Monopolios no quieren se investigue su relaci贸n con la dictadura
OPINI脫N de Emilio Mar铆n.- Argentina marcha a la vanguardia en juzgamiento a responsables de cr铆menes de lesa humanidad. Sin embargo, hay enorme retraso en juzgar a los socios empresarios. C谩maras patronales resisten una comisi贸n investigadora.Es destacable la producci贸n judicial de Argentina en el juzgamiento a delitos de lesa humanidad cometidos en el genocidio ocurrido entre 1975 y 1983, en particular luego del golpe de 1976.
Las estad铆sticas a fines de 2014 hablaban de 563 represores condenados, que hoy son m谩s. Y el lunes pr贸ximo ese n煤mero aumentar谩 porque un tribunal platense dictar谩 sentencia contra ocho integrantes de la Fuerza de Tareas 5 (FT5) de la Armada. Se los juzg贸 por tres desapariciones, dos asesinatos y 34 secuestros y torturas cometidas en La Plata, Berisso y Ensenada.
Esos delitos tuvieron como blanco a los trabajadores de Astilleros R铆o Santiago, Propulsora-Techint, Swift, etc. Se mostr贸 una vez m谩s el acople de las fuerzas represivas y las patronales que demandaban esa represi贸n ilegal contra sus cuerpos de delegados y comisiones internas. Al disolver por la violencia y con sangre a esas organizaciones gremiales, las patronales despejaban el camino para reformar en sentido antiobrero las condiciones de trabajo y acumular ganancias extraordinarias.
Ese juicio en La Plata y los aproximadamente 150 que se han realizado hasta el momento, tienen un aspecto contradictorio, para la evaluaci贸n de los organismos de derechos humanos, familiares y sobrevivientes. El rasgo positivo, que sobresale, es que los responsables directos –aunque tarde- van recibiendo las condenas correspondientes.
Sin embargo, hay un aspecto negativo: que no han rendido cuentas ante la justicia los grandes empresarios y banqueros que fueron carne y u帽a con la dictadura. Que en muchos casos solicitaron esos procedimientos ilegales, proporcionando la informaci贸n de los trabajadores a ser secuestrados, su ficha del trabajo con foto, nombre y domicilio, etc. Y que, como se se帽al贸 reci茅n, luego de esa devastadora represi贸n que limpi贸 de activistas sus f谩bricas, pasaron a ganar m谩s dinero porque el resto del personal, acobardado por lo sucedido a sus dirigentes naturales, acept贸 mayores ritmos de trabajo, con menos mano de obra y un salario que perd铆a su capacidad adquisitiva. De lo contrario pod铆a desaparecer igual que sus delegados…
Negativa patronal
En setiembre pasado la C谩mara de Diputados dio media sanci贸n a una Comisi贸n de Investigaci贸n de la complicidad empresaria con los cr铆menes de la dictadura. El proyecto original fue en 2014 del diputado del Frente para la Victoria, H茅ctor Recalde, quien concit贸 el apoyo de un variado arco parlamentario con la excepci贸n de 17 votos del PRO y aliados de derecha que se abstuvieron. El argumento del macrista Pablo Tonelli fue que no deb铆a limitarse la investigaci贸n a los delitos por derechos humanos sino ampliarse a los casos de corrupci贸n en gobiernos democr谩ticos. Trataba de equiparar la desaparici贸n de 30.000 personas durante la dictadura militar-c铆vica con las denuncias, por lo general flojitas de papeles, contra integrantes del gobierno de Cristina Fern谩ndez de Kirchner.
Fue muy sintom谩tico que la mayor铆a de las c谩maras empresarias, por no decir la totalidad, salieron con los botines de punta a condenar la Comisi贸n.
Hubo pronunciamientos adversos de la Asociaci贸n Empresaria Argentina presidida por Jaime Campos (Acindar), Uni贸n Industrial Argentina y su nuevo presidente Adri谩n Kaufman (Arcor), Sociedad Rural y Luis M. Etchevehere. Su argumento fue que pod铆a existir un escenario de persecuci贸n y que lo correcto es que se ocupe la justicia. As铆 buscaban que continuara la impunidad de casi 40 a帽os, proporcionada por una buena parte del Poder Judicial y su correlato con leyes del perd贸n e indultos habidos en 1986, 1987 y 1989-1990.
“La Uni贸n Industrial Argentina manifiesta su rechazo al proyecto de ley para crear una Comisi贸n Bicameral de identificaci贸n de las posibles complicidades econ贸micas durante la 煤ltima dictadura militar y expresa que cualquier investigaci贸n sobre el particular, que se realice a ciudadanos u organizaciones de la sociedad, debe llevarse a cabo por las v铆as judiciales”, dec铆a el comunicado firmado por Kaufman.
Dos ayuditas interesadas
En contra de la existencia de la Comisi贸n Investigadora hay que poner de resalto la actitud de dos sectores corporativos que no aportaron precisamente a los valores de Memoria, Verdad y Justicia.
Uno es el de los medios de comunicaci贸n monop贸licos. El 4 de octubre pasado, en la 71° Asamblea Anual de la Sociedad Interamericana de Prensa realizada en Charlestone, el titular de la Comisi贸n de Libertad de Prensa de Adepa y director de La Voz del Interior, Carlos Yornet, present贸 un negativo informe sobre Argentina. Al d铆a siguiente, en ese matutino y con su firma cronicaba la reuni贸n y escrib铆a: “en este contexto de ataques permanentes a las empresas period铆sticas, el informe expresa preocupaci贸n por el impulso oficial a un proyecto de ley que ya tiene media sanci贸n, tendiente a crear una comisi贸n de neto car谩cter pol铆tico que apunte a denigrar al sector empresario, asoci谩ndolo con la dictadura militar de hace 40 a帽os. Todo ello al margen del Poder Judicial y eludiendo, por ende, las garant铆as del debido proceso”.
La otra ayuda a los popes empresarios provino del sindicalismo oficial y burocr谩tico agrupado en las tres CGT: la de Moyano, la de Barrionuevo y la de Cal贸.
Ninguna de esas entidades dijo ni mu a favor de la Comisi贸n Investigadora lo que es muy grave si se tiene en cuenta que la Conadep de 1984 document贸 que casi el 70 por ciento de los desaparecidos eran trabajadores. O sea, afiliados de sus gremios que luchaban por dignificar el trabajo, adem谩s del objetivo pol铆tico de un pa铆s liberado. Que la burocracia sindical no moviera un dedo a favor de lo votado en Diputados ratifica que tiene cero compromiso con los derechos humanos y con quienes eran trabajadores de sus gremios. Claro que 茅stos ten铆an una orientaci贸n opuesta a Lorenzo Miguel (UOM), Jos茅 Rodr铆guez (Smata), Armando Cavalieri (Comercio), Antonio Baldassini (Foecyt), etc.
Los avances
Por ahora son una excepci贸n los empresarios condenados en los juicios por derechos humanos. El 煤nico caso que el cronista registra es el de los hermanos Emilio y Julio M茅ndez, uno gerente del banco de Tandil y el otro fuerte propietario rural. Ellos colaboraron con el grupo de tareas del Ej茅rcito que secuestr贸, tortur贸 y asesin贸 al abogado Carlos Alberto Moreno. Este letrado laboralista hab铆a ganado varios juicios a la cementera Loma Negra, por entonces de Amalia Lacroze de Fortabat, con demandas laborales y sobre todo por la silicosis que afectaba la salud de los trabajadores. Los M茅ndez proporcionaron una finca rural usada como centro clandestino de detenci贸n donde los militares llevaron y mataron a Moreno. Recientemente se supo que Loma Negra, tras la muerte del laboralista, baj贸 72 por ciento la previsi贸n de su fondo para pagar juicios laborales. Ese crimen le report贸 mucho dinero…
Otras causas empezaron a moverse a partir de 2012; est谩n en variadas etapas de prueba y testimoniales aunque con mucha resistencia de la corporaci贸n empresarial y judicial. Est谩 frenado el proceso contra el due帽o del ingenio Ledesma, Carlos P. Blaquier, y otro directivo, Alberto Lemos, acusados de complicidad con la represi贸n en Jujuy. En la causa que lleva el juez Povi帽a por desaparici贸n del m茅dico y ex intendente Luis Ar茅dez y otros presos pol铆ticos, y por los secuestros y desapariciones de decenas de personas en la Noche del Apag贸n, Blaquier y Lemos fueron llamados a indagatoria por el fiscal Domingo Batule. Sin embargo el juez subrogante Carlos Olivera Pastor dio marcha atr谩s. Un beneficio similar tuvo en Bah铆a Blanca el propietario de Gaceta Marinera (La Nueva Provincia), Vicente Massot, cuya empresa instig贸 el crimen de dos delegados gr谩ficos.
La jueza federal de San Mart铆n, Alicia Vence, dict贸 el procesamiento pero sin prisi贸n preventiva de dos directivos de Ford, Pedro M眉ller, y Guillermo Gal谩rraga y de un jefe de seguridad, H茅ctor Francisco Sibilla. Los consider贸 part铆cipes primarios del secuestro de 24 operarios de General Pacheco. Varios fueron detenidos en ese lugar de trabajo y llevados al fondo, al campo de deportes, donde fueron torturados por el Ej茅rcito. Luego pasaron un tiempo presos.
Un juez de Rosario est谩 instruyendo una causa por la represi贸n en 1975 contra los metal煤rgicos de Villa Constituci贸n. All铆 la principal planta era Acindar, cuyo presidente fue Jos茅 A. Mart铆nez de Hoz, luego superministro de la dictadura. “Joe” muri贸 t茅cnicamente inocente en 2013 en su piso del edificio Kavanagh. El juez est谩 tomando declaraciones a las v铆ctimas pero para una condena falta bastante, con el agravante de que ese directivo ya falleci贸, lo mismo que quien lo reemplaz贸, el general Alcides L贸pez Aufranc.
La falta de condena en casos como Ledesma, Acindar, Ford, Mercedes Benz, Fiat, Molinos, Techint, Papel Prensa, etc. es doblemente grave: hiere a tantas familias de v铆ctimas y a la democracia; y da帽a al pa铆s por los beneficios embolsados por esos monopolios que a煤n hoy son dominan la econom铆a.
Est谩 a la vista: es m谩s f谩cil juzgar a militares retirados que a directivos empresarios.