Por Bartolomé Clavero
La tarde del miércoles día 18 había un asunto importante en la agenda de este periodo de sesiones del Foro Permanente, el del diálogo en profundidad tripartito, entre Gobierno de Colombia, Organización Nacional Indígena de Colombia y el propio Foro, sobre el informe resultante de la visita que una misión del mismo realizó en el mes de julio del año pasado, el 2010. La visita fundamentalmente se debía a la alarma por la existencia de pueblos indígenas en riesgo de extinción. El informe constataba la gravedad de la situación y, tras analizarla, dirigía una serie de recomendaciones al Gobierno, buena parte de ellas de carácter urgente. Ahora, el miércoles 18 de mayo de 2011 por la tarde, ante la asamblea formada por representantes de Estados, de pueblos y organizaciones indígenas, de agencias de Naciones Unidas y de ONGs que asisten a las plenarias del Foro Permanente, había llegado el momento del examen. La actitud del Gobierno de Colombia ha hecho que sea un fiasco.
El examen de los Gobiernos en el Foro Permanente es algo completamente voluntario. Voluntario para los primeros es todo lo pertinente al segundo, como también la presentación anual por su parte de informes sobre sus políticas tocantes a pueblos indígenas, informes que no dan pie a examen alguno, ni público ni reservado, aunque se les de publicidad en el sitio web del Foro. Según la práctica de éste, presentar informes no implica la voluntad de que sean examinados. Ni siquiera suelen ser éstos contrastados y aquilatados previamente mediante la necesaria consulta con los pueblos indígenas, pese al tenor del artículo 38 de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (“Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, adoptarán las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, para alcanzar los fines de la presente Declaración”). Así las cosas, estos informes anuales de lo que suelen ser ocasión es de propaganda. Cuando los Gobiernos intervienes en las sesiones públicas del Foro destacando algunos de sus extremos, a los representantes indígenas no se les concede turno de palabra y desde el propio Foro, por sus miembros, raramente se responde ni en público ni reservadamente.
El examen público de Colombia se sitúa en el contexto de otro proceso, también voluntario para el Estado. Se trata de la práctica de cursar una invitación al Foro para que realice una misión, informe sobre la situación y plantee recomendaciones para, finalmente generarse un diálogo, ese diálogo en profundidad, con la intervención clave de representantes indígenas. El precedente de esta práctica lo sentaron las invitaciones cursadas en el año 2009 por parte de los Gobiernos de Bolivia y Paraguay. Colombia es el tercer caso de examen de Estado en el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas. Igual que en los casos anteriores, parte esencial de esta práctica es la del examen del informe en sesión pública del Foro, examen al fin y al cado del Estado en cuestión. Al contrario que en los casos anteriores, el examen se ha reducido a mero trámite o poco menos. El diálogo en profundidad ha sido superficial o, mejor dicho, no ha sido en absoluto. No lo ha habido por parte del Gobierno en sesión pública ni con la representación indígena ni con el propio Foro.
La responsabilidad ha de imputársele esencialmente, una vez más, al Gobierno de Colombia. Su representante en la sesión del Foro, Gabriel Muyuy Jacanamejoy, indígena inga director del Programa para Asuntos Indígenas de la Presidencia de la República, traía un discurso escrito de propaganda sin una sola palabra de respuesta al informe ni a las recomendaciones de la misión del Foro. Se redujo a leerlo. Ahora, por lo leído, todo es diálogo en Colombia, diálogo en especial con los pueblos indígenas en relación a sus derechos humanos. “Derechos humanos de los pueblos indígenas” y no “derechos de los pueblos indígenas” era la expresión constante. Puede pensarse que es justamente lo mismo, pero cuando se pone el acento en humanos y no se hace referencia a derecho concreto alguno, lo que se está es ignorando los derechos específicos de los pueblos indígenas como tales. El discurso no trataba de derechos indígenas, sino de políticas, como fue su expresión, “para indígenas”, tampoco políticas por y con los pueblos indígenas. Ignoro si este discurso ya escrito se publicará en el sitio web del Foro como presunta respuesta al informe y a las recomendaciones de la misión a Colombia. Este año Colombia ha evitado presentar informe por escrito al Foro Permanente.
Respecto al derecho de los pueblos indígenas a la participación y a la consulta, que como tal no fue mencionado, como ningún otro, por el representante del Gobierno, algo se concretó. La forma como se ejerce la obligación de consulta a los pueblos indígenas por parte del Gobierno de Colombia es muy controvertida pues, cuando se atiende, sigue la línea de dar entrada más o menos abierta en el proceso a partes involucradas, particularmente a las empresas interesadas en concesiones de explotación de recursos en territorios indígenas. Últimamente la Corte Constitucional ha vuelto a tener ocasión de suspender concesiones por deficiencia de consulta, lo que al fin y al cabo prueba que unas políticas no han cambiado ni van a cambiar de acuerdo con lo dicho en el Foro Permanente por el representante de Colombia: “Respecto a la legalidad de la consulta previa, el Gobierno se atiene al debido proceso y acata los fallos judiciales”. Es decir, el Gobierno va a seguir ejerciendo unas políticas alegales bajo el continuo riesgo de desautorización judicial haciendo recaer sobre las espaldas indígenas la carga del proceso caso por caso. ¿Cabe mayor desfachatez?
Del turno de respuesta se encargó Javier Sánchez en representación de la Organización Nacional Indígena de Colombia. Tuvo que dedicarse a desmentir casi punto por punto lo expuesto por la representación del Gobierno y particularmente su pretensión de que ahora existe un diálogo efectivo, sustantivo y productivo. Desmintió incluso que el Gobierno esté acatando todas las resoluciones judiciales. Descarrilado el objeto de la sesión por la intervención gubernamental, ya no se le recondujo al informe ni a las recomendaciones de la misión del Foro. En todo caso, por parte indígena hubo examen, con suspenso, del Gobierno, lo que, aplicándose a informe y recomendaciones, podía haber dado pie a la reconducción de la sesión. No fue así. El diálogo ha sido de sordos o, mejor dicho, de un sordo por la parte gubernamental y, por la indígena, un ensordecido, por no escuchado. Hay que referirse también a la responsabilidad del propio Foro. El tiempo asignado en la agenda al examen de Colombia fue absolutamente insuficiente y la Presidencia del Foro y de la sesión, Mirna Cunningham, no instó a que el representante del Gobierno primero atendiese a la respuesta al informe ni luego a que respondiese a la intervención de parte indígena. El diálogo de sordos además se guillotinó tras la intervención indígena.
Vuelve el silencio y la incomunicación, ese silencio y esa incomunicación de los que tanto sabe valerse el Gobierno de Colombia en los foros internacionales y que tantos réditos le está dando. La propia sesión del Foro constituye muestra patente de lo que es la comunicación y el diálogo para el actual Gobierno de Colombia, ocasión para la propaganda, punto y a otra cosa. Tanta voluntariedad unida a tanta falta de voluntad puede que tenga sentido. Queda la sensación de que la propia invitación a la visita del Foro y por tanto esta misma son sólo parte de la misma política de fraude. Ahí queda también en todo caso el informe y las recomendaciones para el examen pertinente.
La tarde del miércoles día 18 había un asunto importante en la agenda de este periodo de sesiones del Foro Permanente, el del diálogo en profundidad tripartito, entre Gobierno de Colombia, Organización Nacional Indígena de Colombia y el propio Foro, sobre el informe resultante de la visita que una misión del mismo realizó en el mes de julio del año pasado, el 2010. La visita fundamentalmente se debía a la alarma por la existencia de pueblos indígenas en riesgo de extinción. El informe constataba la gravedad de la situación y, tras analizarla, dirigía una serie de recomendaciones al Gobierno, buena parte de ellas de carácter urgente. Ahora, el miércoles 18 de mayo de 2011 por la tarde, ante la asamblea formada por representantes de Estados, de pueblos y organizaciones indígenas, de agencias de Naciones Unidas y de ONGs que asisten a las plenarias del Foro Permanente, había llegado el momento del examen. La actitud del Gobierno de Colombia ha hecho que sea un fiasco.
El examen de los Gobiernos en el Foro Permanente es algo completamente voluntario. Voluntario para los primeros es todo lo pertinente al segundo, como también la presentación anual por su parte de informes sobre sus políticas tocantes a pueblos indígenas, informes que no dan pie a examen alguno, ni público ni reservado, aunque se les de publicidad en el sitio web del Foro. Según la práctica de éste, presentar informes no implica la voluntad de que sean examinados. Ni siquiera suelen ser éstos contrastados y aquilatados previamente mediante la necesaria consulta con los pueblos indígenas, pese al tenor del artículo 38 de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (“Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, adoptarán las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, para alcanzar los fines de la presente Declaración”). Así las cosas, estos informes anuales de lo que suelen ser ocasión es de propaganda. Cuando los Gobiernos intervienes en las sesiones públicas del Foro destacando algunos de sus extremos, a los representantes indígenas no se les concede turno de palabra y desde el propio Foro, por sus miembros, raramente se responde ni en público ni reservadamente.
El examen público de Colombia se sitúa en el contexto de otro proceso, también voluntario para el Estado. Se trata de la práctica de cursar una invitación al Foro para que realice una misión, informe sobre la situación y plantee recomendaciones para, finalmente generarse un diálogo, ese diálogo en profundidad, con la intervención clave de representantes indígenas. El precedente de esta práctica lo sentaron las invitaciones cursadas en el año 2009 por parte de los Gobiernos de Bolivia y Paraguay. Colombia es el tercer caso de examen de Estado en el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas. Igual que en los casos anteriores, parte esencial de esta práctica es la del examen del informe en sesión pública del Foro, examen al fin y al cado del Estado en cuestión. Al contrario que en los casos anteriores, el examen se ha reducido a mero trámite o poco menos. El diálogo en profundidad ha sido superficial o, mejor dicho, no ha sido en absoluto. No lo ha habido por parte del Gobierno en sesión pública ni con la representación indígena ni con el propio Foro.
La responsabilidad ha de imputársele esencialmente, una vez más, al Gobierno de Colombia. Su representante en la sesión del Foro, Gabriel Muyuy Jacanamejoy, indígena inga director del Programa para Asuntos Indígenas de la Presidencia de la República, traía un discurso escrito de propaganda sin una sola palabra de respuesta al informe ni a las recomendaciones de la misión del Foro. Se redujo a leerlo. Ahora, por lo leído, todo es diálogo en Colombia, diálogo en especial con los pueblos indígenas en relación a sus derechos humanos. “Derechos humanos de los pueblos indígenas” y no “derechos de los pueblos indígenas” era la expresión constante. Puede pensarse que es justamente lo mismo, pero cuando se pone el acento en humanos y no se hace referencia a derecho concreto alguno, lo que se está es ignorando los derechos específicos de los pueblos indígenas como tales. El discurso no trataba de derechos indígenas, sino de políticas, como fue su expresión, “para indígenas”, tampoco políticas por y con los pueblos indígenas. Ignoro si este discurso ya escrito se publicará en el sitio web del Foro como presunta respuesta al informe y a las recomendaciones de la misión a Colombia. Este año Colombia ha evitado presentar informe por escrito al Foro Permanente.
Respecto al derecho de los pueblos indígenas a la participación y a la consulta, que como tal no fue mencionado, como ningún otro, por el representante del Gobierno, algo se concretó. La forma como se ejerce la obligación de consulta a los pueblos indígenas por parte del Gobierno de Colombia es muy controvertida pues, cuando se atiende, sigue la línea de dar entrada más o menos abierta en el proceso a partes involucradas, particularmente a las empresas interesadas en concesiones de explotación de recursos en territorios indígenas. Últimamente la Corte Constitucional ha vuelto a tener ocasión de suspender concesiones por deficiencia de consulta, lo que al fin y al cabo prueba que unas políticas no han cambiado ni van a cambiar de acuerdo con lo dicho en el Foro Permanente por el representante de Colombia: “Respecto a la legalidad de la consulta previa, el Gobierno se atiene al debido proceso y acata los fallos judiciales”. Es decir, el Gobierno va a seguir ejerciendo unas políticas alegales bajo el continuo riesgo de desautorización judicial haciendo recaer sobre las espaldas indígenas la carga del proceso caso por caso. ¿Cabe mayor desfachatez?
Del turno de respuesta se encargó Javier Sánchez en representación de la Organización Nacional Indígena de Colombia. Tuvo que dedicarse a desmentir casi punto por punto lo expuesto por la representación del Gobierno y particularmente su pretensión de que ahora existe un diálogo efectivo, sustantivo y productivo. Desmintió incluso que el Gobierno esté acatando todas las resoluciones judiciales. Descarrilado el objeto de la sesión por la intervención gubernamental, ya no se le recondujo al informe ni a las recomendaciones de la misión del Foro. En todo caso, por parte indígena hubo examen, con suspenso, del Gobierno, lo que, aplicándose a informe y recomendaciones, podía haber dado pie a la reconducción de la sesión. No fue así. El diálogo ha sido de sordos o, mejor dicho, de un sordo por la parte gubernamental y, por la indígena, un ensordecido, por no escuchado. Hay que referirse también a la responsabilidad del propio Foro. El tiempo asignado en la agenda al examen de Colombia fue absolutamente insuficiente y la Presidencia del Foro y de la sesión, Mirna Cunningham, no instó a que el representante del Gobierno primero atendiese a la respuesta al informe ni luego a que respondiese a la intervención de parte indígena. El diálogo de sordos además se guillotinó tras la intervención indígena.
Vuelve el silencio y la incomunicación, ese silencio y esa incomunicación de los que tanto sabe valerse el Gobierno de Colombia en los foros internacionales y que tantos réditos le está dando. La propia sesión del Foro constituye muestra patente de lo que es la comunicación y el diálogo para el actual Gobierno de Colombia, ocasión para la propaganda, punto y a otra cosa. Tanta voluntariedad unida a tanta falta de voluntad puede que tenga sentido. Queda la sensación de que la propia invitación a la visita del Foro y por tanto esta misma son sólo parte de la misma política de fraude. Ahí queda también en todo caso el informe y las recomendaciones para el examen pertinente.
