Un equipo de investigación de Amnistía Internacional que acaba de regresar de Túnez halló que las fuerzas de seguridad habían empleado una fuerza desproporcionada para dispersar a los manifestantes y que en algunos casos habían disparado contra manifestantes y transeúntes que huían.
Según testimonios médicos a los que ha tenido acceso el equipo de investigación, algunos manifestantes recibieron disparos por la espalda en Kasserine y Thala, lo que indica que estaban huyendo. Por otro lado, en Kasserine, Thala, Túnez y Regueb hubo manifestantes que murieron de un solo disparo en el pecho o la cabeza, lo que indicaría una intención deliberada de matar.
“Estos escandalosos datos confirman que las fuerzas de seguridad tunecinas usaron medios letales para sofocar el descontento y disuadir a los manifestantes”, ha declarado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“El hecho de que algunos de los fallecidos estaban claramente huyendo muestra un desprecio flagrante por la vida de las personas. Las autoridades deben garantizar, de forma prioritaria y urgente, que las fuerzas que están a sus órdenes actúan con contención y respeto a la seguridad pública.”
El equipo de investigación concluyó asimismo que aunque algunos manifestantes actuaron con violencia, las fuerzas de seguridad emplearon una fuerza desproporcionada para dispersar las manifestaciones y recurrieron a la fuerza letal cuando no era estrictamente necesaria, pues utilizaron ampliamente gas lacrimógeno, balas de goma y munición real incluso cuando los manifestantes eran pacíficos. También usaron porras para pegar a los manifestantes.
Los testigos declararon a Amnistía Internacional que era imposible que algunas de las personas fallecidas representaran una amenaza para las vidas de las fuerzas de seguridad. Otras víctimas ni siquiera participaban en las protestas.
Manal Bou’alagi, de 26 años y madre de dos hijos, fue tiroteada en el pecho la tarde del 9 de enero en la ciudad de Regueb, en la región central de Túnez, cuando regresaba a su casa después de visitar a su madre. Un médico que la examinó dijo a Amnistía Internacional que el ángulo de las heridas de bala indicaba que había sido alcanzada por un francotirador que disparó desde un edificio cercano.
La madre de Manal, Chadia, está resuelta a que se haga justicia: “He perdido a una hija y mis nietos han quedado huérfanos. Quiero que las personas responsables de la muerte de Manal respondan realmente ante justicia por lo que nos han hecho.”
La organización también encontró indicios de que muchas de las personas detenidas en relación con los disturbios fueron torturadas o sometidas a otros malos tratos bajo custodia. Algunos detenidos recibieron golpes con porras o puntapiés, mientras que otros fueron obligados a permanecer horas de rodillas de cara a la pared.
Un joven de 21 años que desea permanecer en el anonimato dijo a Amnistía Internacional que tras ser arrestado en Túnez el 14 de enero, estuvo detenido en el Ministerio del Interior junto con otras 30 personas, entre las que había 10 mujeres jóvenes.
El joven declaró al equipo de investigación de Amnistía Internacional que las fuerzas de seguridad le habían pegado con porras en todo el cuerpo. Al final le pusieron en libertad sin cargos, aunque le advirtieron de que no participara en más protestas. Para entonces el ex presidente Ben Ali ya había salido del país.
Amnistía Internacional ha expresado su satisfacción ante el anuncio del gobierno provisional de la creación de una comisión independiente para investigar las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad en las últimas semanas.
No obstante, la organización ha pedido esta semana, en su Agenda de Derechos Humanos para el Cambio, que las autoridades adopten otras medidas urgentes y de gran alcance, incluida una revisión fundamental del represivo aparato de seguridad y del sistema de justicia del país.
“Las familias de las personas fallecidas deben tener acceso a la justicia, lo que sólo se puede lograr mediante una investigación adecuada con facultades para obligar a testificar a los funcionarios”, ha afirmado Hassiba Hadj Sahraoui.
“Mientras tanto, cualquier funcionario contra el que existan sospechas razonables de que ha cometido violaciones de derechos humanos debe ser suspendido de servicio. Hay que demostrar a los tunecinos que la cultura de abusos pertenece al pasado.”
Una delegación de Amnistía Internacional visitó Túnez del 14 al 22 de febrero y se reunió con familiares de personas fallecidas en los disturbios, personas heridas durante las protestas, otros testigos y ex detenidos, así como con abogados, defensores y defensoras de los derechos humanos, sindicalistas y profesionales de la medicina. La delegación viajó a Hammamat, Bizerte, Regueb, Thala y Kasserine. La mayoría de los casos documentados en su informe se produjeron entre el 8 y el 13 de enero. El informe completo con todos los detalles de la visita se publicará en febrero.
El 24 de enero, Amnistía Internacional hizo público el documento titulado Túnez: Agenda de Derechos Humanos para el Cambio, en el que pide a las autoridades tunecinas reformas fundamentales y duraderas, y que rompan con el legado de Ben Ali de décadas de abusos.
