Por Pascual Serrano
El gobierno espa帽ol ha destinado 24 millones de euros a comprar fincas del entorno de Las Tablas de Daimiel para evitar que, desde ellas, se fueran extrayendo nada menos que 4.200 millones de litros de agua cada a帽o provocando la destrucci贸n del humedal y el consiguiente desastre ecol贸gico (P煤blico, 15-1-2011). Sin duda hubiera sido peor no hacer nada, hasta tenemos que dar gracias a la Administraci贸n, pero vale la pena reflexionar un poco sobre la cuesti贸n. Lo que descubrimos es que, al final, el 煤nico modo que existe en el capitalismo para resolver problemas es el dinero. Ni los Estados pueden hacer pol铆tica alguna si no es comprando y pagando.
En el caso de Las Tablas de Daimiel, en la provincia de Ciudad Real, se descart贸 establecer una legislaci贸n que impidiera a los propietarios de los terrenos adyacentes extraer agua de los acu铆feros que pudiera terminar con un parque natural cuyo valor ecol贸gico ha merecido la visita de 400.000 turistas en 2010. Tampoco se plante贸 una expropiaci贸n (por supuesto, con indemnizaci贸n) justificada por razones de inter茅s com煤n. Adem谩s los ecologistas denuncian la existencia de miles de pozos ilegales alrededor de Las Lablas contra los que no se toman medidas. Hoy quedan 10.000 en el acu铆fero 23, seg煤n WWF. Sin embargo, la acci贸n del gobierno ha sido comprar a los due帽os de las tierras por el precio que ellos quisieron. Por ejemplo, la Administraci贸n debi贸 pagar 14 millones del erario p煤blico para comprarle a una familia de terratenientes la finca La Duquesa, nada menos que 565 hect谩reas que colindaban con el Parque Nacional y desde las cuales se extra铆an 2'3 hect贸metros c煤bicos de agua a los humedales cada a帽o. Si los terratenientes no estuvieran destruyendo las tablas de Daimiel no hubieran podido vender a ese precio, gracias a su atentado al bien com煤n han conseguido hacer un buen negocio de la mano de un gobierno que solo con la chequera puede atreverse a defender el inter茅s p煤blico.
Se pueden extraer varias conclusiones. La primera es que estamos haciendo una sociedad en que el Estado tiene s贸lo el poder y el derecho del dinero que posea, es decir, como los ciudadanos. Somos lo que nuestra cartera pueda pagar. De nada sirven derechos y libertades si no se dispone de dinero para “comprarlos”. Si el ministerio espa帽ol no dispusiese de los 24 millones de euros, unos latifundistas se hubieran cargado un parque natural declarado bien p煤blico -que adem谩s no era suyo- con todas las de la ley. La segunda conclusi贸n es que hacer da帽o al bien com煤n puede ser rentable: llega el gobierno y te paga para que dejes de cometer el crimen. Al fin y al cabo ya se hizo comprando en Almer铆a un hotel que violaba la ley de costas, la comunidad aut贸noma le pag贸 a los due帽os para poder demolerlo. El pr贸ximo paso puede ser comprar una empresa contaminante para que no termine con un r铆o. El empresario contaminador har铆a entonces mejor negocio que si su empresa no da帽ara al mediambiente.
Hemos convertido el imperio de la ley y el poder p煤blico en un talonario de cheques, s贸lo mediante los fondos que puedan aportar pueden proporcionar derechos colectivos o responder al inter茅s p煤blico. Es el turbocapitalismo.
El gobierno espa帽ol ha destinado 24 millones de euros a comprar fincas del entorno de Las Tablas de Daimiel para evitar que, desde ellas, se fueran extrayendo nada menos que 4.200 millones de litros de agua cada a帽o provocando la destrucci贸n del humedal y el consiguiente desastre ecol贸gico (P煤blico, 15-1-2011). Sin duda hubiera sido peor no hacer nada, hasta tenemos que dar gracias a la Administraci贸n, pero vale la pena reflexionar un poco sobre la cuesti贸n. Lo que descubrimos es que, al final, el 煤nico modo que existe en el capitalismo para resolver problemas es el dinero. Ni los Estados pueden hacer pol铆tica alguna si no es comprando y pagando.
En el caso de Las Tablas de Daimiel, en la provincia de Ciudad Real, se descart贸 establecer una legislaci贸n que impidiera a los propietarios de los terrenos adyacentes extraer agua de los acu铆feros que pudiera terminar con un parque natural cuyo valor ecol贸gico ha merecido la visita de 400.000 turistas en 2010. Tampoco se plante贸 una expropiaci贸n (por supuesto, con indemnizaci贸n) justificada por razones de inter茅s com煤n. Adem谩s los ecologistas denuncian la existencia de miles de pozos ilegales alrededor de Las Lablas contra los que no se toman medidas. Hoy quedan 10.000 en el acu铆fero 23, seg煤n WWF. Sin embargo, la acci贸n del gobierno ha sido comprar a los due帽os de las tierras por el precio que ellos quisieron. Por ejemplo, la Administraci贸n debi贸 pagar 14 millones del erario p煤blico para comprarle a una familia de terratenientes la finca La Duquesa, nada menos que 565 hect谩reas que colindaban con el Parque Nacional y desde las cuales se extra铆an 2'3 hect贸metros c煤bicos de agua a los humedales cada a帽o. Si los terratenientes no estuvieran destruyendo las tablas de Daimiel no hubieran podido vender a ese precio, gracias a su atentado al bien com煤n han conseguido hacer un buen negocio de la mano de un gobierno que solo con la chequera puede atreverse a defender el inter茅s p煤blico.
Se pueden extraer varias conclusiones. La primera es que estamos haciendo una sociedad en que el Estado tiene s贸lo el poder y el derecho del dinero que posea, es decir, como los ciudadanos. Somos lo que nuestra cartera pueda pagar. De nada sirven derechos y libertades si no se dispone de dinero para “comprarlos”. Si el ministerio espa帽ol no dispusiese de los 24 millones de euros, unos latifundistas se hubieran cargado un parque natural declarado bien p煤blico -que adem谩s no era suyo- con todas las de la ley. La segunda conclusi贸n es que hacer da帽o al bien com煤n puede ser rentable: llega el gobierno y te paga para que dejes de cometer el crimen. Al fin y al cabo ya se hizo comprando en Almer铆a un hotel que violaba la ley de costas, la comunidad aut贸noma le pag贸 a los due帽os para poder demolerlo. El pr贸ximo paso puede ser comprar una empresa contaminante para que no termine con un r铆o. El empresario contaminador har铆a entonces mejor negocio que si su empresa no da帽ara al mediambiente.
Hemos convertido el imperio de la ley y el poder p煤blico en un talonario de cheques, s贸lo mediante los fondos que puedan aportar pueden proporcionar derechos colectivos o responder al inter茅s p煤blico. Es el turbocapitalismo.