Por Salvador Brice帽o
La atenci贸n institucional a la juventud es prioritaria. El Estado tiene una gran responsabilidad con los j贸venes. Y no son ellos el peligro sino quienes est谩n “en peligro”, porque carecen de oportunidades de empleo y educaci贸n [cultura]; como el riesgo de caer en problemas de drogadicci贸n o ser reclutados por organizaciones criminales. Problemas de nutrici贸n y salud, por la situaci贸n econ贸mica de los padres, derivan en una elevada deserci贸n escolar. Es urgente, como lo propuso reci茅n la Conago, iniciar la campa帽a nacional de inserci贸n masiva de j贸venes a los espacios educativos y laborales.
Un ejercicio c铆vico de construcci贸n de comunidad es importante, como componente de seguridad ciudadana, aplicando mecanismos alternativos de soluci贸n de conflictos personales, entre vecinos y comunidades que derivan en problemas. Atender la violencia intrafamiliar, el maltrato infantil; la violencia interpersonal y comunitaria, como actos que a menudo alientan la violencia desde el nivel municipal. En pocas palabras: el ejercicio c铆vico de “construcci贸n de comunidad, es un componente prioritario de una pol铆tica de seguridad ciudadana”, en donde la v铆ctima no sea objeto de victimizaci贸n secundaria del sistema de justicia. Lo que sea, para sanear o reconstruir el tejido social.
De la construcci贸n de comunidades seguras y polic铆as modernas, sigue el restablecimiento de un Estado seguro y no al rev茅s. Una reforma policial parte de la responsabilidad de construir pol铆ticas p煤blicas democr谩ticas de seguridad, y de una pol铆tica social responsable que coloque al ciudadano en el centro. Eso supone “la inclusi贸n de un concepto amplio del nuevo papel del ciudadano no s贸lo como receptor de las pol铆ticas de seguridad y polic铆a, sino fundamentalmente como actor”. Implica adoptar un modelo de seguridad ciudadana como pol铆tica derivada de la seguridad humana. Eso plantea “un cambio estructural en la relaci贸n del Estado con la sociedad (protecci贸n de las personas, respeto a los derechos humanos, ejercicio de la ciudadan铆a y de la participaci贸n social, soluci贸n pac铆fica de los conflictos interpersonales y sociales, fortalecimiento de las instituciones y obtenci贸n de impactos durables y de largo plazo)”.
Desmilitarizar la polic铆a. “La polic铆a es una instituci贸n civil” para resolver conflictos de la ciudadan铆a; debe desvincularse de la instituci贸n militar y acercarse a la sociedad civil. Es necesario redefinir los valores y normas sobre su rol constitucional, vinculado a la defensa de los derechos humanos”. Percibir mejores salarios y condiciones laborales. Con evaluaci贸n externa.
La pol铆tica actual en relaci贸n al uso de la fuerza se utiliza como la primera herramienta pero debe ser la 煤ltima del sistema de seguridad, “principalmente en funci贸n de la participaci贸n de las fuerzas armadas”, con un amplio despliegue desde 2007; porque el “empleo desproporcionado de las capacidades de uso extremo de las fuerza del Estado es un s铆ntoma de un problema sist茅mico”. Es importante, por ello, la resoluci贸n de la Corte donde el fuero militar se ajuste a los t茅rminos del 13 constitucional y a las disposiciones de la Corte Interamericana de DH. No obstante el legislador debe resarcir los pocos elementos normativos para “la determinaci贸n de los l铆mites al uso de la fuerza en tareas de seguridad”. “Que imponga l铆mites al uso leg铆timo de la fuerza en los t茅rminos de la legalidad, excepcionalidad, protecci贸n de derechos…”.
Urge una reforma profunda al sistema de justicia penal. Que “se racionalice el empleo de los mecanismos de la justicia penal para resolver conflictos”. Se requiere una “profunda revisi贸n para despenalizar conductas inocuas y revisar sanciones penales al justo grado del da帽o causado a la sociedad en cada caso, teniendo siempre como objetivo la readaptaci贸n social”. El componente de gesti贸n en la procuraci贸n y administraci贸n de justicia, garantizar谩 una pol铆tica criminal transparente, que coloque en el centro la protecci贸n de los derechos de las v铆ctimas y los inculpados. La autonom铆a de los ministerios p煤blicos y de las procuradur铆as de justicia, con carrera ministerial, como medidas contra la corrupci贸n, la impunidad, la seguridad p煤blica, el uso de la acci贸n penal como pol铆tica o raz贸n de Estado, entre otras medidas.
Las acciones contra el lavado de dinero —“uno de los instrumentos m谩s importantes contra la delincuencia organizada”— son insuficientes, pues el n煤mero de sentencias entre 2006 y 2010 fue de solo 53. El negocio se estima entre 19 mil y 29 mil millones de d贸lares anuales. Seguir las huellas al lavado en bancos, aseguradoras, constructoras e inmobiliarias. “La lucha contra el crimen organizado necesita de la colaboraci贸n regional e internacional. M茅xico fue uno de los pa铆ses m谩s activos en proponer mecanismos de colaboraci贸n entre los pa铆ses para afrontar esta lucha, as铆 como la discusi贸n de asuntos tan delicados como el intercambio de informaci贸n, el tr谩fico de armas, el lavado de dinero y la posibilidad de la legalizaci贸n de algunas drogas. Es necesario que M茅xico retome esta bandera, y en uni贸n con otros pa铆ses vuelva a proponer foros internacionales para la discusi贸n y acuerdos de colaboraci贸n sobre los puntos anteriores”.
En los sistemas de inteligencia del pa铆s —Cisen, Sedena, PGR, Segob, SCT, SHCP, hay descoordinaci贸n y desconfianza. Sobre todo entre instancias civiles y militares. Pero una coordinaci贸n entre instancias, adem谩s urge atender la naturaleza trasnacional de las amenazas a la seguridad nacional. Apoyar el Consejo de Seguridad Nacional por parte del legislador.
Conocer c贸mo operan las estructuras financieras del crimen organizado en M茅xico, Estados Unidos y Centroam茅rica. Atender el lado trasnacional del crimen organizado, como la trata, secuestro de migrantes, tr谩fico de armas en ambas fronteras. “La pol铆ticas de seguridad en la frontera sur debe reflejar el valor de proteger la vida y la dignidad de las personas que transitan por el territorio nacional”. Desde EU, el flujo de armas es un dato en la comisi贸n de delitos. Urge una estrategia de seguridad en ese sentido. EU hace hincapi茅 en la disuasi贸n terrorista, no en el tr谩fico de drogas y armas. M茅xico debe cambiar eso, porque hasta ahora ha mostrado debilidad. Una revisi贸n de los programas de cooperaci贸n entre vecinos.
Hasta aqu铆 la breve rese帽a de un documento de 42 p谩ginas. Las 36 “acciones” propuestas por la UNAM pueden verse en el sitio: www.ddu.unam.mx/imgs/inicio/SeguridadYJusticia/propuesta_s_AGO11.pdf.
La atenci贸n institucional a la juventud es prioritaria. El Estado tiene una gran responsabilidad con los j贸venes. Y no son ellos el peligro sino quienes est谩n “en peligro”, porque carecen de oportunidades de empleo y educaci贸n [cultura]; como el riesgo de caer en problemas de drogadicci贸n o ser reclutados por organizaciones criminales. Problemas de nutrici贸n y salud, por la situaci贸n econ贸mica de los padres, derivan en una elevada deserci贸n escolar. Es urgente, como lo propuso reci茅n la Conago, iniciar la campa帽a nacional de inserci贸n masiva de j贸venes a los espacios educativos y laborales.
Un ejercicio c铆vico de construcci贸n de comunidad es importante, como componente de seguridad ciudadana, aplicando mecanismos alternativos de soluci贸n de conflictos personales, entre vecinos y comunidades que derivan en problemas. Atender la violencia intrafamiliar, el maltrato infantil; la violencia interpersonal y comunitaria, como actos que a menudo alientan la violencia desde el nivel municipal. En pocas palabras: el ejercicio c铆vico de “construcci贸n de comunidad, es un componente prioritario de una pol铆tica de seguridad ciudadana”, en donde la v铆ctima no sea objeto de victimizaci贸n secundaria del sistema de justicia. Lo que sea, para sanear o reconstruir el tejido social.
De la construcci贸n de comunidades seguras y polic铆as modernas, sigue el restablecimiento de un Estado seguro y no al rev茅s. Una reforma policial parte de la responsabilidad de construir pol铆ticas p煤blicas democr谩ticas de seguridad, y de una pol铆tica social responsable que coloque al ciudadano en el centro. Eso supone “la inclusi贸n de un concepto amplio del nuevo papel del ciudadano no s贸lo como receptor de las pol铆ticas de seguridad y polic铆a, sino fundamentalmente como actor”. Implica adoptar un modelo de seguridad ciudadana como pol铆tica derivada de la seguridad humana. Eso plantea “un cambio estructural en la relaci贸n del Estado con la sociedad (protecci贸n de las personas, respeto a los derechos humanos, ejercicio de la ciudadan铆a y de la participaci贸n social, soluci贸n pac铆fica de los conflictos interpersonales y sociales, fortalecimiento de las instituciones y obtenci贸n de impactos durables y de largo plazo)”.
Desmilitarizar la polic铆a. “La polic铆a es una instituci贸n civil” para resolver conflictos de la ciudadan铆a; debe desvincularse de la instituci贸n militar y acercarse a la sociedad civil. Es necesario redefinir los valores y normas sobre su rol constitucional, vinculado a la defensa de los derechos humanos”. Percibir mejores salarios y condiciones laborales. Con evaluaci贸n externa.
La pol铆tica actual en relaci贸n al uso de la fuerza se utiliza como la primera herramienta pero debe ser la 煤ltima del sistema de seguridad, “principalmente en funci贸n de la participaci贸n de las fuerzas armadas”, con un amplio despliegue desde 2007; porque el “empleo desproporcionado de las capacidades de uso extremo de las fuerza del Estado es un s铆ntoma de un problema sist茅mico”. Es importante, por ello, la resoluci贸n de la Corte donde el fuero militar se ajuste a los t茅rminos del 13 constitucional y a las disposiciones de la Corte Interamericana de DH. No obstante el legislador debe resarcir los pocos elementos normativos para “la determinaci贸n de los l铆mites al uso de la fuerza en tareas de seguridad”. “Que imponga l铆mites al uso leg铆timo de la fuerza en los t茅rminos de la legalidad, excepcionalidad, protecci贸n de derechos…”.
Urge una reforma profunda al sistema de justicia penal. Que “se racionalice el empleo de los mecanismos de la justicia penal para resolver conflictos”. Se requiere una “profunda revisi贸n para despenalizar conductas inocuas y revisar sanciones penales al justo grado del da帽o causado a la sociedad en cada caso, teniendo siempre como objetivo la readaptaci贸n social”. El componente de gesti贸n en la procuraci贸n y administraci贸n de justicia, garantizar谩 una pol铆tica criminal transparente, que coloque en el centro la protecci贸n de los derechos de las v铆ctimas y los inculpados. La autonom铆a de los ministerios p煤blicos y de las procuradur铆as de justicia, con carrera ministerial, como medidas contra la corrupci贸n, la impunidad, la seguridad p煤blica, el uso de la acci贸n penal como pol铆tica o raz贸n de Estado, entre otras medidas.
Las acciones contra el lavado de dinero —“uno de los instrumentos m谩s importantes contra la delincuencia organizada”— son insuficientes, pues el n煤mero de sentencias entre 2006 y 2010 fue de solo 53. El negocio se estima entre 19 mil y 29 mil millones de d贸lares anuales. Seguir las huellas al lavado en bancos, aseguradoras, constructoras e inmobiliarias. “La lucha contra el crimen organizado necesita de la colaboraci贸n regional e internacional. M茅xico fue uno de los pa铆ses m谩s activos en proponer mecanismos de colaboraci贸n entre los pa铆ses para afrontar esta lucha, as铆 como la discusi贸n de asuntos tan delicados como el intercambio de informaci贸n, el tr谩fico de armas, el lavado de dinero y la posibilidad de la legalizaci贸n de algunas drogas. Es necesario que M茅xico retome esta bandera, y en uni贸n con otros pa铆ses vuelva a proponer foros internacionales para la discusi贸n y acuerdos de colaboraci贸n sobre los puntos anteriores”.
En los sistemas de inteligencia del pa铆s —Cisen, Sedena, PGR, Segob, SCT, SHCP, hay descoordinaci贸n y desconfianza. Sobre todo entre instancias civiles y militares. Pero una coordinaci贸n entre instancias, adem谩s urge atender la naturaleza trasnacional de las amenazas a la seguridad nacional. Apoyar el Consejo de Seguridad Nacional por parte del legislador.
Conocer c贸mo operan las estructuras financieras del crimen organizado en M茅xico, Estados Unidos y Centroam茅rica. Atender el lado trasnacional del crimen organizado, como la trata, secuestro de migrantes, tr谩fico de armas en ambas fronteras. “La pol铆ticas de seguridad en la frontera sur debe reflejar el valor de proteger la vida y la dignidad de las personas que transitan por el territorio nacional”. Desde EU, el flujo de armas es un dato en la comisi贸n de delitos. Urge una estrategia de seguridad en ese sentido. EU hace hincapi茅 en la disuasi贸n terrorista, no en el tr谩fico de drogas y armas. M茅xico debe cambiar eso, porque hasta ahora ha mostrado debilidad. Una revisi贸n de los programas de cooperaci贸n entre vecinos.
Hasta aqu铆 la breve rese帽a de un documento de 42 p谩ginas. Las 36 “acciones” propuestas por la UNAM pueden verse en el sitio: www.ddu.unam.mx/imgs/inicio/SeguridadYJusticia/propuesta_s_AGO11.pdf.