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Un caso en que matamos menos, pero matamos mejor

Por Raúl Wiener  

Alan García tiene en su haber 300 muertos en los penales en 1986 y Alberto Fujimori 51, en la operación Mudanza I, realizada en Castro Castro en 1992. Sólo que en este caso los tiros seleccionaron a los principales dirigentes.

Uno de los procesos que la Justicia peruana requirió hace poco ante la chilena, para ampliar los casos de juzgamiento a Alberto Fujimori en el país, es el referido al asesinato de dirigentes e integrantes de Sendero Luminoso, internos en el penal de máxima seguridad Miguel Castro Castro, entre los días 6 y 10 de mayo de 1992, a un mes del golpe de Estado.

Este proceso es particularmente importante, porque a diferencia de los de La Cantuta, Barrios Altos y otros, ejecutados por el Grupo Colina, en los que el ex presidente trata de salvar su responsabilidad indicando no haber dictado las órdenes directas (se le condenó por “autoría mediata”, es decir porque los crímenes no podían haberse cometido si el no permitía la actuación de un pelotón de aniquilamiento selectivo), aquí la operación se dio dentro de un plan explícito de las más altas instancias del Estado.

El 6 de abril de 1992, apenas al día siguiente del llamado autogolpe, la dictadura recién instituida aprobó el decreto ley 25421, que declaraba en reorganización el Instituto Penitenciario INPE, entregando el control de los centros de reclusión al ministerio del Interior, que derivó en que la Policía se hiciera cargo del control externo e interno de estas instalaciones. El 4 de mayo de 1992, Alberto Fujimori visitó obras en el penal “Santa Mónica” en Chorrillos donde se habían construido dos pabellones especiales para internas que serían trasladadas de Castro a Castro.

Asimismo, el presidente repitió varias veces la frase: “eliminar a los terroristas y su veneno”, que como otras que había lanzado anteriormente: Congreso corrupto, Palacio de la Injusticia, iban creando opinión en el sentido de sus intenciones. Eran los días en que los golpistas tenían que demostrar que la “medida excepcional” (como ahora la llama la candidata Fujimori) servía para acabar con la subversión armada que produjo algunas de sus más feroces acciones después del 5 de abril: ataque a comisarías en Lima (Villa María, Villa el Salvador), camión bomba en Frecuencia Latina, Tarata, etc.

Por todo ello y siguiendo un razonamiento parecido al de Alan García cuando ordenó acabar con los presos senderistas en tres penales, y derrotó a los que ya tenía derrotados, provocando 300 muertes inútiles, Alberto Fujimori decidió golpear a las huestes de Abimael Guzmán donde no podía fallar, en la cárceles, con la diferencia de en este caso ordenó que luego de vencer las resistencias se eliminara uno a uno a los principales dirigentes, para “enviar el mensaje”, dejando vivo únicamente a Osmán Morote, tal vez para matizar la intención o para tener algún interlocutor para futuras negociaciones.

En el caso Mudanza I, Fujimori estuvo detrás de cada una de las decisiones que llevó a la matanza, controló la actuación de los que realizaron las ejecuciones y luego recorrió el patio con los prisioneros rendidos, boca abajo, en una imagen precursora de lo que sería su paseo sobre los muertos después de la recuperación de la casa del embajador japonés, tras la crisis de los rehenes en 1997. Obviamente que el presidente creía que el ánimo del pueblo fatigado e intimidado por la guerra estaba predispuesto a aceptar como válido el método brutal de asesinar rendidos y prisioneros si eran del bando que se considera enemigo. Pero la Justicia no se guía por corrientes de opinión temporales.

Los documentos

La Corte Suprema de Justicia y el segundo juzgado penal supraprovincial a cargo del Dr. Oscar Antonio Pimentel Calle, recogiendo la denuncia fiscal del Dr. Mario Gonzales Díaz, que acusa a Alberto Fujimori Fujimori y otros por asesinato, dispone el 29 de agosto del 2006, “abrir instrucción en la vía ordinaria contra Alberto Fujimori Fujimori, como presunto autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio calificado en agravio de … (siguen 51 nombres, entre ellos Janet Talavera, directora del “Diario”, órgano senderista; Yovanka Pardavé, Tito Valle Travesaño, Elvia Zanabria, Deodato Juárez Cruzatt, entre otros dirigentes del Comité Central de la organización subversiva)… que existen suficientes elementos probatorios que lo vinculan con el ilícito penal…”

Y sigue el expediente: “al tiempo de acontecidos los hechos el denunciado se encontraba ejerciendo sus funciones como presidente del gobierno de reconstrucción nacional y jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales, quién dispuso la proyección y ejecución de un plan destinado a victimar a elementos integrantes y cabecillas de la organización subversiva Sendereo Luminoso recluidos en el Establecimiento Penal de Régimen Cerrado Especial Miguel Castro Castro en el marco de la estrategia integral de lucha contra el terrorismo… existiendo claros indicios que permiten inferir que en dicha operación se produjo el uso excesivo dela fuerza, así como de armas de fuego y explosivos, además de producirse ejecuciones arbitrarias, lo cual se advierte de los correspondientes protocolos de necropsia y dictámenes periciales de balística forense obrantes en autos, así como diversas declaraciones prestadas ante la Comisión de la Verdad y la Reconciliación…”.

Finaliza, la resolución con una reflexión sobre la gravedad de los hechos, la resistencia del encausado a someterse a la justicia (estaba en trámite su repatriación) y la impone la medida de: “detención, ordenándose su inmediata ubicación y captura a nivel nacional e internacional”. Ese es el ex presidente que quiere volver a gobernarnos, directamente o a través de su hija, mientras tiene tremendos expedientes de gravísimos delitos aún por resolver, sin contar aquellos casos por los que ya fue condenado y que pretende también ponerlos a un lado.

Matamos mejor

Cuando escuchamos la reveladora confesión de Jorge Trelles, dirigente de primer nivel del fujimorismo 2011, que decía orgulloso “nosotros matamos menos”, se nos planteó la pregunta de a qué se estaba refiriendo, si al registro de víctimas por períodos, que efectivamente muestra que en los tramos 1980-1985, y 1985-1990, hubieron más muertes totales que 1990-1993, lo que se debía al tipo de guerra (arrasamiento de zonas rurales y desconocimiento del enemigo), aparte de que el 92 cayó Guzmán y amenguaron casi inmediatamente los enfrentamientos.

Pero esos datos se refieren a cifras totales que incluyen muertos en enfrentamientos y víctimas de la subversión. ¿Cuántos mató el Estado en cada gobierno excediéndose de su función de reprimir a los insurrectos y restablecer la paz? Ahí sí las cifras con más discutibles, porque como se ve en el caso de los penales, García mató más, pero Fujimori apuntó mejor y eliminó a la dirigencia en una operación de aniquilamiento selectivo.

Al final el grupo Colina no era más que eso: una maquinaria de eliminación selectiva, que incluyó muertes como la de Pedro Huillca máximo dirigente de la CGTP, el periodista Pedro Yauri y muchos otros. Otro dato calve, es que Fujimori desapareció más personas, cuyos cuerpos hasta hoy no aparecen, lo que de acuerdo a la ley es un delito que no termina, y por el que será perseguido, por la ley internacional y su conciencia, hasta el día de su muerte.

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