OPINIÓN de Alex Contreras Baspineiro
Hace más de cinco meses en la histórica marcha en defensa del TIPNIS, cientos de indígenas, entre niños, mujeres, ancianos y hombres fueron reprimidos brutal y cobardemente por efectivos policiales; en las últimas horas, de manera absolutamente contradictoria al respeto de los derechos humanos, los principales dirigentes indígenas fueron citados por el Ministerio Público acusados de tentativa de homicidio, así como de causar lesiones graves y leves.
“¿Este es el proceso de cambio? Creemos que no. Estas prácticas ilegales que tratan de amedrentar a dirigentes, dividir nuestras organizaciones y también tratan de criminalizar las protestas se parecen más a lo que ocurría en regímenes dictatoriales o gobiernos neoliberales cuando los fiscales se inventaban acusaciones para detener las luchas sociales”, aseveró el presidente de la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB), Adolfo Chávez.
El Ministerio Público convocó a 26 bolivianos y bolivianas para que declaren en torno al presunto “secuestro” que habría sufrido el 24 de septiembre de 2011, el canciller David Choquehuanca.
Entre los acusados se encuentran el presidente de la CIDOB, Adolfo Chávez; el líder de la subcentral del TIPNIS, Fernando Vargas; el dirigente del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo (CONAMAQ), Rafael Quispe; la presidenta del Comité de Marcha, Yenny Suárez; la fundadora de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Amparo Carvajal; el presidente de la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB); Pedro Vare; el ex dirigente de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), Celso Padilla; el representante de la Coordinadora del Agua y la Vida, Oscar Olivera; el ex viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz; el diputado indígena, Bienvenido Zacu y otros.
El canciller Choquehuanca, en diferentes medios de comunicación y ante instancias judiciales, declaró que en ningún momento fue secuestrado ni fue tomado como rehén sino que “las mujeres indígenas le obligaron a marchar” hasta pasar una barrera policial.
En un pronunciamiento “Contra la persecución judicial y criminalización del movimiento indígena en defensa del TIPNIS”, se asegura que el proceso está basado en falsas acusaciones que tiene como único fin amedrentar al movimiento indígena del país, iniciar una acción judicial, criminalizar el derecho constitucional a la protesta y cuestionar a los movimientos sociales que defienden el TIPNIS.
El TIPNIS (Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure) se encuentra ubicado entre los departamentos de Cochabamba y Beni y, el gobierno, “sí o sí” -como ya amenazó en alguna oportunidad- quiere la construcción de una carretera que atraviese por el corazón del área reservada.
En estos días, al mejor estilo del “colonialismo interno”, funcionarios de gobierno que, nunca antes fueron parte del proceso de cambio sino formaron parte de los regímenes neoliberales, empezaron a ingresar a comunidades del TIPNIS, ofreciendo obras, regalos y dinero.
“Es una vergüenza que utilizando barco-hospitales, lanchas, helicópteros y vehículos, algunos funcionarios del gobierno estén tratando de ingresar a nuestras comunidades con el objetivo de comprar conciencias y con el objetivo de dividir nuestras organizaciones; pero no saben como ya ha ocurrido en más de una comunidad indígena que les expulsaremos, ya no queremos nada del mal gobierno”, aseveró el dirigente de la subcentral del TIPNIS, Fernando Vargas.
Unidad en la diversidad
Los indígenas del oriente, chaco y amazonia de este país, apoyados por los de tierras altas, pero además con la solidaridad de una gran cantidad de sectores sociales que fueron parte fundamental de la construcción del proceso que vive Bolivia rechazan la construcción de la megacarretera por el corazón del parque nacional; mientras que el gobierno, junto a sectores afines, impulsa una “consulta previa” cuando ya existe contrato, financiamiento, trazo, empresa constructora e incluso sobreprecio de la mencionada carretera; o sea, la consulta no tiene nada de previa sino es posterior.
Es decir, se viola la Constitución Política del Estado.
Los líderes indígenas y de otros sectores sociales señalaron que, aunque sienten vulnerados sus derechos humanos, acudirán a cualquier instancia judicial para que se esclarezca la verdad sobre la etapa oscura de la marcha indígena.
Demandan a las autoridades de gobierno que antes de inventar un proceso por el presunto secuestro, intento de homicidio y lesiones graves y leves, se debería investigar la brutal represión policial del 25 de septiembre en la población de Chaparina. En esa oportunidad, los dirigentes indígenas fueron amarrados, amordazados y maniatados; los niños pisoteados y las mujeres ultrajadas. Los detuvieron con el objetivo de disuadir la marcha. No pudieron.
“Este gobierno ya tiene pesadillas prematuras sobre nuestra próxima marcha y, por eso, inició esta serie de acusaciones que no tienen ningún sustento. Estos procesos no nos amedrentan sino que nos dan mayor fortaleza y queremos denunciar a la opinión pública nacional e internacional que la cobarde represión ordenada por altas autoridades del gobierno a los efectivos policiales sigue en la impunidad”, dijo el dirigente Adolfo Chávez.
Así como los pueblos indios -junto a otros sectores sociales- iniciaron una marcha “Por la Defensa del Agua, la Vida y la Dignidad de los Pueblos” en el Ecuador, los indígenas con una gran cantidad de movimientos sociales organizan la marcha “Por la Defensa de la Madre Tierra, la Constitución y la Vida” en Bolivia.
En ambos casos, los pueblos originarios se oponen a políticas extractivistas o desarrollistas que están insertas en la Iniciativa de Desarrollo e Integración de Infraestructura Suramericana (IIRSA) y que son absolutamente contrarias a los procesos de cambio.
El paquete de megaproyectos hidroeléctricos, carreteros, gasíferos, ferroviarios, portuarios y otros (IIRSA) aprobado por los presidentes neoliberales del continente a principios del año 2000, en Brasil, no responde a un modelo de defensa del medio ambiente ni los derechos de los pueblos indígenas sino explícitamente a un modelo que más beneficia a potencias externas.
En la última sesión del Comité Consultivo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, realizada en Ginebra, el dirigente campesino de Vía Campesina, Javier Sánchez Anso, reafirmó que “el acceso seguro y el control de la tierra y sus recursos productivos están intrínsecamente vinculados al disfrute de los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.
En Bolivia, el gobierno no sólo inició una cacería judicial contra los dirigentes indígenas sino que ordenó una incursión a los territorios donde nunca antes había llegado en seis años de gestión.
“Nos quieren dividir pero estamos más unidos que nunca; nos quieren comprar con regalos y dinero pero no saben que tenemos dignidad; pretenden construir una carretera pero no se dan cuenta que matarán a nuestra made tierra; quieren meternos a la cárcel pero los indígenas somos libres como las aves; pretenden debilitarnos pero estamos más fuertes para luchar por nuestros derechos”, reflexionó el dirigente indígena Fernando Vargas.
En Bolivia, hace poco más de cinco meses que concluyó una histórica marcha indígena y ya se organiza otra. En un gobierno neoliberal la movilización hubiese pasado inadvertida, como un hecho casi normal, pero ahora los indígenas marchan en un gobierno indígena y con un Presidente indígena…
*Alex Contreras Baspineiro es periodista y escritor boliviano.
Hace más de cinco meses en la histórica marcha en defensa del TIPNIS, cientos de indígenas, entre niños, mujeres, ancianos y hombres fueron reprimidos brutal y cobardemente por efectivos policiales; en las últimas horas, de manera absolutamente contradictoria al respeto de los derechos humanos, los principales dirigentes indígenas fueron citados por el Ministerio Público acusados de tentativa de homicidio, así como de causar lesiones graves y leves.
“¿Este es el proceso de cambio? Creemos que no. Estas prácticas ilegales que tratan de amedrentar a dirigentes, dividir nuestras organizaciones y también tratan de criminalizar las protestas se parecen más a lo que ocurría en regímenes dictatoriales o gobiernos neoliberales cuando los fiscales se inventaban acusaciones para detener las luchas sociales”, aseveró el presidente de la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB), Adolfo Chávez.
El Ministerio Público convocó a 26 bolivianos y bolivianas para que declaren en torno al presunto “secuestro” que habría sufrido el 24 de septiembre de 2011, el canciller David Choquehuanca.
Entre los acusados se encuentran el presidente de la CIDOB, Adolfo Chávez; el líder de la subcentral del TIPNIS, Fernando Vargas; el dirigente del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo (CONAMAQ), Rafael Quispe; la presidenta del Comité de Marcha, Yenny Suárez; la fundadora de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Amparo Carvajal; el presidente de la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB); Pedro Vare; el ex dirigente de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), Celso Padilla; el representante de la Coordinadora del Agua y la Vida, Oscar Olivera; el ex viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz; el diputado indígena, Bienvenido Zacu y otros.
El canciller Choquehuanca, en diferentes medios de comunicación y ante instancias judiciales, declaró que en ningún momento fue secuestrado ni fue tomado como rehén sino que “las mujeres indígenas le obligaron a marchar” hasta pasar una barrera policial.
En un pronunciamiento “Contra la persecución judicial y criminalización del movimiento indígena en defensa del TIPNIS”, se asegura que el proceso está basado en falsas acusaciones que tiene como único fin amedrentar al movimiento indígena del país, iniciar una acción judicial, criminalizar el derecho constitucional a la protesta y cuestionar a los movimientos sociales que defienden el TIPNIS.
El TIPNIS (Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure) se encuentra ubicado entre los departamentos de Cochabamba y Beni y, el gobierno, “sí o sí” -como ya amenazó en alguna oportunidad- quiere la construcción de una carretera que atraviese por el corazón del área reservada.
En estos días, al mejor estilo del “colonialismo interno”, funcionarios de gobierno que, nunca antes fueron parte del proceso de cambio sino formaron parte de los regímenes neoliberales, empezaron a ingresar a comunidades del TIPNIS, ofreciendo obras, regalos y dinero.
“Es una vergüenza que utilizando barco-hospitales, lanchas, helicópteros y vehículos, algunos funcionarios del gobierno estén tratando de ingresar a nuestras comunidades con el objetivo de comprar conciencias y con el objetivo de dividir nuestras organizaciones; pero no saben como ya ha ocurrido en más de una comunidad indígena que les expulsaremos, ya no queremos nada del mal gobierno”, aseveró el dirigente de la subcentral del TIPNIS, Fernando Vargas.
Unidad en la diversidad
Los indígenas del oriente, chaco y amazonia de este país, apoyados por los de tierras altas, pero además con la solidaridad de una gran cantidad de sectores sociales que fueron parte fundamental de la construcción del proceso que vive Bolivia rechazan la construcción de la megacarretera por el corazón del parque nacional; mientras que el gobierno, junto a sectores afines, impulsa una “consulta previa” cuando ya existe contrato, financiamiento, trazo, empresa constructora e incluso sobreprecio de la mencionada carretera; o sea, la consulta no tiene nada de previa sino es posterior.
Es decir, se viola la Constitución Política del Estado.
Los líderes indígenas y de otros sectores sociales señalaron que, aunque sienten vulnerados sus derechos humanos, acudirán a cualquier instancia judicial para que se esclarezca la verdad sobre la etapa oscura de la marcha indígena.
Demandan a las autoridades de gobierno que antes de inventar un proceso por el presunto secuestro, intento de homicidio y lesiones graves y leves, se debería investigar la brutal represión policial del 25 de septiembre en la población de Chaparina. En esa oportunidad, los dirigentes indígenas fueron amarrados, amordazados y maniatados; los niños pisoteados y las mujeres ultrajadas. Los detuvieron con el objetivo de disuadir la marcha. No pudieron.
“Este gobierno ya tiene pesadillas prematuras sobre nuestra próxima marcha y, por eso, inició esta serie de acusaciones que no tienen ningún sustento. Estos procesos no nos amedrentan sino que nos dan mayor fortaleza y queremos denunciar a la opinión pública nacional e internacional que la cobarde represión ordenada por altas autoridades del gobierno a los efectivos policiales sigue en la impunidad”, dijo el dirigente Adolfo Chávez.
Así como los pueblos indios -junto a otros sectores sociales- iniciaron una marcha “Por la Defensa del Agua, la Vida y la Dignidad de los Pueblos” en el Ecuador, los indígenas con una gran cantidad de movimientos sociales organizan la marcha “Por la Defensa de la Madre Tierra, la Constitución y la Vida” en Bolivia.
En ambos casos, los pueblos originarios se oponen a políticas extractivistas o desarrollistas que están insertas en la Iniciativa de Desarrollo e Integración de Infraestructura Suramericana (IIRSA) y que son absolutamente contrarias a los procesos de cambio.
El paquete de megaproyectos hidroeléctricos, carreteros, gasíferos, ferroviarios, portuarios y otros (IIRSA) aprobado por los presidentes neoliberales del continente a principios del año 2000, en Brasil, no responde a un modelo de defensa del medio ambiente ni los derechos de los pueblos indígenas sino explícitamente a un modelo que más beneficia a potencias externas.
En la última sesión del Comité Consultivo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, realizada en Ginebra, el dirigente campesino de Vía Campesina, Javier Sánchez Anso, reafirmó que “el acceso seguro y el control de la tierra y sus recursos productivos están intrínsecamente vinculados al disfrute de los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.
En Bolivia, el gobierno no sólo inició una cacería judicial contra los dirigentes indígenas sino que ordenó una incursión a los territorios donde nunca antes había llegado en seis años de gestión.
“Nos quieren dividir pero estamos más unidos que nunca; nos quieren comprar con regalos y dinero pero no saben que tenemos dignidad; pretenden construir una carretera pero no se dan cuenta que matarán a nuestra made tierra; quieren meternos a la cárcel pero los indígenas somos libres como las aves; pretenden debilitarnos pero estamos más fuertes para luchar por nuestros derechos”, reflexionó el dirigente indígena Fernando Vargas.
En Bolivia, hace poco más de cinco meses que concluyó una histórica marcha indígena y ya se organiza otra. En un gobierno neoliberal la movilización hubiese pasado inadvertida, como un hecho casi normal, pero ahora los indígenas marchan en un gobierno indígena y con un Presidente indígena…
*Alex Contreras Baspineiro es periodista y escritor boliviano.
