“Las Leyes Mordaza nacieron para evitar otro 15-M”, ha afirmado el abogado Carlos Sánchez Almeida, especialista en la defensa legal de los derechos civiles en relación con internet y las nuevas tecnologías (ciberactivismo, ciberderechos y ciberdelitos), quien ha analizado los riesgos legales en que pueden incurrir los periodistas, los medios y los activistas sociales durante la cobertura de hechos informativos de interés o en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, tras la entrada en vigor de las conocidas como Leyes Mordaza, informa el Sindicato de Periodistas de Madrid.
El pasado 24 de octubre se celebró en Madrid un taller práctico organizado por la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), en colaboración con la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP, a la que pertenece el Sindicato de Periodistas de Madrid, SPM).
El letrado Sánchez Almeida, director legal de la PDLI, afirmó que la “desmesurada actividad legislativa que ha habido durante la legislatura de la mayoría absoluta del PP tenía un objetivo: evitar que se repita un 15-M”.
“Para ello”, afirmó, “lo que se hizo fue empezar a sacar una normativa legal para impedir que se pueda agitar a la calle a través de la Red”. Dijo que el Gobierno del PP primero endureció la llamada Ley Sinde, que tantas protestas había provocado en las calles y por internet; después modificó la Ley de Propiedad Intelectual, y a eso añadió la aprobación de las denominadas Leyes Mordaza: la doble reforma del Código Penal, la nueva Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana y la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Las denominadas Leyes Mordaza, sobre todo la de Protección de la Seguridad Ciudadana, han sido muy criticadas y rechazadas por todos los partidos políticos de la oposición -la mayoría se comprometieron a derogarla en cuanto la composición del Congreso lo permita-, así como por numerosas organizaciones cívicas y la FeSP -por lo que afectan de manera negativa a los periodistas y al derecho a la información y comunicación de la ciudadanía-.
Incluso los relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas se dirigieron al Gobierno español para mostrar su opinión contraria a esas normas, por las limitaciones que imponen a las libertades de expresión y de reunión, entre otras.
