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El ex dictador boliviano García Meza será enjuiciado en Italia

PLAN CÓNDOR

En total son 32 los imputados, ex integrantes de juntas militares y de servicios de seguridad de dictaduras suramericanas en sus respectivos países

•elmercuriodigital PIA.- En febrero comenzó en Italia el primer proceso que juzga a 32 militares de Bolivia, Chile, Uruguay y Perú por crímenes de lesa humanidad en el marco del Plan Cóndor. Allí se confirmó el enjuiciamiento del ex dictador Luis García Meza, quien fue presidente de facto de Bolivia. Desde Ecuador, el Gobierno reveló que ese país también fue parte del plan criminal coordinado en las décadas del 70 y 80, estrategia represiva diseñada por Estados Unidos.

El ex dictador boliviano Luis García Meza Tejada será enjuiciado en el proceso que en Italia indaga sobre el Plan Cóndor en el continente americano, según notificó el juez Alessandro Arturi a cargo de las investigaciones preliminares, informó Bolivia TV. Actualmente se encuentra preso en La Paz en un hospital militar tras alegar problemas de salud. El ex presidente de facto fue condenado en 1995 a 30 años de prisión por crímenes en su país.

En total son 32 los imputados, ex integrantes de juntas militares y de servicios de seguridad de dictaduras suramericanas en sus respectivos países. En la primera audiencia en Italia sólo estuvo presente el ex miembro del Servicio de Inteligencia de la marina uruguaya, Jorge Néstor Troccoli.

De los demás 31 imputados- que serán juzgados en ausencia-  nueve están presos en sus países y el resto libres.  Son de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay , entre ellos: los bolivianos García Meza y su ex ministro de Interior, Luis Arce Gómez; los uruguayos Juan Carlos Blanco, ex ministro de Exteriores del gobierno de facto y el general Iván Paulós, jefe del Servicio de Informaciones de la Defensa (SID); los chilenos Sergio Arellano Stark y Daniel Aguirre Mora, dirigente de la Central Nacional de Inteligencia; los peruanos general Francisco Morales Bermúdez, presidente de Perú de 1975 a 1980 y el general y ex primer ministro Pedro Richter Prada.

El  “Plan Cóndor” fue un sistema de coordinación entre las dictaduras de Nuestraamérica bajo la promoción, amparo y coordinación de Estados Unidos. Se desarrolló entre los años 70 y 80 como parte de la estrategia imperialista y permitió la detención, el traslado, intercambio y desaparición de opositores en cualquiera de sus países.

También hay implicados militares argentinos, pero que son juzgados en su país: la investigación y enjuiciamiento están coordinados en tres módulos -Cóndor I,II y III -que a su vez se dividen en binomios que detallan el accionar de las fuerzas argentinas con sus pares de cada uno de los países. La primera etapa empezó a desarrollarse el 5 de marzo del 2013 contra 22 represores.

Desde la Cancillería argentina, estiman que el Plan Cóndor tuvo como víctimas a alrededor de 100 mil personas en América Latina. Desde el Gobierno de Cristina Fernández iniciaron un proceso de desclasificación de documentos que ya alcanzó 5 mil archivos de un total de 15 mil, citó la agencia Télam. De allí, se derivan pruebas que son utilizadas en los juicios: datos de víctimas, victimarios y de la coordinación criminal entre los distintos países implicados

Ecuador en la Operación

“Ecuador formó parte del Plan Cóndor”, reveló el fiscal general del Estado de ese país, Galo Chiriboga, en base a datos de un documento desclasificado por Estados Unidos. “A mediados de enero de 1978 Ecuador aceptó el Plan Cóndor, una organización antiterrorista compuesta por varios servicios de inteligencia de países sudamericanos”, citó un fragmento del archivo.

Según informó ante la Asamblea Nacional la semana pasada, la articulación habría sido a través de las Fuerzas Armadas con sus pares de Argentina y Chile –según demuestran hasta el momento los documentos-.  En ese marco, Chiriboga reclamó la falta de colaboración de EEUU en la extradición de personas solicitadas por la justicia ecuatoriana, en referencia a mandos policiales y militares que están en el país norteamericano y que ahora enfrentan procesos por su participación en violaciones a los derechos humanos, reprodujo El Telégrafo. Por ello, solicitó a la Asamblea una enmienda constitucional que permita juzgar en ausencia a los acusados.

En base a los documentos, se renovó la hipótesis de que la muerte del ex presidente Jaime Roldós –en 1981- fue una ejecución extrajudicial, y no un accidente de aviación como sostiene la versión instalada.






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