Por Salvador Briceño
La atención institucional a la juventud es prioritaria. El Estado tiene una gran responsabilidad con los jóvenes. Y no son ellos el peligro sino quienes están “en peligro”, porque carecen de oportunidades de empleo y educación [cultura]; como el riesgo de caer en problemas de drogadicción o ser reclutados por organizaciones criminales. Problemas de nutrición y salud, por la situación económica de los padres, derivan en una elevada deserción escolar. Es urgente, como lo propuso recién la Conago, iniciar la campaña nacional de inserción masiva de jóvenes a los espacios educativos y laborales.
Un ejercicio cívico de construcción de comunidad es importante, como componente de seguridad ciudadana, aplicando mecanismos alternativos de solución de conflictos personales, entre vecinos y comunidades que derivan en problemas. Atender la violencia intrafamiliar, el maltrato infantil; la violencia interpersonal y comunitaria, como actos que a menudo alientan la violencia desde el nivel municipal. En pocas palabras: el ejercicio cívico de “construcción de comunidad, es un componente prioritario de una política de seguridad ciudadana”, en donde la víctima no sea objeto de victimización secundaria del sistema de justicia. Lo que sea, para sanear o reconstruir el tejido social.
De la construcción de comunidades seguras y policías modernas, sigue el restablecimiento de un Estado seguro y no al revés. Una reforma policial parte de la responsabilidad de construir políticas públicas democráticas de seguridad, y de una política social responsable que coloque al ciudadano en el centro. Eso supone “la inclusión de un concepto amplio del nuevo papel del ciudadano no sólo como receptor de las políticas de seguridad y policía, sino fundamentalmente como actor”. Implica adoptar un modelo de seguridad ciudadana como política derivada de la seguridad humana. Eso plantea “un cambio estructural en la relación del Estado con la sociedad (protección de las personas, respeto a los derechos humanos, ejercicio de la ciudadanía y de la participación social, solución pacífica de los conflictos interpersonales y sociales, fortalecimiento de las instituciones y obtención de impactos durables y de largo plazo)”.
Desmilitarizar la policía. “La policía es una institución civil” para resolver conflictos de la ciudadanía; debe desvincularse de la institución militar y acercarse a la sociedad civil. Es necesario redefinir los valores y normas sobre su rol constitucional, vinculado a la defensa de los derechos humanos”. Percibir mejores salarios y condiciones laborales. Con evaluación externa.
La política actual en relación al uso de la fuerza se utiliza como la primera herramienta pero debe ser la última del sistema de seguridad, “principalmente en función de la participación de las fuerzas armadas”, con un amplio despliegue desde 2007; porque el “empleo desproporcionado de las capacidades de uso extremo de las fuerza del Estado es un síntoma de un problema sistémico”. Es importante, por ello, la resolución de la Corte donde el fuero militar se ajuste a los términos del 13 constitucional y a las disposiciones de la Corte Interamericana de DH. No obstante el legislador debe resarcir los pocos elementos normativos para “la determinación de los límites al uso de la fuerza en tareas de seguridad”. “Que imponga límites al uso legítimo de la fuerza en los términos de la legalidad, excepcionalidad, protección de derechos…”.
Urge una reforma profunda al sistema de justicia penal. Que “se racionalice el empleo de los mecanismos de la justicia penal para resolver conflictos”. Se requiere una “profunda revisión para despenalizar conductas inocuas y revisar sanciones penales al justo grado del daño causado a la sociedad en cada caso, teniendo siempre como objetivo la readaptación social”. El componente de gestión en la procuración y administración de justicia, garantizará una política criminal transparente, que coloque en el centro la protección de los derechos de las víctimas y los inculpados. La autonomía de los ministerios públicos y de las procuradurías de justicia, con carrera ministerial, como medidas contra la corrupción, la impunidad, la seguridad pública, el uso de la acción penal como política o razón de Estado, entre otras medidas.
Las acciones contra el lavado de dinero —“uno de los instrumentos más importantes contra la delincuencia organizada”— son insuficientes, pues el número de sentencias entre 2006 y 2010 fue de solo 53. El negocio se estima entre 19 mil y 29 mil millones de dólares anuales. Seguir las huellas al lavado en bancos, aseguradoras, constructoras e inmobiliarias. “La lucha contra el crimen organizado necesita de la colaboración regional e internacional. México fue uno de los países más activos en proponer mecanismos de colaboración entre los países para afrontar esta lucha, así como la discusión de asuntos tan delicados como el intercambio de información, el tráfico de armas, el lavado de dinero y la posibilidad de la legalización de algunas drogas. Es necesario que México retome esta bandera, y en unión con otros países vuelva a proponer foros internacionales para la discusión y acuerdos de colaboración sobre los puntos anteriores”.
En los sistemas de inteligencia del país —Cisen, Sedena, PGR, Segob, SCT, SHCP, hay descoordinación y desconfianza. Sobre todo entre instancias civiles y militares. Pero una coordinación entre instancias, además urge atender la naturaleza trasnacional de las amenazas a la seguridad nacional. Apoyar el Consejo de Seguridad Nacional por parte del legislador.
Conocer cómo operan las estructuras financieras del crimen organizado en México, Estados Unidos y Centroamérica. Atender el lado trasnacional del crimen organizado, como la trata, secuestro de migrantes, tráfico de armas en ambas fronteras. “La políticas de seguridad en la frontera sur debe reflejar el valor de proteger la vida y la dignidad de las personas que transitan por el territorio nacional”. Desde EU, el flujo de armas es un dato en la comisión de delitos. Urge una estrategia de seguridad en ese sentido. EU hace hincapié en la disuasión terrorista, no en el tráfico de drogas y armas. México debe cambiar eso, porque hasta ahora ha mostrado debilidad. Una revisión de los programas de cooperación entre vecinos.
Hasta aquí la breve reseña de un documento de 42 páginas. Las 36 “acciones” propuestas por la UNAM pueden verse en el sitio: www.ddu.unam.mx/imgs/inicio/SeguridadYJusticia/propuesta_s_AGO11.pdf.
La atención institucional a la juventud es prioritaria. El Estado tiene una gran responsabilidad con los jóvenes. Y no son ellos el peligro sino quienes están “en peligro”, porque carecen de oportunidades de empleo y educación [cultura]; como el riesgo de caer en problemas de drogadicción o ser reclutados por organizaciones criminales. Problemas de nutrición y salud, por la situación económica de los padres, derivan en una elevada deserción escolar. Es urgente, como lo propuso recién la Conago, iniciar la campaña nacional de inserción masiva de jóvenes a los espacios educativos y laborales.
Un ejercicio cívico de construcción de comunidad es importante, como componente de seguridad ciudadana, aplicando mecanismos alternativos de solución de conflictos personales, entre vecinos y comunidades que derivan en problemas. Atender la violencia intrafamiliar, el maltrato infantil; la violencia interpersonal y comunitaria, como actos que a menudo alientan la violencia desde el nivel municipal. En pocas palabras: el ejercicio cívico de “construcción de comunidad, es un componente prioritario de una política de seguridad ciudadana”, en donde la víctima no sea objeto de victimización secundaria del sistema de justicia. Lo que sea, para sanear o reconstruir el tejido social.
De la construcción de comunidades seguras y policías modernas, sigue el restablecimiento de un Estado seguro y no al revés. Una reforma policial parte de la responsabilidad de construir políticas públicas democráticas de seguridad, y de una política social responsable que coloque al ciudadano en el centro. Eso supone “la inclusión de un concepto amplio del nuevo papel del ciudadano no sólo como receptor de las políticas de seguridad y policía, sino fundamentalmente como actor”. Implica adoptar un modelo de seguridad ciudadana como política derivada de la seguridad humana. Eso plantea “un cambio estructural en la relación del Estado con la sociedad (protección de las personas, respeto a los derechos humanos, ejercicio de la ciudadanía y de la participación social, solución pacífica de los conflictos interpersonales y sociales, fortalecimiento de las instituciones y obtención de impactos durables y de largo plazo)”.
Desmilitarizar la policía. “La policía es una institución civil” para resolver conflictos de la ciudadanía; debe desvincularse de la institución militar y acercarse a la sociedad civil. Es necesario redefinir los valores y normas sobre su rol constitucional, vinculado a la defensa de los derechos humanos”. Percibir mejores salarios y condiciones laborales. Con evaluación externa.
La política actual en relación al uso de la fuerza se utiliza como la primera herramienta pero debe ser la última del sistema de seguridad, “principalmente en función de la participación de las fuerzas armadas”, con un amplio despliegue desde 2007; porque el “empleo desproporcionado de las capacidades de uso extremo de las fuerza del Estado es un síntoma de un problema sistémico”. Es importante, por ello, la resolución de la Corte donde el fuero militar se ajuste a los términos del 13 constitucional y a las disposiciones de la Corte Interamericana de DH. No obstante el legislador debe resarcir los pocos elementos normativos para “la determinación de los límites al uso de la fuerza en tareas de seguridad”. “Que imponga límites al uso legítimo de la fuerza en los términos de la legalidad, excepcionalidad, protección de derechos…”.
Urge una reforma profunda al sistema de justicia penal. Que “se racionalice el empleo de los mecanismos de la justicia penal para resolver conflictos”. Se requiere una “profunda revisión para despenalizar conductas inocuas y revisar sanciones penales al justo grado del daño causado a la sociedad en cada caso, teniendo siempre como objetivo la readaptación social”. El componente de gestión en la procuración y administración de justicia, garantizará una política criminal transparente, que coloque en el centro la protección de los derechos de las víctimas y los inculpados. La autonomía de los ministerios públicos y de las procuradurías de justicia, con carrera ministerial, como medidas contra la corrupción, la impunidad, la seguridad pública, el uso de la acción penal como política o razón de Estado, entre otras medidas.
Las acciones contra el lavado de dinero —“uno de los instrumentos más importantes contra la delincuencia organizada”— son insuficientes, pues el número de sentencias entre 2006 y 2010 fue de solo 53. El negocio se estima entre 19 mil y 29 mil millones de dólares anuales. Seguir las huellas al lavado en bancos, aseguradoras, constructoras e inmobiliarias. “La lucha contra el crimen organizado necesita de la colaboración regional e internacional. México fue uno de los países más activos en proponer mecanismos de colaboración entre los países para afrontar esta lucha, así como la discusión de asuntos tan delicados como el intercambio de información, el tráfico de armas, el lavado de dinero y la posibilidad de la legalización de algunas drogas. Es necesario que México retome esta bandera, y en unión con otros países vuelva a proponer foros internacionales para la discusión y acuerdos de colaboración sobre los puntos anteriores”.
En los sistemas de inteligencia del país —Cisen, Sedena, PGR, Segob, SCT, SHCP, hay descoordinación y desconfianza. Sobre todo entre instancias civiles y militares. Pero una coordinación entre instancias, además urge atender la naturaleza trasnacional de las amenazas a la seguridad nacional. Apoyar el Consejo de Seguridad Nacional por parte del legislador.
Conocer cómo operan las estructuras financieras del crimen organizado en México, Estados Unidos y Centroamérica. Atender el lado trasnacional del crimen organizado, como la trata, secuestro de migrantes, tráfico de armas en ambas fronteras. “La políticas de seguridad en la frontera sur debe reflejar el valor de proteger la vida y la dignidad de las personas que transitan por el territorio nacional”. Desde EU, el flujo de armas es un dato en la comisión de delitos. Urge una estrategia de seguridad en ese sentido. EU hace hincapié en la disuasión terrorista, no en el tráfico de drogas y armas. México debe cambiar eso, porque hasta ahora ha mostrado debilidad. Una revisión de los programas de cooperación entre vecinos.
Hasta aquí la breve reseña de un documento de 42 páginas. Las 36 “acciones” propuestas por la UNAM pueden verse en el sitio: www.ddu.unam.mx/imgs/inicio/SeguridadYJusticia/propuesta_s_AGO11.pdf.
