"Miles de personas, muchas de las cuales huyeron del Norte de África tras los recientes disturbios, están bloqueadas en la isla italiana de Lampedusa en condiciones atroces", ha declarado hoy una delegación de Amnistía Internacional en la isla.
La rotunda valoración de la delegación de Amnistía Internacional se produjo después de que el primer ministro italiano Silvio Berlusconi prometiera “limpiar Lampedusa en 48-60 horas”.
Actualmente hay unas 6.000 personas extranjeras en la isla, en su mayoría procedentes de Túnez.
“El gobierno italiano debe ocuparse inmediatamente de esta crisis humanitaria, causada por no haber organizado traslados oportunos y organizados desde Lampedusa a otras instalaciones situadas en el continente italiano”, ha declarado Anneliese Baldaccini, miembro de la delegación de Amnistía Internacional enviada a la isla.
En las últimas semanas han llegado a Lampedusa unas 22.000 personas, muchas de las cuales ya han sido trasladadas a otras partes de Italia.
El equipo de Amnistía Internacional ha hallado que muchas de las personas que están en Lampedusa no han recibido la asistencia humanitaria más básica, como albergue, atención médica, colchonetas, mantas y acceso a servicios higiénicos, mientras miles de personas siguen durmiendo a la intemperie.
Además, el proceso de estudio individual para evaluar las posibles necesidades de protección se ha detenido por completo.
“Deben evaluarse las necesidades individuales de todas las personas que lleguen a Italia, a quienes hay que ofrecer acceso a procedimientos de concesión de asilo imparciales y efectivos, algo que no es posible debido a la situación de caos en Lampedusa”, ha afirmado Anneliese Baldaccini.
“Las autoridades italianas no deben dar por supuesto que las personas que llegan a Lampedusa son migrantes económicos.”
Las autoridades italianas han declarado que planean trasladar inmediatamente a otras partes de Italia a todas las personas extranjeras que quedan en Lampedusa.
Amnistía Internacional ha instado a las autoridades a que aclaren el lugar a donde van a ser trasladadas, así como la condición jurídica de las instalaciones donde se prevé que sean albergadas.
“Las autoridades italianas deben cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos. Esto significa atender las necesidades inmediatas de estas personas y detener cualquier plan de traslado colectivo”, concluyó Anneliese Baldaccini.
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Actualmente hay unas 6.000 personas extranjeras en la isla, en su mayoría procedentes de Túnez.
“El gobierno italiano debe ocuparse inmediatamente de esta crisis humanitaria, causada por no haber organizado traslados oportunos y organizados desde Lampedusa a otras instalaciones situadas en el continente italiano”, ha declarado Anneliese Baldaccini, miembro de la delegación de Amnistía Internacional enviada a la isla.
En las últimas semanas han llegado a Lampedusa unas 22.000 personas, muchas de las cuales ya han sido trasladadas a otras partes de Italia.
El equipo de Amnistía Internacional ha hallado que muchas de las personas que están en Lampedusa no han recibido la asistencia humanitaria más básica, como albergue, atención médica, colchonetas, mantas y acceso a servicios higiénicos, mientras miles de personas siguen durmiendo a la intemperie.
Además, el proceso de estudio individual para evaluar las posibles necesidades de protección se ha detenido por completo.
“Deben evaluarse las necesidades individuales de todas las personas que lleguen a Italia, a quienes hay que ofrecer acceso a procedimientos de concesión de asilo imparciales y efectivos, algo que no es posible debido a la situación de caos en Lampedusa”, ha afirmado Anneliese Baldaccini.
“Las autoridades italianas no deben dar por supuesto que las personas que llegan a Lampedusa son migrantes económicos.”
Las autoridades italianas han declarado que planean trasladar inmediatamente a otras partes de Italia a todas las personas extranjeras que quedan en Lampedusa.
Amnistía Internacional ha instado a las autoridades a que aclaren el lugar a donde van a ser trasladadas, así como la condición jurídica de las instalaciones donde se prevé que sean albergadas.
“Las autoridades italianas deben cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos. Esto significa atender las necesidades inmediatas de estas personas y detener cualquier plan de traslado colectivo”, concluyó Anneliese Baldaccini.
