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Cruz Roja pide el esclarecimiento de las desapariciones en guerras, migraciones y desastres

30 de agosto: Día Internacional de las Personas Desaparecidas

•elmercuriodigital ▫ El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) pide a los gobiernos y la sociedad civil que  hagan más para elucidar la suerte que han corrido las personas desaparecidas en los conflictos o en otras circunstancias, y que presten un mayor apoyo a sus familias.

"Cualquiera que sea la causa de la desaparición –un conflicto, una situación de migración o un desastre–, el sufrimiento de la familia es el mismo", asegura Marianne Pecassou, que dirige el equipo del CICR encargado de la cuestión de las personas desaparecidas. "Es esencial ir recopilando la información de que se disponga sobre las personas desaparecidas y sobre cómo y dónde desaparecieron, pues en cualquier momento dicha información podría servir para dar respuestas a las familias", explica la señora Pecassou, con motivo del Día Internacional de los Desaparecidos, que se celebra el próxima 30 de agosto.

Sin embargo, aportar respuestas es una tarea que lleva mucho tiempo y a menudo imposible mientras el conflicto perdure. Para algunas familias, quizás nunca haya una respuesta definitiva. Mientras tanto, las familias necesitan apoyo en diversos ámbitos.

"Muy a menudo, sobre todo en situaciones de conflicto, el problema de los desaparecidos simplemente no se aborda. Los Gobiernos y otros actores deben velar por dar prioridad a esta cuestión y realizar más esfuerzos para afrontar las dificultades concretas y emocionales de las familias", dice la señora Pecassou.

La desaparición de un ser querido puede dejar a la familia sin apoyo económico y a veces esta tiene que destinar los escasos recursos que tiene para buscarlo. En muchos casos, la familia no quiere declarar el fallecimiento de una persona desaparecida y, por ende, no puede recibir los bienes o el salario de la persona", agrega la señora Pecassou.
Las familias también tienen problemas en el plano emocional y social. Pueden sentirse aisladas, tristes o marginadas y necesitar apoyo a largo plazo para superar las dificultades y retomar su vida.

El CICR brinda diversos tipos de apoyo, que abarcan programas de seguridad económica para ayudar a las familias a encontrar nuevos medios de subsistencia, asesoramiento jurídico y administrativo, apoyo emocional, y ayuda para tratar de saber lo que ha ocurrido a sus seres queridos y encontrar maneras de recordarlos.

Cientos de personas migrantes viven hacinadas en cárceles de Malawi sin haber cometido delito alguno

"El único delito que ha cometido la gran mayoría de esas personas es haber soñado con tener una vida mejor en Sudáfrica. No tiene ningún sentido que estén encerrados durante meses en una prisión de alta seguridad; no son culpables de nada"

•elmercuriodigital ▫ Haste el 21 de julio había 270 personas extranjeras en la Prisión Central de Maula en Lilongwe, capital de Malawi, entre las que había 232 etíopes encarceladas bajo la acusación de ser "migrantes ilegales".

© Luca Sola

Todas ellas afirman que estaban de camino a Sudáfrica en busca de oportunidades de trabajo. También se está encerrando a migrantes etíopes en otras cárceles del país; a día de hoy hay 63 migrantes en la prisión Nchisi y otros 32 en Dedza. Las personas migrantes etíopes son especialmente vulnerables. El equipo médico de MSF que trabaja en la clínica de la prisión ha observado las malas condiciones de salud en las que se encuentran todas estas personas a causa del largo y difícil viaje que han hecho, de una ingesta nutricional deficiente e insuficiente, de la pobreza y del aislamiento. Mientras que los presos regulares provenientes del propio Malawi cuentan con sus familias para complementar su alimentación y recibir otras formas de apoyo material, los migrantes etíopes carecen de estos mecanismos de apoyo adicionales, lo cual exacerba su vulnerabilidad. Muchos de ellos, presentan desnutrición, neumonía, paludismo grave y úlceras por presión. Recientemente, un grupo de etíopes inició una huelga de hambre de una semana en protesta por las condiciones en las que viven.

 "El único delito que ha cometido la gran mayoría de esas personas es haber soñado con tener una vida mejor en Sudáfrica. No tiene ningún sentido que estén encerrados durante meses en una prisión de alta seguridad; no son culpables de nada. Sin embargo, somos testigos del sufrimiento que están soportando: hacinamiento extremo, condiciones insalubres, alimentación inadecuada, así como el tormento mental de no saber cuándo o cómo van a ser puestos en libertad. La actual política para la gestión de los flujos migratorios en Malawi está teniendo consecuencias terribles sobre personas inocentes", explica Amaury Grégoire, coordinador general de MSF en Malawi.

Las autoridades penitenciarias afirman que el creciente número de migrantes que hay actualmente en la prisión de Maula ya se ha convertido en un grave problema. Y es que no solo se está encarcelando a un número de personas significativamente mayor este año, sino que no están siendo puestos en libertad. Se está creando un estrés adicional sobre un sistema ya de por sí sobrecargado. A juzgar por las conversaciones con los funcionarios del gobierno de Malawi, parece que hay una preocupación creciente de que, dados ciertos patrones de migración en el sur de África, el problema de los migrantes indocumentados que transitan por Malawi probablemente aumente con el tiempo. Superpoblación

MSF ve con preocupación el impacto que puede llegar a tener esta enorme superpoblación en las prisiones de Malawi; ya no sólo para los migrantes, sino para todos los reclusos. Los residentes de las prisiones no tienen espacio para dormir o para guardar sus pertenencias debido a que la prisión sobrepasa en 3 veces su capacidad prevista (en la actualidad hay unos 2.650 reclusos en la prisión de Maula y cerca de 2.000 más en la prisión de Chichiri, en Blantyre; ambas se construyeron para unas 800 personas). Hay una media de 147 reclusos en cada celda, que están diseñadas para albergar de 50 a 60 personas. Los presos tienen tan poco espacio físico disponible que pasan las noches apoyados los unos contra los otros, sentados sobre un suelo de cemento y sin poder tumbarse. Tan sólo dormitan porque en esas condiciones es imposible descansar adecuadamente. Otra de las consecuencias de este hacinamiento son los casos graves de úlceras por presión que los equipos de MSF atienden de manera constante.

El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y los Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT) recomienda el uso de unos 4m²/persona como referencia de lo que sería una medida útil para no caer en niveles totalmente inaceptables de hacinamiento. La realidad en Malawi es que la mayoría de los internos tienen menos de 0,5 metros cuadrados para vivir, a pesar de que muchos estarán encarcelados durante años.

MSF urge a las autoridades penitenciarias a que adapten sus condiciones de detención y a que proporcionen un trato más humano a todos los reclusos, ya sean migrantes o no, proporcionándoles un espacio digno para vivir.

La alimentación inadecuada conduce a altos niveles de desnutrición La nutrición es una preocupación importante en la prisión de Maula, pues los reclusos reciben un suministro inadecuado de alimentos en términos de cantidad, valor nutricional e ingesta de calorías. Los presos en Maula comen sólo una vez al día, normalmente un plato de Nsima (harina de maíz), que a veces viene acompañado de judías o de verduras. Las proteínas son casi inexistentes en la dieta que las autoridades proporcionan a los reclusos y el grupo de Etiopía en particular está sufriendo de enfermedades de la piel relacionadas con la falta de proteínas, debido a que el alimento básico de Malawi es incompatible con sus hábitos alimenticios tradicionales (el alimento básico de Etiopía es la injera, una torta de harina rica en proteínas). En junio, MSF proporcionó suplementos alimenticios terapéuticos a 18 internos con desnutrición grave o moderada en Maula. Mientras los presos provenientes de Malawi cuentan con sus familias para complementar su alimentación y recibir otras formas de apoyo material, los migrantes carecen de estos mecanismos de apoyo adicionales, lo cual exacerba su vulnerabilidad.

Enfermedades infecciosas y problemas de agua y saneamiento El agua y el saneamiento de la cárcel representan otro grave problema, ya que los estándares ofrecidos están muy por debajo de los requisitos mínimos definidos por los organismos humanitarios durante una emergencia aguda. En la prisión de Maula hay un grifo para cada 900 personas, cuando el requisito mínimo durante una emergencia es un grifo por cada 200-250 personas. Los reclusos cuentan con una letrina para cada 120 personas, en lugar del mínimo establecido, que es de una letrina por cada 20-50 personas. El control infecciones y la ventilación dentro de las celdas son deficientes, y en esas condiciones las enfermedades son propensas a propagarse rápidamente. Las enfermedades infecciosas, como es el caso de la tuberculosis, se transmiten a través del contacto cercano y son difíciles de controlar. Las afecciones dermatológicas en unas condiciones de hacinamiento como estas son también muy frecuentes. La mayoría de las consultas que recibe MSF son por casos de malaria, infección del tracto urinario, diarrea, enfermedades de transmisión sexual y dolencias de la piel (por lo general, sarna). La salud mental es otro de los problemas de salud más graves con los que se encuentran los equipos médicos de la organización. Durante un cuestionario reciente llevado a cabo por MSF, el 45% de los internos mencionó haber tenido pensamientos de quitarse la vida desde que ingresó en la prisión. Actividades de MSF en las cárceles de Malawi Desde septiembre 2014, MSF trabaja de manera permanente en dos de las cuatro prisiones centrales de Malawi: la prisión de Maula, en la capital Lilongwe (la más grande del país con 2.650 reclusos que cumplen condenas cortas y largas), y Chichiri, en la sureña ciudad de Blantyre (2.000 reclusos, condenados con penas de duración media y también un número importante de presos preventivos en espera de juicio). El equipo médico de MSF se compone de 4 miembros en cada sitio. MSF inició su intervención en las prisiones de Maula y Chichiri para hacer frente a las necesidades de un grupo de población que estaba desatendido y que sufría un riesgo extremadamente alto de sufrir y provocar la transmisión del VIH y la tuberculosis (TB). MSF emplea a un oficial de clínica y a una enfermera que trabajan codo con codo con los médicos de la prisión para proporcionar atención médica a todos los reclusos y el personal penitenciario. La clínica de MSF proporciona asesoramiento en las áreas concretas de VIH/TB y la gestión médica de las enfermedades de transmisión sexual. MSF presta además servicios de laboratorio y ha adquirido varias máquinas GeneXpert para ayudar en el diagnóstico de la tuberculosis. Un promotor de la salud de MSF lleva a cabo actividades de sensibilización en la prisión de Maula, haciendo pruebas de Hepatitis B/VIH/TB a los pacientes, explicando a los reclusos la importancia de seguir el tratamiento y educando a todo el mundo sobre los comportamientos que deben evitar dentro de los centros penitenciarios. MSF también ha comenzado a trabajar para mejorar el saneamiento y la distribución de agua en ambas cárceles, ya que la situación actual en este apartado es crítica e inaceptable. Desde el punto de vista de MSF, las sentencias inadecuadas, la representación legal deficiente o nula que tienen los presos (especialmente las personas en prisión preventiva), la falta de instalaciones suficientes para menores, las violaciones y la violencia que ejercen determinados grupos sobre algunos reclusos exigen una respuesta adecuada que debe incluir la reforma penitenciaria en Malawi y en otros países africanos. La organización exige que otros organismos internacionales y ONG se involucren para mejorar la infraestructura carcelaria, con una dedicación especial sobre el agua y el saneamiento, y en proporcionar más espacio vital a los reclusos.

ACNUR llama a distinguir entre personas refugiadas y migrantes

Las personas migrantes eligen trasladarse no a causa de una amenaza directa de persecución o muerte, sino principalmente para mejorar sus vidas al encontrar trabajo o educación, por reunificación familiar, o por otras razones. A diferencia de las personas refugiadas, quienes no pueden volver a su país, las migrantes continúan recibiendo la protección de su gobierno

•elmercuriodigital ▫ Adrian Edwards, Ginebra. ACNUR.- Con alrededor de 60 millones de personas desplazadas forzosamente a nivel mundial y las travesías en embarcaciones precarias por el Mediterráneo en los titulares de los periódicos casi a diario, se está volviendo cada vez más común ver los términos ‘refugiado’ y ‘migrante’ intercambiados en el discurso mediático y público. Pero, ¿hay una diferencia entre ellos? ¿Y esa diferencia es importante?

Sí, hay una diferencia y sí, es importante. Los dos términos tienen significados diferentes y confundirlos conlleva problemas para ambas poblaciones. A continuación se explica por qué:

Los refugiados son personas que huyen de conflictos armados o persecución. Con frecuencia, su situación es tan peligrosa e intolerable que deben cruzar fronteras internacionales para buscar seguridad en los países cercanos y, entonces, convertirse en ‘refugiados’ reconocidos internacionalmente, con acceso a la asistencia de los Estados, el ACNUR y otras organizaciones. Son reconocidos como tal, precisamente porque es muy peligroso para ellos volver su país y necesitan asilo en algún otro lugar. Para estas personas, la denegación del asilo tiene potencialmente consecuencias mortales.

El derecho internacional define y protege a los refugiados. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, así como otros instrumentos legales, tales como la Convención de la OUA por la que se regulan los aspectos específicos de problemas de los refugiados en África de 1969, o la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984, continúan siendo la piedra angular de la moderna protección de los refugiados. Los principios legales que engloban han permeado innumerables leyes y costumbres internacionales, regionales y nacionales. La Convención de 1951 define quién es un refugiado y delimita los derechos básicos que los Estados deben garantizar a los refugiados. Uno de los principios fundamentales establecidos en el derecho internacional es que los refugiados no deben ser expulsados o devueltos a situaciones en las que su vida y libertad están en peligro.

© ACNUR/ A.McConnell


La protección de los refugiados tiene muchos ángulos, estos incluyen la protección contra la devolución a los peligros de los cuales han huido; el acceso a procedimientos de asilo justos y eficientes; y medidas que garanticen que sus derechos humanos básicos sean respetados, que les permitan vivir en condiciones dignas y seguras, y que los ayuden a encontrar una solución a más largo plazo. Los Estados tienen la responsabilidad primordial de esta protección. Por lo tanto, el ACNUR trabaja de forma cercana con los gobiernos, asesorándolos y apoyándolos en lo que necesiten para implementar sus responsabilidades.

Los migrantes eligen trasladarse no a causa de una amenaza directa de persecución o muerte, sino principalmente para mejorar sus vidas al encontrar trabajo o educación, por reunificación familiar, o por otras razones. A diferencia de los refugiados, quienes no pueden volver a su país, los migrantes continúan recibiendo la protección de su gobierno.

Para los gobiernos esta distinción es importante. Los países tratan a los migrantes de conformidad con su propia legislación y procedimientos en materia de inmigración, mientras tratan a los refugiados aplicando normas sobre el asilo y la protección de los refugiados, que están definidas tanto en su legislación nacional, como en el derecho internacional. Los países tienen responsabilidades específicas hacia cualquier persona que solicite asilo en su territorio o en sus fronteras. El ACNUR ayuda a los países a enfrentar sus responsabilidades de asilo y protección.

La política tiene forma de intervenir en estos debates. Confundir refugiados y migrantes puede tener serias consecuencias en la vida y la seguridad de los refugiados. Mezclar los dos términos desvía la atención de las salvaguardas legales específicas que los refugiados requieren. Puede perjudicar el apoyo público hacia los refugiados y la institución del asilo en un momento en que más refugiados que nunca necesitan dicha protección. Necesitamos tratar a todos los seres humanos con respeto y dignidad. Necesitamos asegurarnos de que los derechos humanos de los migrantes sean respetados. Al mismo tiempo, también necesitamos proveer una respuesta legal adecuada para los refugiados, debido a su problemática particular.

Regresando a Europa y al gran número de personas que han llegado este año y el año pasado en embarcaciones a Grecia, Italia y demás lugares. ¿Quiénes son ellos? ¿Refugiados o migrantes?

De hecho, son ambos. La mayoría de las personas que han llegado este año a Italia y Grecia, en particular, proceden de países afectados por la guerra o que son considerados como países expulsores de refugiados, y por lo tanto requieren protección internacional. Sin embargo, una parte más pequeña de ellos procede de otros lugares y para muchas de estas personas el término ‘migrante’ sería el más apropiado.

Por lo tanto, en el ACNUR decimos ‘refugiados y migrantes’ cuando nos referimos a movimientos de personas por mar o en otras circunstancias, en donde creemos que ambos grupos puedan estar presentes -las travesías marítimas en el sudeste de Asia son otro ejemplo. Decimos ‘refugiados’ cuando nos referimos a personas que huyen de la guerra o persecución y han cruzado una frontera internacional. Y decimos ‘migrantes’ cuando nos referimos a personas que se trasladan por razones no incluidas en la definición legal de refugiado. Esperamos que otros acepten hacer lo mismo. Elegir las palabras adecuadas es importante.

ONU convoca a "líderes" mundiales el 30 de septiembre para abordar el drama de las personas migrantes y las refugiadas

Ban Ki-moon se muestra "horrorizado" por la muerte de migrantes en el Mediterráneo y Europa

•elmercuriodigital ▫ El Secretario General de la ONU manifestó sentirse “horrorizado y desconsolado” por la pérdida de vidas de personas migrantes y refugiadas en el Mediterráneo y en Europa y pidió a los gobiernos implicados que ofrezcan respuestas amplias a esta crisis.

“Esta es una tragedia humana que requiere una decidida respuesta política colectiva. Es una crisis de solidaridad, no una crisis de cifras”, manifestó Ban Ki-moon en declaraciones a la televisión de la ONU.

El Titular de la ONU aludió al descubrimiento, el jueves, de más de 70 cadáveres en un camión abandonado cerca de la frontera austro-húngara y reportes indican que eran refugiados sirios en busca de asilo. Agregó que en días recientes también hubo noticias alusivas a la muerte de cientos de refugiados que se ahogaron durante su travesía por mar.



Ban señaló que estas tragedias “subrayan la crueldad de los contrabandistas y traficantes de personas cuyas actividades criminales se extienden desde el mar de Andaman hasta el Mediterráneo y las autopistas de Europa. También muestra la desesperación de la gente que busca protección o una nueva vida”.

El Secretario General recordó que la mayoría de esta gente que arriesga su vida son refugiados procedentes de Siria, Afganistán e Irak, y agregó que los Estados no pueden hacer distinciones entre los solicitantes de asilo en base a su religión o identidad u obligarles a regresar a sus países.

El Titular de la ONU resaltó además que el elevado número de migrantes y refugiados son síntoma de problemas más hondos, incluidos conflictos que no cesan, violaciones de derechos humanos o represión.

Ban considera que, además de asumir sus obligaciones, la comunidad internacional debe mostrar también más determinación en resolver estos y otros conflictos que obligan a la gente a huir.

El Secretario General afirmó que estos temas serán objeto de atención y tendrán prioridad cuando se reúnan los líderes mundiales en Nueva York para la Asamblea General y precisó que está organizando una reunión especial, el 30 de septiembre, dedicada a estos problemas globales.

AI denuncia la tortura bajo custodia y reclusión sin cargos de un hombre libio en Emiratos Árabes Unidos

"Está detenido desde el 29 de agosto de 2014. Tras su detención pasó varios meses recluido en secreto, y se cree que ha sido torturado o sometido a otros malos tratos bajo custodia. Parece que su estado de salud se está deteriorando rápidamente y que se le niega la debida atención médica"

•elmercuriodigital ▫ "El caso de Salim al-Aradi, de doble nacionalidad, libia y canadiense, que lleva un año recluido sin cargos, pone de relieve la represión generalizada de las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU)", ha manifestado Amnistía Internacional.

Está detenido desde el 29 de agosto de 2014. Tras su detención pasó varios meses recluido en secreto, y se cree que ha sido torturado o sometido a otros malos tratos bajo custodia. Parece que su estado de salud se está deteriorando rápidamente y que se le niega la debida atención médica.

Salim al-Aradi © Private

"El trato ilegal de Salim al-Aradi pone de manifiesto las tácticas extremas a que recurren las autoridades emiratíes con la excusa de proteger la seguridad nacional", ha señalado Said Boumedouha, director adjunto del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“Encerrar a alguien sin cargos durante un año entero es manifiestamente injusto y constituye una violación muy grave de sus derechos humanos. Salim al-Aradi debe ser puesto en libertad de inmediato si no está acusado de ningún delito reconocible internacionalmente.”

Salim al-Aradi fue detenido la madrugada del 29 de agosto de 2014 en Dubai. La policía no dio ninguna explicación, pero se cree que las autoridades sospechan que tiene vínculos con la Hermandad Musulmana. Su familia ha dicho a Amnistía Internacional que no tiene actividades políticas ni es miembro de la Hermandad Musulmana. Lleva varios años viviendo en EAU.

Horas antes de su detención, su hermano, Mohamed al-Aradi, había sido citado por la policía para interrogarlo. Pasó entonces casi cuatro meses recluido en secreto, antes de ser expulsado del país y enviado a Turquía sin que le dieran ninguna explicación sobre por qué lo habían detenido. Al menos 10 libios, entre ellos ambos hermanos, fueron detenidos el EAU en el lapso de un mes.

Mohamed al-Aradi también dijo haber sufrido tortura y otros malos tratos, como palizas y privación del sueño, bajo custodia. Se le negó el acceso a su familia y a abogados. Describió así, a Amnistía Internacional, el tiempo que pasó detenido:

“La tortura era sistemática. Había muchas salas distintas, cada una con un interrogador diferente. Trabajaban por turnos, así que estaba dos horas con cada interrogador antes de pasar a la sala siguiente con el interrogador siguiente.

“Me golpearon por todas partes. Cada día se centraban en golpearme en una parte del cuerpo [...] Me sentaron en una silla eléctrica y quisieron aplicarme descargas eléctricas. Lo único que les detuvo fue una barra de metal que tengo en la rodilla, si no las descargas me habrían matado. Así que me sometieron a un simulacro de ahogamiento.

“Lo primero que me preguntaron fue: '¿eres miembro de la Hermandad Musulmana?' Tras dos largos días de interrogatorios, palizas y falta de sueño, incluso empecé a dudar de mi cordura." Una vez, cuando lo estaban interrogando, oyó a su hermano Salim gritar en otra sala.

“Los interrogadores me dijeron: ‘¿oyes eso? Es tu hermano gritando’”, explicó a Amnistía Internacional.

“Al reclamar mis derechos me dijeron que estaba en un lugar donde los derechos no existen.”

Salim al-Aradi sufre una dolencia de la columna vertebral que le provoca dolor de espalda crónico y que se ha agravado como consecuencia de su detención. Se le niega la debida atención médica.

Sólo se ha permitido a su esposa verlo una vez desde que lo trasladaron a la prisión de Al Wathba, en Abu Dabi. Ha contado que cuando lo vio había perdido mucho peso y tenía una marca de quemadura en la mano, lo que indicaba que podría haber sufrido tortura u otros malos tratos.

Salim al-Aradi figura entre decenas de ciudadanos extranjeros que han sido sometidos a desaparición forzada durante meses y recluidos sin cargos en EAU.

“Las autoridades emiratíes han detenido a decenas de personas por mero capricho, incluso no habiendo ningún indicio de que hubieran hecho algo malo. Sin respetar ninguna regla, está pisoteando todos los derechos de estas personas"·, ha afirmado Said Boumedouha.

"Las autoridades de EAU simplemente niegan hacer nada impropio. Han hecho caso omiso de las peticiones formuladas por los expertos de derechos humanos de la ONU para que realicen investigaciones independientes sobre las denuncias de tortura y continúan mostrando un absoluto desprecio por el debido proceso y el respeto de la ley en lo que se refiere a los activistas partidarios de la reforma y los ciudadanos extranjeros."

La comunidad internacional suele hacer oídos sordos ante el espantoso historial de EAU en materia de derechos humanos, que raras veces recibe la atención de los medios de comunicación.

Salim al-Aradi forma parte de un grupo de 10 empresarios libios que han pasado varios meses detenidos en secreto. Cuatro de ellos fueron puestos en libertad en diciembre de 2014 y expulsados a Turquía. Los restantes continúan detenidos arbitrariamente y sin cargos. Entre ellos figura Kamal al-Darat, libio estadounidense que es el de más edad de los seis y que también sufre problemas graves de salud.

Organizaciones piden una investigación sobre los homicidios de civiles de Afganistán

Fuerzas armadas estadounidenses han reanudado una investigación sobre la unidad de las Fuerzas Especiales presuntamente responsable de ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas entre noviembre de 2012 y febrero de 2013. Esta unidad supuestamente mató hasta un total de 18 personas en los distritos de Nerkh y Maidan Shahr de la provincia de Wardak

•elmercuriodigital ▫ "Las autoridades estadounidenses deben garantizar que la investigación de la presunta masacre de unos 18 civiles afganos a manos de las Fuerzas Especiales Estadounidenses es rigurosa y exhaustiva", ha manifestado Amnistía Internacional. "Las víctimas afganas y sus familiares deben obtener la justicia y reparación que merecen".

Según información publicada en medios de comunicación, las fuerzas armadas estadounidenses han reanudado una investigación sobre la unidad de las Fuerzas Especiales presuntamente responsable de ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas entre noviembre de 2012 y febrero de 2013. Esta unidad presuntamente mató hasta un total de 18 personas en los distritos de Nerkh y Maidan Shahr de la provincia de Wardak.

"Aunque llega con bastante retraso, la iniciativa de las autoridades militares de Estados Unidos se considera muy positiva. Es un escándalo que los familiares de las víctimas afganas sigan esperando justicia a pesar de los abrumadores indicios de que los homicidios de Nerkh y Maidan Shahr constituyeron crímenes de guerra", ha dicho Richard Bennett, director del Programa de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía.

“Los investigadores deben llevar a cabo una investigación rigurosa y exhaustiva, incluidas entrevistas con personas que estuvieron bajo custodia de la unidad y familiares de las víctimas de homicidio. Asimismo es fundamental que se informe a las familias de los avances de la investigación."

Amnistía Internacional documentó los homicidios en un importante informe de 2014 sobre la ausencia de rendición de cuentas por las víctimas civiles que causaron las fuerzas militares internacionales en Afganistán. La organización encontró "indicios abundantes y convincentes de crímenes de guerra" en el caso de Nerkh y Maidan Shahr.

El informe concluía que el sistema de justicia militar estadounidense, profundamente defectuoso, no brindaba a las víctimas afganas una oportunidad justa de obtener justicia. No se han exigido responsabilidades penales a nadie en ninguno de los 10 casos investigados en el informe, relativos a la matanza de al menos 140 civiles, entre ellos al menos 50 niños.
“Este caso, pese a ser muy grave, sólo es uno de tantos. Hemos visto una y otra vez cómo el sistema de justicia militar estadounidense no investiga y enjuicia con prontitud e imparcialidad violaciones graves del derecho internacional humanitario", ha afirmado Richard Bennett.

Víctimas que fueron detenidos por las Fuerzas Especiales de EEUU entre noviembre de 2012 y enero de 2013 © AI


En 2014, Amnistía Internacional entrevistó a 10 testigos presenciales de los crímenes que han motivado la investigación, entre ellos 4 que habían sido detenidos por la unidad de las Fuerzas Especiales.
Un ex detenido que afirmó haber estado 45 días bajo custodia de la unidad en el puesto avanzado de combate de Nerkh describió una amplia variedad de técnicas de tortura empleadas por la unidad, incluidas descargas eléctricas, simulacros de ahogamiento y de enterramiento y graves palizas.
Este ex preso aseguró que había presenciado el homicidio de otro interno llamado Sayed Muhammed. A Muhammed lo mató a golpes un estadounidense, según contó, "un tipo grande con barba rojiza muy poblada y ojos verdes".
El ex preso había sido entrevistado por un investigador militar estadounidense un par de meses antes de que Amnistía Internacional hablara con él.
Familiares de otros presos cuyos cadáveres aparecieron posteriormente en las inmediaciones del puesto avanzado de combate de Nerkh contaron a Amnistía Internacional que sus seres queridos habían sido detenidos en redadas efectuadas por miembros de las Fuerzas Especiales.
El Destacamento Operativo Alfa, o "Equipo A", responsable de los crímenes cometidos, era la unidad de élite ODA 3124, que, según informes, estaba integrada por 12 soldados estadounidenses que trabajaban en estrecha colaboración con miembros de las fuerzas especiales afganas. El periodista Matthieu Aikins hizo una importante exposición de los homicidios en un artículo que se publicó en la revista Rolling Stone en noviembre de 2013.
Los presuntos crímenes cometidos por esta unidad de élite están siendo investigados por el Mando de Investigación Penal del Ejército de Estados Unidos. Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por las numerosas deficiencias del proceso de justicia militar y la falta de independencia de los responsables de la decisión fundamental de acusar en tales casos.
La decisión de acusar en los casos donde hay víctimas civiles debe recaer en civiles que sean independientes de la cadena de mando del ejército. El primer paso debe ser la reforma del reglamento de justicia militar para que la decisión de procesar a un miembro de las fuerzas armadas recaiga en un fiscal independiente fuera de la cadena de mando del ejército.

Protestan en Japón contra la construcción de almacén de residuos radiactivos

Los residuos radiactivos se guardan en 170 almacenes temporales

•elmercuriodigital ▫ Agencias.- Cerca de 2.700 personas marcharon en contra de la construcción de un almacén de residuos radiactivos tuvo lugar este sábado cerca del poblado de Shioya, en la prefectura japonesa de Tochigi, informó la cadena TBS.

© AFP 2015/ KAZUHIRO NOGI

Con carteles y pancartas que decían "¡Juntos contra!", firmaron una petición exigiendo cancelar la construcción del almacén.

Según un organizador de las protestas, "hay que proteger la rica naturaleza de esta región" y lograr la anulación de la decisión del Gobierno japonés.

A finales de julio el Ministerio de Medio Ambiente eligió Shioya como emplazamiento del futuro almacén provocando protestas.

Ahora en la prefectura de Tochigi, indicó la agencia Kyodo, los residuos radiactivos se guardan en 170 almacenes temporales.

El 11 de marzo de 2011, un terremoto de magnitud 9,0 y el posterior tsunami azotaron la prefectura de Fukushima, en el noreste de Japón, provocando el mayor desastre nuclear desde el accidente de Chernóbil.










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