Cinco personas han muerto hasta el momento a raíz de las protestas de esta semana en rechazo a un proyecto minero en el departamento peruano de Cajamarca, mientras se multiplican las voces en reclamo de un diálogo para contener la violencia en esa región del norte del país.Este jueves murió un hombre de 29 años que había resultado herido de bala en la boca el martes en la provincia de Celendín, que junto a las de Hualgayoc y Cajamarca están bajo estado de emergencia, declarada por el gobierno por un plazo de 30 días, durante los que están prohibidas las reuniones públicas y se suspende el derecho de inviolabilidad del domicilio, informa FRANCE PRESSE.
Tres personas fallecieron en Celendín el martes y una cuarta el miércoles en Bambamarca, capital de Hualgayoc, todas por disparos de armas de fuego de la policía antimotines.
Los heridos por el conflicto ya suman 45 y los detenidos 25, según informes de las autoridades regionales.
Organismos de derechos humanos, la Iglesia católica y líderes políticos llamaron a dialogar y concertar posiciones ante la escalada de violencia en tres provincias de Cajamarca.
La Defensoría del Pueblo nacional pidió el jueves a los líderes de Cajamarca y al gobierno central que "propicien condiciones para poner en marcha una ronda de conversaciones constructiva y de buena fe".
Por su parte, la Conferencia Episcopal Peruana, órgano máximo de la Iglesia católica, también hizo una invocación "a todos los actores del conflicto para dejar los discursos que incitan a la violencia y reflexionar sobre soluciones concertadas".
"La situación es en extremo grave porque pareciera que para el gobierno los conflictos se solucionan con muertos", dijo a la AFP Miguel Jugo, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
Jugo planteó que la Iglesia católica pueda actuar de mediadora para poner fin al conflicto: "Esa mediación es perfectamente viable para avanzar hacia la pacificación de la zona".
Hasta el momento 17 civiles murieron en conflictos sociales en distintos lugares del país desde que Ollanta Humala asumió la presidencia en julio del año pasado, anotó Jugo.
Llamamiento a la calma tras la violencia desatada en una protesta minera
"Las autoridades locales y los dirigentes sociales de la región de Cajamarca, al norte de Perú, deben hacer urgentemente un llamamiento a la calma", ha manifestado Amnistía Internacional después de que en las protestas celebradas contra una mina de oro estallase la violencia, causando la muerte de al menos cuatro personas.
Desde el miércoles, las autoridades peruanas han impuesto el estado de excepción en tres provincias del norte del país en respuesta a los enfrentamientos, en los que también han resultado heridas más de 20 personas —entre las que se incluyen tanto civiles como miembros de las fuerzas de seguridad— y han dado lugar a decenas de detenciones durante los últimos dos días.
“La preocupante intensificación de los conflictos sociales sobre los recursos naturales en Perú allana el camino a la comisión de una serie de graves violaciones de los derechos humanos”, ha señalado Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa para América de Amnistía Internacional.
“Es fundamental que se abra una investigación completa, imparcial e independiente sobre los últimos enfrentamientos, y que los responsables de causar pérdidas de vidas humanas rindan cuentas. Las fuerzas de seguridad pueden únicamente utilizar la fuerza mínima necesaria para evitar la pérdida de vidas humanas y lesiones graves a sí mismos o a otros.”
Entre las personas que permanecieron detenidas temporalmente el miércoles se encontraba Marco Arana, uno de los dirigentes del movimiento contra la construcción de la mina de oro más grande de Perú que existe en las inmediaciones —a la que se conoce por Conga—, que supervisan Newmont, empresa minera estadounidense, y una filial local. Marco Arana denunció que la policía lo golpeó mientras se encontraba detenido.
A Amnistía Internacional le causa honda preocupación la situación de las personas detenidas y la capacidad del colectivo de defensores de los derechos humanos de desempeñar su labor sin temor a sufrir represalias. “Incluso en un estado de excepción, las autoridades deben respetar el derecho de las personas a la vida y la integridad física, y debe garantizarse a las personas detenidas su derecho al debido proceso”, ha afirmado Guadalupe Marengo.
