Por Franco Gamboa Rocabado
Como se sabe desde las investigaciones ya clásicas del estadounidense Robert Klitgaard, las formas modernas de corrupción pueden ser definidas como la utilización discrecional y privada de los fondos públicos (o inclusive corporativos), aprovechando maliciosamente los privilegios que otorgan el poder y el ejercicio de influyentes cargos en las esferas estatales. Estos fenómenos surgen debido a la tolerancia de los ámbitos públicos hacia las conductas corruptas y la posibilidad de una relativa impunidad de éstas, cuando son investigadas y comprobadas.
De acuerdo con varios estudios politológicos, los comportamientos corruptos también son el intento de privatizar los sectores públicos para satisfacer intereses estrictamente particulares. La “privatización de lo público” se manifiesta, tanto a través de la apropiación ilegal de los dineros del Estado, como mediante la violación permanente de las reglas de tránsito, el uso particular de porciones de una calle como el estacionarse sobre las aceras o cerrar cuadras enteras para proteger los vecindarios de grupos privilegiados. El lugar más público que existe es una calle; sin embargo, fruto de las prácticas corruptas, incluso las calles son víctimas de la privatización para un sin fin de propósitos arbitrarios. En toda América Latina existirían fronteras casi invisibles que no permiten diferenciar claramente lo público de lo privado.
El Estado, como conjunto de instituciones, muchas veces se evapora y es crucial llevar a cabo acciones de capacitación para fomentar políticas contra la corrupción. Al mismo tiempo, todos debemos reflexionar sobre el efecto negativo de los costos que una conducta corrupta representa para cualquier país pobre. El ineficiente uso de los recursos al ejecutar programas sociales, se ve dramáticamente influenciado por los costos adicionales que la corrupción agrega, destruyéndose las mínimas capacidades estatales para enfrentar los conflictos del desarrollo.
Una posible estructura curricular para educar en estrategias que desarticulen y erradiquen la corrupción en el sector público, podría girar en torno al análisis del Estado moderno y la posibilidad de generar una administración pública consciente y correctiva de sus errores en la práctica. Se requiere, por lo tanto, fortalecer diversas nociones pedagógicas sobre la estructura y los alcances de un Estado eficiente, orientado hacia el uso transparente y profesional de los fondos públicos. El conocimiento como fuente de transformación, tiene en la administración del Estado las condiciones imprescindibles para identificar a la gestión pública con la tecnología institucional que pondrá en funcionamiento diferentes políticas y capacidades para erradicar la corrupción.
El impacto de la corrupción sobre las capacidades estatales destruye la confianza colectiva en el Estado. En consecuencia, se necesita formar a varios grupos de la sociedad civil en estrategias de movilización para fortalecer el Estado de derecho y limitar la proliferación de arbitrariedades desde cualquier puesto público. Así podrían efectivizarse campañas sistemáticas contra la corrupción en los medios de información y las escuelas. Como parte de una gestión pública combativa, es necesario formular diagnósticos para medir la transparencia en cualquier instancia estatal.
Finalmente, la capacitación para entender los alcances de la ética, implica el debate de un conjunto de principios morales que contribuyan a un relacionamiento más humanizado de los individuos, anteponiendo los preceptos de un comportamiento que inspire la solidaridad y aceptación de los otros, antes que el cálculo político para apropiase del dinero público o manipular de manera inhumana a las personas en función de cualquier objetivo de poder.
Como se sabe desde las investigaciones ya clásicas del estadounidense Robert Klitgaard, las formas modernas de corrupción pueden ser definidas como la utilización discrecional y privada de los fondos públicos (o inclusive corporativos), aprovechando maliciosamente los privilegios que otorgan el poder y el ejercicio de influyentes cargos en las esferas estatales. Estos fenómenos surgen debido a la tolerancia de los ámbitos públicos hacia las conductas corruptas y la posibilidad de una relativa impunidad de éstas, cuando son investigadas y comprobadas.
De acuerdo con varios estudios politológicos, los comportamientos corruptos también son el intento de privatizar los sectores públicos para satisfacer intereses estrictamente particulares. La “privatización de lo público” se manifiesta, tanto a través de la apropiación ilegal de los dineros del Estado, como mediante la violación permanente de las reglas de tránsito, el uso particular de porciones de una calle como el estacionarse sobre las aceras o cerrar cuadras enteras para proteger los vecindarios de grupos privilegiados. El lugar más público que existe es una calle; sin embargo, fruto de las prácticas corruptas, incluso las calles son víctimas de la privatización para un sin fin de propósitos arbitrarios. En toda América Latina existirían fronteras casi invisibles que no permiten diferenciar claramente lo público de lo privado.
El Estado, como conjunto de instituciones, muchas veces se evapora y es crucial llevar a cabo acciones de capacitación para fomentar políticas contra la corrupción. Al mismo tiempo, todos debemos reflexionar sobre el efecto negativo de los costos que una conducta corrupta representa para cualquier país pobre. El ineficiente uso de los recursos al ejecutar programas sociales, se ve dramáticamente influenciado por los costos adicionales que la corrupción agrega, destruyéndose las mínimas capacidades estatales para enfrentar los conflictos del desarrollo.
Una posible estructura curricular para educar en estrategias que desarticulen y erradiquen la corrupción en el sector público, podría girar en torno al análisis del Estado moderno y la posibilidad de generar una administración pública consciente y correctiva de sus errores en la práctica. Se requiere, por lo tanto, fortalecer diversas nociones pedagógicas sobre la estructura y los alcances de un Estado eficiente, orientado hacia el uso transparente y profesional de los fondos públicos. El conocimiento como fuente de transformación, tiene en la administración del Estado las condiciones imprescindibles para identificar a la gestión pública con la tecnología institucional que pondrá en funcionamiento diferentes políticas y capacidades para erradicar la corrupción.
El impacto de la corrupción sobre las capacidades estatales destruye la confianza colectiva en el Estado. En consecuencia, se necesita formar a varios grupos de la sociedad civil en estrategias de movilización para fortalecer el Estado de derecho y limitar la proliferación de arbitrariedades desde cualquier puesto público. Así podrían efectivizarse campañas sistemáticas contra la corrupción en los medios de información y las escuelas. Como parte de una gestión pública combativa, es necesario formular diagnósticos para medir la transparencia en cualquier instancia estatal.
Finalmente, la capacitación para entender los alcances de la ética, implica el debate de un conjunto de principios morales que contribuyan a un relacionamiento más humanizado de los individuos, anteponiendo los preceptos de un comportamiento que inspire la solidaridad y aceptación de los otros, antes que el cálculo político para apropiase del dinero público o manipular de manera inhumana a las personas en función de cualquier objetivo de poder.
