Los gobiernos deber铆an asegurar que sus leyes que criminalizan la pertenencia a organizaciones terroristas extranjeras cumplan con los est谩ndares de derechos humanos expuestos en un nuevo informe de las Naciones Unidas. En un informe a la Asamblea General de la ONU del 2 de noviembre de 2015, el Grupo de Trabajo sobre la Utilizaci贸n de Mercenarios se帽al贸 que algunas leyes recientes “limitan de manera desproporcionada” los derechos humanos y “ampl铆an innecesariamente” las facultades de vigilancia.
“Los pa铆ses deber铆an tener en cuenta las consideraciones del grupo de trabajo e impedir que sus medidas relativas a combatientes terroristas extranjeros se transformen en herramientas de represi贸n”, se帽al贸 Letta Tayler, investigadora s茅nior sobre terrorismo y lucha antiterrorista en Human Rights Watch. “Avasallar derechos y libertades fundamentales no es una forma aceptable de mantener segura a la poblaci贸n”.
El grupo de trabajo analiz贸 el incremento reciente en la cantidad de ciudadanos extranjeros que, en todo el mundo, se suman a las filas de organizaciones armadas extremistas, sobre todo en Irak y Siria. Gran parte de su informe eval煤a el impacto de leyes y pol铆ticas adoptadas en respuesta a la Resoluci贸n 2178 de septiembre de 2014 del Consejo de Seguridad de la ONU, que exige que todos los pa铆ses miembros de la ONU se cercioren de “tipificar delitos graves” para los ciudadanos que viajen o intenten viajar al exterior con la finalidad de convertirse en “combatientes terroristas extranjeros”.
“Los Estados han adoptado medidas que limitan desmesuradamente la libertad de circulaci贸n y el derecho a la nacionalidad, el debido proceso y la presunci贸n de inocencia”, se帽al贸 el informe del grupo de trabajo. Se encuentran en riesgo “actividades leg铆timas y no violentas de grupos o personas”.
Numerosos gobiernos han adoptado medidas que “ampl铆an innecesariamente las facultades de emergencia en materia de vigilancia, aprehensi贸n, detenci贸n, registro e incautaci贸n”, y esto atenta contra los derechos a la privacidad y al debido proceso, indic贸 el grupo de trabajo. A帽adi贸 adem谩s que algunas leyes no distinguen entre combatientes extranjeros que mantengan conductas l铆citas y aquellos que cometen actos terroristas.
La Resoluci贸n 2178 contribuye a esta “aplicaci贸n incorrecta”, al no explicar cu谩l es el significado de “terrorismo” o “terrorista”, dos t茅rminos para los cuales no existe una definici贸n jur铆dica universal, observ贸 el grupo de la ONU. La falta de consenso con respecto a estos t茅rminos permite que los pa铆ses apliquen definiciones excesivamente amplias o imprecisas a actos y grupos, que “violan el principio de legalidad”.
La resoluci贸n del Consejo de Seguridad, redactada principalmente por Estados Unidos, nombra a tres organizaciones – Estado Isl谩mico (conocido tambi茅n como ISIS), Al Qaeda y su brazo armado, el Frente Al-Nusra –, pero m谩s all谩 de estos, concede discrecionalidad a los gobiernos para que interpreten contra qui茅nes concentrar sus acciones. Tambi茅n exige que los pa铆ses miembros tipifiquen el reclutamiento y la financiaci贸n de organizaciones terroristas extranjeras, intercambien datos de inteligencia sobre presuntos combatientes terroristas y establezcan programas para prevenir el extremismo violento.
Al menos 34 pa铆ses han aprobado medidas contra los combatientes terroristas extranjeros desde 2013 que contienen una o m谩s disposiciones excesivamente amplias, en su mayor铆a como respuesta a la Resoluci贸n 2178, seg煤n ha concluido Human Rights Watch. Algunas disposiciones conflictivas son aquellas que permiten arbitrariamente imponer prohibiciones a la posibilidad de viajar, y tambi茅n la confiscaci贸n de pasaportes o documentos de identidad, la detenci贸n por per铆odos prolongados sin que medie una acusaci贸n formal ni un proceso judicial, los procedimientos penales que no se ventilan p煤blicamente y – en el Reino Unido – la revocaci贸n de la ciudadan铆a a personas que la adquirieron mediante naturalizaci贸n, incluso si esto implica que se conviertan en ap谩tridas.
El grupo de trabajo de la ONU manifest贸 consternaci贸n ante la posibilidad de que las medidas relativas a combatientes terroristas extranjeros puedan obstaculizar la provisi贸n de asistencia humanitaria en zonas de conflicto, al no excluir de la prohibici贸n de viajar a m茅dicos y otros trabajadores de asistencia que son indispensables para salvar vidas. La Resoluci贸n 2178 no recomienda a los gobiernos que prevean excepciones para la ayuda humanitaria al tipificar este tipo de viajes al extranjero.
Un informe publicado en octubre por el Programa de Derecho Internacional y Conflicto Armado de la Facultad de Derecho de Harvard determin贸 que apenas cuatro de 25 pa铆ses examinados – Australia, Canad谩, Nueva Zelandia y EE. UU. – exclu铆an de manera expresa una o m谩s modalidades de asistencia humanitaria de sus medidas antiterroristas. El informe de Harvard y Human Rights Watch han concluido que algunas de estas excepciones son insuficientes.
Los 贸rganos de la ONU, incluido el Comit茅 contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad, han alertado reiteradamente que las medidas antiterroristas que no respetan plenamente los derechos humanos y el estado de derecho propician el extremismo violento, se帽al贸 el grupo de trabajo. Inst贸 a los gobiernos de los pa铆ses y a la comunidad internacional a “hacer todo lo posible” por incorporar las garant铆as de derechos humanos a las iniciativas relativas a combatientes extranjeros. El grupo de trabajo tambi茅n identific贸 la necesidad de adoptar definiciones precisas de t茅rminos como “combatiente extranjero” y “terrorismo”.
Para colaborar con ese proceso, el Consejo de Seguridad deber铆a exigir que las definiciones de “terrorismo” y “actos terroristas” empleadas por los gobiernos para implementar directivas antiterroristas como la Resoluci贸n 2178 est茅n totalmente en consonancia con las normas internacionales en materia humanitaria, de derechos humanos y de refugiados, manifest贸 Human Rights Watch. Tales definiciones deber铆an excluir, por ejemplo, aquellos actos donde no est茅 presente la intencionalidad de provocar muertes o graves lesiones o tomar rehenes.
“El Consejo de Seguridad deber铆a abordar sin demora las riesgosas imprecisiones de la Resoluci贸n 2178, que podr铆an tener efectos contraproducentes y causar perjuicios sustanciales”, observ贸 Tayler. “Estados Unidos, como principal promotor de la resoluci贸n, deber铆a encabezar acciones que aseguren que el Consejo no fomente pr谩cticas abusivas”.
•elmercuriodigital•
“Los pa铆ses deber铆an tener en cuenta las consideraciones del grupo de trabajo e impedir que sus medidas relativas a combatientes terroristas extranjeros se transformen en herramientas de represi贸n”, se帽al贸 Letta Tayler, investigadora s茅nior sobre terrorismo y lucha antiterrorista en Human Rights Watch. “Avasallar derechos y libertades fundamentales no es una forma aceptable de mantener segura a la poblaci贸n”.
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| HRW/ Reuters |
El grupo de trabajo analiz贸 el incremento reciente en la cantidad de ciudadanos extranjeros que, en todo el mundo, se suman a las filas de organizaciones armadas extremistas, sobre todo en Irak y Siria. Gran parte de su informe eval煤a el impacto de leyes y pol铆ticas adoptadas en respuesta a la Resoluci贸n 2178 de septiembre de 2014 del Consejo de Seguridad de la ONU, que exige que todos los pa铆ses miembros de la ONU se cercioren de “tipificar delitos graves” para los ciudadanos que viajen o intenten viajar al exterior con la finalidad de convertirse en “combatientes terroristas extranjeros”.
“Los Estados han adoptado medidas que limitan desmesuradamente la libertad de circulaci贸n y el derecho a la nacionalidad, el debido proceso y la presunci贸n de inocencia”, se帽al贸 el informe del grupo de trabajo. Se encuentran en riesgo “actividades leg铆timas y no violentas de grupos o personas”.
Numerosos gobiernos han adoptado medidas que “ampl铆an innecesariamente las facultades de emergencia en materia de vigilancia, aprehensi贸n, detenci贸n, registro e incautaci贸n”, y esto atenta contra los derechos a la privacidad y al debido proceso, indic贸 el grupo de trabajo. A帽adi贸 adem谩s que algunas leyes no distinguen entre combatientes extranjeros que mantengan conductas l铆citas y aquellos que cometen actos terroristas.
La Resoluci贸n 2178 contribuye a esta “aplicaci贸n incorrecta”, al no explicar cu谩l es el significado de “terrorismo” o “terrorista”, dos t茅rminos para los cuales no existe una definici贸n jur铆dica universal, observ贸 el grupo de la ONU. La falta de consenso con respecto a estos t茅rminos permite que los pa铆ses apliquen definiciones excesivamente amplias o imprecisas a actos y grupos, que “violan el principio de legalidad”.
La resoluci贸n del Consejo de Seguridad, redactada principalmente por Estados Unidos, nombra a tres organizaciones – Estado Isl谩mico (conocido tambi茅n como ISIS), Al Qaeda y su brazo armado, el Frente Al-Nusra –, pero m谩s all谩 de estos, concede discrecionalidad a los gobiernos para que interpreten contra qui茅nes concentrar sus acciones. Tambi茅n exige que los pa铆ses miembros tipifiquen el reclutamiento y la financiaci贸n de organizaciones terroristas extranjeras, intercambien datos de inteligencia sobre presuntos combatientes terroristas y establezcan programas para prevenir el extremismo violento.
Al menos 34 pa铆ses han aprobado medidas contra los combatientes terroristas extranjeros desde 2013 que contienen una o m谩s disposiciones excesivamente amplias, en su mayor铆a como respuesta a la Resoluci贸n 2178, seg煤n ha concluido Human Rights Watch. Algunas disposiciones conflictivas son aquellas que permiten arbitrariamente imponer prohibiciones a la posibilidad de viajar, y tambi茅n la confiscaci贸n de pasaportes o documentos de identidad, la detenci贸n por per铆odos prolongados sin que medie una acusaci贸n formal ni un proceso judicial, los procedimientos penales que no se ventilan p煤blicamente y – en el Reino Unido – la revocaci贸n de la ciudadan铆a a personas que la adquirieron mediante naturalizaci贸n, incluso si esto implica que se conviertan en ap谩tridas.
El grupo de trabajo de la ONU manifest贸 consternaci贸n ante la posibilidad de que las medidas relativas a combatientes terroristas extranjeros puedan obstaculizar la provisi贸n de asistencia humanitaria en zonas de conflicto, al no excluir de la prohibici贸n de viajar a m茅dicos y otros trabajadores de asistencia que son indispensables para salvar vidas. La Resoluci贸n 2178 no recomienda a los gobiernos que prevean excepciones para la ayuda humanitaria al tipificar este tipo de viajes al extranjero.
Un informe publicado en octubre por el Programa de Derecho Internacional y Conflicto Armado de la Facultad de Derecho de Harvard determin贸 que apenas cuatro de 25 pa铆ses examinados – Australia, Canad谩, Nueva Zelandia y EE. UU. – exclu铆an de manera expresa una o m谩s modalidades de asistencia humanitaria de sus medidas antiterroristas. El informe de Harvard y Human Rights Watch han concluido que algunas de estas excepciones son insuficientes.
Los 贸rganos de la ONU, incluido el Comit茅 contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad, han alertado reiteradamente que las medidas antiterroristas que no respetan plenamente los derechos humanos y el estado de derecho propician el extremismo violento, se帽al贸 el grupo de trabajo. Inst贸 a los gobiernos de los pa铆ses y a la comunidad internacional a “hacer todo lo posible” por incorporar las garant铆as de derechos humanos a las iniciativas relativas a combatientes extranjeros. El grupo de trabajo tambi茅n identific贸 la necesidad de adoptar definiciones precisas de t茅rminos como “combatiente extranjero” y “terrorismo”.
Para colaborar con ese proceso, el Consejo de Seguridad deber铆a exigir que las definiciones de “terrorismo” y “actos terroristas” empleadas por los gobiernos para implementar directivas antiterroristas como la Resoluci贸n 2178 est茅n totalmente en consonancia con las normas internacionales en materia humanitaria, de derechos humanos y de refugiados, manifest贸 Human Rights Watch. Tales definiciones deber铆an excluir, por ejemplo, aquellos actos donde no est茅 presente la intencionalidad de provocar muertes o graves lesiones o tomar rehenes.
“El Consejo de Seguridad deber铆a abordar sin demora las riesgosas imprecisiones de la Resoluci贸n 2178, que podr铆an tener efectos contraproducentes y causar perjuicios sustanciales”, observ贸 Tayler. “Estados Unidos, como principal promotor de la resoluci贸n, deber铆a encabezar acciones que aseguren que el Consejo no fomente pr谩cticas abusivas”.
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