Amnist铆a Internacional y No Somos Delito se manifiestan frente al Congreso de los Diputados para protestar contra el Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana
•elmercuriodigital ▫ Madrid.- Con motivo de la votaci贸n del Proyecto de Ley Org谩nica de Seguridad Ciudadana (LOSC) en la Comisi贸n de Interior, Amnist铆a Internacional, junto con la plataforma No Somos Delito, ha llevado a cabo este martes un acto de protesta en la proximidades del Congreso de los Diputados. Bajo el lema “M谩s poder a la polic铆a, menos derechos humanos” activistas de ambas organizaciones han mostrado su desacuerdo con este Proyecto de Ley que ampl铆a los poderes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en lugar de proteger los derechos humanos. Tras esta votaci贸n, el Proyecto de Ley pasar谩 al Pleno y de ah铆 se enviar谩 al Senado, por lo que las organizaciones consideran que este martes es un d铆a clave.
“No existe un problema de seguridad ciudadana ni razones objetivas que justifiquen el aumento de infracciones o el endurecimiento de las sanciones. Por eso estamos hoy aqu铆, para exigir a la Comisi贸n de Interior que defienda el derecho a la protesta y rechace con su voto aquellos art铆culos que la pongan en riesgo”, ha afirmado Mar铆a Serrano, portavoz sobre Pol铆tica Interior en Amnist铆a Internacional Espa帽a.
"Bajo una iniciativa en apariencia positiva como es promover la seguridad ciudadana, el Gobierno lo que realmente pretende es impedir de hecho y de derecho que los ciudadanos expresen p煤blicamente su opini贸n. Estamos seguros de que si las miles de manifestaciones de estos a帽os hubieran sido de apoyo y no de cr铆tica, el Gobierno no habr铆a reformado la Ley.”, ha asegurado Alejandro G谩mez Selma, portavoz de la Plataforma No Somos Delito.
脡stas son algunas de las preocupaciones que las organizaciones han denunciado sobre el Proyecto de Ley:
Limitaciones para mostrar y difundir im谩genes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ya que las grabaciones “no autorizadas” de los agentes en el ejercicio de sus funciones “cuando puedan ponerse en riesgo una operaci贸n” podr谩n estar sancionadas hasta con 30.000 euros de multa, con lo que se podr铆an poner trabas a la hora de documentar abusos policiales;
Nuevas infracciones que podr铆an amenazar el ejercicio de derechos como la libertad de reuni贸n pac铆fica, expresi贸n e informaci贸n, como las que limitan las manifestaciones pac铆ficas en las cercan铆as del Congreso, el Senado o las Asambleas Legislativas de las Comunidades Aut贸nomas;
Falta de mecanismos independientes de supervisi贸n de la actuaci贸n policial y de rendici贸n de cuentas ante los abusos.
Abuso de conceptos indeterminados para justificar controles preventivos, el uso de la fuerza o la imposici贸n de infracciones, dejando 茅stas al criterio de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Menor garant铆a de los ciudadanos frente a la Administraci贸n, debido al traslado de las faltas del 谩mbito penal al administrativo.
Atribuciones de nuevas facultades preventivas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para controlar manifestaciones y reuniones, que pueden impedir el ejercicio leg铆timo de estos derechos.
Adem谩s, aunque la redacci贸n final ha sido modificada, el Gobierno ha introducido una enmienda en el Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que pretende dar cobertura legal a las denominadas “expulsiones en caliente”, es decir, las devoluciones sumarias de personas migrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla. A pesar de que finalmente se ha a帽adido una disposici贸n que precisa que los intentos de entrada en territorio espa帽ol han de producirse “en grupo”, Amnist铆a Internacional y No Somos Delito recuerdan que el n煤mero de personas no justifica la no aplicaci贸n de las garant铆as y salvaguardas jur铆dicas a cada una de ellas de manera individual. Con este portazo a las personas migrantes y refugiadas, Espa帽a estar铆a vulnerando sus obligaciones internacionales.
Ninguna modificaci贸n sustantiva
Las organizaciones han se帽alado adem谩s que el texto final que se vota hoy en la Comisi贸n de Interior no ha introducido modificaciones sustantivas que protejan los derechos a la libertad de expresi贸n, reuni贸n e informaci贸n propuestas por la sociedad civil y los grupos parlamentarios. A pesar del rechazo de los grupos parlamentarios, que se opusieron en bloque al Proyecto de Seguridad Ciudadana, as铆 como de diversas organizaciones y de la sociedad civil, el Gobierno no ha tenido en cuenta ninguna de las preocupaciones ni sugerencias expresadas. As铆, ha mantenido los art铆culos pol茅micos, como el que sanciona la falta de notificaci贸n, sin exceptuar las manifestaciones espont谩neas en las que no ha sido posible notificar; el que sanciona el uso no autorizado de im谩genes de las fuerzas y cuerpos de seguridad; el que atribuye la responsabilidad a aquellos a quienes se identifique como organizadores o promotores de las manifestaciones, y aquellos art铆culos que limitan la protesta y los lugares donde pueden tener lugar las reuniones pac铆ficas.