Gloria López, Madrid, AmecoPress.- Es la primera vez que un caso de estas características llega a juicio. A la hija de Mamadou Darme y Niuma Sillah, de apenas dos años y medio, le extirparon el clítoris. Los pediatras de Alcañiz (Teruel) detectaron la mutilación genital en una revisión hecha a los 12 meses.
El estudio “Mapa de la mutilación genital femenina en España 2009” (MGF) realizado por Adriana Kaplan Marcusán y Antonio López Gay, investigadora e investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), estima que en España residen unas 10.000 niñas con riesgo de ser sometidas a esta práctica.
La MGF es una práctica extendida en 28 países africanos que afecta a más de 130 millones de mujeres en todo el mundo. Los primeros casos de MGF que se conocieron en España se dieron en Catalunya en 1993, desde entonces no se han conocido más casos en el territorio español, aunque la amenaza ensombrece la vida de cientos de mujeres y niñas.
La justicia casi nunca puede castigar a sus autores. Pero este caso es distinto. La Fiscalía está convencida de que la mutilación se practicó en España y pide seis años de cárcel para los padres de la criatura. El ministerio público sostiene que los padres “practicaron o, al menos, consintieron” la mutilación genital de su hija. Frente a esa tesis, los acusados atribuyeron la culpa a los abuelos maternos.
La defensa afirma que la niña, nacida en mayo de 2009 en Gambia, sufrió la mutilación en ese país, cuatro meses antes de viajar con su madre a Alcañiz por reagrupación familiar. Lo que no cuadra con esa explicación es que, en la primera exploración a la que fue sometida la niña, al cumplir el sexto mes, no se detectó nada. El abogado de los padres, Félix Gil, lo atribuye a un “error” de la pediatra.
La médica, sin embargo, rechazó haber cometido un error de esa magnitud: aseguró que lo hubiera detectado “sin problemas” porque, además, en esas consultas “se mira expresamente” el desarrollo de los órganos genitales. La fiscal, Carmen Modrego, tampoco aprecia la posibilidad de un fallo y afirma que, después de esa revisión, la pequeña no salió del país.
Tras el juicio, la fiscal mantuvo la petición de seis años de cárcel, la pena mínima para esta clase de delitos que el Código Penal castiga con hasta 12 años de prisión. Modrego no solicitó, en cambio, la retirada de la patria potestad porque “se considera que la relación afectiva entre padres e hija es buena”. Lo que la defensa, que pidió la absolución de Mamadou y Niuma, ve como un contrasentido. “En caso de condena, la consecuencia práctica es que la niña perderá por un tiempo a sus padres. Ya ha sufrido la ablación, que es bastante”.
En su informe final, el letrado aludió a un supuesto “conflicto cultural” y pidió que la ley penal “aprecie la distinta valoración” que los acusados hacen sobre “una práctica que ven como parte de la tradición”.
La MGF, expresión cultural de violencia de género
Las complicaciones inmediatas de la mutilación incluyen dolor, hemorragia grave y choque hemorrágico o doloroso, y tienen una alta probabilidad de provocar la muerte de las niñas. También pueden implicar lesiones en órganos vecinos de la zona genital, tanto a nivel reproductor como del aparato urinario.
A largo plazo, se describen complicaciones sobre la salud física como infecciones urinarias recurrentes, trastornos renales, incontinencia urinaria, complicaciones durante el parto que pueden producir la muerte del recién nacido o de la madre, esterilidad o dolor durante las relaciones sexuales, entre otras, según Medicus Mundi.
Desde el punto de vista psicológico, la mutilación genera sentimientos de ansiedad, terror y humillación y aumenta la actitud de docilidad y obediencia, asegurándose de esta manera el sometimiento de la mujer a las decisiones del hombre. De ahí que Naciones Unidas la haya definido como “expresión cultural de violencia de género”.
En España, la MGF está reconocida como delito en el Código Penal, desde 1995. La elaboración de mapas de riesgo es una herramienta eficaz para hacer un seguimiento de las familias que proceden de países donde se realiza la MGF y prevenir los efectos de esta práctica, según explican personas expertas como las investigadoras de la UJA.
Los factores de riesgo que se tienen en cuenta son, entre otros, la pertenencia a etnias que practiquen la ablación, que la madre u otras hermanas de la niña estén mutiladas, la previsión de un viaje a países donde se practica y, como signos de alerta que indiquen que a la niña se le ha practicado la mutilación, son un viaje reciente a su país de origen, absentismo escolar, tristeza y falta de interés o caminar con las piernas muy juntas o separadas.
El estudio “Mapa de la mutilación genital femenina en España 2009” (MGF) realizado por Adriana Kaplan Marcusán y Antonio López Gay, investigadora e investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), estima que en España residen unas 10.000 niñas con riesgo de ser sometidas a esta práctica.
La MGF es una práctica extendida en 28 países africanos que afecta a más de 130 millones de mujeres en todo el mundo. Los primeros casos de MGF que se conocieron en España se dieron en Catalunya en 1993, desde entonces no se han conocido más casos en el territorio español, aunque la amenaza ensombrece la vida de cientos de mujeres y niñas.
La justicia casi nunca puede castigar a sus autores. Pero este caso es distinto. La Fiscalía está convencida de que la mutilación se practicó en España y pide seis años de cárcel para los padres de la criatura. El ministerio público sostiene que los padres “practicaron o, al menos, consintieron” la mutilación genital de su hija. Frente a esa tesis, los acusados atribuyeron la culpa a los abuelos maternos.
La defensa afirma que la niña, nacida en mayo de 2009 en Gambia, sufrió la mutilación en ese país, cuatro meses antes de viajar con su madre a Alcañiz por reagrupación familiar. Lo que no cuadra con esa explicación es que, en la primera exploración a la que fue sometida la niña, al cumplir el sexto mes, no se detectó nada. El abogado de los padres, Félix Gil, lo atribuye a un “error” de la pediatra.
La médica, sin embargo, rechazó haber cometido un error de esa magnitud: aseguró que lo hubiera detectado “sin problemas” porque, además, en esas consultas “se mira expresamente” el desarrollo de los órganos genitales. La fiscal, Carmen Modrego, tampoco aprecia la posibilidad de un fallo y afirma que, después de esa revisión, la pequeña no salió del país.
Tras el juicio, la fiscal mantuvo la petición de seis años de cárcel, la pena mínima para esta clase de delitos que el Código Penal castiga con hasta 12 años de prisión. Modrego no solicitó, en cambio, la retirada de la patria potestad porque “se considera que la relación afectiva entre padres e hija es buena”. Lo que la defensa, que pidió la absolución de Mamadou y Niuma, ve como un contrasentido. “En caso de condena, la consecuencia práctica es que la niña perderá por un tiempo a sus padres. Ya ha sufrido la ablación, que es bastante”.
En su informe final, el letrado aludió a un supuesto “conflicto cultural” y pidió que la ley penal “aprecie la distinta valoración” que los acusados hacen sobre “una práctica que ven como parte de la tradición”.
La MGF, expresión cultural de violencia de género
Las complicaciones inmediatas de la mutilación incluyen dolor, hemorragia grave y choque hemorrágico o doloroso, y tienen una alta probabilidad de provocar la muerte de las niñas. También pueden implicar lesiones en órganos vecinos de la zona genital, tanto a nivel reproductor como del aparato urinario.
A largo plazo, se describen complicaciones sobre la salud física como infecciones urinarias recurrentes, trastornos renales, incontinencia urinaria, complicaciones durante el parto que pueden producir la muerte del recién nacido o de la madre, esterilidad o dolor durante las relaciones sexuales, entre otras, según Medicus Mundi.
Desde el punto de vista psicológico, la mutilación genera sentimientos de ansiedad, terror y humillación y aumenta la actitud de docilidad y obediencia, asegurándose de esta manera el sometimiento de la mujer a las decisiones del hombre. De ahí que Naciones Unidas la haya definido como “expresión cultural de violencia de género”.
En España, la MGF está reconocida como delito en el Código Penal, desde 1995. La elaboración de mapas de riesgo es una herramienta eficaz para hacer un seguimiento de las familias que proceden de países donde se realiza la MGF y prevenir los efectos de esta práctica, según explican personas expertas como las investigadoras de la UJA.
Los factores de riesgo que se tienen en cuenta son, entre otros, la pertenencia a etnias que practiquen la ablación, que la madre u otras hermanas de la niña estén mutiladas, la previsión de un viaje a países donde se practica y, como signos de alerta que indiquen que a la niña se le ha practicado la mutilación, son un viaje reciente a su país de origen, absentismo escolar, tristeza y falta de interés o caminar con las piernas muy juntas o separadas.
