Por Jorge Zavaleta Alegre.-
La administración de justicia y derechos humanos del Perú deben fortalecer la otra cara de los penales. “Las manos en libertad”, es el título de un catálogo que destaca el desarrollo laboral y personal de los centros penitenciarios, poniendo en evidencia una infinita creatividad de los internos.
Actualmente los penales suman 69 en todo el territorio nacional, con una población penal cercana a los 50 mil internos, con una capacidad de albergue de no más de 27 mil personas. La mayor parte de internos es población joven, y económicamente productiva, entre 18 y 29 años, según información oficial del año 2011.
Se aprecia que en las actividades relacionadas con la rehabilitación y reincorporación del interno a la sociedad, participan voluntarios, quienes colaboran en los talleres de los penales, despertando la creatividad de los internos y abriendo caminos que les permitan competir, en igualdad de condiciones, cuando recuperan su libertad física.
El Instituto Nacional Penitenciario, ha iniciado una exposición itinerante por las instituciones públicas. Empezó por las galerías del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en el Centro Histórico de Lima. El público, de todas las edades, se siente atraído por la diversidad de productos en exhibición. El apoyo del INPE incluye al apoyo en la comercialización, actuando en la intermediación para formalizar los pedidos de los clientes.
En las ferias, puede adquirir una diversidad de productos que proceden de cárcel de mujeres de Chorrillos, Pucallpa, Castro y Huaraz. Las muestras de muebles de madera y metal, artículos de cuero (zapatos, carteras…), prendas de vestir, cerámica con motivos regionales, artesanía en mármol y cacho, bisutería y joyería, cestería, tapices de yute y lana, adornos navideños y cuadros artísticos… revelan la alta sensibilidad de sus autores.
Otras líneas de producción se relacionan con la gastronomía, panaderías, lavanderías, que motivan suscripción de contratos, es decir ingresos para cada interno.La exposición más conocida es aquella que organiza cada año el Centro Cultural Japonés, en la Residencial San Felipe – Jesús María, con el nombre de Paschi (Gracias).
Estudios de estas experiencias, realizados en otros países arrojan diversos resultados positivos. En términos económicos, una persona reintegrada efectivamente, se traduce en una menor tasa de delito, menores costos judiciales, carcelarios y post carcelarios. En Inglaterra, se calcula que por cada $ 1.000 invertidos en tratamiento por consumo abusivo de sustancias, mientras la persona está en la cárcel, se ahorran $ 9.500 en promedio para el sistema de justicia y de salud luego de su egreso.
En Chile, cada año aproximadamente 35 mil personas egresan de recintos penitenciarios. La investigación del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana, señala que para conseguir la Reintegración Social y la Seguridad Ciudadana es prioritario el diálogo intersectorial. Una política poscarcelaria debe ser consistente y coherente con otras políticas sociales dirigidas a personas de similares características socioculturales. Ante la pregunta ¿tiene una persona que sale de la cárcel el mismo acceso a servicios sociales que una que no ha sido penalizada?, la respuesta debería ser sí.
La administración de justicia y derechos humanos del Perú deben fortalecer la otra cara de los penales. “Las manos en libertad”, es el título de un catálogo que destaca el desarrollo laboral y personal de los centros penitenciarios, poniendo en evidencia una infinita creatividad de los internos.
Actualmente los penales suman 69 en todo el territorio nacional, con una población penal cercana a los 50 mil internos, con una capacidad de albergue de no más de 27 mil personas. La mayor parte de internos es población joven, y económicamente productiva, entre 18 y 29 años, según información oficial del año 2011.
Se aprecia que en las actividades relacionadas con la rehabilitación y reincorporación del interno a la sociedad, participan voluntarios, quienes colaboran en los talleres de los penales, despertando la creatividad de los internos y abriendo caminos que les permitan competir, en igualdad de condiciones, cuando recuperan su libertad física.
El Instituto Nacional Penitenciario, ha iniciado una exposición itinerante por las instituciones públicas. Empezó por las galerías del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en el Centro Histórico de Lima. El público, de todas las edades, se siente atraído por la diversidad de productos en exhibición. El apoyo del INPE incluye al apoyo en la comercialización, actuando en la intermediación para formalizar los pedidos de los clientes.
En las ferias, puede adquirir una diversidad de productos que proceden de cárcel de mujeres de Chorrillos, Pucallpa, Castro y Huaraz. Las muestras de muebles de madera y metal, artículos de cuero (zapatos, carteras…), prendas de vestir, cerámica con motivos regionales, artesanía en mármol y cacho, bisutería y joyería, cestería, tapices de yute y lana, adornos navideños y cuadros artísticos… revelan la alta sensibilidad de sus autores.
Otras líneas de producción se relacionan con la gastronomía, panaderías, lavanderías, que motivan suscripción de contratos, es decir ingresos para cada interno.La exposición más conocida es aquella que organiza cada año el Centro Cultural Japonés, en la Residencial San Felipe – Jesús María, con el nombre de Paschi (Gracias).
Estudios de estas experiencias, realizados en otros países arrojan diversos resultados positivos. En términos económicos, una persona reintegrada efectivamente, se traduce en una menor tasa de delito, menores costos judiciales, carcelarios y post carcelarios. En Inglaterra, se calcula que por cada $ 1.000 invertidos en tratamiento por consumo abusivo de sustancias, mientras la persona está en la cárcel, se ahorran $ 9.500 en promedio para el sistema de justicia y de salud luego de su egreso.
En Chile, cada año aproximadamente 35 mil personas egresan de recintos penitenciarios. La investigación del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana, señala que para conseguir la Reintegración Social y la Seguridad Ciudadana es prioritario el diálogo intersectorial. Una política poscarcelaria debe ser consistente y coherente con otras políticas sociales dirigidas a personas de similares características socioculturales. Ante la pregunta ¿tiene una persona que sale de la cárcel el mismo acceso a servicios sociales que una que no ha sido penalizada?, la respuesta debería ser sí.
