Mar铆a Teresa Ronderos, Reportajes de investigaci贸n, Centro de Investigaci贸n Period铆stica de Chile, Ciper.- Las m谩s grandes multinacionales del sector ya est谩n en Colombia, empujadas por la feroz alza en los precios del carb贸n y del oro. La inversi贸n extranjera tambi茅n ha dado un salto, llegando a US$ 11.900 millones para el 煤ltimo quinquenio. Se estima que las exportaciones alcanzar谩n los US$ 54 mil millones en 2021. Esta fiebre minera llev贸 al gobierno anterior a otorgar casi 9.000 t铆tulos sin respetar parques nacionales ni reservas ind铆genas. El crimen organizado tambi茅n encontr贸 all铆 una v铆a para repatriar sus utilidades de la droga y lavar dinero. Si Colombia aprovecha la bonanza que se inicia, puede saltar al desarrollo. Pero no ser谩 tarea f谩cil. Durante agosto, el viceministro de miner铆a colombiano Tomas Gonz谩lez visit贸 Chile para interiorizarse sobre c贸mo lo hacemos, aunque en varios aspectos no seamos precisamente un ejemplo.La fiebre minera lleg贸 a Colombia. Si bien desde los tiempos de la Conquista, las esmeraldas de Muso y de Coscuez han deslumbrado al mundo, el auge de hoy es in茅dito.
Los precios de sus principales minerales, carb贸n, n铆quel y oro, se han trepado al cielo. Exploradores de toda 铆ndole y tama帽o llegaron por miles a escarbar sus entra帽as. All铆 donde el suelo promete riqueza s煤bita, los 谩nimos febriles despiertan la ambici贸n, y los viejos conflictos y violencias se exacerban.
Parad贸jicamente fue la mejor铆a en seguridad lo que hizo que el mundo descubriera a Colombia como un interesante destino minero a煤n por explorar. Los precios subieron: de US$ 90 por tonelada de carb贸n antracita en 2004, ahora pagan casi US$160, y por una onza troy de oro, dieron en promedio m谩s de US$1.200 en 2010, tres veces el precio de un lustro atr谩s. Pero por atractivo que pudiera resultar este prometedor territorio andino, hace una d茅cada pocos se animaban a invertir en un pa铆s donde secuestraban a diez personas en promedio al d铆a. La cifra cay贸 dram谩ticamente desde 2005, cuando el gobierno Uribe puso a la guerrilla en retirada.
La combinaci贸n de mejores precios y menores riesgos result贸 en una avalancha de peticiones de concesiones mineras legales que puso en aprietos el limitado catastro minero nacional. Aprovechando adem谩s una legislaci贸n flexible que se hab铆a aprobado en 2001, particulares y empresas pidieron t铆tulos para 20 mil concesiones de exploraci贸n y explotaci贸n de minas –un t铆tulo sirve para las dos –que cubren 22 millones de hect谩reas de los 114 millones que tiene el pa铆s. Y el gobierno anterior les otorg贸 casi 9.000 t铆tulos, sin respetar p谩ramos (el ecosistema de alturas que produce gran parte del agua colombiana), ni parques nacionales, ni resguardos ind铆genas, ni territorios colectivos afrodescendientes. (Un caos similar se vive a煤n en Chile en este tema. Ver entrevista: Abogada Laura Novoa “El sistema de concesi贸n minera se presta para una concentraci贸n gigantesca, abuso y mal uso”)
Con los precios en alza, los grandes proyectos mineros, que hab铆an empezado a producir desde los a帽os 80 y 90, tambi茅n florecieron. El Cerrej贸n, una de las minas a cielo abierto m谩s grandes del mundo en el extremo nororiente en la Guajira, explotada por una sociedad de las multinacionales europeas Xstrata plc, BHP Billiton y Anglo American, vendi贸 en 2010, casi US$2.500 millones en carb贸n. Y cerca de all铆, explotando una franja en el centro del Cesar, dos carboneras con varias minas, la estadounidense Drummond y la suiza Glencore, vendieron respectivamente, US$2.000 y US$340 millones. El proyecto de Cerro Matoso, de la gigante anglo-australiana BHP Billinton, al noroccidente, en C贸rdoba, tuvo ventas el a帽o pasado por US$556 millones en ferron铆quel, la preciada aleaci贸n con la que se fabrica el acero inoxidable. (Vea la tabla con las 10 mineras m谩s grandes de Colombia)
Otros proyectos de considerable tama帽o empezaron m谩s recientemente su producci贸n industrial. La brasilera Vale Coal S.A. est谩 explotando carb贸n tambi茅n en el Cesar y otra minera de ese pa铆s, Votoratim Metais, due帽a de Acer铆as Paz del R铆o, la productora de acero m谩s grande del pa铆s, tiene explotaciones de hierro en Cundinamarca y exploraciones en muchos otros lugares. La colombiana Mineros S.A. explota oro, principalmente en su mina de El Bagre, Antioquia, y vendi贸 US$126 millones en 2010. Medoro Resources y Gran Colombia Gold, mineras canadienses que se fusionaron recientemente, explotan las minas de oro de Marmato y Frontino, en el centro del pa铆s.
La inversi贸n extranjera directa en miner铆a casi se triplic贸: pas贸 de US$3.800 millones en el quinquenio 1999-2004 a US$11.900 millones en el quinquenio siguiente, pues adem谩s, otras mega- mineras incluyeron a Colombia en el radar de sus planes.
As铆, por ejemplo la gigante canadiense Barrick Gold compr贸 una sociedad con t铆tulos en el Eje Cafetero, al centro del pa铆s. MPX Energ铆a de Brasil, filial de EBX del magnate Eike Batista, adquiri贸 los derechos para explorar carb贸n en La Guajira, y tiene en sus planes una gran expansi贸n. Y por 煤ltimo, una jugadora de talla mundial en oro, la surafricana Anglo Gold Asahanti, ya anunci贸 dos hallazgos importantes: la mina La Colosa, en el municipio de Cajamarca en Tolima, donde calcula hay 12 millones de onzas troy de reservas estimadas, y, en llave con su socia B2- Gold, est谩 desarrollando el proyecto de Gramalote en Antioquia, donde encontr贸 oro de veta con reservas de 2,39 millones de onzas troy.
A la fecha, el Registro Minero Nacional reporta que 1717 empresas tienen t铆tulos vigentes de concesiones para explorar o explotar minas. Y los particulares tienen unos 7.200 t铆tulos m谩s. Est谩n buscando plata, platino, molibdeno, n铆quel, zinc, adem谩s de los minerales que abastecen la construcci贸n, como las calizas, arenas y arcillas.
Las minas de hecho tambi茅n se esparcieron como hongos por todo el territorio, hasta completar 3.600 este a帽o, seg煤n investig贸 la Defensor铆a del Pueblo.
Hoy, Colombia es el primer productor de carb贸n en Am茅rica Latina y el d茅cimo en el mundo. Y si las grandes y medianas mineras llevan a cabo sus proyectos, sin contar posibles nuevos hallazgos, en una d茅cada el pa铆s puede llegar a duplicar su producci贸n actual de carb贸n de 74.000 toneladas m茅tricas. Y podr谩 expandir en un 60% su producci贸n de oro, que el a帽o pasado fue de m谩s de 53 mil kilos.
Los c谩lculos optimistas est谩n proyectando que el sector minero-energ茅tico que export贸 en 2010, US$21.000 millones puede llegar a vender US$54 mil millones en 2021.
Seg煤n datos del Ministerio de Minas, las regal铆as mineras alcanzaron los US$647 millones el a帽o pasado. No es un monto significativo del presupuesto nacional (de unos US$76 mil millones para este a帽o), pero es la 煤nica fuente de riqueza de muchos de los municipios m谩s pobres del pa铆s. Adem谩s, se proyecta que 茅stas van a crecer a un ritmo exponencial, y que de ese crecimiento, que en 2010 fue del 11,1 %, est谩 dependiendo buena parte de la expansi贸n de la econom铆a nacional.
As铆, el futuro se publicita fabuloso, pero la posibilidad de que, como en el pasado, cuando se encontraron los grandes yacimientos petroleros, a los colombianos les quede poco de esta irrepetible cosecha de minerales, es alta. Y ello porque la bonanza se eleva sobre oscuros socavones de debilidad institucional, corrupci贸n, da帽o ambiental, crimen organizado y la exacerbaci贸n de conflictos sociales, de entre los m谩s violentos del planeta.
INSTITUCIONES EN RUINAS
El alud de solicitudes de exploraci贸n minera, much铆simas con af谩n meramente especulativo, cop贸 la capacidad del Instituto de Geolog铆a y Miner铆a (Ingeominas), pues aunque por casi cien a帽os hab铆a sido un prestigioso centro de investigaci贸n del subsuelo colombiano, le arrojaron improvisadamente la tarea de administrar el sector.
Seg煤n denunci贸 p煤blicamente en una rueda de prensa en junio pasado Carlos Rodado, ministro de Minas y Energ铆a ya bajo el gobierno actual de Juan Manuel Santos, desde que se aprob贸 el C贸digo de Minas en 2001, “hubo superposici贸n de t铆tulos mineros en 谩reas de parques nacionales y p谩ramos, juegos especulativos, expedici贸n de t铆tulos sin control y algunos de manera sospechosa, violaci贸n de los derechos a las comunidades mineras ind铆genas y afro descendientes y acaparamiento de t铆tulos”.
Un solo ejemplo es revelador. Seg煤n relataron a CIPER, dos funcionarios que por a帽os han trabajado en Ingeominas, percib铆an una excesiva cercan铆a de algunos directivos con la multinacional Anglo Gold Ashanti (AGA). De hecho, una de cada cinco hect谩reas concesionadas fue a dar a sus manos.
En 2009, voceros de la Anglo Gold Ashanti (AGA) dijeron a un medio local que hab铆an devuelto el 92% de las 谩reas pedidas originalmente y que entre las 谩reas que segu铆an solicitando -y las que ya estaban tituladas a su nombre- apenas sumaban 166 mil hect谩reas. Sin embargo, y a煤n cuando la informaci贸n del Registro Minero Nacional puede estar desactualizada, la diferencia con lo que 茅ste reporta hoy es enorme. A julio de 2011, figuran 389 t铆tulos de la AGA registrados en diversos municipios colombianos, de un extremo al otro del pa铆s, los que suman m谩s de 700 mil hect谩reas.
¿C贸mo logr贸 AGA que le aprobaran el mayor n煤mero de t铆tulos mineros del pa铆s pr谩cticamente en tres a帽os, cuando otras empresas tuvieron que esperar en promedio casi cinco a帽os para conseguir los suyos?
Cabe destacar que dos funcionarios de Ingeominas, el ahora ex director Juli谩n Villarruel y Liliana Alvarado, quien era subdirectora de recursos del subsuelo de esa instituci贸n, trabajan hoy para la AGA, seg煤n denunci贸 La Silla Vac铆a.com.
Con el sucesor de Villaruel el ambiente denso en Ingeominas empeor贸. El gobierno de Uribe, seg煤n lo han denunciado varios art铆culos de prensa, le dio esta entidad para que pusiera all铆 sus fichas al entonces congresista conservador Ciro Ram铆rez, quien despu茅s, en marzo de 2011, fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por concierto para delinquir con los paramilitares. Un funcionario de la entidad cuenta, a煤n aterrado, c贸mo unos mineros le ofrecieron dinero a cambio de que les diera el nombre del encargado de darle el visto bueno final a los t铆tulos. Y en una conversaci贸n casual, un empresario extranjero que invirti贸 en el desarrollo de una mina de oro, dijo que pag贸 34 millones de pesos (unos US$15.000) de sobornos para conseguir el t铆tulo.
Es verdad que el C贸digo de 2001 hab铆a dejado abierta la posibilidad de que cualquiera con un pago m铆nimo y un documento de identidad pudiera hacerse de una concesi贸n minera, pero el esp铆ritu de la ley buscaba incentivar la promoci贸n, no la especulaci贸n. Al entregar 谩reas inviables por ser absurdas o microsc贸picas (una ten铆a 34 cent铆metros y otra 19 metros por 16 kil贸metros), Ingeominas cre贸 el r铆o revuelto donde pescaron muchos avispados.
Adem谩s, como Ingeominas se demoraba tanto en registrar los t铆tulos en el Registro Minero Nacional, algunas empresas ped铆an y devolv铆an t铆tulos permanentemente, para evitarse as铆 tener que pagar el canon superficiario que, seg煤n el C贸digo, deb铆an girar apenas su concesi贸n quedara inscrita. A煤n hoy, que la norma apret贸 las condiciones, Ingeominas no ha logrado meter en cintura a todos para que paguen.
Hace tiempo el pa铆s no realiza un censo minero nacional completo. El catastro es tan ca贸tico, que un experto Banco Mundial, contratado por el gobierno, ha recomendado montar un sistema totalmente nuevo que pueda tramitar las solicitudes de t铆tulos en poco tiempo y velar porque quien tenga una concesi贸n pague el canon debido por ella.
LA LEY DEL EMBUDO
Para los mineros artesanales el tratamiento fue bien distinto. Organizados en varias asociaciones y sindicatos, ellos hab铆an conseguido que el C贸digo Minero de 2001 les diera tres a帽os para legalizar sus minas. De los 15 mil mineros de hecho que seg煤n la Defensor铆a del Pueblo hay en el pa铆s, llegaron a Ingeominas 2.845 solicitudes de formalizaci贸n. Y de ellas apenas consiguieron formalizarse 23. ¿La raz贸n? La norma les exig铆a que presentaran mapas t茅cnicos de sus minas y facturas comerciales de varias d茅cadas atr谩s.
La ley 1382 que reform贸 el C贸digo en febrero de 2010, volvi贸 a abrir la posibilidad de legalizar minas artesanales. En un a帽o llegaron otras 2.200 peticiones. De 茅stas, 719 ya han sido evaluadas, pero como las normas son las mismas, s贸lo una pas贸 la prueba documental y pr贸ximamente se le har谩 una visita t茅cnica.
Echar a andar las peticiones de los mineros artesanales a paso de tortuga, y las de los nuevos t铆tulos a galope, cerr贸 a煤n m谩s la posibilidad de que los artesanales lograran formalizar sus minas: cuando llegaban sus peticiones ya esas 谩reas hab铆an sido adjudicadas a nuevos mineros o a especuladores.
Los cambios de legislaci贸n terminaron agravando los conflictos. Por ejemplo, Medoro Resources obtuvo una concesi贸n en Marmato (Caldas), un pueblo de mineros artesanales con 457 a帽os de historia. Encontr贸 reservas de 6,6 millones de onzas de oro y 37 millones de onzas de plata y quiere desarrollar all铆 una mina a cielo abierto, pero muchos en el pueblo se han opuesto porque esto implica desplazarlos y dejarlos sin trabajo. Declaraciones recientes del vocero de Medoro a la cadena de televisi贸n Al Jazeera, en el sentido de que ten铆an varias maneras de sacar a la gente: “presiones del gobierno, la chequera…”, causaron a煤n m谩s escozor. Es de esperar que el debate arrecie cuando la multinacional solicite los permisos de explotaci贸n.
MAFIAS Y DRAGAS
La ley 1381 tambi茅n dej贸 abierto un agujero fatal: si un minero que declaraba ser informal ped铆a un t铆tulo, pod铆a seguir explorando su mina hasta que no se regularizara su situaci贸n. Muchas mafias asociadas al paramilitarismo y al narcotr谩fico aprovecharon este hueco legal y fingieron ser mineros artesanales. Esto les dio carta abierta para meter dragas y bombas costosas a explotar las minas a gran escala, causando un gran da帽o ecol贸gico y a la salud. Cuando el gobierno pretendi贸 cerrarles las minas, alegaron que ten铆an procesos de regularizaci贸n en tr谩mite.
-Fue trist铆simo –dijo una ex funcionaria de Medio Ambiente –pusieron a mineros tradicionales a pedir t铆tulos, y cuando ten铆an la solicitud registrada, entraron con sus hombres armados y sus grandes equipos y los sacaron de sus minas o los convirtieron en sus trabajadores, casi en condici贸n de esclavitud.
En el r铆o Dagua, en el sur del pa铆s, un minero que explotaba calizas y gravas en el r铆o, hall贸 unas enormes pepas de oro. La noticia corri贸 veloz y miles de caza fortunas llegaron en un santiam茅n. Algunos trajeron maquinaria pesada y en cuesti贸n de meses hab铆an causado un desastre ambiental may煤sculo. A los peque帽os los dejaban entrar por unas horas al d铆a. Despu茅s de varias denuncias period铆sticas -y de cambiar una vez m谩s la ley para cerrarle el paso a este tipo de miner铆a mediana altamente destructiva-, el gobierno logr贸 sacarlos. As铆 ha cerrado 21 minas entre febrero y mayo de este a帽o.
Pero seg煤n dijeron fuentes de esa regi贸n a CIPER, en el caso del Dagua, como en otros episodios en Choc贸 y el Bajo Cauca, muy pronto mudaron sus dragas a otro r铆o. “Los del Dagua se fueron a la pobr铆sima poblaci贸n nari帽ense de Timbiqu铆,en el Pac铆fico caucano, y ahora est谩n all铆 explotando el oro sin control”, dijo un l铆der social de la regi贸n.
El da帽o colateral de estas persecuciones a mineros criminales a veces se hace extensivo a verdaderos mineros artesanales. Opositores al gobierno, como el senador de izquierda, Jorge Robledo, sostienen que es deliberada la persecuci贸n a toda la miner铆a con el objeto de abrirle camino a la gran miner铆a a gran escala. El director de Ingeominas, Oscar Paredes y el viceministro de Minas, Tom谩s Gonz谩lez, niegan absolutamente que esta sea una pol铆tica oficial, y sostienen que se crear谩 una unidad que desarrolle cr茅ditos blandos para que estas comunidades mejoren sus operaciones y las capacite para que no da帽en el ambiente y mejoren la seguridad laboral. Tambi茅n advierten que ser谩n radicales contra la miner铆a que camufle a criminales y que destroce el ambiente.
Pero que los personajes que est谩n manejando el negocio de mini-dragas y dragas son de calibre mayor es tambi茅n la opini贸n de las autoridades judiciales colombianas. Por ejemplo, seg煤n le afirmaron a El Tiempo, han detectado que las minas que llegaron a controlar el narco-paramilitar Carlos Mario Jim茅nez, alias Macaco (extraditado a Estados Unidos) y su segundo al mando del Bloque Central Bol铆var, Rodrigo P茅rez, en el Sur de Bol铆var, han sido heredadas por otros grupos armados que hoy las controlan.
“Hay evidencia –dice El Tiempo—de que reactivaron su dominio en ese sector en donde ya hab铆an reclutado menores y mujeres a quienes carnetizaron y trataban como esclavos al servicio de la empresa minera Grifos, de la que era socia la esposa de Macaco”. En el registro minero nacional aparece una empresa -Sociedad Minera Grifos S.A.- con dos t铆tulos registrados en 2006 y a煤n vigentes, pero no en el Sur de Bol铆var, sino en la poblaci贸n cercana de Zaragoza en Antioquia.
La polic铆a y la fiscal铆a, que ha creado una unidad especial para perseguir la miner铆a ilegal, tambi茅n han detectado que las guerrillas de las FARC est谩n explotando minas de aluvi贸n o est谩n extorsionando a los mineros. Adem谩s, como las normas vigentes permiten comprar la misma cantidad de explosivos para abrir una mina peque帽a que una grande, tener negocios de miner铆a les resulta conveniente porque pueden obtener los explosivos que quieran sin levantar sospechas.
El crimen organizado tambi茅n ha encontrado en la importaci贸n de dragas un mecanismo para repatriar sus utilidades de la droga y en las exportaciones ficticias de oro, una v铆a para lavar dinero.
Un ex jefe paramilitar, Salvatore Mancuso, le confes贸 a la justicia una estratagema para lavar dinero: recibir los pagos por la droga exportada en oro, traerlo clandestinamente a Colombia, y venderlo a comercializadoras autorizadas, declar谩ndolo como producido en el pa铆s. Por cada onza de oro que le paga al productor, la comercializadora debe descontar el 4 % de regal铆as que luego debe girar al gobierno, para que 茅ste a su vez le gire al municipio de d贸nde el productor declar贸 haber sacado el oro. De esta manera, los paramilitares obten铆an el pago por su oro, y despu茅s, hac铆an tratos con los alcaldes de los pueblos que iban a recibir esas regal铆as para que se las devolvieran a trav茅s de contratos ficticios.
Esta f贸rmula de lavar dinero v铆a regal铆as sigue operando. A los municipios antioque帽os de Segovia y Remedios, por ejemplo, el gobierno les suspendi贸 el giro de regal铆as, pues encontr贸 que ten铆an sospechosos contratos con particulares para promover la miner铆a y los pagaban con dinero de las regal铆as. En el municipio chocoano de Itsmina, la suspensi贸n de los giros se dio por un s煤bito e inexplicable crecimiento de la producci贸n de oro declarada: un aumento de 2.031 % en sus regal铆as entre 2008 y 2010. M谩s raro fue que, apenas Itsmina recibi贸 las enormes regal铆as, sali贸 a pagar una deuda “sin saberse si era real o ficticia”, dijo a CIPER un funcionario que conoci贸 el caso.
Los v铆nculos de la miner铆a con grupos armados no s贸lo se dan en las minas de hecho. En diversos puntos de la geograf铆a, organizaciones sociales han denunciado que algunas mineras han financiado a grupos paramilitares para protegerse o para forzar el desalojo de comunidades de las minas que quieren explotar. Quiz谩s la empresa m谩s cuestionada en esta materia ha sido la multinacional estadounidense Drummond.
Drummond es objeto de varias acusaciones en Colombia por posible complicidad con los paramilitares que infiltraron la pol铆tica y aterrorizaron a la gente del Cesar, desde mediados de los a帽os 90, justo cuando esta empresa arranc贸 all铆 su producci贸n de carb贸n. Dos ex paramilitares han asegurado de que la empresa ayud贸 a crear y financi贸 el frente Juan 脕lvarez de las Autodefensas Campesinas de Colombia (AUC), para que cuidara la operaci贸n y la l铆nea del ferrocarril que transporta el carb贸n hasta el puerto cerca de Santa Marta. Asimismo, seg煤n lo investig贸 VerdadAbierta.com, Drummond compr贸 tierras a testaferros del paramilitarismo para desarrollar su mina El Descanso.
Y hay m谩s. En abril de este a帽o, la Fiscal铆a acus贸 a un contratista que les prove铆a la comida a los trabajadores de la Drummond, de complicidad con los paramilitares en el asesinato de dos l铆deres sindicales de la empresa minera, Valmore Locarno y V铆ctor Hugo Orcasita, en marzo de 2001. Por estos hechos organizaciones sindicales y de derechos humanos han entablado tres demandas civiles contra la Drummond en Alabama. Alegan que los directivos de la carbonera sab铆an de estos cr铆menes y los cohonestaron. La empresa, que ya logr贸 que la justicia estadounidense desestimara una primera demanda, ha reiterado en avisos de prensa, que las acusaciones son falsas.
MINAS QUE MATAN
Los miles de mineros informales que buscan explotar el oro de los r铆os est谩n contaminando el agua con metales pesados como el mercurio y al cianuro. Adem谩s, como la amalgama que se forma con estos metales se quema para extraer el oro, el aire tambi茅n se envenena. La Defensor铆a encontr贸 que en el aire de los pueblos mineros de Segovia, Zaragoza y Remedios, el nivel de mercurio puede ser hasta mil veces m谩s alto que el permitido. En Remedios se descubri贸 que 15 personas han pedido trasplante de ri帽贸n por intoxicaci贸n con mercurio.
Grandes proyectos mineros tambi茅n han sido cuestionados por sus posibles efectos nocivos a los ecosistemas. El gobierno de Santos, presionado por la movilizaci贸n de los habitantes de Bucaramanga, una de las principales ciudades colombianas, puso en entredicho la licencia ambiental otorgada a la minera canadiense GreyStar para explotar un 谩rea en el p谩ramo de San Turb谩n, donde nace el agua que abastece a los bumangueses y la minera debi贸 retirar su proyecto y tendr谩 que reformularlo.
Asimismo, el pasado 6 de julio el gobierno orden贸 el cese absoluto de actividades mineras en el Parque Nacional Yaigoje Apaporis, que es adem谩s 谩rea de resguardo ind铆gena. All铆 la empresa canadiense Cosigo hizo varias visitas intentando ganarse el visto bueno de la comunidad para poder explotar el oro, y hab铆a conseguido que le dieran un t铆tulo minero.
-De los otros 37 casos de t铆tulos mineros que se superpon铆an con parques naturales, en 12 encontramos superposiciones de menos del 1% de 谩rea y estamos ajust谩ndolas de oficio, y en los dem谩s estamos trabajando con las compa帽铆as para resolver el tema -dijo a CIPER, Oscar Paredes, actual director del Ingeominas.
En p谩ramos encontraron 630 casos de superposiciones con t铆tulos mineros, algunos en 谩reas tan estrat茅gicas como el Macizo colombiano donde nacen los dos r铆os m谩s importantes del pa铆s, el Magdalena y el Cauca. Paredes explic贸 que est谩n negociando con las empresas titulares para corregir esta situaci贸n. Con la AGA, que tiene 40 t铆tulos en p谩ramos, ya est谩n en conversaciones.
Anglo Gold Ashanti (AGA) , est谩 prepar谩ndose para pedir la licencia ambiental para la gran mina de oro de La Colosa, en el municipio de Cajamarca, en Tolima. El proyecto ha sido cuestionado por organizaciones ambientales de la regi贸n y algunas autoridades, principalmente por el posible impacto que puede tener la actividad minera sobre la vecina 谩rea de Reserva Forestal Central y sobre el R铆o Coello que abastece a los habitantes de varios municipios.
Algunas explotaciones de carb贸n no se quedan atr谩s en cuanto a problemas ambientales. En 2008, a ra铆z de una airada protesta de las comunidades en el centro del Cesar por el estado de contaminaci贸n y de abandono en que estaba este distrito minero de carb贸n, en d贸nde operan varias empresas multinacionales y nacionales, los funcionarios ambientales fueron a verificar in situ qu茅 suced铆a.
Al constatar la grave contaminaci贸n por part铆culas y polvo en el aire, abrieron una investigaci贸n a la Drummond. Y a pesar de las presiones, incluso dentro del mismo gobierno para que la frenaran, el ministerio se llev贸 a Bogot谩 todos los expedientes que estaban congelados en la corporaci贸n local de control ambiental. Por tratarse de una zona de alto impacto ambiental, se decidi贸 que era la entidad nacional y no la local la que deb铆a intervenir.
Las empresas finalmente se comprometieron a mejorar las condiciones de la zona y a reubicar a cuatro poblaciones (Plan Bonito, El Prado, El Hatillo y Boquer贸n), las m谩s afectadas por la contaminaci贸n por el polvillo de carb贸n. Pero hasta ahora, todo sigue igual.
Quiz谩s lo m谩s preocupante del da帽o ambiental es que, como lo ha demostrado el experto Guillermo Rudas, con el auge minero los gobiernos no han cumplido la norma que les indica que deben invertir al menos 17 % de la regal铆as en la preservaci贸n y mejoramiento ambiental. Apenas destinaron el 3,2% en promedio entre 2004 y 2009. Adem谩s, mientras la producci贸n minero-energ茅tica pesa cada vez m谩s en la producci贸n nacional, el presupuesto ambiental como porcentaje del PIB ha sido cada vez menor. (Haga clic aqu铆 para la ver tabla).
SIN PREVENCION
Tampoco est谩n bajo control de las autoridades los accidentes laborales del sector que a mayo de este a帽o hab铆a dejado ya 62 mineros muertos. La mayor铆a de estos accidentes suceden en las peque帽as minas artesanales en cuatro departamentos que producen carb贸n de socav贸n: Antioquia, Boyac谩, Cundinamarca y Norte de Santander. La mayor铆a se produce cuando el gas metano atrapado en la mina estalla con una chispa de una l谩mpara o una cerilla o cuando los rudimentarios soportes de la mina se desploman.
Hasta ahora los sucesivos gobiernos han anunciado apoyo para mejorar las condiciones de seguridad de los mineros, pero como sucedi贸 en la mina San Fernando, en Amag谩 (Antioquia), en junio de 2010, donde perecieron 73 trabajadores, la respuesta m谩s frecuente es cerrar la mina despu茅s de la tragedia. Al poco tiempo la gente se las ingenia para volver a trabajar porque no tienen otro medio de ganarse la vida. As铆 lo document贸 en detalle la televisi贸n local en un programa desgarrador sobre el caso. (Haga clic aqu铆 para ver el reporte oficial de fatalidades en los 煤ltimos a帽os).
RETOS Y MEDIDAS
Para que la miner铆a en Colombia pueda institucionalmente ser medianamente administrada y fiscalizada, es necesario reforzar el sector.
En el a帽o de gobierno ya se consigui贸 aprobar un Sistema Nacional de Regal铆as para administrar mejor las compensaciones. Ahora ya no ir谩n s贸lo a los territorios de d贸nde salen los minerales, sino tambi茅n para financiar el desarrollo social, econ贸mico y ambiental de los municipios m谩s pobres, entre otras modificaciones. Adem谩s, el 2 % ir谩 a fortalecer la capacidad estatal de fiscalizaci贸n, el conocimiento y la cartograf铆a geol贸gica del subsuelo; dos tareas que el Estado ha desempe帽ado pobremente.
Por ahora, adem谩s, se congel贸 la recepci贸n de nuevas solicitudes de t铆tulos mineros a la espera de que se terminen de procesar las cerca de 19 mil acumuladas. En lo que va de 2011 tan s贸lo han emitido 187 t铆tulos. Otro de los anuncios del nuevo gobierno es que Ingeominas volver谩 a concentrarse en investigar el territorio nacional, ampliamente desconocido a los niveles de detalle que requiere la miner铆a. La administraci贸n correr谩 por cuenta de la Agencia Nacional de Miner铆a.
Tambi茅n deber谩 reformularse el C贸digo Minero ya que la Corte Constitucional tumb贸 la ley que lo reform贸 en 2010, y s贸lo para dejar vigente la prohibici贸n tajante de permitir miner铆a en p谩ramos, aplaz贸 su t茅rmino por dos a帽os m谩s, hasta que el gobierno apruebe una nueva ley. Se deber谩 normar adem谩s, la entrega de 谩reas de concesiones en cuadr铆cula, y no las irregulares que se han prestado para tantos juegos especulativos.
Desde la industria minera los anuncios se reciben con sentimientos mezclados. Volver a abrir la caja de Pandora de intereses que significa cada reforma al C贸digo Minero puede tener un final impredecible. El m谩s temido es que les arruine la rentabilidad de sus inversiones. Aunque evidentemente, les ser谩 m谩s f谩cil operar con instituciones m谩s transparentes y menos arbitrarias, como por ejemplo, un nuevo catastro minero.
El gobierno est谩 buscando tambi茅n c贸mo mejorar su pobre capacidad de fiscalizaci贸n. Seg煤n un informe de mayo de la Contralor铆a, varias compa帽铆as mineras, entre ellas Drummond, Cerro Matoso y Prodeco, subsidiaria de Glencore, pagaron cercan de US$150 millones menos en regal铆as al Estado en 2007 y en 2008 de lo que debieron pagar.
El gobierno cree que la mejor manera de fiscalizar la producci贸n y el cumplimiento de las normas de seguridad, es delegar la tarea al sector privado. Una idea que despierta todo tipo de temores ya que otra iniciativa similar para controlar la inversi贸n de regal铆as en los territorios, termin贸 contratando firmas privadas interesadas m谩s en bajar costos que en realizar la dif铆cil y peligrosa tarea de vigilar el buen uso de las regal铆as.
Por 煤ltimo, Colombia est谩 considerando si mantiene las tarifas impositivas y de regal铆as actuales, que seg煤n varios estudios le dejan al gobierno proporcionalmente menos recursos que a otros pa铆ses productores. (En Chile se vive una situaci贸n m谩s grave muy bien descrita en dos reportajes de CIPER: “Los enormes beneficios tributarios a los que acceden las empresas mineras en Chile” y “Royalty: Los millones de d贸lares que Chile regala a las empresas mineras”)
No es exagerado decir que si Colombia aprovecha bien su bonanza minera, puede saltar al desarrollo. El auge minero y petrolero es una oportunidad 煤nica para darle un empuj贸n al pa铆s en materia de infraestructura y sacar de la pobreza a gran parte del 46 % de los colombianos que a煤n no tiene los ingresos suficientes para tener una vida digna. Pero para ello debe haber conciencia de que cada peso que se obtenga es un patrimonio que ya no se podr谩 recuperar.
El camino para ello no es f谩cil. El gobierno deber谩 crear f贸rmulas para desterrar las mafias y darles espacio a los mineros artesanales. Adem谩s, deber谩 imponer ante las empresas que corrompieron las instituciones y violaron la ley, una nueva 茅tica de desarrollo sostenible. Una vez creados los mecanismos institucionales adecuados, tendr谩 que hacer valer la protecci贸n del medio ambiente colombiano como un tesoro m谩s valioso que el oro y el carb贸n.
Para esa gran transformaci贸n pendiente los tiempos pol铆ticos son cortos. Mientras la locomotora minera va a toda m谩quina cruzando la v铆a de un negocio de miles de millones de d贸lares, el temor de que la promesa de prosperidad termine en un mero espejismo sigue vigente para la gran mayor铆a de los colombianos.
* Esta investigaci贸n fue realizada gracias al financiamiento de la Fundaci贸n Ford
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