PÚLSAR.- El fiscal de Brasil, Otavio Bruno, desafió la ley de Amnistía de 1979 y abrió una investigación sobre desaparecidos durante la última dictadura militar, sucedida entre 1964 y 1985.
Bruno es el primer fiscal que actúa en contra de la ley de Amnistía que impide juzgar violaciones a los derechos humanos.
La norma fue sancionada por el dictador Joao Baptista Figueiredo y ratificada el año pasado por el Supremo Tribunal Federal (STF).
El fiscal explicó que basa su actuación en la condena que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó el año pasado contra Brasil.
El organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) ordenó al país investigar el destino de 63 desaparecidos durante la represión de la dictadura a la llamada Guerrilla de Araguaia, en los años 70.
Bruno sostuvo que tomará declaración a testigos, perdirá información a las Fuerzas Armadas y realizará las denuncias correspondientes ante la Justicia Federal.
Asimismo, dijo a ANSA que espera que "con la presidenta Dilma Rousseff haya un impulso para esclarecer las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura".
Vale recordar que el Gobierno de Rousseff expresó su intención de respaldar una ley para crear la Comisión de la Verdad sobre la dictadura, que dejó 140 desaparecidos y unos 350 muertos.
El mayor impulso a esa comisión proviene de la ministra de Derechos Humanos, María do Rosario, quien consideró que la actuación del fiscal "se suma al movimiento que se siente en varias instituciones sobre el derecho a la verdad y la memoria y contribuye a la democracia".
Bruno es el primer fiscal que actúa en contra de la ley de Amnistía que impide juzgar violaciones a los derechos humanos.
La norma fue sancionada por el dictador Joao Baptista Figueiredo y ratificada el año pasado por el Supremo Tribunal Federal (STF).
El fiscal explicó que basa su actuación en la condena que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó el año pasado contra Brasil.
El organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) ordenó al país investigar el destino de 63 desaparecidos durante la represión de la dictadura a la llamada Guerrilla de Araguaia, en los años 70.
Bruno sostuvo que tomará declaración a testigos, perdirá información a las Fuerzas Armadas y realizará las denuncias correspondientes ante la Justicia Federal.
Asimismo, dijo a ANSA que espera que "con la presidenta Dilma Rousseff haya un impulso para esclarecer las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura".
Vale recordar que el Gobierno de Rousseff expresó su intención de respaldar una ley para crear la Comisión de la Verdad sobre la dictadura, que dejó 140 desaparecidos y unos 350 muertos.
El mayor impulso a esa comisión proviene de la ministra de Derechos Humanos, María do Rosario, quien consideró que la actuación del fiscal "se suma al movimiento que se siente en varias instituciones sobre el derecho a la verdad y la memoria y contribuye a la democracia".
