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Guerra cibernética: Operación ZunZuneo contra Cuba

Por Arnaldo Pérez Guerra, Chile.- La Agencia de Estados Unidos para la Ayuda al Desarrollo (USAID), una tapadera de la CIA, creó un twitter contra Cuba por medio de un intrincado sistema que incluía empresas de fachada y expertos en nuevas tecnologías. Buscando un juego de palabras, lo llamaron ZunZuneo: en Cuba al colibrí se llama zunzún. El escándalo, que es noticia mundial, demostró que Estados Unidos mantiene su guerra contra el pueblo cubano. 

Foto: Franklin Reyes (AP)
La agencia Associated Press (AP) publicó la exclusiva y reveló que tras esa acción ilegal estuvo el gobierno de Estados Unidos. USAID intentó crear una base de suscriptores del twitter en Cuba, usando noticias de deportes y magazine, esperando, en una segunda fase, enviar mensajes de contenido político para provocar protestas contra el gobierno. La propia USAID reconoció en un documento su objetivo: una “primavera cubana” para “renegociar el equilibro de poder entre el Estado y la sociedad”. ZunZuneo captó a más de cuarenta mil suscriptores cubanos, pero se estima que su alcance superó los 400 mil, quienes solo después se enteraron que el servicio había sido creado por el gobierno norteamericano. Contratistas y la USAID recopilaban información con propósitos políticos. “No se mencionará en lo absoluto la participación del gobierno de Estados Unidos. Es totalmente crucial para el éxito a largo plazo del servicio y garantizar el cumplimiento de la Misión”, dice textual un informe de la contratista Mobile Accord.

El periodista Iroel Sánchez, dice: “Associated Press, la agencia de noticias más importante de Estados Unidos, publicó una investigación sobre un programa conocido como ZunZuneo -también llamado ‘twitter cubano’-, financiado por la USAID. Aunque tanto los portavoces de la Casa Blanca como del Departamento de Estado y el director de la USAID negaron el carácter ilegal, secreto y político de ZunZuneo, sucesivas revelaciones de AP han dado a conocer la creación de empresas pantalla en terceros países para gestionar ZunZuneo, el robo de la base de datos de usuarios de la operadora de telecomunicaciones cubana ETECSA, la clasificación de los usuarios por sus actitudes políticas y una reunión del vicepresidente Joe Biden con varias personas vinculadas al programa. A raíz de las revelaciones sobre ZunZuneo, salieron a la luz otros programas similares contra Cuba como Piramideo, Commotion -revelado por The New York Times- que la USAID ensayó en Túnez, y la revista Newsweek divulgó el intento de utilizar a la comunidad masónica cubana en la estrategia estadounidense para lograr un cambio de régimen en la isla. Al saber de las operaciones de la USAID, el contratista de esa agencia Alan Gross -preso en la isla por implementar una red ilegal de telecomunicaciones, con el mismo objetivo que ZunZuneo-, se declaró en huelga de hambre varios días y tanto él como su esposa urgieron al presidente Obama a iniciar negociaciones con el gobierno cubano para su liberación”.

Discreto, no encubierto

¿Quién autorizó ZunZuneo? Según leyes norteamericanas cualquier acción encubierta de una entidad federal debe contar con autorización presidencial. ¿Se violó la ley o lo autorizó el Presidente de Estados Unidos? Cualquiera sea la respuesta es incómoda. Al ser interpelada en el Congreso, la USAID no reconoció quién aprobó su proyecto. El periodista Glenn Greenwald -que ha publicado los documentos del ex analista de la NSA Edward Snowden-, calificó ZunZuneo como “una gota más en el cubo de la propaganda sucia en internet”. El periodista estadounidense Tracey Eaton publicó la factura por 1,6 millones de dólares que demuestra el desvío de fondos destinados a Pakistán para financiar ZunZuneo. Se sabe que solo horas antes de que estallara el escándalo en los medios de comunicación, el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, se entrevistó con la bloguera Yoani Sánchez, reconocida mercenaria que iba a ocupar la plataforma del ZunZuneo en las siguientes etapas del programa.

El dinero que financió ZunZuneo fue asignado a un proyecto no especificado en Pakistán, y no salió de los 20 millones de dólares adicionales que aprobó el Congreso para los “programas pro democracia en Cuba”. El senador Patrick J. Leahy, quien interpeló duramente al director de USAID, reconoció la naturaleza clandestina del programa y que la Subcomisión de Asignaciones de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta -que él preside- no fue informada de la existencia del ZunZuneo. Tracey Eaton, dice: “En la acalorada discusión con el senador Patrick J. Leahy, el administrador de USAID, Rajiv Shah, dijo que no sabía a quién se le ocurrió la idea del proyecto ZunZuneo para Cuba. Leahy le preguntó de quién había sido la idea de esa operación encubierta, durante una audiencia sobre el presupuesto en la Cámara Alta del Congreso, en Washington, DC. Shah trató de evitar la pregunta y se refirió a otros temas. Leahy lo interrumpió repetidamente. ‘Es una pregunta simple’, dijo el senador alzando la voz. Por último, Shah dijo: ‘no lo sé, específicamente’. Cuando le preguntaron si ZunZuneo fue una operación encubierta, Shah respondió: ‘Por supuesto que no’. Se refirió al programa como ‘discreto’, no encubierto”.

No está claro si el proyecto es legal bajo las leyes estadounidenses, que exigen autorización por escrito del Presidente y una notificación al Congreso para adelantar cualquier “operación secreta”. Se sabe que la USAID utilizó contra Cuba empresas y servidores en países sin el consentimiento de sus gobiernos: Nicaragua, Costa Rica, Irlanda y España. AP reveló que Suzanne Hall -funcionaria del Departamento de Estado que trabajó en el programa de redes sociales impulsado por Hillary Clinton-, participó en reuniones y encabezó el intento para que Jack Dorsey -fundador de Twitter- se hiciera cargo del proyecto ZunZuneo. Por su parte, el periodista cubano radicado en Miami, Edmundo García, dice que ZunZuneo tiene nombre y apellidos: “El primer gestor de ZunZuneo y de otros proyectos que se han desarrollado contra la soberanía cubana antes y después, es el gobierno norteamericano. ZunZuneo viola la soberanía de la nación y viola los derechos de miles de cubanos cuyos teléfonos y datos personales fueron manipulados con fines políticos. ZunZuneo tiene relación con nombres específicos; como son los de Adolfo Franco, José Cárdenas y Mark Lopes. Opino que las personas mencionadas, incluyendo al senador Bob Menéndez, deberían testificar bajo juramento en una comisión creada a los efectos. Y si mienten, asumir las consecuencias que trae el perjurio. Ellos son parte de la derecha cubanoamericana en Estados Unidos”.

El twitter cubano 

Aunque USAID tiene “prohibidas” las acciones encubiertas, creó una empresa en España y una cuenta en Islas Caimán, un reconocido paraíso fiscal. Su objetivo era que “las transacciones no indicaran su origen en Estados Unidos”, dice un memorando revelado por AP. Se usó servidores de Amazon, en Irlanda; la empresa MovilChat, en Islas Caimán; y Lleida.net, en España. Otras labores se hicieron en Nicaragua, Costa Rica… y hasta Chile. La empresa de Islas Caimán fue creada por Mobile Accord, con sede en Denver; mientras la desarrolladora principal, Creative Associates International, funcionaba en Washington. Según AP, intentaron incluso conseguir “información de inteligencia” de Telefónica, la transnacional española aliada de Cubacel, telefónica cubana: “Comprender los protocolos de seguridad y de vigilancia de Cubacel será un activo de valor incalculable para evitar la detección por parte de la telefónica (Cubacel)”, dice un informe de Mobile Accord. Joe McSpedon, funcionario del gobierno de Estados Unidos, viajó a Barcelona en 2010 para afinar los últimos detalles del ZunZuneo. McSpedon tuvo a su cargo al equipo de contratistas especializados en alta tecnología. Aún no está claro cómo consiguieron los números de celulares de los cubanos. Todo indica que fue de forma ilícita. Creative Associates concibió esa lista como punto de partida de una red social que se llamaría Proyecto ZZ o Project Hummingbird, que “arrancaría cautelosamente y trataría de hacer llegar mensajes a los jóvenes cubanos, a quienes la USAID consideraba más proclives al cambio político. Debemos aumentar gradualmente los riesgos”, propuso la USAID en un documento que reveló AP. El equipo creado por USAID lanzó un portal de internet paralelo al servicio de mensajes de texto de manera que los cubanos pudieran suscribirse, interactuar y enviar mensajes gratis o a muy bajo costo. Documentos de la USAID indican que su objetivo estratégico en Cuba era “sacarla del punto muerto en que se encuentra mediante tácticas e iniciativas temporales para impulsar el proceso de transición hacia el cambio democrático”.

ZunZuneo comenzó a operar desde Nicaragua y Costa Rica a cargo de Mario Bernheim, Noy Villalobos y Joe McSpedon. Según AP, las tensiones con el Congreso se dispararon cuando “ZunZuneo comenzaba a despegar en diciembre de 2009, cuando otro programa de la USAID terminó con el arresto en Cuba del contratista estadounidense Alan Gross”. En septiembre de 2009, miles de cubanos se reunieron en la Plaza de Revolución por el concierto de Juanes, Paz sin fronteras. Fue la oportunidad para la USAID de probar la red y su “poder político”. Semanas antes, la empresa de Bernheim, usando la lista de celulares, envió medio millón de mensajes. Su intención era, además, conocer cuál sería la reacción del gobierno cubano. El equipo contrató a Alen Lauzán, diseñador y humorista gráfico nacido en La Habana y que vive en Chile desde el año 2000, para escribir mensajes “a la cubana”: “Uno preguntaba si dos músicos locales, que gozan del apoyo del gobierno, debían subirse al escenario con Juanes. Respondieron alrededor de 100 mil personas sin darse cuenta que participaban en una encuesta para conseguir información de inteligencia”, escribió AP. Paula Cambronero, de Mobile Accord, comenzó a crear una amplia base de datos: género, edad, receptividad, tendencias políticas, etc. USAID “necesitaba” información demográfica para “enfocar otros programas en Cuba” y “maximizar las posibilidades de extender nuestro alcance”, dice uno de sus documentos. Cambronero escribió en un informe, hoy en poder de AP, que el equipo debía ser cuidadoso y “que los mensajes con connotación humorística no deben mostrar tendencias políticas claras para no crear animosidad en los destinatarios”. Alen Lauzán ha colaborado en Chile con medios como The Clinic y El Desconcierto.

Luego que en febrero de 2010 ZunZuneo fue presentado a los cubanos, Creative Associates decidió que el proyecto era tan popular que la contratista a cargo no era lo suficientemente sofisticada para gestionarlo y se creó “una versión a escala de Twitter”, para lo cual contrataron a otro experto en tecnología: James Eberhard, presidente de Mobile Accord. “Si se descubre que la plataforma es o ha sido apoyada por el gobierno de Estados Unidos, no sólo nos arriesgamos a que Cubacel cierre el canal, sino que ponemos en riesgo la credibilidad de la plataforma como fuente de información confiable, de educación y de empoderamiento”, dice un memorando de Mobile Accord. Según AP, para ocultar el rastro, decidieron que una compañía del Reino Unido estableciera en España otra que gestionara ZunZuneo. Además, crearon MovilChat en las Islas Caimán, con una cuenta en el Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd. AP publicó que las minutas de la reunión de Barcelona, indican que las compañías pantalla permitirían a ZunZuneo distanciarse de Washington “para que el rastro del dinero no termine en EEUU”. “Pero el dinero no era lo único que les preocupaba. Tenían que ocultar el origen de los mensajes textos”, agrega AP. Instalaron servidores en España, Irlanda e Islas Caimán para procesar los textos, y se contrató a la empresa Lleida.net para enviar mensajes a Cuba “desprovistos de su información de identificación”.

Agresión contra Cuba

Para el periodista Arturo Chang, “el proyecto Zunzuneo contra la Revolución Cubana tiene todos los ingredientes de un agresor sin escrúpulos capaz de apelar a cualquier método, aún cuando aparentemente parecen preferir los golpes suaves, pero golpes al fin, tienen su impacto. Con todos los elementos demostrativos de que el gobierno norteamericano intentó guardar distancia del proyecto desestabilizador y los ajetreos secretos, han sido capaces de no inmutarse ante el alboroto que ha causado tanto en Estados Unidos como en los países implicados, donde violaron sus leyes. No se puede ser ingenuo, pues se paga caro, y la historia lo ha demostrado como en el caso de la URSS y Europa del Este, donde independientemente de los problemas internos, hubo acciones externas para agudizarlos y crear caos e inestabilidad. Cuba ha demostrado que ante esos intentos de Guerra de IV Generación, se puede estar blindado ante sus disparos sutiles, y tener el antídoto para vencer los efectos venenosos de la guerra mediática y las operaciones de guerra psicológica que implican los conflictos en este terreno”.

Según la periodista y académica Milena Recio, “la saga del Zunzuneo que ‘levantó’ AP es solo un atisbo de una estela de conspiraciones, tramas, planes, misiones encubiertas, que el gobierno de Estados Unidos ha implementado a través de sus distintas agencias, en distintos momentos, para contribuir a la desestabilización política del país desde el ciberespacio. Esas operaciones siguen en pie seguramente, renovándose, porque han sido elegidas por ciertos sectores muy poderosos todavía en Washington que buscan abiertamente un ‘cambio de régimen’ en Cuba. Pero de todo lo que hoy sabemos sobre el ZunZuneo uno de los aspectos que más me impresiona personalmente y negativamente, es el modo en que el Departamento de Estado y la USAID gestaron, e implementaron este proyecto a pesar de que desde 2009 fue apresado en La Habana el subcontratista Alan Gross, acusado de introducir al país equipamiento para crear redes digitales ilegales en Cuba, con equipos de uso profesional no disponibles en el mercado, y por lo tanto presumiblemente suministrados por esas instancias gubernamentales. La actividad de ZunZuneo se inició, repito, a pesar de que Gross estaba ya preso en Cuba: el gobierno de Estados Unidos, que debía proteger a su soldado, lo ha dejado solo, y le echó más tierra con la aventura del ZunZuneo. ¿Qué indica esto? Acaba de reventar otra ‘bomba’ sobre el mismo tema a partir del arresto de cuatro personas de origen cubano, vinculados con Posada Carriles, que planeaban ejecutar la ‘línea dura’ de la subversión: ataques terroristas contra instalaciones militares. Y esto paradójicamente ocurrió solo cuatro días antes de que Estados Unidos ratificara, el 30 de abril, a Cuba como país patrocinador del terrorismo; inclusión que mantiene desde 1982, descaradamente. Cada vez que se aportan nuevos datos acerca de cómo el gobierno de Estados Unidos no solo ha dado abrigo, sino que además auspicia este tipo de acciones contra Cuba; y que esto no es una actitud del pasado, sino que es completamente actual, entonces uno no puede pensar que haya algo que esperar de Obama y sus múltiples promesas de ‘cambio de política’. La agenda de guerra es absolutamente preponderante”, dice.

El analista Percy Alvarado, agrega nuevos antecedentes: Roots of Hope -ONG vinculada a sectores de la ultraderecha cubanoamericana- ha querido deslindarse del complot, así como la USAID ha tratado de camuflar este hecho: “Lo cierto es que varios miembros de su dirección, como Chris Gueits y Raúl Moas, se vincularon a Mobile Accord. La situación para la USAID se ha tornado escabrosa luego de que se diera a conocer la existencia de otras tentativas contra Cuba, como lo fue un programa para elaborar la tecnología de redes ilegales de acceso inalámbrico a internet, mediante el empleo de Wi-Fi. Este nuevo destape involucró al Open Technology Institute (OTI), con sede en Washington, financiado por la USAID con este propósito”. Dice que en octubre de 2013 la New America Foundation recibió de la USAID cerca de 4,3 millones de dólares para financiar Commotion e “implementar su aplicación en Cuba y Corea del Norte”. “USAID se ha encargado de capacitar mercenarios para sus planes desestabilizadores. Dentro de estas estrategias se encuentra Piramideo, basada en el envío múltiple de SMS. ZunZuneo involucró también a otras empresas de Estados Unidos: A Washington Software se le dio el encargo de crear un sistema para bombardear 24 mil mensajes de texto a la semana a los usuarios de celulares en Cuba. La Broadcasting Board of Governors (BBG), luego de un desembolso original de 84 mil dólares, planeaba pagar un millón a esta compañía. Washington Software radicaba en ese entonces en Germantown, Maryland, y su agente era Wai Pong Leung. Empresas radicadas en Estados Unidos participaron directamente en la actividad de la USAID por agredir a Cuba”, agrega. Piramideo fue gestionado por Radio y TV Martí, tapaderas de la CIA. “La primera emisora de la CIA para Cuba, Radio Swan, inicia una larga cadena de la que ZunZuneo es sólo uno de los ¿últimos? eslabones. ZunZuneo, Piramideo, #CubaNow, el uso de fetiches tipo Yoani Sánchez… todo parece formar parte del mismo plan para el ‘cambio de régimen’”, señala Iroel Sánchez.

Para la escritora y periodista, Rosa Miriam Elizalde, “lo que nos dice esta nueva aventura encubierta de la USAID es que, además de espiar a medio mundo y convertir a cada internauta en un blanco fácil de la Agencia de Seguridad Nacional, como pedagógicamente nos recuerdan los documentos de Edward Snowden, el gobierno de Estados Unidos tiene la capacidad de construir potentes herramientas virtuales en un limbo tecnológico y financiero, embasurar la red de telefonía móvil de un país con mensajes no solicitados, y parcelar a los usuarios de una comunidad digital, como si fueran ganado, en unas bases de datos que permiten diferenciar a cada cual por sus intereses políticos, sin el consentimiento de estas personas. Y, por supuesto, sin advertir que es la administración norteamericana la que está detrás del proyecto y que el objetivo final de la ‘operación’ es ‘renegociar el equilibrio de poder entre el Estado y la sociedad’ donde viven estas personas, según el documento de la USAID citado por AP. El proyecto encubierto contra Cuba es uno de tantos que el gobierno norteamericano ejecuta con dinero de sus contribuyentes. Si este ZunZuneo costó un millón de dólares, ¿en qué se han empleado los 199 millones restantes que develó la investigación de Just the Facts? ¿Qué otras partidas están ocultas? ¿En qué se utilizan?”.

*Historiador y Periodista. Publicado por revista Punto Final Nº 805, edición del 30 de mayo al 12 de junio de 2014.

Inmigrantes, “mano de obra barata”: los trabajadores más explotados de Chile

Por Arnaldo Pérez Guerra, Chile.-  En los últimos veinte años, el flujo migratorio a Chile ha sido creciente. Cientos de miles de ciudadanos provenientes de países latinoamericanos principalmente, han hecho del país su hogar. Un hogar deficiente, plagado de problemas como racismo y precariedad laboral. Sin embargo, pocos saben que la población chilena emigrada duplica en número a los inmigrantes que han llegado a Chile.

En 1992, cifras oficiales registraban unos 100 mil inmigrantes. En 2013, sobrepasaban los 400 mil. En poco tiempo superarán el medio millón, lo que supone desafíos para la gestión del Estado, gobiernos locales y comunidades, y las relaciones de convivencia. La población migrante se ha asentado, principalmente, en la Región Metropolitana, en Valparaíso, Arica y Parinacota, Iquique, Antofagasta, Coquimbo y la Región del Bío Bío. Se trata de población mayoritariamente femenina en edad laboral. Ya constituyen casi el 5% de la fuerza de trabajo. Se han insertado en sectores de la economía como los servicios, la minería, industria, agricultura, construcción, salud y educación. “El aporte de profesionales migrantes en la salud pública primaria es bien conocido. Pero, ¿cuántos viven en condiciones de irregularidad documentaria? Más de 50 mil, y podrían llegar a 80 mil. Es decir, hasta un 20% de los 415 mil migrantes que hoy viven en Chile. ¿Por qué se ha acumulado un número tan alto de personas en esta situación? Porque las autoridades siguen contemplando en forma miope y estrecha el fenómeno migratorio y persisten en mantener una legislación restrictiva y compleja, que dificulta la radicación de la población migrante y el pleno ejercicio de sus derechos”, advierte el economista Manuel Hidalgo Valdivia, dirigente de la Asociación de Inmigrantes por la Integración Latinoamericana y del Caribe (Apila).

El Decreto-Ley de Extranjería, que rige desde 1975, es la legislación migratoria más antigua de Sudamérica. “Sus resultados concretos son la generación persistente de un porcentaje de hasta un 25% de migrantes en situación irregular, y la consecuente vulneración de sus derechos humanos: la superexplotación de sus servicios como mano de obra barata; el atropello a la legislación laboral y las prácticas discriminatorias y arbitrarias de funcionarios que ‘racializan’ a los migrantes, desde los puestos fronterizos hasta las oficinas de los servicios públicos. Todo ello, amparado por la institucionalidad migratoria”, agrega Hidalgo, peruano que vive en Chile desde hace 38 años.

Las autoridades se refieren a la migración desde una perspectiva economicista y desde el ángulo de los “intereses nacionales”. Así, vacilan en establecer una política migratoria consecuente con la convención internacional sobre la protección de los derechos de los trabajadores migratorios y de sus familiares, que el país ha suscrito y ratificado. “Se aproximan más bien a definiciones que buscan enmarcar y aprovechar el flujo migratorio en función de suplementar transitoriamente la escasez de mano de obra nacional en algunas regiones y ramas de actividad, de modo tal que ayude a rebajar el costo salarial para el empresariado”, dice Manuel Hidalgo.

Una política discriminatoria

Quienes llegan a Chile han tomado la decisión de migrar buscando “mejores condiciones de vida”. Ingresan solas, pues la gran mayoría son mujeres: un 54%, según la encuesta Casen 2009. Se le conoce como “feminización de la migración”, y es característica en los flujos migratorios. En diciembre de 2009, el Departamento de Extranjería y Migración estimó que en Chile la población extranjera representaba al 2,08% de la población total. El 73% corresponde a inmigración sudamericana, proveniente de los países fronterizos: Perú (37,1%), Argentina (17,2%) y Bolivia (6,8%).

“Los migrantes interesan a las autoridades como mano de obra barata y no como personas. Así se explica la dilación en la adopción de una política migratoria explícita. En su ausencia, sigue imperando el Decreto-Ley 1094, de Extranjería, y su reglamento complementario. Esta legislación tiene un sesgo de hostilidad patente con otras naciones, lo que hace que la ley sea una norma selectiva en la admisión de extranjeros y muy rigurosa en el control de entradas y salidas, más que un instrumento de derechos y libertades de los migrantes y de su integración social. La legislación se centra principalmente en lo relativo al otorgamiento de visas y en criterios en relación al ingreso y/o expulsión de extranjeros”, agrega Hidalgo. Aunque en 2005 Chile ratificó la convención sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, la legislación interna no se ha adecuado a esa normativa internacional.

Los migrantes encuentran en Chile serias trabas no solo para encontrar trabajo con contrato, sino también para validar sus estudios, lo que se agrava por el desconocimiento de la legislación chilena. “Sucede en la educación en general y en la superior y técnico-profesional. Se carece de mecanismos expeditos de convalidación de títulos. En el ámbito laboral, los mayores abusos y malas prácticas se relacionan con la existencia de la Visa Sujeta a Contrato. Obliga a depender durante dos años del mismo contratante a riesgo de perderla si cambian de empleo, o de perder sus fondos previsionales en caso de regresar al país de origen”, dice Manuel Hidalgo.

Que persista esta legislación anquilosada genera una creciente población migrante irregular. En el ámbito del trabajo y de la seguridad social se traduce en mano de obra barata y desprotegida. “No se cumple lo que el Código del Trabajo establece. Esto es, reciben salarios por debajo del mínimo legal, hay irregularidades en las cotizaciones previsionales, jornadas de trabajo excesivas y condiciones laborales perjudiciales a la salud. Todo esto se agrava por la indefensión jurídica en que se encuentran”, agrega Manuel Hidalgo. Temen acudir a las autoridades por miedo a ser detenidos o deportados. “En materia de seguridad social, los convenios establecidos no permiten resolver el traspaso y acumulación de los fondos de retiro en un solo país a los trabajadores que no son profesionales o técnicos. En el ámbito de la salud, existe desconocimiento de las normativas e instrucciones explícitas para regular la atención de migrantes, por lo que el servicio que entregan los funcionarios queda a voluntad y criterio personal, siendo los más afectados las niñas y niños migrantes. La falta de vivienda digna es otra realidad grave. Estar en situación de irregularidad migratoria da como resultado que cientos de familias vivan hacinadas”, dice.

La legislación chilena no considera ni garantiza de manera expresa el principio de reunificación familiar establecido en el artículo 44 de la convención internacional sobre trabajadores migratorios. Otra situación anómala es la de niñas y niños nacidos en Chile cuyos padres se encuentren en situación irregular. Las autoridades chilenas entienden que son “hijos de extranjeros transeúntes”, lo que atropella la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, pues da lugar a la existencia de niños apátridas, violando su derecho a una nacionalidad, negándoseles además su acceso a las políticas públicas de protección de menores. Chile no ha suscrito la convención sobre el estatuto de los apátridas. A pesar de la existencia de la ley 20.507, que tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, existe un aumento considerable de esos delitos. “En los últimos años la migración a Chile ha seguido creciendo. Han cobrado particular dinamismo los flujos de migrantes provenientes de Colombia y Haití. Pero las comunidades procedentes de Perú y Argentina continúan siendo las mayoritarias”, agrega Manuel Hidalgo.

Pésimas condiciones de vida

“En principio, los trabajadores migrantes tienen las mismas condiciones, en el marco de la legislación actual, de precariedad y escasos de derechos que ha consagrado el modelo neoliberal. Su situación mejor o peor que los propios chilenos ha tenido que ver con el tipo de su inserción laboral”, señala Hidalgo. Parte importante de los migrantes ocupa los nichos de empleo menos valorados por los trabajadores nacionales: “Por ejemplo en el trabajo doméstico, pero también en la construcción, gastronomía, salud -más de la mitad de los médicos de atención primaria son extranjeros-. La mano de obra migrante no ha sido sustitutiva ni competitiva, sino más bien complementaria. Generalmente los trabajadores migrantes son más calificados, sus niveles de educación técnico-profesional o universitaria supera los promedios de los trabajadores chilenos. Muchas ‘nanas’ peruanas son profesoras, auxiliares de enfermería, o tienen otras profesiones, pero se insertan en labores domésticas porque en Chile dificultan que regularicen sus títulos. Muchos migrantes se insertan en lo laboral por debajo de su calificación. ¿Por qué? Porque las diferencias salariales les dan margen para enviar remesas a sus países de origen, aunque lo hacen en desmedro de sus propias condiciones de vida. Un ejemplo son las pésimas condiciones de vivienda de los migrantes. Muchos habitan en conventillos, hacinados, con deficiencias sanitarias y otras. Es un tema que afecta particularmente a los migrantes de menores ingresos. Lamentablemente, la mayoría de las autoridades y las políticas públicas desconocen esta situación. Incluso para optar a una vivienda básica se exige a los migrantes cinco años de permanencia en el país”, agrega.

En el ámbito municipal, diversas comunas han creado espacios de atención a la población migrante y de articulación local con sus organizaciones. Las oficinas de migrantes de las municipalidades de Santiago, Recoleta, Independencia y Quilicura, entre otras, han desplegado iniciativas orientadas a levantar un diagnóstico más preciso de la migración en su territorio, a diseñar planes de intervención, acogida y reconocimiento de migrantes y refugiados, y acciones de sensibilización de la población y de los funcionarios públicos: “Existe una multiplicidad de organizaciones de la comunidad migrante, varios cientos en el país. Durante el año pasado ha habido un proceso creciente de convergencia a partir del trabajo en distintas instancias. La Municipalidad de Santiago tiene una oficina de migrantes; en Quilicura hay una muy activa, que es dirigida por una religiosa; en Recoleta, quienes atienden la oficina municipal son migrantes peruanas; en Independencia hay también un programa de atención al migrante”.

Proyecto de ley migratoria

En el Senado se está discutiendo una ley de migrantes. “Chile carece de una ley de migraciones. El Decreto-Ley de Extranjería es de tiempos de dictadura, y enfoca la migración como tema de seguridad nacional. Más del 80% de los migrantes acceden a una Visa Sujeta a Contrato, que es discrecional, precaria, costosa y muy discriminatoria. Es precaria porque permite quedarse en el país mientras dure el contrato de trabajo, y como es sabido, dos tercios de los trabajos en Chile son temporarios. Se acaba el trabajo y se acaba la visa. Es costosa por su corta duración y discriminatoria porque el migrante debe presentar un contrato de trabajo en el cual el empleador se compromete a pagarle el pasaje de regreso a su país en el momento que lo despida. Eso no es nada fácil. Normalmente, el migrante lo ‘negocia’ con el empleador diciéndole: ‘Ponga eso ahí, pero en realidad me lo descuenta’. Si no tiene esa visa con un mismo empleador por dos años, no podrá solicitar permanencia definitiva o residencia. En resumen, estas visas generan un flujo permanente de personas en ‘condición irregular’. Podría haber 80 mil en esas condiciones, es decir, no tienen RUT, ingresaron ilegalmente, están en una situación de vulnerabilidad, no conocen sus derechos, son mano de obra, trabajan sin contratos escriturados, les incumplen desde el pago de remuneraciones hasta lo demás. Pueden llegar, en algunos casos al trabajo esclavo, etc. Son múltiples las violaciones de sus derechos”, dice Manuel Hidalgo.

Pero el proyecto de ley migratoria enviado por el presidente Piñera al Congreso el año pasado, sólo reemplazó la óptica de seguridad nacional de la dictadura por otra neoliberal: “Es decir, intenta aprovechar los flujos migratorios en función de las necesidades de la economía, particularmente de quienes la controlan, las grandes empresas. Quieren usar la migración para abaratar el costo de la mano de obra, y para necesidades temporales en algunas faenas o sectores. Esto es: ‘Permitamos el ingreso de migrantes cuando nos convenga y para lo que nos convenga’. Esa es la óptica. El proyecto de ley es rechazado por la comunidad migrante, por las universidades que analizan el tema, y por el Instituto Católico de Migraciones y el Servicio Jesuita de Migrantes (ONG Ciudadano Global). No se enmarca en el respeto de convenciones y tratados internacionales que Chile ha suscrito”, afirma Hidalgo.

Reivindicaciones de los migrantes

Sobre las reivindicaciones de los migrantes, el economista y dirigente de Apila dice: “Quisiéramos una política migratoria que reconozca la Convención de los trabajadores migrantes; una política migratoria que avance en el sentido de la integración latinoamericana, por lo tanto, que estipule un trato preferente para otorgar visas rápidamente, no solamente una residencia temporal sino un proceso de radicación y permanencia definitiva para las personas que lo quieran. Que se decrete un nuevo proceso de regularización de la visa migratoria extraordinario -amnistía-, por ejemplo, para que a todas las personas que no tienen su situación regularizada, se les otorgue de forma expedita con solo presentar un par de fotos, un documento nacional de origen y un certificado de antecedentes. Esta medida Chile la ha tomado en 1997 y en 2007-2008. Se regularizaron unos 45 mil inmigrantes. Otra medida complementaria es que Chile ratifique el Acuerdo de Residencia Mercosur, que es un acuerdo de 2004 que permite la radicación rápida de los inmigrantes. Chile lo suscribió en 2009. Perú lo empezó a aplicar unilateralmente en beneficio de los chilenos. Pero Chile no lo está aplicando, porque aún no lo ratifica”, finaliza Hidalgo.

*Historiador y Periodista. Publicado por revista Punto Final.

Chile. El machi Celestino prueba su inocencia

Por  Arnaldo Pérez Guerra, Chile.- El Tribunal Oral en Lo Penal de Temuco condenó a 18 años de prisión al machi Celestino Córdova Tránsito, por su presunta responsabilidad en el incendio que provocó la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay.

El Ministerio Público, la Fiscalía y los abogados querellantes habían solicitado presidio perpetuo calificado y la aplicación de la Ley Antiterrorista. Los abogados de la defensa, piden anular el juicio. Aseguran que no se lograron establecer los hechos ni la participación del machi. “Celestino es inocente”, dice su abogado Pablo Ortega Manosalva, quien ha patrocinado causas emblemáticas contra líderes indígenas. “No se le condenó por ser autor de los hechos, y debemos dejar en claro que tampoco fue partícipe en los mismos”, agrega.

El incendio y muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay ocurrió el 4 de enero de 2013, al interior del fundo Granja Lumahue, en Vilcún, Región de La Araucanía. Según los abogados de Celestino Córdova aún quedan recursos para lograr su absolución. Aunque en el juicio no se aplicó la Ley Antiterrorista, sí se investigó con sus métodos, que han sido cuestionados por organismos internacionales. “Los acusadores intentaron que se aplicara esa ley, y el tribunal estuvo en lo correcto al no aplicarla. Si bien el delito es grave, no existe acto terrorista. Vamos a revertir la supuesta participación del machi. Celestino es inocente. Es importante decir que no se le aplica una condena por ser ‘autor’ de los hechos. Se le condenó como ‘autor cómplice’, es decir, alguien que estuvo presente y no evitó los hechos, pudiendo evitarlos, o bien, que contribuyó de alguna manera. Ya existe un reconocimiento de que Córdova no es el ‘autor material’”, dice el abogado Pablo Ortega.

En el caso, hubo evidentes presiones del gobierno de Piñera. Según el Observatorio Ciudadano, “ha sido uno de los casos más complejos por la gravedad del delito, por las presiones del gobierno y porque involucra a una autoridad religiosa del pueblo mapuche”. El Ministerio Público situó a Celestino en el sitio del suceso, pero, en rigor, no pudo probarlo. “Las pruebas orientaban hacia una absolución”, dice Pablo Ortega. Se le condenó por indicios y presunciones, es decir, por pruebas indirectas. Los abogados solo tuvieron 18 días para preparar su defensa. No existió pleno respeto a las garantías judiciales. Los medios de comunicación hicieron gala de sus prejuicios racistas. La presunción de inocencia nunca orientó las diligencias del tribunal ni de los funcionarios policiales. No entregaron los antecedentes completos de investigación a la defensa, debido a que se siguió investigando al machi, privándosele de muchas pruebas exculpatorias. Los peritajes no determinaron su participación: no hay ADN que lo sitúe en la casa de los Luchsinger-Mackay; sus ropas no tenían residuos de hidrocarburos; tampoco se probó que la bala que lo hirió haya sido disparada por Werner Luchsinger; fue detenido a 2.400 metros del lugar de los hechos y no se encontraron restos de su sangre ni huellas de su calzado.

"Indicios" pero no pruebas

Kelv Tranamil, vocera del machi Córdova, expresó el día en que se leyó la sentencia: “No hubo un juicio justo, seguimos respaldando al machi y estamos confiados en que se pueda anular el juicio para que se haga un juicio justo”.

La pena habría sido mucho mayor si se hubiese aplicado la Ley Antiterrorista. El gobierno anterior hizo todo lo posible para que se aplicara. El propio ministro del Interior, Andrés Chadwick, expresó: “Aspirábamos a una pena mayor dada la gravedad y lo dramático del significado del crimen, consideramos que jurídicamente el tribunal tenía los instrumentos para haber aplicado una pena superior”, refiriéndose expresamente a la Ley Antiterrorista. Sin embargo, Luis Hermosilla, abogado del ministerio del Interior, quedó conforme con la sentencia: “Es una de las penalidades más altas”, dijo.

Durante la investigación, que duró un año, Celestino Córdova no reconoció ninguno de los delitos que le imputaban. Kelv Tranamil, agrega: “Seguiremos firmes en respaldar al machi, que está asumiendo la prisión política por pertenecer a una comunidad que está en lucha en el proceso de recuperación territorial. Esta condena es una más en el contexto de la criminalización que el Estado ha hecho a nuestras justas demandas”. La defensa anunció que seguirá buscando recursos para conseguir la completa absolución del machi. “Celestino estuvo muy tranquilo durante todo el juicio, confía que en definitiva se conozca la verdad”, dice Pablo Ortega. Por su parte, la abogada defensora, Karina Riquelme, agrega: “Ni el fiscal Cristian Paredes ni el abogado querellante, Luis Hermosilla, pudieron comprobar que Celestino estuviera en el lugar de los hechos durante el atentado… Todo son indicios, y en virtud de ellos llegaron a esta conclusión. Se presume que una persona es inocente hasta que no se pruebe lo contrario. En este caso, se le condenó por indicios, no por pruebas científicas”.

Además del breve plazo que tuvieron los abogados del machi para preparar la defensa, el aceleramiento del juicio generó que el propio Ministerio Público no preparara bien las pruebas. Según la acusación, el machi irrumpió en la casa de las víctimas, le echó combustible y la incendió, fue herido a bala por Werner Luchsinger, y huyó a pie veinte cuadras en la oscuridad sorteando obstáculos y alambradas. “Ninguna prueba lo sitúa en el sitio del suceso, sino a más de 2.400 metros por el camino o 1.780 metros en línea recta hipotética, porque además hay obstáculos, por lo tanto son aproximadamente veinte cuadras de distancia”, dice Pablo Ortega. La abogada Karina Riquelme, agrega: “Lo único que hicieron fue tomarlo detenido, y en ningún momento pensaron que podía ser inocente o que pudo haber recibido esa bala de parte de alguno de los 45 funcionarios armados que estaban cerca del lugar… Había policías en el lugar y esa es una situación que comprobamos. El Ministerio Público al realizar una investigación sesgada, apresurada, sin tomar en consideración la presunción de inocencia, lo que hizo fue buscar pruebas para culpar a Celestino, no para esclarecer la verdad de lo sucedido… Está comprobado que en La Araucanía existen infiltrados y agentes provocadores que realizan atentados. La única persona que ha sido condenada por terrorismo en esta zona es Raúl Castro Antipán, que reconoció trabajar con la Dipolcar. Existiendo en el lugar personal policial de inteligencia cuando se cometieron los hechos, no se ha dado ninguna explicación y tampoco tenemos conocimiento de si ese personal utilizó sus armas… No pudo ser probado el calibre de la bala que hirió a Celestino. Un perito balístico dijo que no se podía acreditar la bala que lo hirió. Hay peritos balísticos que dicen eso y no entendemos cómo el Tribunal Oral llegó a la conclusión que Celestino fue herido por una bala disparada por Luchsinger…Además, el derecho a guardar silencio es un derecho básico que no es cuestionado en ninguna parte del mundo, pero en este caso se ha cuestionado en innumerables ocasiones. ¿Por qué Celestino guarda silencio? Creo que eso no es parte de un proceso penal. No se puede cuestionar que él ejerza un derecho”.

Sólo por “indicios”, presunciones y razonamientos plagados de racismo se ha condenado a una autoridad espiritual del pueblo mapuche por hechos sucedidos a veinte cuadras de donde fue encontrado, herido, por funcionarios policiales. El mismo racismo ha operado en Gendarmería, que no ha permitido que el machi realice ceremonias tradicionales al interior del penal, lo que viola el Convenio 169 de la OIT. El abogado Ortega, argumenta: “Es un tema de libertad de cultos. Es una persona que tiene creencias religiosas que deben ser respetadas. No tiene que ver con que sea culpable o inocente, esté preso o no. Todo ciudadano tiene derecho a practicar su religión, sus convicciones, en la medida que no afecte a terceros”. También se impidió a los comuneros hacer rogativas en las afueras del tribunal. Cuando se leyó la condena hubo fuertes enfrentamientos y decenas de detenidos tras la represión de Carabineros, entre ellos varios niños.

Irregularidades judiciales

Los abogados del Centro de Investigación y Defensa SUR, con sede en Temuco, asumieron la representación del machi Celestino Córdova, luego que éste manifestara haber perdido la confianza en la defensora pública, María del Rosario Salamanca. Según la defensa, las pruebas testimoniales son todas pruebas indirectas y el peritaje balístico de la PDI, que señala que la bala disparada por Werner Luchsinger fue la que hirió a Celestino Córdova, no es más que una “estimación probabilística”. Otro peritaje, a cargo de Francisco Ross, afirma que si la bala que hirió a Córdova, provino del arma de Werner Luchsinger, “debía tener restos de níquel en su ropa y cuerpo”, que no encontraron en el machi.

Durante el juicio, Celestino Córdova fue acusado de un robo e incendio ocurrido el 22 de diciembre de 2012, en Vilcún, en el fundo Santa Isabel, propiedad de Pío Seco López y María Fourcade Carmine. Según los acusadores: “Celestino Córdova y quienes lo acompañaban procedieron a reducir, amenazar y golpear a las víctimas, registraron el inmueble y robaron varias especies y armas; el lugar fue incendiado por un número indeterminado de personas, que además incendiaron tres vehículos”. Según la defensa del machi, se presentaron los dos hechos en un mismo juicio, como una forma de impresionar a los jueces. “Se trata de hechos y lugares distintos. Incluso respecto de los hechos ocurridos con la familia Seco-Fourcade ellos habían renunciado a prueba, lo que demuestra que no aspiraban a una condena sino a prejuzgar al tribunal”, dice Pablo Ortega. Otra irregularidad es que la Fiscalía renunció a la prueba de un testigo -quien está con medidas de protección-, que habría visto cómo terceras personas realizaban estudios del terreno en que se efectuaron los atentados. “Dicho particular incluso dio las patentes de los vehículos en que se movilizaban. El Ministerio Público, aun cuando tenía la obligación de presentar dicha prueba, renunció a ella. Situación realmente inexplicable” agrega. 

Tras detener al machi Córdova no se investigó más y se le acorraló como “único culpable”. Las comunidades están conmocionadas al ver a uno de sus líderes espirituales preso y condenado. “Sostenemos que el Ministerio Público realizó una investigación apresurada y acusó a Celestino Córdova sin haber terminado su investigación; de hecho, una vez acusado, continuaron las imputaciones en otras líneas. Todo lo que vimos en el juicio oral fueron conclusiones preliminares. No existe prueba directa de su participación. Todo lo que el Ministerio Público hizo fue decir que existen ‘probabilidades’ de que el machi haya estado presente en el lugar de los hechos. El único peritaje que situaría, y lo digo en condicional, es un pericial planimétrico que dice que existen ‘posibilidades’ que el machi estuviera en tal posición, pero no dice cuáles son las probabilidades, cuál es el porcentaje de ellas. Un herido a bala en el pecho no puede recorrer los dos kilómetros desde la casa de los Luchsinger Mackay hasta el cruce de caminos donde la policía lo encontró tendido”, dice Ortega.

Un peritaje mencionó “trazas de polen en las botas del machi”, compatibles -se dijo-, con la plantación de papas sembradas en el fundo de Luchsinger. “Eso no aporta mayores antecedentes sobre su participación en los hechos, porque lo que el Ministerio Público omite es que existe un peritaje de varios calzados que fueron incautados en distintos lugares de la región y, curiosamente, en todos los zapatos encontraron el mismo polen. ¿Por qué? Porque estaban en la temporada de siembra de papas. Es lógico que esto pase eso en una zona donde las papas son un cultivo importante”, agrega.

Otra irregularidad en el juicio es que, afirmándose en los audios de la Central de Comunicaciones de Carabineros, la Fiscalía y la policía señalaron que “aquella noche sintieron gemidos de alguien, a escondidas, pero en el audio que se expuso en el tribunal, nos damos cuenta que lo que en realidad transmitieron los funcionarios policiales es el audio de un sujeto que gritaba pidiendo ayuda… Alguien que ha cometido un delito grave no estaría alertando su presencia”, concluye el abogado Ortega.


(*) Historiador y Periodista. Una versión de este reportaje fue publicada en revista Punto Final.PIA Chile http://www.piachile.cl/el-machi-celestino-prueba-su-inocencia/

CHILE - Negocio con listas de espera: La Salud, enferma…

OPINIÓN de Arnaldo Pérez Guerra, Chile.- El policlínico Maruri, creado en 2011 en Santiago, destinado a disminuir las listas de espera que se arrastran por años en el sistema de salud pública -una de las mediáticas promesas del presidente Sebastián Piñera-, se convirtió en centro de un fraude millonario. 

Médicos recién egresados atendían y cobraban como especialistas, sin tratar las dolencias ni operar a los pacientes, pero sí eliminándolos de las listas bajo el rótulo de “atención realizada”. Los médicos que eran parte del negociado cobraban, en promedio, nueve millones de pesos mensuales. Al menos 1.500 pacientes siguen buscando solución y deambulan entre los consultorios y el hospital San José, esperando ser operados o atendidos, pues no figuran en el Repositorio Nacional de Lista de Espera (RNLE). 

El policlínico funcionó en las dependencias del Centro Clínico Maruri -concebido para liberar camas del hospital San José-, aunque nunca tuvo la autorización sanitaria. La Seremi de Salud autorizó, en agosto de 2011, que funcionara allí una “clínica transitoria de rehabilitación de pacientes crónicos del Servicio de Salud Metropolitano Norte (SSMN)”, no un policlínico de atención abierta. Existe una larga lista de irregularidades. 

Cifras del SSMN dan cuenta que solo en el hospital San José la lista de espera era de 194 mil personas en 2010. Enfermos que esperaban por meses, e incluso años, un llamado telefónico o una cita para ser atendidos por especialistas, son los afectados por este fraude. Maruri gestionó “el despeje de las listas de espera con enfermedades no Auge”. El SSMN contrató a Rodrigo Gutiérrez, médico general sin especialidad, egresado en 2011 de la Universidad de Chile, y este se encargó de reclutar al equipo de “especialistas” asumiendo la jefatura del policlínico. 

El Centro de Investigación e Información Periodística (Ciper) denunció, en junio de 2013, que sin mediar un proceso de selección, se contrató a honorarios a médicos recién egresados que no cursaban becas de especialidad, con jornadas de 44 horas semanales, para trabajar en el policlínico que en enero de 2012 pasó al hospital San José, sumando más médicos al equipo. En 2011, Sebastián Piñera prometió terminar -en junio de 2013- con las listas de espera quirúrgicas para patologías no Auge. Para ello, se destinaron 1.500 millones de pesos adicionales, una jugosa tajada de recursos frescos. San José encabezaba la lista de hospitales con mayor número de pacientes en lista de espera. Según el SSMN, la lista de espera en ese hospital disminuyó, en dos años, de 194 mil a 52 mil personas, y siguió bajando. Pero era un negociado con fondos estatales, sin que les importase ni un mínimo la salud y la vida de cientos de miles de enfermos. Miles de pacientes desaparecieron del sistema sin que se les haya resuelto su patología. Los médicos los atendían sin decirles que no eran especialistas; les daban una orden de intervención quirúrgica para el hospital San José, y después nadie les llamaba. Muchos acudían a preguntar o iniciaban nuevamente los trámites desde el principio; les respondían que no aparecían en el registro porque habían sido eliminados de la lista bajo la causal de “atención realizada”. De este modo y por arte de magia, las listas de espera disminuían y se informaban como resueltas las enfermedades de pacientes atendidos solo por médicos generales. ¿Sucederá lo mismo en otros hospitales y policlínicos del país? 

Se engañó a los pacientes 

En enero de 2013, Luis Leiva, subdirector médico del SSMN, autorizó a 15 médicos no especialistas para sacar de las listas de espera a pacientes bajo ciertas causales, entre ellas la “atención realizada”. Pero en junio de 2013, se inició una auditoría externa al funcionamiento del policlínico Maruri y se decretó el “cierre”. Hoy, la Fiscalía Centro Norte investiga delitos tributarios, fraude al fisco y asociación ilícita. A fines de febrero, la Fiscalía remitió el caso al Consejo de Defensa del Estado (CDE). No solo se investiga a los médicos de Maruri sino que a directivos que habrían participado de las irregularidades.

Existen muchos antecedentes del eventual fraude. Contraloría también realizó una auditoría. Según los funcionarios del hospital, en este caso hay responsabilidades del ministro de Salud, Jaime Mañalich; del director del SSMN, Claudio Caro; del subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo; y del director del hospital San José, Raúl Vásquez Cataldo, entre otros. 

El Colegio Médico y la Asociación de Médicos del San José advierten que lo ocurrido es resultado del desmantelamiento de la salud pública y de la falta de políticas para fortalecerla. Enrique Paris, presidente del Colegio Médico, dice: “Es una muestra más del deterioro que ha sufrido la salud pública chilena en los últimos años, y que ha generado la compra de servicios externos. Nos parece muy grave, ya que se engañó a los pacientes. No se les dio solución real. Hay una vulneración desde el punto de vista ético porque hay médicos que sin ser especialistas, atendían en esa condición… Hemos pedido una investigación a fondo, ya que hay colegas involucrados y la justicia debe determinar qué culpabilidad tienen y si es que hay médicos que se vean involucrados, también deberán ser juzgados por nuestro tribunal de ética”. 

Para el doctor Jorge Sánchez, presidente de la Asociación de Médicos del San José, “quienes requieren atención siguen asistiendo a los hospitales, pero lamentablemente se sigue desmantelando la salud pública, donde se atiende el 80% de la población. Sólo el 40% de los médicos sigue en el sistema público. Las listas de espera siguen creciendo, sin que tengamos una real solución”, agrega. Para el doctor Enrique Paris, la política de estado “debe estar enfocada en fortalecer la salud pública”, y señala que hay “médicos y especialistas disponibles”, pero existe una competencia desleal del sistema privado. “El Estado no hace esfuerzos suficientes para mantener a los médicos en el sistema público… La salud no puede transformarse en un negocio”, agrega. 

La doctora Ximena Rodríguez, de la Asociación de Médicos del San José, dice que desde junio de 2013 estaban solicitando información a las autoridades del recinto y a Contraloría: “Sentimos un gran dolor por los pacientes que han sido engañados. Ha sido una burla a lo que realmente se debe hacer con el paciente y es resultado de la política de salud, que ha generado una fuga de los especialistas de los hospitales. Hay una tremenda lista de espera en las atenciones del policlínico de especialidades”. 

Según la doctora Rodríguez pudieron hacer este tipo de negocios porque no hay un control adecuado de las autoridades: “Es tanta la necesidad y son tantos los pacientes que están en las listas de espera en todo el país, que es muy difícil andar detrás de cada una de las instituciones que están atendiéndolos. Hubo una orden presidencial y fue el compromiso de acabar con las listas de espera, pero se sacaron de forma irregular, eso no lo sabíamos. Faltan especialistas, pero otra cosa es que personas que no son especialistas hagan atenciones como si lo fueran, porque hay un engaño a los pacientes y utilización de recursos públicos. Se les está pagando por un acto que en fondo no se está haciendo, y por otro lado, hay casos donde esto ha generado situaciones de riesgo para la salud de los pacientes”. Agrega que estaban usando recursos públicos en forma indebida, por lo tanto, “aunque no soy experta en leyes, pudiera ser un fraude al fisco”. 

“Esto es una situación muy grave porque estaba en conocimiento de las autoridades. Se conversó en la dirección del hospital y con la dirección del Servicio de Salud Norte, por lo tanto, el director del hospital, el subdirector médico y el director del Servicio sabían lo que estaba ocurriendo. De hecho, le pedimos especialmente al director del Servicio que nos informara y se preocupara de las irregularidades que ocurrían en el policlínico Maruri. Se lo solicitamos formalmente en una reunión. Jamás nos respondió”, agrega Rodríguez. “Parece increíble, pero las autoridades se sienten muy seguras y hasta la fecha no han sido cuestionadas… Muchos médicos figuran con 800 atenciones y más, y hay pacientes que figuran con 40 y 50 atenciones por los mismos médicos. Les interesaba generar números. Obviamente, el espíritu de esto no era resolver las listas de espera sino aprovecharse de la autorización para apropiarse de dineros ‘especiales’ que vinieron de la Presidencia de la República. Se aprovecharon de la oportunidad para ganar más plata… Es sancionable éticamente que médicos hagan esto. Y es penoso que se utilice a la gente pobre que está desesperada por recibir atenciones médicas. Muchos pacientes y enfermos necesitan atenciones quirúrgicas y no tienen ninguna posibilidad de ser operados, para qué decir de otros con patologías como artritis, enfermedades reumatológicas o endocrinológicas”, dice. 

Para la doctora Rodríguez, la solución es que se les pague a los médicos un sueldo digno para que se queden en el sistema público: “El 80 por ciento se atienden a través de Fonasa, y de esos, la mayoría en hospitales públicos. La ley médica tiene asignaciones que se supone se hicieron para otorgarlas a los especialistas y, de alguna manera, atraerlos al servicio público, pero la letra chica dice que se cancelan siempre que haya presupuesto y sea autorizado por el subsecretario. Resulta que las asignaciones no se cancelan. El estado no quiere gastar dinero en salud. No se cancela ninguna asignación de estímulo para que los especialistas quieran estar en los hospitales”, dice. 

Lucrando con el dolor

Por su parte, la coordinadora del SSMN de la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss), señala que la Clínica Universitaria Maruri fue originalmente creada al alero de las alertas respiratorias infantiles, “sin embargo, se ha convertido en centro de derivación de urgencias del San José y de otros centros en Santiago, pacientes en estado crítico para los que este centro no se encuentra preparado”. Cuentan que pasó de tener 18 camas aprobadas, a una existencia real de más de 40, “que no cuentan con autorización sanitaria”. 

“Desde su creación se le planteó al director las falencias en los procedimientos clínicos y administrativos derivados del funcionamiento de esta ‘Clínica’ en el primer piso de Maruri Nº 272, edificio que por décadas ha sido la ubicación de la Dirección del SSMN. En este marco de irregularidades nace el ‘policlínico Maruri’ en principio como un centro dedicado a realizar la limpieza de la lista de espera no GES de los pacientes derivados de la APS al nivel secundario. Como se manifiesta en las denuncias los pacientes creen o se les dice que son atendidos por especialistas cosa absolutamente falsa dado que en su mayor parte los médicos que trabajan en estas dependencias son recién salidos de la universidad, sin especialización alguna”. 

Según la Fenpruss lo que agrava aún más esta situación es que “estos médicos sin especialidad contratados a honorarios, son muchísimo mejor pagados que los especialistas del hospital San José. La poca claridad en el manejo eficiente de fondos públicos, fondos que escasean en los servicios hospitalarios para dar una atención adecuada, sumada a una cuestionable calidad en la atención clínica, fueron motivos suficientes para que exigiéramos un sumario administrativo para determinar el alcance de este cúmulo de irregularidades observadas y se defina quienes son los responsables”. 

Luis Morales, presidente de la Fenats del hospital San José, afirma que “los propios pacientes y nosotros, como funcionarios del Servicio, denunciamos las irregularidades”. Agrega que quienes hoy son investigados “construyeron una figura que fuese presentable ante la comunidad hospitalaria, pero que en definitiva estaba plagada de irregularidades… A veces sucedía que un paciente por su dolencia se atendía con quien pensaba era un cardiólogo, y luego, cuando volvía al policlínico, se encontraba con el mismo médico como ‘especialista’ en traumatología. Entonces la gente empezó a reclamar. ¿Por qué no contrataron a especialistas? A mi entender, porque aquí existía un negociado. Se aprovechó de vender la imagen ante el Ministerio de Salud de que el hospital San José estaba haciendo una ‘buena gestión’ al reducir las listas de espera. Muchos enfermos se atendieron sin tener hasta hoy solución a sus dolencias o problema de salud, y arriesgando la vida, pues requerían un tratamiento inmediato y no lo obtuvieron. ¿Quién sabe si murió gente en el camino? ¿Quién ha investigado eso? Era un negocio sucio pues utilizaron a un grupo seleccionado por el jefe de Maruri, con la complicidad y a sabiendas de los directivos del San José y del área del Servicio. Trabajadores y pacientes fuimos los primeros en denunciar esto el año 2011, sin que se nos escuchara, porque los dineros ingresaban al hospital y a los bolsillos de quienes se hacían pasar o cobraban como especialistas. Todas las autoridades lo sabían. Nadie puede alegar ignorancia. Han convertido la salud en un negocio y están lucrando con el dolor de las personas”, agrega. 

El caso parece ser la punta del iceberg de negocios y fraudes con atenciones médicas y dineros públicos. El 7 de julio de 2012, varios meses después de iniciado el “fraude” en Maruri, Sebastián Piñera junto al ministro de Salud, Jaime Mañalich; el subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo; y el director del SSMN, Claudio Caro; anunciaban el cumplimiento de su promesa: “¡Se terminó con las listas de espera!”. 

Otro de los involucrados, Luis Leiva, subdirector de gestión asistencial del San José, envió un email al médico Rodrigo Gutiérrez afirmando que el Minsal autorizó “validar médicos en la especialidad en que están evaluando a los pacientes”. El email fue dirigido al director del hospital, Raúl Vásquez, y al entonces subdirector, José Miguel Puccio. Leiva decía que la autorización provenía del departamento técnico del ministerio: La validación de 15 médicos generales fue firmada por él mismo en calidad de director subrogante del SSMN. Hoy se investiga que de un total de 10.614 atenciones pagadas en los operativos, 6.025 pacientes no correspondían al Repositorio Nacional de Listas de Espera (RNLE), aunque los fondos extraordinarios autorizados para estas atenciones tenían como objeto “disminuir las listas de espera”. 1.277 atenciones, que también fueron pagadas, aparecen sin siquiera estar asociadas a un médico. Se sabe que algunos de los médicos de Maruri no tenían contrato ni relación con el hospital ni con el policlínico.
El Hospital San José mantiene al menos 14 externalizaciones de servicio por trato directo y otras con “dudosas” licitaciones. Según la Contraloría “no existen antecedentes que respalden íntegramente el pago de las prestaciones que habrían ejecutado los médicos contratados bajo esa modalidad, siendo el total de los gastos insuficientemente acreditados ascendente a la suma de $ 367.963.482”. No siempre se realizó la función “atención de lista de espera”. Rodrigo Gutiérrez, el jefe de Maruri, declaró que atendieron 11.000 pacientes que “no cumplían con los objetivos del convenio” y que el director del hospital, “no suspendió los pagos al comprobar que no se estaba cumpliendo ese requisito”. Según los médicos “socios y amigos” de Gutiérrez, las planillas enviadas mensualmente a la unidad de recursos humanos por él “no dicen relación con el número real de atenciones prestadas”; además, “aceptó que cobraran, en algunas oportunidades, honorarios mayores a los que correspondía, y cuyo excedente le era entregado sin que haya registro del destino de los recursos”. 

Entre septiembre y diciembre de 2012, “Raúl Vásquez y Rodrigo Gutiérrez certificaron la totalidad de las prestaciones de todos los facultativos sin registro fehaciente de su realización, para luego dividir el monto global de los honorarios en partes iguales, independiente de las prestaciones realizadas. Para esto, se constató que Gutiérrez y otros médicos contaban con autorizaciones notariales para retirar los cheques, cobrarlos y luego repartir el monto girado entre los profesionales, según lo que definiera su criterio. Así, por ejemplo, durante el mes de junio de 2012 se realizaron 1.907 atenciones médicas y no las 4.971 que informó la jefatura”, denuncia Ciper.


(*) PIA Chile www.piachile.cl / Punto Final www.puntofinal.cl

Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz: "Chile está al margen de la ley"

Por Arnaldo Pérez Guerra, Chile.-  Adolfo Pérez Esquivel, defensor de los derechos humanos y presidente del consejo honorario del Servicio Paz y Justicia América Latina (Serpaj), se reunió en Chile con organizaciones de derechos humanos y participó en foros y charlas. 5En el Foro Internacional sobre Desmilitarización y Cultura de la Paz, compartió con Martín Almada, abogado paraguayo, Premio Nobel alternativo de la Paz -quien descubrió los archivos secretos de la Operación Cóndor-, y con Susana Pimiento, -colombiana estadounidense-, que integra el movimiento Fellowship of Reconciliation (FOR). 

Foto: Arnaldo Pérez

Pérez Esquivel se entrevistó con Lorena Fries, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (Indh), el directorio de la Corporación Tres y Cuatro Álamos, y la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP).

En la conferencia de prensa que dictó en Tres y Cuatro Álamos se refirió a que en ese lugar donde Pinochet y la DINA instalaron -entre 1974 y 1976- un centro de detención y tortura, hoy funciona un recinto bajo dependencia del Servicio Nacional de Menores (Sename): “Una cárcel donde se mantienen encerrados menores infractores de ley”. Allí se refirió a que el Estado debe “financiar los sitios y museos de memoria, sin necesidad de estar sujetos a los cambios de gobierno”. “Tres y Cuatro Álamos debiera ser parte del presupuesto de la nación –dijo-, como en los ex campos de concentración nazis en Alemania. Pero ni siquiera ha sido restituido, y hoy es un centro de detención de menores, administrado por Sename, que es el representante legal, y Gendarmería. No sólo es absurdo, es criminal”, agregó.

-¿Qué piensa de lo que ocurre acá en esta cárcel de menores, ex campo de concentración de Pinochet? ¿Qué opina del silencio, el olvido y la indiferencia respecto de los derechos humanos?

“Me alegro de haber estado con Luisa Stagno, una luchadora y sobreviviente de todo esto. Tres y Cuatro Álamos, que fue un centro de detención y tortura de Pinochet, hoy es un centro juvenil de detención temporaria. Es absurdo, una burla a las víctimas… de antes y de hoy. Mientras hacía el recorrido por este sitio pensaba qué pasaría si hoy los álamos y estas paredes hablasen ¿Qué nos contarían de tanto dolor? ¿Qué nos dirían de que esto fue un centro de detención de la dictadura y sigue siendo un lugar de encierro? Sigue, con distintas características, pero es una cárcel, no es la de la época de la dictadura, pero ¿qué nos contarían los álamos y estas paredes? Pienso que la memoria está presente, pero la memoria no es para quedarnos en el pasado sino que nos ilumina el presente. Cada uno de nosotros venimos de distintas experiencias de vida, de luchas, resistencias, valores, y lo que tratamos de hacer es recuperar la dignidad humana. Esto es lo fundamental, recuperar la dignidad de la persona, pero también la de los pueblos. Las autoridades, incluso democráticas, tratan de ocultar ese pasado, silenciarlo y que pase al olvido. Pero los pueblos que olvidan son pueblos que desaparecen. Por eso es tan importante recuperar los lugares de la memoria, del sufrimiento y el horror, que son sitios también de la resistencia y la esperanza, para que esto no pase al olvido. ‘Nada está olvidado, nadie está olvidado; ni olvido ni perdón’, dicen los muros de Tres y Cuatro Álamos. ¿Por qué ni olvido ni perdón? Porque si esto queda en el olvido, va a quedar en la impunidad, y entonces, aquello que queda en la impunidad no ayuda a construir una sociedad democrática. Este lugar debería ser un sitio de la memoria, un museo, un centro de encuentro, de reflexión, que venga gente. Yo les hago un llamado a las autoridades para que esto sea un sitio de memoria, para que desde aquí puedan hacer caminar la palabra de lo que pasó, lo que pasa y puede pasar. Hay que volver a plantar los álamos, recuperar la vida, la resistencia y la memoria del pueblo chileno. Eso lo estamos haciendo en Argentina y en muchos otros países. La función sociológica, sicológica y espiritual es importante, porque todo pueblo tiene que recuperar su pensamiento, su identidad, sus valores, su pertenencia, y también los dolores y las alegrías. Me gustó mucho conocerlos porque veo que a pesar de todo no perdéis las sonrisas. Y si no las perdéis es que hay una esperanza, para construir un mundo mejor… Un compañero nos relató -a mí y a Martín Almada-, con bastante vehemencia, lo que fueron pasando aquí: ‘Aquí había una pared’. Pero esa pared nunca la derribaron sigue estando. Cuando iba mostrándonos nos decía: ‘Esto era una celda, aquí estaban los baños, los torturados aquí se tenían que reponer, y cuando se miraban al espejo no se reconocían, porque los habían castigado tanto que era difícil reconocerse’. Aquellos que pasamos por la tortura, lo sabemos. Aquí hubo dolor, fue cárcel y encierro durante la dictadura, ¿y hoy es un lugar de encierro para jóvenes? ¿Cómo se acumula el dolor? ¿Cómo podemos volver a repensar estos lugares para que sean para la vida y no para la muerte? Creo que las autoridades debieran respetar estos lugares de la memoria, entregar todas las posibilidades, el financiamiento necesario, no solo para las generaciones de ahora sino para generaciones que nos sucederán”.

-Se cumplieron 40 años del golpe militar, y las víctimas y familiares exigen que los violadores a los derechos humanos sean encarcelados en una cárcel común, que se cierre la base estadounidense en Concón, que no se militaricen los territorios mapuche y no se aplique la ley Antiterrorista contra ese pueblo, que no se apruebe la ley Hinzpeter que criminaliza las manifestaciones del movimiento social…

“Parece increíble que en Chile ocurra todo esto a vista y paciencia de los organismos de derechos humanos internacionales. Chile sigue siendo un país con la bota militar… Lo del militarismo lo conocemos. En América Latina no terminó la doctrina de la seguridad nacional. Se siguen formando a los militares en la Escuela de las Américas, y se hace lo mismo con las fuerzas de seguridad. ¿Qué tipo de democracias tenemos? Hace 40 años fue el golpe militar de Pinochet, y en toda América Latina se sucedieron los golpes militares. Nuestros gobiernos debiesen pensar cuál es el rol de las fuerzas armadas en la construcción democrática, éste es el desafío. No veo que los dirigentes políticos asuman en sus campañas electorales, en el trabajo cotidiano, el rol de las fuerzas armadas. ¿Cuáles son las hipótesis de conflicto? Ese es el otro problema. Porque hoy las hipótesis de conflicto, el enemigo es el enemigo interno, el pueblo. Así vemos que se aplica la ley antiterrorista a los mapuches cuando están reclamando el derecho a sus territorios. Entonces se les sanciona, se sancionan las protestas sociales, como se quiere hacer con la ley Hinzpeter. ¿Qué pasa con las fuerzas armadas? No es una fuerza separada del pueblo, tiene que estar al servicio del pueblo, pero terminan siendo tropas de ocupación de sus propios pueblos, esto es lo grave. No veo que en los partidos políticos eso tenga prioridad. Las fuerzas armadas no permiten a los políticos meterse en ‘sus asuntos’. Parece que son países distintos. Cuando comenzamos a ver lo que ocurre, queremos la desmilitarización de América Latina. Hay factores graves como la instalación de bases norteamericanas en todo el continente, el Plan Puebla-Panamá, el Plan Colombia, la Triple frontera, la base militar en las islas Malvinas, la reactivación de la IV Flota Norteamericana, y lo que pasa con las fuerzas armadas de cada país, que todavía se siguen formando en la Escuela de las Américas en la doctrina de la seguridad nacional y la represión interna. ¿Será que tenemos democracias condicionadas y restringidas? No son democracias participativas. Pensamos que estamos libres de que pueda pasar lo mismo que pasó hace 40 años, pero no estamos libres. Los hechos son claros: el golpe de Estado en Honduras, el de Paraguay, los intentos de golpe en Ecuador, Bolivia y Venezuela”.

-¿Cómo se podría avanzar en la integración de las fuerzas armadas y la sociedad civil?

“Hay varios caminos. Hay que apostar por las nuevas generaciones de las fuerzas armadas, ellos no vivieron lo que se vivió o lo que vivimos nosotros. Entonces, hay que cambiarles también el pensamiento, su concepción ideológica. Para esto es muy importante la educación, abrir los espacios y que los organismos de derechos humanos ingresen a las fuerzas armadas para enseñar, informar, hacer memoria de lo ocurrido… Nosotros lo estamos haciendo en Argentina. Hay que cambar la mentalidad de los altos mandos tanto en el ejército, la aviación, la marina, como en las fuerzas de seguridad, si no se cambia la mentalidad, el pensamiento, es imposible que se integren a la sociedad. Las otras son decisiones políticas, de los partidos políticos, de los gobiernos, pensar y discutir sobre el rol de las fuerzas armadas en la construcción democrática. Lo que hay que hacer es ver cómo las fuerzas armadas se integran a un proyecto de país. Hay formas de hacerlo, caminos que recorrer. No será fácil en el comienzo, pero es completamente posible. He escrito bastante sobre eso. Y también he estado dando charlas y cursos a los altos mandos de la marina en mí país, como también a las fuerzas policiales”.

-¿Cuál es su opinión sobre el uso de la ley Antiterrorista contra los mapuches?

“Es una violación a los derechos humanos y una odiosa discriminación contra un pueblo que lo único que hace es luchar por sus derechos, por recuperar sus tierras, por su cultura. Creo que esto ha sido impuesto desde Washington, desde Estados Unidos. Parece que el amo ordena a los gobiernos y prácticamente la mayoría de los países latinoamericanos aplican la ley antiterrorista por orden de Estados Unidos. Aquí se les aplica a los mapuches. Los mapuches tienen derecho a sus territorios, tienen derecho a reclamar la identidad cultural, sus valores, su pertenencia. Lo que ocurre nos demuestra que ésta, como muchas otras democracias, es una democracia ‘condicionada’ y ‘restringida’. Las autoridades, los jueces, las policías, los medios de comunicación no consideran a los mapuches ciudadanos o ciudadanas con plenos derechos. Se les reprime, se les esconde, se les priva de expresarse, se les encarcela y mata. Esto es una ‘democracia tutelada’, no es democracia. Tenemos que pasar de esta ‘democracia delegativa’ a una democracia participativa”.

-¿Qué otra opinión tiene sobre lo que ocurre en Chile en el ámbito de los derechos humanos?

“Creo que Chile debe fortalecer la democracia. Pero eso no es poner el voto en una urna y decir que vivimos en democracia, conformarnos, eso es falso. Votar es el ejercicio de un hacer democrático, pero no es la democracia. Democracia significa derecho e igualdad para todos. Hoy no existe. Actualmente hay torturas, violaciones a los derechos humanos, están los problemas y violaciones a los derechos humanos en las cárceles. Todavía los familiares de las víctimas de Pinochet buscan verdad y justicia, la reparación del daño hecho aún no sucede. Entonces es un camino todavía a recorrer. Aún no hay verdad ni justicia plena, aun falta reconstruir lo que pasó, recuperar los miles de sitios de memoria. Honrar la vida y la resistencia de quienes lucharon contra el horro… Y también el conflicto limítrofe que tiene Chile con Bolivia que reclama su salida al mar. ¿Cuándo nos vamos a integrar como pueblos hermanos? Hay que abrir las puertas y ventanas para poder integrar el continente. No provocar guerras como en el caso entre Ecuador y Perú… ¿Entre Bolivia y Chile? Bolivia tiene que recurrir al Tribunal de la Haya para ver si se soluciona su derecho al mar, cuando esto se puede solucionar con la buena voluntad política de ambos pueblos, cooperar e integrarse como pueblos. Hay que pensar cómo podemos avanzar hacia la integración continental”.

GUANTÁNAMO Y OBAMA

-¿Cuál es su opinión sobre lo que ocurre en la base de Estados Unidos en Guantánamo?

“Obama es un esclavo del sistema, es un hombre sometido totalmente al complejo -que son los que tiene el poder real- industrial militar de los Estados Unidos. Quiso cerrar la cárcel de Guantánamo, no pudo; cerrar la de Abu Ghraib, no pudo; quiso evitar la guerra, no pudo; ahora también está el sometimiento que tiene Obama, no tiene el coraje de hablar claramente al pueblo de los estados Unidos y al mundo de toda esa situación. ¿Prometió cosas que no pudo cumplir, que no lo dejan cumplir? ¿Él es peor de Bush, qué ocurre con los asesinatos selectivos con drones? Él es un esclavo del sistema de dominación. Se tiene que liberar. En Guantánamo la tortura que es diaria, les dan alimentación forzosa, los mantienen sin juicios en prisión, sin acusaciones formales. ¿Obama no puede hacer nada? ¿El no decide? Chile y los países de Sudamérica pueden jugar un papel fundamental en la defensa de los derechos humanos. Guantánamo es solo una de las cárceles de Estados Unidos, hay un montón de cárceles adicionales, de cárceles secretas. Estados Unidos tiene 37 barcos prisiones y vimos hace apenas unos días como los comandos especiales secuestraron a una persona en Libia, y lo llevaron a esta cárcel, y lo están interrogando. No tiene derecho a abogados, no tiene ningún derecho, no se respeta ningún Estado de derecho. Estados Unidos también está en una campaña de asesinatos. Una vez a la semana el presidente Obama revisa una lista y decide los asesinatos selectivos que van a hacer con sus drones, sus aviones no tripulados, sistemas de muerte a control remoto… No podemos permanecer callados frente a un sistema de ejecuciones extrajudiciales y decididas por un Imperio de la muerte; cárceles secretas, detenciones indefinidas, torturas, espionaje en todo el mundo, ya todos lo sabemos”.

REFORMA A LA CONSTITUCIÓN

-¿Qué piensa sobre el llamado a una Asamblea Constituyente en nuestro país?

“Sobre la reforma a la Constitución o el llamado a una Asamblea Constituyente, no creo que los políticos actuales tengan la voluntad de hacer una reforma y una constitución democrática… Estoy pensando no solo en Chile, sino en Argentina, en Paraguay, y otros países. No existe voluntad política. Es una promesa incumplida. Pero hay que crear conciencia de la necesidad de cambio de las constituciones, y particularmente en Chile, para que este país deje de estar al margen de la ley. El arma más poderosa contra el opresor es la mente del oprimido. Quiero sugerir a los chilenos la necesidad de rendir homenaje a los militares constitucionalistas, que fueron víctimas también del horror y la dictadura de Pinochet. No todos los militares fueron asesinos. Habría que recuperar esos valores morales y rendirles homenaje. Cambiar la Constitución de Pinochet es fundamental, es el inicio de un nuevo Chile. No olvidemos la base militar de Estados Unidos en Con Cón, es una amenaza para toda la región. Pensábamos que después de las dictaduras, las cosas iban a cambiar; y vemos que en algunos lugares, si bien se habla de democracia, se siguen violando los derechos humanos, se permite la instalación de bases militares extranjeras, se despoja y reprime a los pueblos originarios. Nadie se mete en la casa de uno si no es con el consentimiento, a no ser que sean asaltantes que rompen puertas y ventanas. ¿Cómo puede ser que los gobiernos permitan bases militares extranjeras sin el consentimiento de los pueblos? Es gravísimo”.

* Historiador y Periodista.

Textos y Fotografías: Arnaldo Pérez Guerra.

Los venenos de la dictadura

Por Arnaldo Pérez Guerra, Chile.- El juez Alejandro Madrid declaró reos como autores de los delitos de homicidio calificado y homicidio frustrado a ex oficiales del ejército: el médico Eduardo Arriagada Rehren y el veterinario Sergio Rosende Ollarzú; y como cómplices, a los coroneles (r) Joaquín Larraín Gana y Jaime Fuenzalida Bravo. Los detenidos fueron trasladados a un regimiento a la espera de las condenas.

Se trata del caso conocido como “envenenamiento en la Cárcel Pública”. Guillermo Rodríguez Morales, uno de los ex presos políticos sobrevivientes, militante del MIR, dice: “Nos envenenaron con toxinas botulínicas en diciembre de 1981, operación considerada la antesala del asesinato del ex presidente Frei, en enero de 1982 en la Clínica Santa María. Sospechosamente, Pablo Neruda también había fallecido ahí mismo”.

La toxina fue traída desde Brasil por el Instituto Bacteriológico y entregada a los encargados del laboratorio de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine). “El mismo equipo que nos envenenó es investigado por el asesinato de Frei, ocurrido semanas después”, dice Rodríguez. Se sabe que la operación para fabricar gas sarín y armas químicas en nuestro país fue iniciada por la Dina aproximadamente en 1975. El ex presidente de la República, Eduardo Frei Montalva, fue envenenado con gas mostaza y talio.

El ex director del Bacteriológico, coronel Joaquín Larraín Gana, admitió en el tribunal que la adquisición de armas químicas comenzó luego de una reunión con el médico de inteligencia militar Eduardo Arriagada Rehren. Este preguntó a Larraín -ex profesor de la Escuela de las Américas-, si tenían toxinas botulínicas, aduciendo que “el ejército las necesitaba, debido a las tensiones con países limítrofes”. Arriagada fue acompañado por Sergio Rosende.

La dictadura de Pinochet utilizó gas sarín y otros venenos para asesinar a opositores y a sus propios agentes “caídos en desgracia”.

Las víctimas en la Cárcel Pública fueron los reos comunes Víctor Corvalán y Héctor Pacheco y los presos políticos Guillermo Rodríguez, Ricardo y Elizardo Aguilera, Adalberto Muñoz y Rafael Garrido, quienes sobrevivieron con notorias secuelas en su salud. El ministro en visita estableció que “el doctor Jorge Mery planteó el diagnóstico de intoxicación botulínica”, y que el doctor Álvarez, jefe de la Unidad de Tratamiento Intensivo de la Asistencia Pública, sugirió por su gravedad “el traslado de los pacientes a la entidad asistencial”. El de 20 de diciembre de 1981, falleció en la Posta Héctor Pacheco. Víctor Corvalán había muerto a pocas horas de sufrir la intoxicación. Guillermo Rodríguez, que fue jefe de las Milicias de Resistencia Popular del MIR, había sido condenado a muerte por un Consejo de Guerra.

¿Fueron utilizados como “conejillos de Indias” por los agentes del Dine para después asesinar a Frei? Es la hipótesis más certera. La dictadura de Pinochet experimentó con diversidad de toxinas y venenos, que usaron para asesinar. “Utilizaron armas químicas para eliminar a mi padre”, dice la ex senadora Carmen Frei Ruiz-Tagle, hija del ex presidente. “El 7 de diciembre -agrega- les dan a los reos venenos, y el 8 de diciembre mi padre presenta un shock séptico. El ejército utilizó este tipo de armamento durante la dictadura, sobre todo la Dine, un verdadero laboratorio de armas químicas”. El ex presidente fue operado de una hernia y cuando estaba convaleciente le envenenaron.

“Nos querían dejar morir”

Se sabe que la toxina botulínica para envenenar a los presos políticos fue obtenida a través de una solicitud del director del Bacteriológico al organismo correspondiente en Brasil. Se envío por valija diplomática y fue remitida al laboratorio de calle Carmen N° 339, dependiente de la Dine. En dicho laboratorio se fabricaron y manipularon sustancias de alta toxicidad. Los encargados del laboratorio eran el médico Arriagada y el veterinario Rosende. Siempre hubo “excelentes relaciones” entre el ejército y el Bacteriológico -luego Instituto de Salud Pública (ISP)-, gracias a las cuales la inteligencia militar logró desarrollar una nueva forma de eliminar a sus enemigos pretendiendo no dejar rastros.

“Si bien en un caso se utilizó toxina botulínica y en el otro gas mostaza y talio, ambos nos permiten concluir que el ejército tuvo un laboratorio en el que se fabricaron sustancias para causar la muerte a los enemigos del régimen a través de complejas operaciones de inteligencia, en las que los partícipes fueron agentes especializados y pertenecientes a la elite del ejército”, dice Carmen Frei.

Familiares de Guillermo Rodríguez y demás presos al enterarse del envenenamiento, solicitaron a la Vicaría de la Solidaridad que un médico les visitara. El abogado Jorge Sellán lo solicitó al fiscal militar Luis Berger. Las peticiones fueron rechazadas por el alcaide del penal, Ronald Bennet, con el argumento de que ningún preso requería atención médica.

Al día siguiente, uno de los reos había muerto. Guillermo Rodríguez, dice: “El alcaide de la ex Penitenciaría, donde nos trasladaron, era hermano de Bennet… Para mí está claro que nos querían matar, querían dejarnos morir, era parte de una operación de inteligencia, donde hubo complicidad criminal de Gendarmería, y que culminó con el asesinato del ex presidente Frei y del sindicalista Tucapel Jiménez”.

Guillermo Rodríguez cuenta que días antes del envenenamiento, la magistrada Canales aceptó “tomarme declaración respecto al castigo injusto al que me había sometido Gendarmería en los días previos al Consejo de Guerra… Aproveché de entregarle información sobre la red de gendarmes y reos que estaba trabajando para la CNI, la policía represiva de la dictadura”.

Se encontró un escondrijo lleno de papeles y copias de informes de la actividad de los presos políticos, sus familiares y abogados. “Arturo Marshall, un ex oficial, que participó en un conato sedicioso contra Allende, preso por delitos comunes, era el informante… Se hizo la denuncia y la jueza abrió un expediente… No recuerdo exactamente cuándo pero concurrió a visitarme una mujer joven. Me contó que era hermana de un detenido desaparecido. Trajo de regalo una torta. No le creí y, como la situación era evidentemente sospechosa, la torta fue al Comité de Derechos del Pueblo (Codepu). Mandaron a analizarla y contenía un insecticida: Tanax”.

Rodríguez recuerda que a su galería en la Cárcel Pública habían llegado los hermanos Ricardo y Elizardo Aguilera, que se sumaron a la “carreta”-compartían alimentos- que mantenían él y Adalberto Muñoz. El 7 de diciembre de 1981 correspondió cocinar a Rodríguez. En la tarde, luego de terminar el turno de cocina y regalar comida a un reo común, fue a jugar fútbol y conversó con Patricio Reyes: “Me senté a un costado de la cancha. Patricio comenzó a poner caras raras y me pedía a cada momento que le repitiera lo que decía porque yo estaba hablando muy enredado. Encendí un cigarrillo y comencé a ver de manera distorsionada. Me tendí un momento y, cuando me enderecé y traté de hablar, me di cuenta que no podía articular bien. Patricio me acompañó a la celda y encontramos a Adalberto vomitando y con agudos dolores. Elizardo y Ricardo estaban igual. Habían envenenado nuestra comida”.

Dieron la alarma e intentaron hacerse lavados estomacales con detergente y agua. Los reos comunes golpeaban las puertas llamando a la guardia interna. “No llegó nadie, a pesar de que todos los días la guardia pasaba la cuenta de la tarde y nos encerraba. Los presos comunes gritaban, encendían fogatas y golpeaban las puertas de lata de las celdas, pero nadie aparecía”.

Sobrevivieron esa noche. “Tomé bidones de agua con detergente para provocar vómitos y de cierta manera ‘lavar’ los intestinos. Los dolores eran atroces”, dice Rodríguez. Avanzaban las horas y Gendarmería los dejaba morir. “Convulsiones, espasmos, vómitos… El estómago se contrae con tal violencia que me deja sin respiración. No puedo mantenerme despierto. Las dolorosas contracciones se repetían. No sé si perdí el sentido o me dormí… Desperté a mediodía. Algunos reos me arrastraron a la enfermería. Frente a la puerta de entrada de las visitas ví al doctor Manuel Almeyda, que indignado discutía con el alcaide”, dice.

Los trasladan a la enfermería del penal y luego a la de la ex Penitenciaría. “Al mirar las camas, recién caigo en cuenta que somos varios los envenenados, que hay dos reos comunes… Habían pasado casi 20 horas y no habíamos recibido ningún tratamiento específico. Uno de los reos comunes comenzó a hacer contorsiones, abriendo los ojos de manera desmesurada, finalmente desde su tórax se elevó un bulto y quedó inmóvil… Caía la tarde y recién llegaron a la enfermería gendarmes y practicantes. Corrían y gritaban. Llegó una ambulancia. No quisieron prestarnos atención médica a tiempo. Quedé solo en la enfermería, mirando el cadáver del muchacho que también había recibido nuestra comida… Al final de la tarde gendarmes se llevaron el cadáver y en la ambulancia me engrillaron con el muerto. Luego declararon que murió en el camino, salvando la responsabilidad del alcaide coludido en la operación”, dice.

La ambulancia entra a la ex Penitenciaría. “Un doctor me tomó los signos vitales y sin vacilar me preguntó si yo era el jefe mirista recientemente condenado por el Consejo de Guerra. Respondí que sí y para mi sorpresa, se presenta formalmente diciendo que era el doctor Jorge Mery, acusado injustamente de colaborador de la Dina, que ésta sería su ocasión de demostrar que no era así y que él creía que habíamos sido envenenados con botulina”.

Secretos tóxicos

Guillermo Rodríguez dice que en 2004, en la oficina del juez Madrid, encontró respuestas: “Existió una brigada del ejército especializada en la guerra bacteriológica. El juez logró individualizar a quien compró las cepas de la toxina botulínica en Estados Unidos e identificó a quien las transportó a Chile en un avión comercial, violando todas las reglas internacionales de tráfico aéreo; también determinó quien las recibió”.

Hoy también se sabe, gracias a investigaciones judiciales en Chile y Estados Unidos, que en septiembre de 1976, el agente de la Dina y la CIA, Michael Towley, trasladó en un avión LAN a Washington un frasco de perfume con gas sarín con el que se pretendía asesinar al ex canciller Orlando Letelier, que finalmente fue asesinado en esa ciudad, el 21 de septiembre de ese año, por orden del dictador Augusto Pinochet, con la colaboración de agentes cubanos de la CIA, entre ellos, José Suárez Esquivel y Virgilio Paz Romero.

La Dina fabricó armas químicas - encargo que hiciera al propio Towley-, bajo la supervisión de su director, Manuel Contreras Sepúlveda. La Dina “compró” una casa en Lo Curro: bajo identidades falsas participaron el entonces coronel Raúl Iturriaga Neumann y el mayor Rolando Acuña, quien actuaba como abogado en las operaciones secretas. Allí se instaló el “cuartel” o Centro de Investigación y Desarrollo Técnico de la Dina (Quetropillán). Sus agentes viajaban al extranjero a comprar equipos y materiales. Las principales compras las hizo el propio Townley (en Gallenkamp y Co -Londres-; Fisher Scientific, José Santos -New Jersey-, y PRC -Orlando, Florida-, en Estados Unidos), usando el nombre de Kenneth Enyard. Con esa identidad falsa viajó a Argentina para asesinar al general Carlos Prats y su esposa, en septiembre de 1974. Quien también colaboró con el “laboratorio” fue Wolff Von Arnswaldt, enviando equipos y materiales desde Alemania y otros países europeos para la Dina y la Colonia Dignidad, el enclave nazi en el sur de Chile. El químico de la Dina, Eugenio Berríos, desarrolló toxinas letales y perfeccionó el gas sarín, que fue inventado por los nazis.

Townley y Berríos se habían conocido en la agrupación fascista Patria y Libertad. También se incorporó el bioquímico Francisco Oyarzún Sjöberg que junto a Berríos trabajaron en el Proyecto Andrea, cuyo “producto estrella” sería el gas sarín. A principio de 1976 lograron resultados y comenzaron a trabajar en otras sustancias similares: Tabun, Soman, Clostridium botulínica, Saxitoxin y Tetrodotoxina.

El juez Víctor Montiglio comprobó que en el cuartel de calle Simón Bolívar se experimentó con gas sarín. Dos detenidos peruanos, de los cuales aún se desconoce identidad, fueron rociados en presencia de Manuel Contreras con gas sarín por Townley y, luego, la teniente Calderón les inyectó cianuro. Dos agentes resultaron afectados por el gas, pero se recuperaron. En julio de 1976, en el cuartel Quetropillán se ejecutó con gas sarín al diplomático español Carmelo Soria.

Según la agente Mariana Callejas, esposa de Towley, ese mismo año fue asesinado con sarín el conservador de bienes raíces Renato León. La Operación Andrea consistió en poner a prueba un producto químico que, aplicándolo en el rostro, podía causar lesiones mortales al ser respirado. “Entiendo que causaba convulsiones y provocaba finalmente la muerte. Supe o escuché que también se había eliminado a un notario de quien decían que era homosexual; y de la operación con desaparecidos: de 15 a 20 en Peldehue. Otras operaciones se llevaron a cabo en la Villa Grimaldi”, confesó Alejandra Damiani, secretaria de Towley.

A partir de 1978, en otro recinto secreto, continuaron experimentando con toxinas y venenos, desarrollando el cultivo de cepas de micro organismos patógenos. En 1981 se inició la construcción de otro laboratorio en la Escuela de Inteligencia del Ejército en Nos, al sur de Santiago, y una Unidad Bacteriológica se instaló en el Complejo Químico Industrial del Ejército en Talagante. Jefe del nuevo Departamento Bacteriológico fue el doctor Eduardo Arriagada, quien además fue jefe de la Clínica London de la Dina y la Dirección de Sanidad del Ejército, trabajando más tarde en la Brigada de Inteligencia del Ejército (BIE).

En el caso “envenenamiento en la Cárcel Pública”, aparece implicado Marcos Poduje Frugone, químico del Instituto Bacteriológico que dirigía el coronel Joaquín Larraín y cuyo jefe de Seguridad y Finanzas era el teniente coronel Jaime Fuenzalida. Este último recibió la orden de ir a la Cancillería a “retirar un paquete de Brasil”. El contenido era toxina botulínica. Larraín le ordenó a Poduje reparar un liofilizador, aparato que se usaba en la Planta de Liofilización del Cepario Nacional (colección de cepas de bacterias y virus), e instruyó a un funcionario para que lo depositara detrás del altar de una iglesia donde funcionaba una vicaría castrense. “En el Instituto Bacteriológico existió una planta de éter, la que fue traspasada al Complejo Químico del Ejército, en Talagante. Recuerdo también que el doctor Fábrega junto al doctor Salvador Ballard, jefe del Departamento de Producción, ambos de confianza del coronel Larraín, realizaron un curso en el ejército, en una repartición de calle Eliodoro Yáñez (donde funcionaba un cuartel secreto de la BIE) y que viajaban mucho a través del país, desconociendo qué fueron a cursar”, confesó Poduje. Otro profesional, Hernán Lobos Romero, dijo al juez que en esos años “llegaba hasta allí un médico de Parral”, a quien más tarde identificó como Helmut Hopp, de la Colonia Dignidad. Allí también acudía el químico Eugenio Berríos -“Hermes”-, quien trabajó en el enclave alemán y compartió sus conocimientos de armas químicas con Paul Schäfer Schneider y Hopp, entre otros. El juez Jorge Zepeda estableció que en el asesinato de Miguel Becerra, ex agente de la Dina, perpetrado en Colonia Dignidad, los hombres de Schäfer usaron venenos similares a los de la Dina.

Guillermo Rodríguez y sus compañeros fueron envenenados por agentes de Pinochet que eran parte de esta trama de muerte. La investigación determinó que los presos del MIR en la Cárcel Pública cocinaban todos los días, para lo cual eran proveídos de víveres que compartían con reos comunes. Sus comidas fueron contaminadas con la toxina botulínica que llevó hasta la cárcel José Roa Vera, ex integrante de la Brigada Mulchén de la Dina, y entonces miembro de la Unidad Antiterrorista (UAT), dependiente del Dine.


*Arnaldo Pérez Guerra, Historiador y Periodista. Una versión de este reportaje fue publicado por revista Punto Final.