OPINIÓN de Julio C. Gambina, Argentina.- Se reinició el debate sobre la coyuntura, el crecimiento o no de la actividad económica, las tasas de interés y el precio de las divisas.
La desaceleración es un dato concreto, especialmente de la producción industrial. Así lo expresan los datos de las cuentas nacionales que remiten a una recesión productiva en el ámbito de la industria, con las automotrices a la cabeza y las suspensiones de trabajadores.
Desde el gobierno y los sindicatos se presiona para que las suspensiones no se transformen en cesantías, mientras se reducen los salarios de los trabajadores, que como siempre constituyen la variable de ajuste.
Es una discusión si la desaceleración o recesión se extiende al conjunto de la economía.
Desde el campo, con precios en alza y cosecha récord se contrasta la información y fluyen dólares para recomponer la crisis externa de menor superávit comercial y cierto alivio en la recomposición de reservas luego de dos años de pérdidas netas ante la fuga de capitales.
Con las tasas de interés ocurre algo insólito, ya que la política del BCRA luego de la devaluación de enero del 2014 fue la de promover el alza de las tasas al 26%.
Esa política fue la excusa de la banca privada y transnacional hegemónica en el ámbito comercial de las entidades financieras para elevar el costo del crédito a valores que oscilan entre el 85 y el 110%, en consumos con tarjetas, giros en descubiertos o créditos para consumo, o la producción.
No hay dudas que se trata de un costo usurario, imposible de financiar ninguna ampliación de la actividad económica, menos con la situación de desaceleración que se confirma en la vida cotidiana.
Desde el propio oficialismo, sea el gobierno o voces del periodismo afín se salió a denunciar el carácter usurario de la banca, sin reconocer que en el origen está la iniciativa del propia autoridad monetaria.
Mientras se discute que los propios bancos instalen auto restricciones, sorprende que siga vigente la ley 21.526 de entidades financieras de la dictadura, o que no se acuda a la nacionalización de la banca ante la usura explícita que suponen tasas de saqueo.
Mientras tanto el dólar volvió a subir, tanto el oficial como el paralelo, y parece haberse terminado la convertibilidad de 8 a 1 que rigió por unos meses.
Existen operaciones especulativas, no hay duda, y se asocian a la recurrente actitud especulativa que sostiene la fuga de capitales, Pero también se asocia a una inflación del 12% en el primer cuatrimestre, según la nueva medición del INDEC, que también está en la sospecha por no recoger íntegramente el movimiento de los precios en la Argentina, e incluir a los precios cuidados en la medición del indicador mensual de evolución de los precios.
El tipo de cambio es un precio más en la economía, como el de los alimentos, el combustible, o los salarios, y cada uno de ellos evoluciona según condiciones particulares.
Los grandes especuladores y productores exportadores de la argentina presionan por una nueva devaluación y saben que ya tuvieron éxito al comienzo del 2014, y van por una nueva devaluación, mientras los salarios se contienen en negociaciones salariales chantajeadas por el temor al despido o la desaceleración de la economía.
Por si fuera poco el debate de la coyuntura, el pasado 22 de mayo, el CIADI, Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, sentenció a la Argentina a pagar 40 millones de dólares a la empresa eléctrica francesa SAUR International S.A. por violación al tratado de defensa de inversiones entre Francia y Argentina.
También hay que sumar pagos de intereses del 6% desde septiembre de 2007 hasta el presente. Los cálculos indican unos 60 millones de dólares entre la sentencia, los intereses y los gastos, a los que deberán adicionarse honorarios profesionales.
Se trata de un nuevo fallo en contra de la Argentina por parte del CIADI y que nos renueva el interrogante sobre la permanencia del país en ese ámbito que no integra el Brasil y del que se retiraron Bolivia, Ecuador y Venezuela en años recientes.
La realidad es que la Argentina sigue prisionera de una institucionalidad en defensa del libre comercio sustentada en los años 90, los de la hegemonía neoliberal, y que no termina de desembarazarse.
Como si ello no fuera poco, acaba de realizarse en París un encuentro entre la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, la OCDE, y la CEPAL, para discutir los beneficios del libre comercio en momentos en que el Mercosur discute un tratado con la Unión Europea, luego de haber rechazado en 2005 un acuerdo similar con EEUU, el ALCA.
La pregunta recurrente apunta a pensar que tendrá de diferente el capitalismo europeo para favorecer un acuerdo de libre comercio que oportunamente se rechazó con EEUU.
Convengamos que solo son preguntas para analizar la complejidad de la coyuntura económica de la Argentina en momentos de reducción de la actividad económica y amenazas sobre los ingresos populares.