CCOO: Exigir permiso de trabajo a los ciudadanos rumanos favorece el dumping social y la economía sumergida
"En un contexto de fuerte desempleo y crisis generalizada, proyectar desde el Gobierno español difusas responsabilidades sobre determinados colectivos -en este caso, sobre trabajadores comunitarios- que son víctimas también de crisis y desempleo, el nuevo requisito va a contribuir a extender los siempre peligrosos mensajes nacionalistas y excluyentes", señala el sindicato Comisiones Obreras.
CCOO manifiesta su desacuerdo, en la forma y en el fondo, con la exigencia de permiso se trabajo para los ciudadanos rumanos aprobada hoy en Consejo de Ministros. En cuanto a la forma, porque considera que la decisión vulnera los cauces institucionales de diálogo social en materia de mercado de trabajo y relaciones laborales, en concreto, sobre inmigración laboral y los mecanismos previstos a tal fin, porque dicha proposición debería haber sido consultada y dialogada con empresarios y sindicatos en el marco de la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración, órgano legalmente previsto a tal fin. Ni en el fondo, y señala también su desacuerdo con el argumento del Ministerio, de que exigir un permiso de trabajo tendría un efecto disuasorio a la entrada de cerca de 10.000 personas, al mes, de origen rumano, para realizar actividades laborales, reclutadas a través de ETT rumanas.
Por otro lado su efectividad es discutible, dado que al no poderse restringir la libertad circulatoria en el seno de UE los ciudadanos rumanos podrán seguir entrando y residiendo libremente en territorio español pero se les va a condicionar su capacidad para trabajar de forma legal. Ello puede suponer un repunte del empleo no declarado y de economía sumergida en el colectivo de nacionalidad rumana, además de otros problemas interconectados (falsos trabajadores por cuenta propia, empeoramiento de
las condiciones laborales, dumping social, etc.), como ya sucedió durante la vigencia de la moratoria a la adhesión de Rumania a la UE entre 2007 y 2009.
Para CCOO, el Gobierno ataca a la parte más débil, en este caso el colectivo de trabajadores extranjeros de origen rumano, sin abordar cuestiones imprescindibles de nuestro mercado de trabajo, como por ejemplo el papel de determinadas ETT¿s en el "tráfico legal" de mano de obra extranjera, el dumping social provocado por determinado sectores empresariales que fuerzan la sustitución de una mano de obra por otra más vulnerable o el escaso control de las condiciones laborales en determinado sectores, situaciones que CCOO viene denunciando ante la Inspección de Trabajo, la Secretaria de Estado de Inmigración, entre otros.
CCOO manifiesta su desacuerdo, en la forma y en el fondo, con la exigencia de permiso se trabajo para los ciudadanos rumanos aprobada hoy en Consejo de Ministros. En cuanto a la forma, porque considera que la decisión vulnera los cauces institucionales de diálogo social en materia de mercado de trabajo y relaciones laborales, en concreto, sobre inmigración laboral y los mecanismos previstos a tal fin, porque dicha proposición debería haber sido consultada y dialogada con empresarios y sindicatos en el marco de la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración, órgano legalmente previsto a tal fin. Ni en el fondo, y señala también su desacuerdo con el argumento del Ministerio, de que exigir un permiso de trabajo tendría un efecto disuasorio a la entrada de cerca de 10.000 personas, al mes, de origen rumano, para realizar actividades laborales, reclutadas a través de ETT rumanas.
Por otro lado su efectividad es discutible, dado que al no poderse restringir la libertad circulatoria en el seno de UE los ciudadanos rumanos podrán seguir entrando y residiendo libremente en territorio español pero se les va a condicionar su capacidad para trabajar de forma legal. Ello puede suponer un repunte del empleo no declarado y de economía sumergida en el colectivo de nacionalidad rumana, además de otros problemas interconectados (falsos trabajadores por cuenta propia, empeoramiento de
las condiciones laborales, dumping social, etc.), como ya sucedió durante la vigencia de la moratoria a la adhesión de Rumania a la UE entre 2007 y 2009.
Para CCOO, el Gobierno ataca a la parte más débil, en este caso el colectivo de trabajadores extranjeros de origen rumano, sin abordar cuestiones imprescindibles de nuestro mercado de trabajo, como por ejemplo el papel de determinadas ETT¿s en el "tráfico legal" de mano de obra extranjera, el dumping social provocado por determinado sectores empresariales que fuerzan la sustitución de una mano de obra por otra más vulnerable o el escaso control de las condiciones laborales en determinado sectores, situaciones que CCOO viene denunciando ante la Inspección de Trabajo, la Secretaria de Estado de Inmigración, entre otros.
