La organización Amnistía Internacional ha condenado la sentencia del tribunal israelí que establece que el gobierno de Israel no tiene ninguna responsabilidad en la muerte de Rachel Corrie, afirmando que esta resolución da continuidad a la constante de impunidad por las violaciones cometidas por el ejército israelí contra civiles y defensores de derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados.
La sentencia protege al personal militar israelí de la rendición de cuentas y hace caso omiso de los graves defectos de la investigación interna del ejército israelí sobre la muerte de Corrie.
“Rachel Corrie era una activista estadounidense pacífica a la que mataron cuando intentaba proteger una vivienda palestina de la fuerza aplastante de un bulldozer militar israelí”, ha declarado Sanjeev Bery, director de Captación de Apoyos para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional EE. UU.
“Más de nueve años después de la muerte de Corrie, las autoridades israelíes aún no han cumplido sus promesas de realizar una investigación ‘exhaustiva, creíble y transparente’. Por el contrario, un tribunal israelí ha confirmado la viciada investigación militar y ha dictado una sentencia que, una vez más, protege al ejército israelí de cualquier tipo de rendición de cuentas."
La sentencia, dictada por el juez Oded Gershon del Tribunal de Distrito de Haifa, sostiene que el ejército israelí no es responsable de los “daños causados” porque el 16 de marzo de 2003, el bulldozer D9 Caterpillar participaba en una operación de combate en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza.
El derecho internacional humanitario prohíbe la destrucción de propiedades salvo que lo requiera una necesidad militar imperiosa, y exige que en toda operación militar se adopten precauciones constantes para proteger a la población civil.
“Rachel Corrie era claramente identificable como civil, pues llevaba un chaleco de color naranja fluorescente cuando murió”, declaró Bery.
“Tanto ella como otros activistas no violentos llevaban varias horas manifestándose contra las demoliciones cuando el bulldozer militar israelí la atropelló.”
Al confirmar la viciada investigación militar israelí, realizada antes de que transcurriera un mes desde la muerte de Rachel Corrie en 2003, la sentencia parece hacer caso omiso de las pruebas de peso presentadas ante el tribunal, incluidas las declaraciones de testigos presenciales. Aunque la investigación militar nunca se ha hecho pública en su totalidad, las autoridades estadounidenses han declarado que no creen que haya sido “exhaustiva, creíble y transparente”.
Amnistía Internacional viene haciendo desde hace muchos años críticas similares al sistema israelí de investigaciones militares. Por ejemplo, la organización ha observado las investigaciones realizadas por los mandos de las Fuerzas de Defensa de Israel y la policía militar israelí sobre violaciones cometidas durante la Operación Plomo Fundido, que lanzaron las fuerzas israelíes el 27 de diciembre de 2008 y en la que murieron cientos de civiles desarmados en la Franja de Gaza.
Las investigaciones militares israelíes carecen de independencia, imparcialidad, transparencia, especialización apropiada y facultades de investigación suficientes. El hecho de que ni Israel ni el gobierno de facto de Hamás realizaran investigaciones creíbles de las violaciones cometidas durante el conflicto hizo que Amnistía Internacional pidiera que la situación de Gaza fuera remitida a la Corte Penal Internacional.
Aunque entre la población civil de los Territorios Palestinos Ocupados se producen con demasiada frecuencia muertos y heridos a manos del ejército israelí, los civiles afrontan obstáculos significativos para acceder a los tribunales civiles israelíes, lo que significa que éstos rara vez examinan homicidios de civiles en los Territorios Ocupados, y concretamente en Gaza. Las elevadas tasas judiciales que deben abonar los demandantes antes de que se inicie el expediente están fuera del alcance de la mayoría de los palestinos. Como parte de la clausura continuada por Israel de la Franja de Gaza, las autoridades israelíes niegan a las víctimas o testigos palestinos autorización para entrar en Israel para declarar ante los tribunales, los abogados de Gaza no pueden representar a sus clientes ante los tribunales israelíes y los abogados israelíes no pueden entrar en Gaza para entrevistarse con sus clientes.
Aunque Amnistía Internacional ha condenado en reiteradas ocasiones la política israelí de derribo de viviendas y otras estructuras en los Territorios Palestinos Ocupados, las demoliciones siguen siendo habituales en la Cisjordania ocupada. En 2011 fueron derribadas más de 600 estructuras, lo que provocó el desalojo forzoso de casi 1.100 personas. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, en los primeros siete meses de 2012, el ejército israelí demolió 327 estructuras en Cisjordania, causando el desplazamiento de 575 personas.
El 16 de marzo de 2003, durante una protesta contra el accionar de las Fuerzas de Defensa Israelíes (IDF) en la Franja de Gaza, intentó detener un bulldozer Caterpillar D9 del ejército israelí que operaba en Rafah y murió aplastada por esta. Los detalles de su muerte están rodeados de controversia.
El ejército israelí afirmó que la muerte de Corrie se habría producido mientras la IDF realizaba una operación militar, consistente en la eliminación de arbustos en Rafah, cerca de la frontera entre Israel y Egipto, para descubrir explosivos y destruir túneles utilizados por terroristas palestinos para el contrabando ilegal de armas procedentes desde Egipto hacia Gaza. Otras fuentes afirman que Corrie fue a interferir una operación militar destinada a demoler una casa vacía utilizada para ocultar uno de los túneles utilizados por los militantes palestinos.
