La portavoz en la Comisión de Educación, Caridad García, alerta de que “estamos ante un estrangulamiento económico de los centros públicos y una fórmula para exigirles que busquen financiación externa de entidades privadas y patrocinadores”
La diputada de Izquierda Unida y portavoz parlamentaria en la Comisión de Educación, Caridad García Álvarez, valora que el aumento de las horas lectivas ‘sólo’ en las asignaturas que se evalúan, como son Matemáticas, Lengua y Ciencias, “provocará que se acabe estudiando lo que es objeto de evaluación y se corre el peligro de centrar el tiempo y los esfuerzos docentes en preparar a nuestro alumnado únicamente para resolver pruebas y exámenes”.
Caridad García sale al paso de los principales contenidos esbozados de la futura ley orgánica de reforma educativa que quiere imponer el ministro de Educación, José Ignacio Wert, para que esté aprobada antes de final de año. Sobre la puesta en marcha de nuevas pruebas de evaluación al final de cada etapa educativa, señala que “lo que se busca es establecer perniciosos rankings comparativos, que en nada tienen que ver con la mejora de los resultados académicos, como si la educación fuera un producto comercial de venta en una gran superficie, donde se propone a los estudiantes de todas las edades que se conviertan en meros consumidores”.
La nueva ley llegará al Congreso en el próximo periodo de sesiones y plantea suprimir la selectividad e instaurar estas pruebas de evaluación a semejanza de las antiguas reválidas. También prevé reducir el número de asignaturas y aumentar en un 25% las horas lectivas en materias instrumentales, tanto en Secundaria (ESO) como en Bachillerato.
La diputada de IU por Madrid recuerda que el adelanto de la vía hacia la Formación Profesional (FP) a tercero de la ESO, con el argumento de que así en el curso siguiente los itinerarios hacia la FP o el Bachillerato estarán ‘bien diferenciados’, “no servirá para reducir el abandono y el fracaso escolar, sino para eliminar progresivamente la capacidad de comprensión y la igualdad de oportunidades durante la etapa obligatoria e la educación”.
García Álvarez advierte que la “supuesta autonomía de los centros educativos que Wert dice querer impulsar se centra únicamente en la autonomía financiera, lo que condiciona la financiación a los resultados, como si de una cadena de montaje empresarial se tratara”.
“Estamos –subraya- ante un estrangulamiento económico de los centros públicos y una fórmula para exigirles que busquen financiación externa de entidades privadas y patrocinadores, los que luego impondrán sus exigencias y logotipos, introduciendo así intereses privados y mercantiles en la Educación Pública”.
La diputada de IU censura que “la idea que manejan el ministro Wert y sus tecnócratas es que los equipos directivos pasen a ser gerentes o directivos profesionales para que funcionen como en una empresa privada y se dediquen meramente a gestionar recursos humanos y materiales, dejando en su segundo plano la preocupación por la mejora de los contenidos académicos”.
Sobre esta nueva Ley que busca regular el sistema educativo en el curso 2013/14 Caridad García remarca que se pretende que los centros educativos funcionen como “cadenas de montaje eficientes y sometidos a la rentabilidad económica. Es el modelo de la ’nueva gestión empresarial privada’ aplicada a lo público”.
La diputada de Izquierda Unida y portavoz parlamentaria en la Comisión de Educación, Caridad García Álvarez, valora que el aumento de las horas lectivas ‘sólo’ en las asignaturas que se evalúan, como son Matemáticas, Lengua y Ciencias, “provocará que se acabe estudiando lo que es objeto de evaluación y se corre el peligro de centrar el tiempo y los esfuerzos docentes en preparar a nuestro alumnado únicamente para resolver pruebas y exámenes”.
Caridad García sale al paso de los principales contenidos esbozados de la futura ley orgánica de reforma educativa que quiere imponer el ministro de Educación, José Ignacio Wert, para que esté aprobada antes de final de año. Sobre la puesta en marcha de nuevas pruebas de evaluación al final de cada etapa educativa, señala que “lo que se busca es establecer perniciosos rankings comparativos, que en nada tienen que ver con la mejora de los resultados académicos, como si la educación fuera un producto comercial de venta en una gran superficie, donde se propone a los estudiantes de todas las edades que se conviertan en meros consumidores”.
La nueva ley llegará al Congreso en el próximo periodo de sesiones y plantea suprimir la selectividad e instaurar estas pruebas de evaluación a semejanza de las antiguas reválidas. También prevé reducir el número de asignaturas y aumentar en un 25% las horas lectivas en materias instrumentales, tanto en Secundaria (ESO) como en Bachillerato.
La diputada de IU por Madrid recuerda que el adelanto de la vía hacia la Formación Profesional (FP) a tercero de la ESO, con el argumento de que así en el curso siguiente los itinerarios hacia la FP o el Bachillerato estarán ‘bien diferenciados’, “no servirá para reducir el abandono y el fracaso escolar, sino para eliminar progresivamente la capacidad de comprensión y la igualdad de oportunidades durante la etapa obligatoria e la educación”.
García Álvarez advierte que la “supuesta autonomía de los centros educativos que Wert dice querer impulsar se centra únicamente en la autonomía financiera, lo que condiciona la financiación a los resultados, como si de una cadena de montaje empresarial se tratara”.
“Estamos –subraya- ante un estrangulamiento económico de los centros públicos y una fórmula para exigirles que busquen financiación externa de entidades privadas y patrocinadores, los que luego impondrán sus exigencias y logotipos, introduciendo así intereses privados y mercantiles en la Educación Pública”.
La diputada de IU censura que “la idea que manejan el ministro Wert y sus tecnócratas es que los equipos directivos pasen a ser gerentes o directivos profesionales para que funcionen como en una empresa privada y se dediquen meramente a gestionar recursos humanos y materiales, dejando en su segundo plano la preocupación por la mejora de los contenidos académicos”.
Sobre esta nueva Ley que busca regular el sistema educativo en el curso 2013/14 Caridad García remarca que se pretende que los centros educativos funcionen como “cadenas de montaje eficientes y sometidos a la rentabilidad económica. Es el modelo de la ’nueva gestión empresarial privada’ aplicada a lo público”.
