OPINI脫N de Irene Casado S谩nchez.- M谩s de 1.000 millones de personas viven con alg煤n tipo de discapacidad. Proteger y asegurar sus derechos es un compromiso para 150 pa铆ses que han refrendado la Convenci贸n de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La Guayana ha sido el 煤ltimo estado en sumarse a este compromiso que entr贸 en vigor en 2008. Desde entonces m谩s de un centenar de pa铆ses se han unido para promover y defender las garant铆as b谩sicas de personas que sufren alg煤n tipo de discapacidad.
Cerca de un 15% de la poblaci贸n mundial se encuentra en esta situaci贸n. En los pa铆ses con ingresos m谩s elevados, entre el 20% y el 40% de las personas con discapacidades no reciben la asistencia necesaria para realizar sus tareas diarias. En Estados Unidos, el 70% de los adultos discapacitados recurren a sus familiares y amigos para “que les brinden asistencia en sus actividades cotidianas”, seg煤n la Organizaci贸n Mundial de la Salud (OMS).
Los informes del Banco Mundial y de la OMS permiten conocer las necesidades de este colectivo y los problemas que ponen en peligro su bienestar. Las personas con alg煤n handicap son m谩s vulnerables a la pobreza, el desempleo y el analfabetismo.
Las dificultades para acudir a la escuela es uno de los problemas m谩s importantes para este colectivo. “Se observan desfases entre las tasas de finalizaci贸n de los estudios para todos los grupos de edad y en todos los contextos, con contrastes m谩s pronunciados en los pa铆ses m谩s pobres”, afirman desde la OMS. Los ni帽os con discapacidades tienen menos posibilidades de ser escolarizados y, por tanto, de conseguir un trabajo con el cual afianzar su porvenir econ贸mico.
Mientras que la tasa de empleo para los hombres sin discapacidad ronda el 65% y el 30% para las mujeres; la cifra desciende hasta un 53% y 20%, respectivamente, si se trata de personas con alg煤n tipo de minusval铆a f铆sica o mental. A pesar de que “los estudios demuestran que el rendimiento en el trabajo de las personas con discapacidad es igual, si no mayor, que el de la poblaci贸n en general”, a煤n existe el temor de que “es demasiado costoso atender las necesidades de las personas con discapacidad en el lugar de trabajo”.
La pobreza es el resultado directo de la falta de educaci贸n y el desempleo. Sin ingresos, las personas con discapacidad no pueden afrontar los gastos de la atenci贸n sanitaria que necesitan.
“La mitad de las personas con discapacidades no pueden pagar la atenci贸n de salud, frente a un tercio de las personas sin discapacidades”, alerta la OMS. As铆 mismo, “son cuatro veces m谩s propensas a informar de que se las trata mal y casi tres veces m谩s propensas a que se les niegue la atenci贸n de salud”.
Entre 110 y 190 millones de personas tienen problemas para vivir con normalidad como consecuencia de alguna limitaci贸n de car谩cter f铆sico o mental. Derechos b谩sicos como la educaci贸n, el empleo o la asistencia sanitaria no son tangibles para ellos. Con el envejecimiento de la poblaci贸n y el aumento de las enfermedades cr贸nicas, esta cifra se est谩 incrementando a nivel mundial. Promover el acceso a los servicios generales, adoptar estrategias y planes de acci贸n nacionales, mejorar la educaci贸n, la formaci贸n y la contrataci贸n, invertir en programas espec铆ficos o garantizar la participaci贸n de las personas con discapacidades en la aplicaci贸n de pol铆ticas y programas espec铆ficos, son algunas de las iniciativas recogidas en el tratado de la ONU para mejorar sus vidas.
Ciento cincuenta estados se han unido con el prop贸sito de promover, garantizar y proteger el disfrute pleno y equitativo de los derechos humanos por las personas con discapacidad. En definitiva, es una apuesta por un cambio a nivel mundial del concepto de discapacidad. Ya no se trata de una preocupaci贸n en materia de bienestar social, sino de una cuesti贸n de derechos humanos. Unidos para reconocer las barreras y los prejuicios de la sociedad que son la verdadera discapacidad de nuestros d铆as.
Irene Casado S谩nchez
Periodista