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Human Rights Watch Contribuye al Genocidio de Pueblos Indígenas en Colombia

Por Bartolomé Clavero   

Como organización específicamente defensora de los derechos humanos, Human Rights Watch marca pauta y ejerce liderazgo. Con sus cuarteles generales en Washington D.C., su acción se hace sobre todo notar, para lo nuevo y para lo malo, por las Américas. Puede decirse que también para lo malo a la vista de su reacción ante la llamada Ley de Víctimas colombiana, ley en realidad no sólo de reparación a víctimas, sino también de expropiación de pueblos indígenas y de exoneración del Estado y de las empresas, ley por tanto también de impunidad. Human Rights Watch no sólo se ha precipitado en celebrarla, sino que se ha apresurado a expresarle directamente su satisfacción al Gobierno de Colombia con una visita del más alto nivel a Bogotá. 

Para Human Rights Watch (HRW) “la nueva Ley de Víctimas y Restitución de Tierras colombiana ofrece una oportunidad histórica para restablecer millones de hectáreas de tierras a colombianos que han sido expulsados de sus hogares por la violencia”. Así reza el arranque del comunicado hecho público el mismísimo día de la promulgación de la Ley, 10 de junio de 2011. Obsérvese el sesgo favorable a lo peor de la misma que ya asoma desde la primera frase. Se habla de “colombianos” en término de sujetos individuales que se mantienen durante todo el comunicado cuando el problema más grave se plantea respecto a territorios arrebatados a pueblos indígenas y comunidades afroamericanas dado que su desarraigo puede implicar su desaparición como tales pueblos y comunidades y por tanto, si esto es intencionado, genocidio. Y el caso es que la Ley no sólo deja pendiente el asunto de esta restitución sin garantizar siquiera que habrá de ser íntegra, sino que ya anuncia que se hará en términos de propiedad individual a “las víctimas pertenecientes a pueblos y comunidades” con la reducción radical de territorios que esto implicará. A lo cual se añade que la Ley guarda un cómplice silencio sobre la ocupación de tierras indígenas y de afrodescendientes por empresas agroindustriales y extractivas. Son tierras que no se devolverán.

“La finalidad de la ley”, asegura el comunicado de HRW, “es restituir tierras robadas y abandonadas a colombianos que han sido desplazados internamente” y también, aunque no se diga, hacia el exterior, lo que afecta especialmente a pueblos indígenas, como el awa o el emberá. Son presiones neurálgicas ausentes de un comunicado que en ningún momento menciona siquiera el caso del sector más afectado, en términos comparativos con otros sectores, por las masacres y los desplazamientos, el indígena y afrodescendiente. El comunicado habla en momentos de comunidades en términos inespecíficos y nunca de pueblos. Resulta todo esto enormemente extraño cuando HRW ha venido siguiendo la evolución del genocidio colombiano, aunque genocidio no lo haya considerado en ningún momento. Entre guerrillas, Estado y empresas se ha intentado hacer desaparecer como grupos humanos caracterizados a pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, lo que es genocidio según la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, el Estatuto de la Corte Penal Internacional, la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el propio Código Penal de Colombia. Instancias internacionales, como el Fiscal de la Corte Penal Internacional y el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, lo han señalado en algún momento, aunque luego también hayan adoptado un extraño silencio sobre esa posibilidad de perpetración de genocidio, extraño por la envergadura del caso.

“Colombia hoy ha dado un paso fundamental para afrontar el legado de violencia y abuso que ha afectado a millones de ciudadanos”, asevera, según el mismo comunicado, José Miguel Vivanco, Director para las Américas de HRW, abogado chileno de formación por más señas, quien prosigue: “Al aprobar esta ley histórica, el Presidente Santos y el Congreso colombiano han avanzado en el reconocimiento del derecho de las personas desplazadas y de otras víctimas a obtener una reparación por los abusos que han sufrido”. Bien está. ¿Cómo va a discutirse? Mas lo que extraña, particularmente en un pronunciamiento de una organización de derechos humanos, es el silencio sobre extremos elementales. ¿Por qué ha de celebrarse que un Estado declare que va a atender obligaciones suyas tan fundamentales como la de restituir bienes robados y además sin comprometerse a ello plenamente y, lo que es en definitiva peor, sin afrontar la propia responsabilidad en la circunstancia de que el despojo haya sido masivo y en parte provocado por fuerzas del mismo Estado? Al estado le exonera expresamente la Ley. ¿Cómo puede celebrar esto una organización de derechos humanos? ¿Es que no se ha leído la Ley? ¿Es que prefiere no leer la Ley para poder participar en una celebración que ha sido convocada y está siendo dirigida nada menos que por las Naciones Unidas? ¿Hasta qué punto HRW es una organización independiente? Tal vez sólo sea que se deja irresponsablemente llevar por el agobio que supone haberse implicado tanto en una situación de tamaña gravedad como la colombiana y por el alivio de ilusionarse con una salida en falso o hacia el mismo sitio.

“La violencia persistente en contra de comunidades desplazadas hará que la implementación efectiva de la ley sea un desafío importante. Es crucial que el gobierno adopte medidas rotundas para proteger a los beneficiarios de la ley frente a los brutales grupos armados que se oponen a la restitución de las tierras”, ha afirmado también, según el comunicado, José Miguel Vivanco. Bien está y es cierto. Se trata no sólo de guerrillas, sino también de partidas armadas que se organizaron por instancias de hacendados, de empresas y del propio Estado, de un Estado que pretende haber desmovilizado y, en parte, sometido a la justicia a estas bandas, topándose con cierto justificado escepticismo interno e internacional por evidencias tanto de simulación en la desmovilización como de lenidad en la justicia. ¿Cómo puede presumir HRW que Colombia está ahora en condiciones de adoptar “medidas rotundas” contra “los brutales grupos armados”? Y no se trata tan sólo ni principalmente, a estas alturas, del recurso a la brutalidad, sino de métodos más insidiosos por parte de los mismos agentes últimos, los económicos y los políticos. En lo que afecta a pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, esta llamada Ley de Víctimas puede ser una pieza más de los métodos no brutales que también conducen, en su caso, al genocidio.

José Miguel Vivanco, abogado chileno y Director para las Américas de HRW como está dicho, se ha colocado a los pocos días, ni corto ni perezoso, en Bogotá para rendir visita y tributo al Presidente de la República por el logro histórico de la Ley de Víctimas. Según las agencias informativas citando fuentes oficiales, “el director de HRW reconoció directamente a Santos los esfuerzos gubernamentales por esa norma, con la que se espera indemnizar a cuatro millones de víctimas del conflicto y devolver dos de los más de seis millones de hectáreas usurpadas a campesinos por grupos armados”. Con el mismo mensaje en nombre de HRW, Vivanco se ha entrevistado con otros miembros del Gobierno. Imagino la satisfacción de quienes los más de seis millones de hectáreas en cuyo mismo despojo tienen responsabilidad. Lo de que, según fuentes oficiales, vayan a devolverse tan sólo “dos de los más de seis millones de hectáreas usurpadas” no es dato que le inquiete a HRW.

Poniendo como excusa el derecho a la consulta para cuestiones de flagrante justicia que no la requieren, como lo sea la devolución de territorios despojados, exceptuándose con esto de la Ley a pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes y olvidándose la misma de consignar el compromiso de restitución íntegra de sus tierras, se avanza en la vía del genocidio. Es un detalle jurídico que se le escapa al abogado chileno y a toda su organización. Se le ha escapado también al Sistema de Naciones Unidas en Colombia y al propio Secretario General de las Naciones Unidas, quienes están en efecto encabezando la celebración de la Ley. Human Rights Watch ha querido salir en la foto.




Comunicado de HRW

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