El 18 de enero de 1989, trece funcionarios judiciales fueron asesinados en la vereda de La Rochela, jurisdicci贸n del municipio de Simacota, departamento de Santander. Igualmente sobrevivieron a los hechos tres investigadores del Cuerpo T茅cnico de la Polic铆a JudicialColectivo de Abogados Jos茅 Alvear Restrepo (Prensa Rural).- La masacre fue perpetrada por un grupo de hombres fuer¬temente armados pertenecientes al grupo paramilitar denominado “Los Masetos”, que operaba en el sur de la regi贸n del Magdalena Medio, con la aquiescencia, colaboraci贸n y operaci贸n conjunta con miembros de la fuerza p煤blica. Los integrantes de la Comisi贸n judicial fueron asesinados, mientras investigaban algunas graves violaciones a los derechos humanos ejecutadas en esa zona, entre ellas la desaparici贸n forzada de 19 comerciantes, ocurrida el 6 de Octubre de 1987.
Los autores de la masacre intentaron simular que la misma hab铆a sido cometida por la guerrilla, fue as铆 como pintaron en la superficie exterior de los veh铆culos “Fuera el MAS, fuera los paramilitares”. Antes de emprender la retirada se apropiaron de veintitr茅s de los veinticinco expedientes que portaba la Comi¬si贸n Judicial, lo que evidencia que uno de los motivos principales de este atroz crimen, era impedir que la Comisi贸n Judicial esclareciera varios hechos de violencia que hab铆an ocurrido en la regi贸n del Mag¬dalena Medio en los dos 煤ltimos a帽os.
La petici贸n original fue presentada el 8 de octubre de 1997. El informe de admisibilidad No. 42/02 fue aprobado el 9 de octubre de 2002. El informe de fondo No. 29/05 fue emitido el 7 de marzo de 2005, de conformidad con el art铆culo 50 de la Convenci贸n , en el cual estableci贸 la responsabilidad del Estado por la violaci贸n de ciertos derechos consagrados en la Convenci贸n Americana y se formularon recomendaciones dirigidas al Estado .
El 28 de Febrero de 2006 la CIDH determin贸 que no se hab铆a dado cumplimiento a la totalidad de las recomenda¬ciones, por lo que el 10 de marzo de 2006, someti贸 el caso a jurisdicci贸n de la Corte IDH para que 茅sta estableciera la responsabilidad internacional del Estado, por incumplir con su obligaci贸n internacional de respetar y garantizar el derecho a la vida, a la integridad personal, a las garant铆as judiciales y a la protecci贸n judi¬cial, en raz贸n de los hechos de la masacre y la posterior denegaci贸n de justicia.
Sentencia proferida por la Corte IDH
Una vez agotado el procedimiento previsto, la Corte Interamericana profiri贸 el 11 de Mayo de 2007, sentencia en la que declar贸 la responsabilidad internacional del Estado Colombiano por la violaci贸n del derecho a la vida en perjuicio de los miembros de la comisi贸n judicial (art铆culo 4), el derecho a la integridad perso¬nal en perjuicio de las v铆ctimas y sus familiares (art铆culo 5.1 y 5.2) el derecho a la libertad personal en perjuicio de las v铆ctimas (art铆culo 7), y por la violaci贸n de los derechos las garant铆as judiciales y a la protecci贸n judicial (art铆culos 8.1 y 25).
En esta decisi贸n, la Corte determin贸 que la masacre tuvo lugar en el marco de un contexto de violencia generalizada en contra de funcionarios judiciales y a su vez en aplicaci贸n de un contexto normativo expedido por el Estado, que permiti贸 la creaci贸n y fortalecimiento de grupos paramilitares, lo cual incidi贸 en que el grupo armado ilegal conocido como “Los Masetos” apoyado en las fuerzas regulares del Estado, consumaran la masacre. A su vez consider贸 la especial gravedad de estos hechos, por cuanto el Estado es responsable de una masacre ejecutada contra sus propios funcionarios judiciales cuando se encontraban investigando violaciones de derechos humanos los cuales fueron cometidos brutalmente.
La Corte IDH homolog贸 el acuerdo parcial de reparaciones concertado entre el Estado y los representantes de las v铆ctimas y orden贸 otras medidas de reparaci贸n, para satisfacer de manera integral ese derecho. Las medidas de reparaci贸n consisten entre otras en: investigar, juzgar y sancionar a los responsables, la adecuaci贸n de los programas de protecci贸n de v铆ctimas, testigos y funcionarios judiciales, prestar atenci贸n m茅dica y psicol贸gica a los familiares de las v铆ctimas, la ubicaci贸n de una placa conmemorativa en el Palacio de San Gil y en el complejo judicial de Paloquemao y la publicaci贸n de un documento sobre la Masacre de La Rochela.
En la actualidad, el Colectivo y Cejil , organizaciones representantes de las v铆ctimas y sus familiares, adelantan un proceso de concertaci贸n con las distintas entidades del Estado, para implementar y dar cumplimiento adecuado a las diferentes medidas de reparaci贸n ordenadas por la Corte IDH.
Este 18 de Enero hace 22 a帽os los paramilitares cometieron la masacre de La Rochela. Tres de las viudas siguen amenazadas
Por Ricardo Ospina
Hace 22 a帽os, el 18 de enero de 1989, una alianza criminal entre paramilitares, narcotraficantes y algunos militares, cometi贸 una de las primeras masacres de las que tenga noticia el pa铆s.
Ese d铆a, un grupo de hombres fuertemente armados pertenecientes al grupo paramilitar conocido en la regi贸n como “Los Masetos”, asesinaron a 12 funcionarios judiciales en la vereda La Rochela, perteneciente al municipio de Simacota, Santander.
El comando de paramilitares ten铆a informaci贸n sobre el viaje que hab铆an emprendido 15 personas, todos ellos jueces e investigadores judiciales, hacia esa zona del Magdalena Medio, a investigar la masacre de 19 comerciantes, cometida en esa misma regi贸n en octubre de 1987, y m谩s de 20 desapariciones forzadas tambi茅n perpetradas por las autodefensas.
M谩s de dos d茅cadas despu茅s de la matanza, la justicia solamente ha condenado a una persona por esos hechos y tres de las viudas de los funcionarios judiciales asesinados, siguen recibiendo amenazas de muerte y contin煤an siendo objeto de seguimientos.
En 1990, el 煤nico condenado por la masacre de La Rochela fue el ex paramilitar alias “El Negro Vladimir”, quien fue sentenciado a 30 a帽os de prisi贸n por la matanza de los 12 funcionarios judiciales.
Sin embargo, recientemente y con base en sus declaraciones ante la Fiscal铆a, el ocho de junio de 2009 fueron llamados a indagatoria los generales en retiro del Ej茅rcito Farouk Yanine D铆az, Juan Salcedo Lora y Alfonso Vacca Perilla, adem谩s del ex congresista santandereano Tiberio Villarreal y el capturado ex cabecilla de las autodefensas, Iv谩n Roberto Duque, alias “Ernesto B谩ez”.
El general Yanine no alcanz贸 a comparecer ante las autoridades judiciales, pues falleci贸 el 30 de agosto de 2009 v铆ctima de una penosa enfermedad. Seg煤n dijeron a Caracol Radio varias personas cercanas al proceso, los generales Salcedo Lora y Vacca Perilla a煤n no han asistido a la diligencia judicial.
Caracol Radio habl贸 con tres de las viudas de los funcionarios judiciales que han permanecido en la lucha ante las autoridades para que los responsables de la masacre sean condenados... Lamentablemente ellas han sido amenazadas luego de la reactivaci贸n del proceso Paola Mart铆nez Ortiz, esposa del agente investigador Luis Orlando Hern谩ndez, asesinado en la masacre de La Rochela, dijo que a partir de la reapertura de las investigaciones contra tres generales retirados del Ej茅rcito presuntamente involucrados en la matanza, se recrudecieron las amenazas en su contra.
Entre tanto, Esperanza Uribe Mantilla, viuda del juez 16 de instrucci贸n criminal Pablo Antonio Beltr谩n, entreg贸 detalles sobre las amenazas que tanto ella como otros familiares de los funcionarios asesinados en La Rochela, han recibido en los 煤ltimos tres meses.
Luz Nelly Carvajal, viuda de Germ谩n Monroy Ram铆rez, otro investigador asesinado en la masacre de La Rochela, dijo a Caracol Radio que pese a las crecientes amenazas en su contra y contra su familia, no descansar谩 hasta que la justicia condene a todos los responsables de esa matanza, que se llev贸 a su esposo
Las tres viudas, en medio de su dolor, recordaron a sus esposos, asesinados por los paramilitares en una masacre que muchos afirmaban que estaba anunciada... Pero sobre todo hicieron el ejercicio de pensar como ser铆a su vida hoy si las balas de las autodefensas no les hubieran segado la vida a sus seres queridos.
Lamentablemente, a pesar de las constantes amenazas en su contra, las tres viudas de los funcionarios judiciales asesinados en la masacre de La Rochela, afirmaron que no han recibido ning煤n tipo de protecci贸n por parte del gobierno nacional. Esto, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le orden贸 al Estado que adopte medidas provisionales para garantizar un esquema de seguridad digno.