Enjuiciar a civiles en tribunales militares pudo haber sido una cuesti贸n de comodidad y conveniencia para el gobierno del presidente Yoweri Museveni. Pero es injusto e ilegal tanto de acuerdo a la Constituci贸n de Uganda como bajo el derecho internacional y la legislaci贸n de derechos humanos africana.
Maria Burnett, investigadora principal de 脕frica de Human Rights Watch
"El Gobierno de Uganda debe dejar de enjuiciar a civiles en tribunales militares injustos, de manera inmediata", Human Rights Watch se帽al贸 en un informe. Los fiscales militares y civiles deben trabajar juntos para resolver los casos pendientes a trav茅s de la liberaci贸n o un nuevo juicio en los tribunales civiles, y la Polic铆a debe dejar de poner a civiles bajo custodia militar, dijo Human Rights Watch.
El informe de 27 p谩ginas, “Righting Military Injustice: Addressing Uganda’s Unlawful Prosecutions of Civilians in Military Courts” ("Corrigiendo la injusticia militar: Abordando los enjuiciamientos ilegales de civiles en tribunales militares en Uganda"), documenta el patr贸n de juicios de civiles ante tribunales militares, las formas en que estos violan los principios jur铆dicos internacionales, as铆 como las medidas que Uganda deber铆a tomar para hacer frente a estas violaciones a un juicio justo. Desde 2002, los tribunales militares de Uganda han procesado a m谩s de 1,000 civiles de acuerdo a cargos bajo el c贸digo penal, como el asesinato y el robo a mano armada. Un fallo de 2006 del Tribunal Constitucional de Uganda, que fue confirmado en apelaci贸n en 2009 ante la Corte Suprema de Justicia y respaldado por el derecho internacional, estableci贸 que los tribunales militares no son competentes para juzgar a civiles acusados de delitos comunes, sin embargo, dicha sentencia no ha sido aplicada.
"Enjuiciar a civiles en tribunales militares pudo haber sido una cuesti贸n de comodidad y conveniencia para el gobierno del presidente Yoweri Museveni", dijo Maria Burnett, investigadora principal de 脕frica de Human Rights Watch. "Pero es injusto e ilegal tanto de acuerdo a la Constituci贸n de Uganda como bajo el derecho internacional y la legislaci贸n de derechos humanos africana".
Al menos 341 casos de civiles se encuentran en espera de juicio ante tribunales militares. Con los a帽os, Museveni ha defendido repetidamente el enjuiciamiento de civiles por tribunales militares, a pesar de la sentencia del Tribunal Constitucional.
Las autoridades militares de Uganda han indicado que est谩n contemplando modificar la forma de enjuiciar a los civiles, pero no se ha tomado ninguna decisi贸n sobre c贸mo hacer frente a este sistema profundamente arraigado de violaciones a los derechos. No hay ning煤n mecanismo para remediar la situaci贸n de los cientos de civiles que ya cumplen penas de prisi贸n como resultado de juicios militares injustos.
El enjuiciamiento de civiles por tribunales militares viola las normas de derechos humanos de muchas maneras. Los tribunales militares no cumplen con los requisitos de competencia, independencia e imparcialidad de acuerdo al derecho internacional para juzgar a civiles. Los casos ante los tribunales militares no respetan los derechos fundamentales del juicio justo, como el derecho a la defensa, el derecho contra la autoincriminaci贸n, y la prohibici贸n del uso de evidencia obtenida mediante tortura. Estas violaciones de los derechos se ampl铆an en los casos en que se impone la pena de muerte.
"Si el Ej茅rcito ugand茅s est谩 a la altura de su tan proclamado profesionalismo, debe dejar de someter a civiles a la jurisdicci贸n militar, que es una flagrante violaci贸n de la profesionalidad y el derecho internacional", dijo Burnett. "El Ej茅rcito tiene que tomar medidas claras y concretas para remediar la 煤ltima d茅cada de la enjuiciamientos y convicciones ilegales de civiles".
Los tribunales militares de Uganda han sentenciado a civiles a condenas severas, incluyendo la pena de muerte. Por ejemplo, en septiembre de 2010, Judith Koryang, de 20 a帽os de edad, fue condenada a muerte por matar a su esposo, un miembro del Ej茅rcito de Uganda. Ella afirm贸 que su marido la maltrataba y que la hab铆a amenazado con correrla de su casa despu茅s de haber resultado positiva en una prueba de VIH.
Ella se declar贸 culpable y fue representada por un abogado de la defensa militar, quien no plante贸 objeci贸n legal alguna sobre el hecho de que los tribunales militares no fuesen competentes para llevar el caso. El tribunal militar dijo que la pena de muerte "debe servir de ejemplo a todas las mujeres casadas con soldados para que se abstengan de conspirar para matar a sus esposos por cuestiones menores".
Adem谩s de detener todos los casos pendientes, Uganda deber铆a cumplir con sus obligaciones legales para remediar la situaci贸n de los civiles que cumplen penas de prisi贸n dictadas por los tribunales militares, se帽al贸 Human Rights Watch. Para llevar a cabo estos pasos de manera eficiente y efectiva, los fiscales militares y civiles deben trabajar juntos para identificar todos los procesos judiciales militares que involucren a civiles, y proveer un remedio para cada acusado.
"Uganda tiene que establecer un proceso de revisi贸n de todos los casos de detenci贸n y enjuiciamiento ilegales de civiles ante tribunales militares y asegurarse de que cada acusado tenga acceso a un recurso efectivo", dijo Burnett. "Este problema no va a desaparecer solo. El Gobierno debe liberar a los civiles o someterlos a un nuevo juicio de acuerdo a las normas internacionales del juicio justo".