefinida”. Un pronóstico nada halagüeño en el futuro del endeudamiento y compromisos públicos que postergarán una vez más demandas sociales de empleo, salud, educación, seguridad o promoción de un modelo productivo y de desarrollo alternativo.

Por eso, más allá de confiar en las discutibles y poco creíbles cifras presupuestarias, todo el superávit fiscal primario tiene destino en los acreedores de la deuda pública, por unos montos que superan y en forma a las previsiones de gasto para educación, cultura o salud, entre otros.

Llama la atención en el discurso presidencial la mención crítica al papel de la vigente reforma financiera de 1977 con relación a la deuda y el papel de la banca en el privilegio a la especulación. Recordemos que al modificarse recientemente la Carta Orgánica del BCRA, el argumento de CFK remitió a lo innecesario de reformar la legislación financiera heredada de la dictadura genocida. Hay que reiterar que el país, con estos datos de deuda pública y las propias reflexiones de CFK, debería denunciar la deuda, iniciar un proceso de investigación, o de auditoria, máxime cuando el discurso presidencial manifiesta que la ganancia de los inversores externos que demandan a la Argentina en Nueva York pretenden una ganancia del 1.300%, es decir, más que usuraria. Con esa rentabilidad, dice la Presidenta, quién quiere invertir en la producción, siendo mucho más rentable la especulación financiera.

Claro que mientras la Argentina siga formalizando contratos que permita que los inversores externos demanden en sede judicial extranjera, caso YPF-Chevron, el tema no se termina nunca. No alcanza entonces con investigar y mientras suspender los pagos de deuda, sino que también deben anularse la pérdida de soberanía jurídica y los tratados internacionales en defensa de las inversiones y la presencia en el CIADI, base de la enorme presión judicial extranjera que pende sobre el país y augura nuevas expansiones del total de la deuda pública.

Los datos del comercio exterior

El superávit de comercio exterior se estima en 10.556 millones de dólares para el 2013, y de 10.124 millones de dólares para el 2.014. Esta misma semana, el titular de YPF ha señalado la gravedad de la situación energética del país, que este año insumirá una factura del orden de los 13.000 millones de dólares, y si la previsión es de crecimiento para el próximo año, todo augura un mayor gasto en la importación de combustibles.

Por ello, pese a los auspiciosos datos expresados en el presupuesto, los problemas de fondo siguen sin solución alternativa y se repite una estrategia que supone un freno deliberado a las importaciones para intentar sostener la situación superavitaria y contener la pérdida de reservas internacionales.

No existen pistas de cambios en la inserción internacional de Argentina, ni señales de discusión regional para otra inserción regional en la economía mundial. Se sigue apostando a la superación de la crisis capitalista de los principales compradores del país, en lugar de proponer modificaciones al modelo productivo y de desarrollo que suponga otro orden económico, financiero y social sobre la base de una mayor integración y articulación productiva regional.

Vale lo sostenido porque la proyección de la economía latinoamericana para el 2014 no reproduce altas tasas de crecimiento y empieza a manifestar explícitamente efectos de la crisis mundial. El impacto llegará con afectación a las variables sociales de ingresos populares, desempleo, subempleo y precariedad, carestía de la vida y empobrecimiento.

El Banco del Sur se anunció en diciembre del 2007 y aún no está funcionando, retrasando las ideas de una nueva arquitectura financiera en la región, e intentar una relativa desconexión del capitalismo mundial. Hugo Chávez insistió hasta el cansancio en una política energética común para Nuestramérica, y la tendencia es a la asociación con transnacionales a fines de intentar “soluciones” nacionales.

No se trata solo de una crítica relativa a la Argentina, sino a la situación que en general se presenta en la región como desafío. O se asume una nueva inserción de Nuestramérica unida en el mundo, o cada país resuelve como puede sus problemas en asociación con el poder económico mundial.

Algunas conclusiones

Son reflexiones a propósito de un Presupuesto para el 2014 que sugiere la continuidad de la política económica en curso y sin perspectiva de cambio para otro modelo productivo y de desarrollo.

En el balance presidencial se sostiene que en el 2013 se vive mejor que en el 2007, base para pensar en los apoyos logrados hacia el 2011 y que no explican el retroceso de las recientes PASO.

El problema es que la percepción de amplios sectores de menores ingresos de la sociedad no coincide con los datos oficiales y demanda rupturas y no continuidades. Remito al tercio de trabajadores precarizados; a los trabajadores cuyo ingreso promedio mensual ronda los $4.000, insuficiente para pagar bienes y servicios para una vida digna; a los jubilados y pensionados, que aún con actualizaciones perciben en una gran mayoría ingresos menores a lo necesario para satisfacer la canasta familiar; a una mayoría de pequeños productores y empresarios que asocian su destino a la capacidad de compra de los ingresos populares. Solo por mencionar cuestiones económicas, motivo del presente escrito. Es cierto que también existen otras cuestiones en el descontento que manifiestan organizaciones sindicales y territoriales de trabajadores y otros sectores sociales, con reivindicaciones más allá de lo material y económico y que conducen a cuestiones democráticas en el ámbito de la política. Es un terreno que remite a la crisis presente de la política, y especialmente de la alternativa política popular.

Al debatir el proyecto presupuestario se debe intentar ir más allá de la cuestión numérica y habilitar una discusión sobre el país que se tiene y el que se pretende, algo que insinúa el movimiento por una constituyente social que sostiene la CTA e incluso la propuesta de una consulta popular en defensa de los bienes comunes, lo que implica discutir el modelo productivo y de desarrollo en curso y el que se pretende en una perspectiva emancipadora, no capitalista, por el socialismo.

La Paz, 15 de septiembre de 2013

Julio C. Gambina
*Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP

ARGENTINA - ¿Qué pasó en las PASO? Una lectura sobre la crisis de la política

OPINIÓN de Julio C. Gambina.- 13.08.13. 

Terminó la gran encuesta nacional de las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO), que en rigor muy pocas fuerzas políticas aprovecharon, ya que la interna peronista se dirimió en términos generales y no mediante la posibilidad de las PASO, salvo en algunos distritos. Ahora empieza la campaña electoral hacia el 27/10/13 y con vista en el nuevo turno presidencial del 2015. Un serio problema en el debate político es que ni en las PASO, ni hacia octubre se discute lo estructural del orden capitalista en curso entre los principales contendientes, y sí, solo quien gobierna el capitalismo local.

El sistema político del bipartidismo emergente hacia 1983 está en tránsito en sus dos variantes, el peronismo y el radicalismo. Ambos siguen contabilizando la mayor representación institucional. Los primeros oscilan entre oficialistas y oposición. Los segundos apelan a alianzas con fuerzas políticas afines que incluyen descontentos peronistas. A eso le llamo crisis política en la Argentina. Es una referencia a un fenómeno que trasciende porcentajes electorales, lo que explica la variabilidad de los guarismos de una elección a otra. En eso va la caída kirchnerista del 2009, la resurrección del 2011 y la baja en este 2013; tanto como la visibilidad triunfal de De Narváez en 2009 y su baja votación actual; como el sube y baja de Cobos en la consideración pública y captación de votos, sea como radical en 2003, aliado K en 2007 o enemigo desde el 2008, y resucitado referente de la UCR en 2013; o el mismo De la Sota compartiendo el éxito de CFK en 2011 y anotándose disidente en la disputa del 2013. En los próximos dos meses veremos la iniciativa política de cada quien para acrecentar sus buenos resultados o contrarrestar lo perdido. En la iniciativa política está la disputa del consenso social electoral.

Lo estructural no se discute

Ni el gobierno ni la oposición que puede gobernar discuten la creciente sojización y sus consecuencias en la producción agropecuaria; ni la mega-minería, o el fracking, y los impactos ambientales y sociales contra las poblaciones en que se producen o los territorios y sus recursos naturales, salvo minorías o referentes al interior de esas fuerzas. No alcanza con los mensajes críticos al interior de las fuerzas mayoritarias, cuando la acumulación central la ejercen las propuestas hegemónicas. Tanto en el kirchnerismo como en UNEN existen críticas al modelo productivo y de desarrollo, y sin embargo tributan al modelo hegemónico que define la acumulación en su interior. En el PRO o en el PJ disidente, especialmente el Frente Renovador de Massa, no se cuestiona lo estructural y central del modelo de acumulación capitalista en curso, es más, se pide mayor libertad para actuar y atraer inversiones externas. La crítica al interior de la hegemonía capitalista queda subsumido en el proyecto de dominación capitalista, mal que les pese a quienes imaginan proyectos en disputa en la llamada centro izquierda o en el oficialismo. Loable es la actitud de aquellos convencidos críticos del orden capitalista que tributan a los modelos hegemónicos, pero sus esfuerzos los apropia el sistema y restan a la construcción de alternativa.

La izquierda en su diversidad, con el 10% promedio, que incluye distritos con disputa de un quinto del electorado hasta participaciones marginales, discute lo estructural y contacta con la conflictividad social cotidiana de un país con tradición en la protesta y la organicidad popular. Ese es el eje del desafío actual para la construcción política de alternativa anticapitalista, anticolonial, antiimperialista, contra el patriarcado, por la diversidad de género y el socialismo. Es el desafío en el marco de la crisis política en curso en el país, como parte de un proceso integral de crisis política que involucra a la alternativa desde hace más de dos décadas.

Pretendemos sustentar una tesis donde la mayoría de votos apuntala una discusión por el gobierno del capitalismo y solo una minoría fragmentada intenta construir consciente y deliberadamente alternativa en contacto con la protesta. La crisis en la política se mira desde el sistema para recrear expectativa "desde la gente", abundante argumentación en el lenguaje de Massa, Carrió o Macri; o con la argumentación oficial del modelo inclusivo resultante de una masiva “política social” de carácter compensatorio. La izquierda necesita alentar la movilización y organización para enfrentar la crisis de alternativa y acumular poder popular. La conflictividad está asociada a dinámicas de la coyuntura entre las que destacan la carestía de la vida y las dificultades para reproducir la vida cotidiana de los de abajo, pero también crece entre los pueblos fumigados, los que resisten el fracking o la mega-minería, entre otros asuntos centrales. El problema es la dificultad para construir alternativa política, contenedora de la energía emancipadora de las luchas.

Construir alternativa política para la emancipación

El movimiento popular en lucha necesita articular una propuesta política, que se ensaya en diversos ámbitos y no siempre con los mismos ritmos, especialmente en el ámbito institucional electoral. Entre los trabajadores se construye la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y se ensayan dinámicas de protesta y alianzas para visibilizar las demandas de los trabajadores. Algo similar ocurre en la experiencia de organizaciones de base de contenido clasista protagonizada por una militancia juvenil. No siempre se camina conjuntamente y es un problema a resolver. Algo similar ocurre en la militancia estudiantil y juvenil, donde no siempre se coincide en la apuesta institucional, incluso si se debe participar o no en las elecciones. La izquierda política de antigua tradición transita experiencias unitarias y/o de aislamiento, con nuevas camadas organizadas que intentan sus primeras experiencias.

Toda la riqueza del movimiento popular y sus experiencias partidarias o frentistas necesitan pensar potenciales articulaciones en la construcción de alternativa política. Varios destacamentos sociales y políticos protagonizaron en estas PASO la primera experiencia de participación electoral para disputar institucionalidad. Algunos pretendieron hacerlo y no llegaron a tiempo, o sus discusiones no lo permitieron. Otros reiteraron sus participaciones con la sensación de superar techos históricos, y otros no pasaron la prueba del reconocimiento legal del 1,5%. El problema de la unidad nos atraviesa a todos, sin excluir a nadie. Los mejores balances electorales en la izquierda necesitan de mayores articulaciones. En las antípodas deben analizarse causas y problemas que no permiten el logro de los objetivos e intentar caminos de acercamiento, sin resignar principios y privilegiando la necesaria construcción política para la emancipación.

No es menor que personajes como Cavallo no logren reinsertarse, pero la “renovación” que supone una camada desprendida del oficialismo, sea Massa, Cobos o Losteau, deben hacernos pensar que el sistema recrea los mecanismos de la dominación desde la esfera institucional. En ese marco, la crítica para transformar requiere de la innovación para abordar los viejos y nuevos problemas del capitalismo realmente existente en nuestro país, la región y el mundo.


*Julio C. Gambina es profesor de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP. Integrante del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. www.juliogambina.blogspot.com

AMÉRICA LATINA - La cumbre del Mercosur y los desafíos para la región

OPINIÓN de Julio C. Gambina.- 

La cuestión global, no sola internacional, está en la discusión de la región sudamericana en estas horas de cumbre de presidentes del Mercosur reunidos en Montevideo.

No es una cuestión de relaciones entre los países, sino de estructura y jerarquía en el orden mundial capitalista. Es que lo que acaba de hacerse evidente a la sociedad mundial es el papel de EEUU en la orientación del sistema global.

Sea por el espionaje estadounidense o por la agresión imperialista al presidente boliviano producida la semana pasada, el antiimperialismo reaparece como desafío de época. No es nueva la denuncia sobre el carácter imperialista de EEUU y la subordinación europea, sin embargo, en estas horas se transformaron en hechos evidentes.

No todos los gobiernos de la región acuerdan en la calificación de estos acontecimientos, aunque todos los condenan, unos más enfáticamente que otros, es cierto. Esa diferencia está asociada a la mayor subordinación de cada uno de los países integrantes del Mercosur a la política de liberalización empujada por el imperialismo y que se manifiesta en variedad de acuerdos de libre comercio y tratados de defensa de las inversiones externas en convenios bilaterales. Pero también a la subordinación de nuestros países a una institucionalidad gestada por las principales potencias del capitalismo mundial y el gran capital transnacional, caso del FMI, el Banco Mundial, el BID o la OMC.

Dependencia capitalista

El problema es la dependencia de los países sudamericanos respecto del capitalismo hegemónico, y no solo por definiciones más o menos afines a la política exterior de EEUU o Europa. Existe dependencia comercial, sea por exportaciones o por importaciones, en una región que profundiza la dependencia comercial por la venta de productos primarios, el petróleo, el gas, el cobre, la tierra y sus productos a los países hegemónicos del capitalismo global, pero también por la importación de bienes de producción generados bajo licencia de transnacionales originadas en el capitalismo desarrollado. Existe también dependencia tecnológica en toda la línea de producción y servicios, más allá del comercio internacional, en el agro, la industria, el comercio, la banca, el turismo y las comunicaciones. En ese plano se confirma la dependencia financiera reforzada en décadas de liberación al movimiento internacional de capitales, donde la deuda pública es solo una parte, muy importante por cierto, de esa sumisión al régimen del capital.

El orden dependiente en el capitalismo está presente en cada una de nuestras formaciones económicas y sociales. La dependencia es un fenómeno externo e interno a nuestros países. La dominación capitalista en cada uno de nuestros países actúa desde las inversiones externas y la proyección al exterior de capitales originados en nuestros países. A eso sumamos una institucionalidad regional y global subordinada al interés de esos capitales transnacionales sin importar su origen. La dependencia está modelada por la acumulación de capitales, con tendencia a disputar el mercado global. Por eso, más allá de formulaciones políticas más o menos críticas a EEUU o Europa, lo que se necesita analizar en toda la región son los condicionantes estructurales (económicos, políticos, sociales, culturales) y la capacidad para transformarlos. Es una aspiración en las movilizaciones de ayer (los 80´y los 90´) y de hoy, las que gestaron la condición de posibilidad para el cambio político en Sudamérica al comienzo del Siglo XXI. Es algo que no siempre tienen en consideración los gobiernos, limitados en su accionar al campo de “lo posible”, lo que supone negociar la subordinación de un rumbo que termina afianzando la dependencia al capitalismo hegemónico.

La reunión de presidentes de países del Mercosur en Montevideo concentró los temas principales de la agenda política y económica, más allá de la declaración final y los avances institucionales que se materialicen, sea la inclusión como miembro pleno de Bolivia, o de Guayana y Surinam como estados asociados, o la pendiente situación paraguaya. No es un dato menor la presidencia pro témpore asumida por Venezuela, ejercida por primera vez desde su inclusión como miembro pleno sin el acuerdo de Paraguay. Pero más allá de las informaciones oficiales y las discusiones explícitas de los funcionarios de gobiernos, los pueblos hablaron con movilizaciones de trabajadores en Chile, Brasil y la Argentina, las que se articulan con demandas extendidas en defensa de la naturaleza y los bienes comunes como acaba de pronunciarse la CTA. Esas manifestaciones populares se hicieron sentir en reuniones simultáneas de los movimientos populares realizadas en Montevideo.

Desafíos

Por lo señalado se nos presentan algunos interrogantes al respecto. ¿Cómo reacciona la región ante la evidente política imperialista de EEUU y Europa? ¿Por qué seguir negociando tratados de libre comercio entre la región y Europa? ¿Por qué continuar en ámbitos como el CIADI en defensa de los inversores extranjeros? En rigor, el desafío pasa por la denuncia de los convenios internacionales que vinculan a nuestros países con una institucionalidad dominada por EEUU y a la que se asocia Europa. Solo como ejemplo mencionemos la presidencia del FMI ejercida por europeos y del BM por estadounidenses. Es una muestra de un orden surgido a fines de la segunda guerra y que no se corresponde con nuestro tiempo. Enfrentar esa institucionalidad supone cambios nacionales articulados regionalmente.

Somos conscientes que ello es obstaculizado por procesos de integración subordinada que empujan las trasnacionales, EEUU y Europa, como fue el ALCA, o el tratado en curso entre la región latinoamericana, especialmente el Mercosur y Europa. Claro que ya dijimos que la dependencia es también un fenómeno interno, que involucra a capitales locales y a los gobiernos de la región, por lo cual, no alcanza con la denuncia por acciones o iniciativas de España, Portugal, Italia, Francia o EEUU, y se impone un accionar conjunto en defensa de la soberanía popular en una perspectiva de integración alternativa. El no al Alca inspira la negativa a los condicionantes internacionales que mencionamos, e inspira la necesaria profundización de caminos enunciados en nuevos procesos de integración, los que se afianzarán en tanto y en cuanto la participación popular movilizada defina los cursos de acción.

No se trata de recordar anteriores batallas, caso del ALCA, sino pensar en sus actualizaciones, tal el caso de la Alianza del Pacífico o los múltiples acuerdos y tratados vigentes para la seguridad jurídica de los inversores transnacionales. Todos ellos conspiran contra cualquier discurso o pretensión de proyecto emancipador. Como siempre, la palabra la tienen los pueblos, en tanto sujetos conscientes que luchan contra la mercantilización de la educación, la salud, la energía, o el transporte, en defensa de los bienes comunes, del salario e ingreso populares, como del vivir bien o buen vivir re-significado de las culturas de los pueblos originario y campesinos de Los Andes. Ahora que Bolivia se incorpora al Mercosur como miembro pleno debemos asumir el desafío de la discusión del orden capitalista vigente y la posibilidad del “vivir bien” para el conjunto de la población.

La asociación de YPF con CHEVRON y la demanda de Ecuador

OPINIÓN de Julio C. Gambina.- 

La cuestión energética se las trae. El déficit de combustibles supuso una erogación de 9.300 millones de dólares por importaciones en el 2011 y algo más de 10.000 millones de dólares el año pasado.

Ahora, entre enero y mayo suman más de 5.500 millones de dólares por importaciones de combustibles. La sola continuidad de la tendencia señala una cifra mayor a la ya abultada del año pasado. La estimación alcanza a los 13.000 millones de dólares, y sabemos de las restricciones que existen en el Estado para asegurar las divisas suficientes para cancelar deuda y la factura de combustibles por el déficit energético.

Hace ya más de un año que se expropió parcialmente YPF para resolver el tema del auto sostenimiento energético. La situación es compleja y se apuesta todo a los hidrocarburos no convencionales, de gas y petróleo, siendo el Yacimiento de Vaca Muerta la joya a explotar. Ahí aparece el interés de EEUU, que fomenta los intereses de la Chevron, una de las grandes empresas monopólicas del petróleo, especializada tecnológicamente en la producción de “no convencionales”.

Todo indica que empresas chinas estaban interesadas en Repsol, por lo que intercedió EEUU para favorecer sus propios intereses. En ese marco están las negociaciones con la Chevron para una inversión de 1.500 millones de dólares. En el medio apareció la demanda desde el Ecuador contra la empresa de EEUU por 19.000 millones de dólares. Es una acción de 30.000 personas de familias indígenas del Ecuador contra la Chevron por daño ecológico por producciones depredadoras de la naturaleza y el hábitat de las familias entre 1965 y 1990. En rigor es una acción contra la Texaco, que al ser adquirida por la Chevron, ésta recibe la continuidad del accionar judicial ecuatoriano. La Justicia argentina accedió a la demanda y ahora la Corte Suprema de Justicia rechaza la acción. De este modo la diplomacia estadounidense y los negocios petroleros conformes, sea la Chevron y el propio YPF, al punto que hubo renuncias en el Directorio de YPF por los acuerdos suscriptos.

No solo está en discusión el carácter de la relación entre la estatizada parcialmente y la monopólica estadounidense, sino que se adiciona la relación con Ecuador, que confiaba en la Justicia argentina para continuar en otras latitudes con la millonaria demanda. Habrá que ver las repercusiones del gobierno amigo del Ecuador ante la sanción a contramano de los cortesanos argentinos. Pero más importante aún es que entre las poblaciones cercanas al yacimiento de Vaca Muerta ha comenzado el despliegue de un movimiento de resistencia. Incluso, ya existen 5 poblaciones donde los Concejos Deliberantes han manifestado vía ordenanzas que no permitirán la tecnología de la fractura hidráulica, el fracking en inglés, mediante la cual se perfora el subsuelo a más de 3,5 km de profundidad con una tubería por la que se inyectan toneladas de agua dulce, arena y un cóctel de tóxicos para estallar las rocas subterráneas y que fluya al exterior el petróleo o el gas.

La tecnología ha sido probada exitosamente en EEUU y habilitado en ese país un movimiento de resistencia ante las posibles contaminaciones que supone el uso de tamaña tecnología. EEUU apuesta a superar su crisis energética con este método, y de hecho ya comenzó a revertir su crítica situación. El gobierno de Obama privilegia estos desarrollos para lograr el auto sostenimiento y evitar la dependencia del petróleo del medio oriente, o de Venezuela. En Europa existen prohibiciones absolutas sobre el sistema extractivo con fractura hidráulica, siendo una cuestión escasamente reconocida en el país, pero que ya genera oposición entre las poblaciones que compiten por el uso agrícola del agua. Es algo que se asocia a otras resistencias productivas, caso de la mega minería, que también demanda cuantiosas magnitudes de agua, sin perjuicio de los tóxicos contaminantes utilizados para la explotación extractiva, en este caso de gas y petróleo.

En síntesis, la expropiación parcial de YPF no parece transitar por donde imaginamos los que apoyamos el proceso, sino por una tendencia a profundizar la dependencia petrolera, en este caso asociada a Chevron, con problemas en el interior del propio Directorio, lo que supuso la renuncia de Eduardo Basualdo, académico vinculado a la CTA y que se destacó por sus críticas a las políticas hegemónicas en los 90´; pero también con expectativas frustradas del Ecuador ante la demanda judicial y especialmente con poblaciones enteras que organizan cuestionamientos que involucran a todo el arco político representado en sus instituciones contra el extractivismo y la depredación de los bienes comunes que supone el uso de la tecnología de la fractura hidráulica. Son temas para pensar si la empresa petrolera gestionada por el Estado transita el camino adecuado para el logro del auto abastecimiento y más aún, si no se requiere discutir el para qué del uso del gas y el petróleo en la Argentina, que como hemos sostenido en anteriores ocasiones significa discutir el modelo productivo y de desarrollo en que se encuentra la Argentina.