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Se cumplió un año del ilegítimo gobierno de Honduras

Por Emilio Marín

El 27 de enero se cumplió un año de Porfirio Lobo en el gobierno de Honduras. Es el heredero del golpe de Estado de 2009 contra Manuel Zelaya, apañado por Estados Unidos.

Recluido en su exilio forzoso en República Dominicana, al cumplirse el primer aniversario de gestión de Porfirio Lobo, Zelaya balanceó: “el desempeño económico del país ha sido negativo, con todos los indicadores básicos mostrando declive, endeudamiento, aumento de la canasta básica, combustibles, energía eléctrica, y con la inseguridad jurídica y el crimen han convertido a Honduras entre los 3 países más violentos del mundo. Los pronósticos de mejorías, son muy reservados para el 2011. Siete de cada diez familias en el país viven bajo la línea de pobreza, y la situación parece empeorar”.

Su referencia a la trepada de Honduras al podio de los países más violentos detrás de México y Pakistán no es exagerada. De la tasa de homicidios de 36 por cada 100.000 habitantes, de por sí muy elevada, subió al doble. Hoy se registran 77 muertes por esa misma cantidad de ciudadanos, duplicando a Brasil. A los que se hacen eco de la campaña derechosa en Argentina sobre la “inseguridad” –y que plantean bajar la edad de imputabilidad de los menores- habría que recordarles que la tasa de homicidios en nuestro país es de 6 por cada 100.000. Pese a ese nivel relativamente bajo, muchos intoxicados por Susana Giménez y Mirtha Legrand siguen diciendo que “acá no sabés si volvés vivo a tu casa”.

Mel Zelaya, del Partido Liberal, fue elegido por el Partido Liberal con mandato hasta enero de 2010. Sin embargo fue derrocado por un golpe de Estado a la manera clásica, con los jefes militares coaligados con el establishment empresario y mediático. Los primeros habían sido educados en la Escuela de las Américas del Canal de Panamá y Fort Benning de Georgia.

El monigote político del golpe fue un oscuro parlamentario, Roberto Micheletti, quien junto a la mayoría de los congresistas acusó a Zelaya de querer eternizarse en el poder, “a lo Chávez”. En realidad el presidente había dispuesto una consulta popular para que el electorado decidiese si le parecía conveniente modificar el artículo 5 de la Constitución Nacional. Si se hacía la consulta y el resultado fuese favorable a esa reforma, y si esto posteriormente se legalizaba con un referendo, recién entonces los hondureños dirían si habilitaban o no la reelección. De todos modos no hubiera sido un fruto para el paladar de Zelaya, pues su mandato vencía el 27 de enero de 2010.

No le dieron oportunidad ni al presidente ni a la democracia, pues en la madrugada del 28 de junio de 2009 las tropas del general Romeo Vázquez lo tomaron prisionero y lo deportaron a Costa Rica. La legalidad quedó hecha trizas, tal como había sucedido en la región en los ´70. Washington se lavó las manos como si no hubiera tenido nada que ver con el putsch de Tegucigalpa aunque pronto se develó que era al menos coautor y socio.

Cosecharás repudios…

La dictadura cívico-militar de Micheletti y Vázquez fue apoyada por la capa superior del empresariado expresada en el terrateniente y monopolista Miguel Facussé y los diarios El Heraldo y La Prensa.

El aparato represivo atacó a los manifestantes que reclamaban la vuelta de Zelaya y la prensa que se hacía eco de ese reclamo democrático. Hubo radios y medios de comunicación sacados del aire, requisados sus equipos e incluso asesinados varios hombres de prensa.

Ese fascismo no había más que reflotar las lecciones de la tristemente célebre Escuela de las Américas, de la base aérea de Palmerola-Soto Cano y las recibidas de oficiales argentinos del Batallón 601 en años del dictador Leopoldo F. Galtieri.

Tres veces quiso regresar Zelaya. La primera en avión, acompañado por colegas latinoamericanos, entre ellos Cristina Fernández. La otra por tierra, igualmente frustrada por los golpistas. La tercera fue la vencida, cuando de incógnito pudo ingresar a la embajada brasileña en Tegucigalpa, donde recaló cinco meses en medio de intentos de asesinarlo.

Tantas violaciones a los derechos humanos devinieron en un máximo aislamiento de la dictadura en el ámbito latinoamericano y mundial. La ONU se pronunció en contra del golpe y la OEA expulsó al gobierno usurpador. La UNASUR declaró que no reconocía a la administración golpista e insistió en la reposición de Zelaya. Como no tuvo éxito, le dio su reconocimiento invitándolo a actividades oficiales, por ejemplo en los festejos del Bicentenario en Buenos Aires.

Entre tanto Barack Obama fue dejando su supuesto eclecticismo. Se inclinó de más en más por salvar el pellejo de Micheletti, al no cesar el apoyo financiero. Hillary Clinton y el subsecretario de Estado adjunto, Thomas Shannon, fueron los operadores de esa difícil función: apoyar a los golpistas en los hechos y disimularlo con las palabras. Fidel Castro fue profético cuando dijo que eso reabría el ciclo de los golpes: el 30 de setiembre pasado Rafael Correa lo sufrió en carne propia.

El 29 de noviembre de 2009 estaban previstas las elecciones. Fueron organizadas por el régimen golpista, con Zelaya exiliado y los tanques en Tegucigalpa, San Pedro Sula y otras ciudades. Como las organizó ese poder de facto, sobre los comicios y el ganador cayó el mismo estigma.

Crece la resistencia

Los comicios tuvieron otra tacha: hubo una abstención del 60 por ciento. El ganador Lobo, del Partido Nacional, no pudo presumir de mucha votación. A su asunción sólo concurrieron los presidentes de Panamá, Ricardo Martinelli; de República Dominicana, Leonel Fernández, y de Taiwán, Ma Ying-Jeou. Poco después pasó por Tegucigalpa el entonces mandatario colombiano, Alvaro Uribe.

En junio la administración Obama trató de reincorporar a Honduras a la OEA, pero la sesión de Lima rechazó tal iniciativa. Aún hoy el país sigue sancionado, sobre todo por la fuerte resistencia de Brasil y Argentina, de una parte, y del ALBA por la otra, con Venezuela, Cuba, Ecuador, Bolivia y Nicaragua en una postura más intransigente aún. Hay que mencionar que la incorporación de Honduras al ALBA, en agosto de 2008, fue uno de los motivos para derrocar a Zelaya, según admitió Lobo al dar el portazo a la entidad.

El régimen se siguió desprestigiando por los ataques a la prensa en 2010, cuando fueron asesinados diez periodistas. Este es el listado del diario La Tribuna: Joseph Hernández Ochoa (Canal 51), David Meza (Radio El Patio), José Bayardo Mairena y Víctor Manuel Juárez (Radio Súper 10), Nahum Palacios (Televisión del Aguán), Luis Chévez (emisora W105), Georgino Orellana (canal de San Pedro Sula), Nicolás Asfura (periodista radial), Luis Arturo Mondragón (director de noticias del Canal 19 de El Paraíso) y Henry Souza (corresponsal de la emisora HRN en La Ceiba).

En la región hubo unos pocos que siguieron apoyando a Lobo a pesar de ese reguero de sangre. Un editorial de La Nación de Buenos Aires, del 9 de agosto de 2010, embellecía al golpismo y su cría: “Honduras puede sentirse orgulloso de ser el primer país de América latina que, aferrado a su vocación irrenunciable de vivir en libertad, pudo escapar de las redes que le tendió el grupo de países liderado por Hugo Chávez y Fidel Castro”.

Diez días más tarde Zelaya participaba en Buenos Aires de una reunión del Foro de San Pablo y denunciaba el rol de EE UU. “El que más se beneficia de un crimen es el principal sospechoso; hay pruebas suficientes para decir que detrás de esta maniobra están los viejos halcones de Washington”, dijo Mel.

Desde el mismo 28 de junio de 2009, diversos sectores populares, de trabajadores, organizaciones sociales, personalidades de derechos humanos de Honduras se opusieron al golpe. Así creció el Frente Nacional de Resistencia Popular, FNRP, cuyo coordinador general es Zelaya y el adjunto Juan Barahona, dirigente gremial.

El FNRP ha llevado el peso fundamental de esa lucha tan despareja. Aparte de denunciar los crímenes de lesa humanidad y los atropellos de guardias armados de los terratenientes en el Valle de Aguán, plantea la convocatoria a una Asamblea Constituyente que supere al ilegítimo Lobo.

Más allá de esa propuesta política que llevará su tiempo de maduración, lo que puede generar más enfrentamientos en el aquí y ahora es la decisión de los golpistas y su Corte Suprema de declarar inconstitucional un decreto de 2008 de Zelaya por el que dio títulos de propiedad a unos 100.000 campesinos. Unas 70.000 hectáreas, que éstos trabajaron por 20 o más años, volverían a manos de terratenientes, especuladores e inversionistas. Esto puede ser causa de grandes revueltas en Honduras.




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