El pr贸ximo 24 de enero comienza en el Tribunal Supremo el proceso judicial contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garz贸n, en el que se persigue penalmente al magistrado, actualmente suspendido, por haber iniciado una investigaci贸n sobre violaciones a derechos humanos cometidas durante la guerra civil y el franquismo.
Amnist铆a Internacional considera escandaloso que un magistrado sea juzgado por buscar la justicia, la verdad y la reparaci贸n para las v铆ctimas y los familiares de una violaci贸n masiva de derechos humanos. La investigaci贸n de los abusos contra los derechos humanos es una obligaci贸n de derecho internacional para el Estado espa帽ol, incluyendo el Poder Judicial en su conjunto.
Al juez de la Audiencia Nacional se le acusa de un presunto delito de prevaricaci贸n por haber abierto una causa en la Audiencia Nacional para investigar la desaparici贸n forzada de 114.266 personas entre el 17 de julio de 1936 y diciembre de 1951. A Garz贸n se le acusa, entre otras cuestiones, de no aplicar a sabiendas la Ley de Amnist铆a de 1977 en la instrucci贸n del caso.
Amnist铆a Internacional considera irrelevante que la investigaci贸n del juez Garz贸n infringiera o no la legislaci贸n nacional espa帽ola, ya que es justamente la Ley de Amnist铆a de 1977 la que impide iniciar procesamientos por delitos de derecho internacional, la que supone un incumplimiento de las obligaciones contra铆das por Espa帽a en virtud del derecho internacional. Para la organizaci贸n, jam谩s puede considerarse como delito la investigaci贸n de violaciones de derechos humanos, a煤n si para ello es necesario dejar de lado una ley de amnist铆a u otras normas relativas a la prescripci贸n de los delitos.
Adem谩s, es profundamente preocupante la dilaci贸n que ha sufrido la investigaci贸n de los cr铆menes de desaparici贸n forzada durante la guerra civil y el franquismo. Una de las investigaciones de Amnist铆a Internacional actualmente en curso, cuyas conclusiones definitivas se har谩n p煤blicas este a帽o, parece evidenciar que al menos cuatro procesos de investigaci贸n de dichos cr铆menes se han visto postergados y su avance ha sido condicionado a la decisi贸n final por parte del Tribunal Supremo en la causa contra Garz贸n.
Tal investigaci贸n parece demostrar asimismo que los criterios utilizados para fundamentar los cargos contra el juez han sido esgrimidos por juzgados territoriales que investigaban los cr铆menes cometidos durante el franquismo para archivar masivamente los procedimientos. La organizaci贸n considera que este hecho est谩 afectando de manera grave los derechos de las v铆ctimas y sus familias.
Por otra parte, Amnist铆a Internacional urge a las autoridades espa帽olas a que centren sus esfuerzos en revelar la verdad de los millares de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y actos de tortura cometidos durante el franquismo y en proporcionar reparaci贸n plena a las v铆ctimas y a sus familias..
En consecuencia, Amnist铆a Internacional insta al Tribunal Supremo a que se pronuncie en l铆nea con las obligaciones de derecho internacional que pesan sobre Espa帽a, aplicando los tratados internacionales suscritos por este pa铆s que proh铆ben la aplicaci贸n de la amnist铆a o la prescripci贸n a los delitos de derecho internacional, entre los que figura la desaparici贸n forzada de personas.
Los hechos que se cometieron durante la Guerra Civil espa帽ola y la dictadura franquista eran ya reconocidos como cr铆menes de derecho internacional en el momento de su comisi贸n.
Los efectos legales que se derivan de la condici贸n de cr铆menes de derecho internacional son, entre otros, la imprescriptibilidad de la acci贸n penal y la prohibici贸n de aplicar amnist铆as o indultos a las personas responsables de tales conductas, hasta tanto se haya celebrado un proceso judicial independiente e imparcial donde se dilucide plenamente la verdad de los hechos y se diriman las responsabilidades penales correspondientes.
La Ley de Amnist铆a de 1977 y otros mecanismos de impunidad han sido invocados expresamente para perseguir a un juez que ha intentado dar respuesta a v铆ctimas de desaparici贸n forzada y sus familias. El Comit茅 de Derechos Humanos y el Comit茅 contra la Tortura, de la ONU, han se帽alado que Espa帽a debe revocar la Ley de Amnist铆a. Han reiterado a las autoridades espa帽olas que la desaparici贸n forzada y la tortura son cr铆menes por los que no pueden aplicarse amnist铆as y que no prescriben.
Amnist铆a Internacional considera escandaloso que un magistrado sea juzgado por buscar la justicia, la verdad y la reparaci贸n para las v铆ctimas y los familiares de una violaci贸n masiva de derechos humanos. La investigaci贸n de los abusos contra los derechos humanos es una obligaci贸n de derecho internacional para el Estado espa帽ol, incluyendo el Poder Judicial en su conjunto.
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| El juez Garz贸n ha sido juzgado estos d铆as por otra causa, la de escuchas telef贸nicas a detenidos y abogados |
Amnist铆a Internacional considera irrelevante que la investigaci贸n del juez Garz贸n infringiera o no la legislaci贸n nacional espa帽ola, ya que es justamente la Ley de Amnist铆a de 1977 la que impide iniciar procesamientos por delitos de derecho internacional, la que supone un incumplimiento de las obligaciones contra铆das por Espa帽a en virtud del derecho internacional. Para la organizaci贸n, jam谩s puede considerarse como delito la investigaci贸n de violaciones de derechos humanos, a煤n si para ello es necesario dejar de lado una ley de amnist铆a u otras normas relativas a la prescripci贸n de los delitos.
Adem谩s, es profundamente preocupante la dilaci贸n que ha sufrido la investigaci贸n de los cr铆menes de desaparici贸n forzada durante la guerra civil y el franquismo. Una de las investigaciones de Amnist铆a Internacional actualmente en curso, cuyas conclusiones definitivas se har谩n p煤blicas este a帽o, parece evidenciar que al menos cuatro procesos de investigaci贸n de dichos cr铆menes se han visto postergados y su avance ha sido condicionado a la decisi贸n final por parte del Tribunal Supremo en la causa contra Garz贸n.
Tal investigaci贸n parece demostrar asimismo que los criterios utilizados para fundamentar los cargos contra el juez han sido esgrimidos por juzgados territoriales que investigaban los cr铆menes cometidos durante el franquismo para archivar masivamente los procedimientos. La organizaci贸n considera que este hecho est谩 afectando de manera grave los derechos de las v铆ctimas y sus familias.
Por otra parte, Amnist铆a Internacional urge a las autoridades espa帽olas a que centren sus esfuerzos en revelar la verdad de los millares de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y actos de tortura cometidos durante el franquismo y en proporcionar reparaci贸n plena a las v铆ctimas y a sus familias..
En consecuencia, Amnist铆a Internacional insta al Tribunal Supremo a que se pronuncie en l铆nea con las obligaciones de derecho internacional que pesan sobre Espa帽a, aplicando los tratados internacionales suscritos por este pa铆s que proh铆ben la aplicaci贸n de la amnist铆a o la prescripci贸n a los delitos de derecho internacional, entre los que figura la desaparici贸n forzada de personas.
Los hechos que se cometieron durante la Guerra Civil espa帽ola y la dictadura franquista eran ya reconocidos como cr铆menes de derecho internacional en el momento de su comisi贸n.
Los efectos legales que se derivan de la condici贸n de cr铆menes de derecho internacional son, entre otros, la imprescriptibilidad de la acci贸n penal y la prohibici贸n de aplicar amnist铆as o indultos a las personas responsables de tales conductas, hasta tanto se haya celebrado un proceso judicial independiente e imparcial donde se dilucide plenamente la verdad de los hechos y se diriman las responsabilidades penales correspondientes.
La Ley de Amnist铆a de 1977 y otros mecanismos de impunidad han sido invocados expresamente para perseguir a un juez que ha intentado dar respuesta a v铆ctimas de desaparici贸n forzada y sus familias. El Comit茅 de Derechos Humanos y el Comit茅 contra la Tortura, de la ONU, han se帽alado que Espa帽a debe revocar la Ley de Amnist铆a. Han reiterado a las autoridades espa帽olas que la desaparici贸n forzada y la tortura son cr铆menes por los que no pueden aplicarse amnist铆as y que no prescriben.