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Andalucía: a vueltas con el fracking

OPINIÓN de José L. Bueno.-

El pasado martes 28 se produjo un hecho políticamente muy interesante cuando en el Parlamento Andaluz se debatía una Proposición No de Ley (PNL) presentada por Izquierda Unida a instancias de la Plataforma Andalucía Libre de Fracking (PALF) que buscaba instar a la Junta de Andalucía a prohibir el uso de la técnica del fracking para extraer hidrocarburos y declarar a Andalucía como un territorio libre de esta práctica.

Antes de seguir quizás debamos hacer un pequeño paréntesis para saber qué es el fracking. En resumidas cuentas se trata de una técnica para posibilitar o aumentar la extracción de gas y petróleo del subsuelo que consiste en la inyección a presión de millones de litros de agua mezclada con productos químicos para romper la roca con el objetivo de ampliar las grietas existentes en el subsuelo y facilitar así el escape de los hidrocarburos que a continuación son extraídos hasta la superficie. Esta técnica cuenta con miles de detractores en todo el mundo debido a los enormes riesgos medioambientales que conlleva, desde la emisión a la atmósfera de contaminantes, la fuga de fluidos, el vertido incontrolado de aguas residuales, la contaminación de aguas subterráneas etc.

Volviendo al debate en el Parlamento Andaluz, la pretensión de Izquierda Unida era que esa PNL saliese adelante con el apoyo del PSOE, socio de gobierno. Sin embargo el Partido Socialista debía pensar que la propuesta de IU iba demasiado lejos y sea por ese u otro motivo, al final, la descoordinación entre ambos acabó por dar al traste con el 'espíritu' de la PNL.

Las diferencias entre ambas formaciones saltaron a la vista durante el debate. El PSOE pretendía incluir sendas enmiendas en la PNL de IU y la PALF para establecer una moratoria hasta que un "comité de expertos" estudie si la utilización del fracking es segura o no para el medioambiente. Mientras, Izquierda Unida defendía la prohibición total y definitiva del fracking.

Al final, ese desacuerdo entre las dos formaciones provocó que la PNL haya quedado así: se aboga por la "no concesión de autorizaciones para la investigación que utilicen esta técnica" y que para ello se "insta al Gobierno andaluz a que lo haga realidad con las competencias que la Comunidad tiene" además de instar también al Consejo de Gobierno "a realizar los cambios normativos necesarios para que la utilización de las técnicas referidas al fracking sean consideradas como actividad y uso de suelo prohibido en toda clase de suelo, a efectos de planificación territorial y de aplicación de la legislación urbanística y reguladora de las actividades". Dicho de otra forma: no se prohíbe el uso del fracking ni se declara a Andalucía como territorio libre de fracking.

Aunque la PNL supone un paso adelante (se ha pasado de la nada a una declaración de intenciones del Parlamento contraria a la práctica del fracking en Andalucía) ha puesto sobre la mesa una vez más que, incluso dentro del co-gobierno andaluz, existen dos formas de hacer política: por un lado IU consensuando el trabajo con los movimientos sociales y por otra el PSOE y deja entrever una reflexión más profunda: se debe seguir trabajando y facilitando la participación directa de los movimientos sociales en la toma de decisiones, en la esfera de lo público, y buscar una fórmula con la que adecuar la voluntad expresada en las urnas por la ciudadanía (con todas las precisiones que requiere hablar de la democracia representativa burguesa en un sistema capitalista) con las demandas de la sociedad civil organizada.


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