Por Luis Jairo Ram铆rez H.
El gobierno del presidente Santos, su medi谩tico cambio de estilo y sus anuncios demag贸gicos sobre las llamadas cinco locomotoras, la restituci贸n de tierras y la llave de la paz, vienen se帽alando s铆ntomas de embriaguez no solo en las 茅lites dominantes, sino en ciertos sectores pol铆ticos y sociales del pa铆s, hasta hace poco estigmatizados, que denotan signos de ilusi贸n sobre las bondades del r茅gimen.
Despu茅s de los cuatro a帽os de Andr茅s Pastrana que permiti贸 la irrigaci贸n paramilitar por todo el pa铆s e instal贸 el Plan Colombia; siguieron ocho a帽os del que ser谩 catalogado como el peor gobierno en la historia del pa铆s, con su “seguridad democr谩tica” y la putrefacci贸n de la institucionalidad; sus falsas desmovilizaciones paramilitares, el fiasco de la ley 975 del 2005, su para-pol铆tica, las 3 mil ejecuciones extra-judiciales del ej茅rcito, m谩s conocidas como “falsos positivos”, las chuzadas y seguimientos del DAS a la oposici贸n, la corrupci贸n llevada a l铆mites in茅ditos y toda una sucesi贸n de hechos criminales. Todo este balance de la miseria Uribista pareciera que ha llevado a algunos resignados a conformarse con el mero cambio de estilo, as铆 Santos repita hasta la saciedad que su gobierno busca dar continuidad a la seguridad democr谩tica, ahora llamada falazmente “prosperidad democr谩tica”.
El cambio de estilo del nuevo gobierno incluye la cooptaci贸n, una estrategia dirigida a ganar, neutralizar o dividir a sectores cr铆ticos del establecimiento y esa tarea ha sido asignada al se帽or Angelino Garz贸n, Vicepresidente, encargado a la vez de las directrices oficiales de los derechos humanos, para ello cuenta con jugosos proyectos y ofertas de nuevas clientelas y d谩divas.
Uno de los primeros anuncios del Vicepresidente ha sido la convocatoria a una Conferencia Nacional de Derechos Humanos; sin embargo de entrada este evento ha suscitado todo tipo de interrogantes y debates sobre sus verdaderas intenciones.
Se nos viene a la cabeza una convocatoria similar a finales del a帽o 2007 que hiciera el se帽or Pacho Santos, anterior vicepresidente, para concertar un “Plan Nacional de Derechos Humanos”, objetivo en el cual coincid铆amos, sin embargo este prop贸sito ten铆a distintos intereses, el gobierno reduc铆a ese proceso de negociaci贸n a una simple formalidad: el af谩n de aparentar ante la comunidad internacional que se avanzaba en la superaci贸n de la crisis de derechos humanos y, de paso, obtener luz verde para la firma de unos Tratados de Libre Comercio (TLC). Las organizaciones de derechos humanos tenemos otro inter茅s: lograr del establecimiento de pasos ciertos y verificables para la superaci贸n de la crisis de derechos humanos y DIH en el pa铆s, lograr compromisos para la verdad, la justicia y la reparaci贸n y avanzar en el restablecimiento del dialogo para la soluci贸n pol铆tica del conflicto.
Estos dos prop贸sitos chocaron en la realidad, el gobierno pretend铆a tener un acuerdo firmado en el papel, pero manteniendo intacta la pol铆tica de “seguridad democr谩tica”, que equivale a perpetuar las vulneraciones de los derechos de la poblaci贸n. El tiempo nos dio la raz贸n, no hab铆a tal voluntad por los derechos humanos, lo que vino luego fueron los “falsos positivos”, salieron a flote los esc谩ndalos de las chuzadas y los seguimientos contra defensores, sindicalistas y l铆deres de la oposici贸n, varios familiares de v铆ctimas que luchaban por recuperar sus tierras fueron asesinados. El paramilitarismo permaneci贸 campante en su alianza con brigadas y batallones militares, etc.
Ahora se repite la historia, al mismo tiempo que se saca de la manga una conferencia oficial de derechos humanos, las tropas bombardean y ametrallan a la poblaci贸n civil en las 谩reas del plan Colombia, el Tolima, Arauca y otras regiones; mantienen a 7200 campesinos, ind铆genas, profesores y hasta defensores de derechos humanos presos, en condiciones infrahumanas, acusados de rebeli贸n y terrorismo; el Estado prolonga la angustia de los familiares de mas de 50 mil desaparecidos, sin que se investigue su paradero. De nuevo, no hay una correspondencia entre las declaraciones oficiales y los hechos.
Entre tanto la permanencia del paramilitarismo se hace funcional al proyecto del gobierno; al mismo tiempo que hace tramite en el Senado una ley de victimas y restituci贸n de tierras reviven las masacres y los asesinatos en C贸rdoba, Sucre y Arauca y centenares de amenazas de las 谩guilas negras, los urabe帽os y los rastrojos llegan a organizaciones y l铆deres sociales en todas partes sin que la fuerza p煤blica haga nada para desvertebrar el paramilitarismo. El gran aporte del gobierno ante semejante problema es el encubrimiento, ahora al paramilitarismo le llaman “Bacrim”
Mientras las victimas reclaman verdad, justicia y reparaci贸n, el ministerio de Agricultura, el Incoder y la coalici贸n de gobierno en el parlamento hacen todo tipo de piruetas para que no haya ni restituci贸n de tierras, ni reforma agraria; el objetivo macro del gobierno es entregarle 12 millones de hect谩reas a las multinacionales de la miner铆a para su explotaci贸n con funestas consecuencias en el 谩mbito social, econ贸mico y de medio ambiente tal como se evidenci贸 en el caso del p谩ramo de Santurban en Santander. Otro tanto del territorio esta siendo entregado para la explotaci贸n de hidrocarburos y los agros combustibles.
Las intenciones del gobierno est谩n lejos de una verdadera reforma agraria. Las actuales propuestas no afectan en manera alguna la concentraci贸n de la tierra en pocas manos, es una utop铆a pensar que el retorno de la propiedad a quienes fueron despojados es posible en las condiciones de un conflicto que se mantiene. A la sombra del nuevo estilo oficial y del discurso demag贸gico de los derechos humanos avanza una nueva forma del despojo de las tierras, ahora legalizado mediante la ley de victimas, el Plan Nacional de Desarrollo y el paquete de leyes que discute el congreso.
Entre algunos sectores sociales se reabre de nuevo el debate sobre los alcances de la interlocuci贸n con el gobierno, se hacen espejismos sobre la “mediaci贸n” de Angelino Garz贸n, como si 茅ste fuera algo distinto del Gobierno; en realidad lo que se cocina es una terapia institucional de apaciguamiento, como ocurri贸 con el paro de los camioneros y un m茅todo para administrar la crisis de derechos humanos, sin resolverla.
Como se puede observar, la Conferencia oficial de diciembre no va acompa帽ada de se帽ales ciertas o medidas que permitan concluir que el gobierno marcha por la senda de la soluci贸n incruenta del conflicto, o del desmantelamiento del paramilitarismo, o del reconocimiento de los derechos de las victimas.
El reciente quinto Encuentro del Movimiento Nacional de Victimas de Cr铆menes de Estado se帽al贸 que esta Conferencia busca generar divisi贸n al interior de las v铆ctimas, organizaciones sindicales, de derechos humanos y sociales. As铆 pues, lo que sigue al orden del d铆a es salirle al paso a los intentos divisionistas, fortalecer la unidad de acci贸n de los sectores populares para movilizarse por la conquista de la tierra, la paz y la democracia.
El gobierno del presidente Santos, su medi谩tico cambio de estilo y sus anuncios demag贸gicos sobre las llamadas cinco locomotoras, la restituci贸n de tierras y la llave de la paz, vienen se帽alando s铆ntomas de embriaguez no solo en las 茅lites dominantes, sino en ciertos sectores pol铆ticos y sociales del pa铆s, hasta hace poco estigmatizados, que denotan signos de ilusi贸n sobre las bondades del r茅gimen.
Despu茅s de los cuatro a帽os de Andr茅s Pastrana que permiti贸 la irrigaci贸n paramilitar por todo el pa铆s e instal贸 el Plan Colombia; siguieron ocho a帽os del que ser谩 catalogado como el peor gobierno en la historia del pa铆s, con su “seguridad democr谩tica” y la putrefacci贸n de la institucionalidad; sus falsas desmovilizaciones paramilitares, el fiasco de la ley 975 del 2005, su para-pol铆tica, las 3 mil ejecuciones extra-judiciales del ej茅rcito, m谩s conocidas como “falsos positivos”, las chuzadas y seguimientos del DAS a la oposici贸n, la corrupci贸n llevada a l铆mites in茅ditos y toda una sucesi贸n de hechos criminales. Todo este balance de la miseria Uribista pareciera que ha llevado a algunos resignados a conformarse con el mero cambio de estilo, as铆 Santos repita hasta la saciedad que su gobierno busca dar continuidad a la seguridad democr谩tica, ahora llamada falazmente “prosperidad democr谩tica”.
El cambio de estilo del nuevo gobierno incluye la cooptaci贸n, una estrategia dirigida a ganar, neutralizar o dividir a sectores cr铆ticos del establecimiento y esa tarea ha sido asignada al se帽or Angelino Garz贸n, Vicepresidente, encargado a la vez de las directrices oficiales de los derechos humanos, para ello cuenta con jugosos proyectos y ofertas de nuevas clientelas y d谩divas.
Uno de los primeros anuncios del Vicepresidente ha sido la convocatoria a una Conferencia Nacional de Derechos Humanos; sin embargo de entrada este evento ha suscitado todo tipo de interrogantes y debates sobre sus verdaderas intenciones.
Se nos viene a la cabeza una convocatoria similar a finales del a帽o 2007 que hiciera el se帽or Pacho Santos, anterior vicepresidente, para concertar un “Plan Nacional de Derechos Humanos”, objetivo en el cual coincid铆amos, sin embargo este prop贸sito ten铆a distintos intereses, el gobierno reduc铆a ese proceso de negociaci贸n a una simple formalidad: el af谩n de aparentar ante la comunidad internacional que se avanzaba en la superaci贸n de la crisis de derechos humanos y, de paso, obtener luz verde para la firma de unos Tratados de Libre Comercio (TLC). Las organizaciones de derechos humanos tenemos otro inter茅s: lograr del establecimiento de pasos ciertos y verificables para la superaci贸n de la crisis de derechos humanos y DIH en el pa铆s, lograr compromisos para la verdad, la justicia y la reparaci贸n y avanzar en el restablecimiento del dialogo para la soluci贸n pol铆tica del conflicto.
Estos dos prop贸sitos chocaron en la realidad, el gobierno pretend铆a tener un acuerdo firmado en el papel, pero manteniendo intacta la pol铆tica de “seguridad democr谩tica”, que equivale a perpetuar las vulneraciones de los derechos de la poblaci贸n. El tiempo nos dio la raz贸n, no hab铆a tal voluntad por los derechos humanos, lo que vino luego fueron los “falsos positivos”, salieron a flote los esc谩ndalos de las chuzadas y los seguimientos contra defensores, sindicalistas y l铆deres de la oposici贸n, varios familiares de v铆ctimas que luchaban por recuperar sus tierras fueron asesinados. El paramilitarismo permaneci贸 campante en su alianza con brigadas y batallones militares, etc.
Ahora se repite la historia, al mismo tiempo que se saca de la manga una conferencia oficial de derechos humanos, las tropas bombardean y ametrallan a la poblaci贸n civil en las 谩reas del plan Colombia, el Tolima, Arauca y otras regiones; mantienen a 7200 campesinos, ind铆genas, profesores y hasta defensores de derechos humanos presos, en condiciones infrahumanas, acusados de rebeli贸n y terrorismo; el Estado prolonga la angustia de los familiares de mas de 50 mil desaparecidos, sin que se investigue su paradero. De nuevo, no hay una correspondencia entre las declaraciones oficiales y los hechos.
Entre tanto la permanencia del paramilitarismo se hace funcional al proyecto del gobierno; al mismo tiempo que hace tramite en el Senado una ley de victimas y restituci贸n de tierras reviven las masacres y los asesinatos en C贸rdoba, Sucre y Arauca y centenares de amenazas de las 谩guilas negras, los urabe帽os y los rastrojos llegan a organizaciones y l铆deres sociales en todas partes sin que la fuerza p煤blica haga nada para desvertebrar el paramilitarismo. El gran aporte del gobierno ante semejante problema es el encubrimiento, ahora al paramilitarismo le llaman “Bacrim”
Mientras las victimas reclaman verdad, justicia y reparaci贸n, el ministerio de Agricultura, el Incoder y la coalici贸n de gobierno en el parlamento hacen todo tipo de piruetas para que no haya ni restituci贸n de tierras, ni reforma agraria; el objetivo macro del gobierno es entregarle 12 millones de hect谩reas a las multinacionales de la miner铆a para su explotaci贸n con funestas consecuencias en el 谩mbito social, econ贸mico y de medio ambiente tal como se evidenci贸 en el caso del p谩ramo de Santurban en Santander. Otro tanto del territorio esta siendo entregado para la explotaci贸n de hidrocarburos y los agros combustibles.
Las intenciones del gobierno est谩n lejos de una verdadera reforma agraria. Las actuales propuestas no afectan en manera alguna la concentraci贸n de la tierra en pocas manos, es una utop铆a pensar que el retorno de la propiedad a quienes fueron despojados es posible en las condiciones de un conflicto que se mantiene. A la sombra del nuevo estilo oficial y del discurso demag贸gico de los derechos humanos avanza una nueva forma del despojo de las tierras, ahora legalizado mediante la ley de victimas, el Plan Nacional de Desarrollo y el paquete de leyes que discute el congreso.
Entre algunos sectores sociales se reabre de nuevo el debate sobre los alcances de la interlocuci贸n con el gobierno, se hacen espejismos sobre la “mediaci贸n” de Angelino Garz贸n, como si 茅ste fuera algo distinto del Gobierno; en realidad lo que se cocina es una terapia institucional de apaciguamiento, como ocurri贸 con el paro de los camioneros y un m茅todo para administrar la crisis de derechos humanos, sin resolverla.
Como se puede observar, la Conferencia oficial de diciembre no va acompa帽ada de se帽ales ciertas o medidas que permitan concluir que el gobierno marcha por la senda de la soluci贸n incruenta del conflicto, o del desmantelamiento del paramilitarismo, o del reconocimiento de los derechos de las victimas.
El reciente quinto Encuentro del Movimiento Nacional de Victimas de Cr铆menes de Estado se帽al贸 que esta Conferencia busca generar divisi贸n al interior de las v铆ctimas, organizaciones sindicales, de derechos humanos y sociales. As铆 pues, lo que sigue al orden del d铆a es salirle al paso a los intentos divisionistas, fortalecer la unidad de acci贸n de los sectores populares para movilizarse por la conquista de la tierra, la paz y la democracia.