Por Juan J. Paz y Miño Cepeda
¿Por qué el gobierno persiste en “revivir” los sucesos del 30-S? Es la pregunta que ronda entre la oposición y una serie de medios. El 30-S, persisten, no fue más que una revuelta policial, provocada por la “imprudencia” del Presidente Rafael Correa.
No es así. La insubordinación policial estalló mucho antes de que el Presidente llegara al Regimiento Quito. A primera hora, fueron rechazadas y agredidas las propias autoridades policiales. En forma coordinada, la insubordinación se extendió por todo el país, atentando contra la seguridad nacional.
La presencia del Presidente no alteró la dinamia propia de la insubordinación. Pero creó un nuevo escenario: la agresión al Mandatario y su “retención” en el hospital. Paralelamente otros insubordinados impidieron el funcionamiento del Legislativo. Tuvieron que paralizar las otras funciones del Estado, oficinas públicas, sistema educativo y el sector empresarial.
Progresivamente el problema se concentró en Quito, verdadera antena política del país. Y en el drama vivido por el Presidente. Al finalizar el día se agregó el intento de magnicidio, que conoció el propio Comando Conjunto de las FFAA, que entonces adelantó la liberación del Mandatario secuestrado.
El golpe de Estado se articuló sobre la marcha. Y diversos sectores actuaron ostensiblemente por un desenlace que implicaba la salida de Correa. Reconocidas figuras de SP y el MPD fueron los más activos y primeros en movilizarse contra el gobierno. Siguieron dirigentes indígenas y de algunas organizaciones sociales. Aparecieron activistas que desde antes buscaban la “revocatoria” del mandato. Al atardecer, un grupo irrumpió sobre el canal público de TV, para exigir la “renuncia” de Correa. Asambleístas de oposición se reunieron por la mañana en un hotel y a la tarde solicitaban la “amnistía” para los involucrados. Derechas económicas y políticas se habrían contentado con el fin del régimen. Todos ellos son responsables políticos e históricos. Las responsabilidades jurídicas, en cambio, corren el riesgo de quedar en la impunidad, por sobre las evidencias.
Es una trampa reducir el 30-S a un problema entre Presidente y policías. Se alteró la vida del Estado. Fueron víctimas los ciudadanos que salieron a defender la democracia. Se transformó en asunto internacional, que llevó a la reunión de UNASUR y a la condena del intento de golpe de Estado.
¿Qué defensa de la democracia hicieron los responsables históricos y políticos del 30-S?
Publicado en El Telégrafo, Ecuador, lunes 04 de julio de 2011
No es así. La insubordinación policial estalló mucho antes de que el Presidente llegara al Regimiento Quito. A primera hora, fueron rechazadas y agredidas las propias autoridades policiales. En forma coordinada, la insubordinación se extendió por todo el país, atentando contra la seguridad nacional.
La presencia del Presidente no alteró la dinamia propia de la insubordinación. Pero creó un nuevo escenario: la agresión al Mandatario y su “retención” en el hospital. Paralelamente otros insubordinados impidieron el funcionamiento del Legislativo. Tuvieron que paralizar las otras funciones del Estado, oficinas públicas, sistema educativo y el sector empresarial.
Progresivamente el problema se concentró en Quito, verdadera antena política del país. Y en el drama vivido por el Presidente. Al finalizar el día se agregó el intento de magnicidio, que conoció el propio Comando Conjunto de las FFAA, que entonces adelantó la liberación del Mandatario secuestrado.
El golpe de Estado se articuló sobre la marcha. Y diversos sectores actuaron ostensiblemente por un desenlace que implicaba la salida de Correa. Reconocidas figuras de SP y el MPD fueron los más activos y primeros en movilizarse contra el gobierno. Siguieron dirigentes indígenas y de algunas organizaciones sociales. Aparecieron activistas que desde antes buscaban la “revocatoria” del mandato. Al atardecer, un grupo irrumpió sobre el canal público de TV, para exigir la “renuncia” de Correa. Asambleístas de oposición se reunieron por la mañana en un hotel y a la tarde solicitaban la “amnistía” para los involucrados. Derechas económicas y políticas se habrían contentado con el fin del régimen. Todos ellos son responsables políticos e históricos. Las responsabilidades jurídicas, en cambio, corren el riesgo de quedar en la impunidad, por sobre las evidencias.
Es una trampa reducir el 30-S a un problema entre Presidente y policías. Se alteró la vida del Estado. Fueron víctimas los ciudadanos que salieron a defender la democracia. Se transformó en asunto internacional, que llevó a la reunión de UNASUR y a la condena del intento de golpe de Estado.
¿Qué defensa de la democracia hicieron los responsables históricos y políticos del 30-S?
Publicado en El Telégrafo, Ecuador, lunes 04 de julio de 2011
*Juan J. Paz y Miño Cepeda, historiador ecuatoriano, es coordinador del Taller de Historia Económica.