OPINIÓN de José Luis Lezama
Somos libres, decía Montesquieu, porque vivimos bajos leyes civiles. Las Naciones Unidas definen al Imperio de la Ley como un principio de gobernanza que hace posible que todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, incluyendo al Estado mismo, sean responsables, en el sentido de rendir cuentas a las leyes que son promulgadas públicamente, aplicadas igualitariamente y juzgadas independientemente, incluso de las que emanan de los acuerdos de la comunidad internacional de naciones.
Diversos síntomas hablan de la precariedad de nuestro Estado de Derecho. No son estos síntomas nuevos. Lo que es nuevo es su magnitud, su generalización y su transformación en práctica cotidiana, en actos desapercibidos, en componentes de la normalidad. No todos asumen la ultrajante y barbárica expresión del feminicidio en Ciudad Juárez, o la de los migrantes centroamericanos ejecutados o secuestrados, o de la masacre en el Casino Royale. Muchos de los síntomas de la descomposición de nuestro contrato de sociedad parecen de menor escala, tal vez hasta se consideren irrelevantes, y pudiera decirse que forman parte de nuestro ser mexicano.
Los ejemplos que se presentan aquí son de este tipo y no guardan necesariamente relación uno con otro. El primer caso se muestra con nitidez en las ideas expresadas hace unos días por el titular de la Semarnat, a propósito del incumplimiento por parte de Pemex de una norma ambiental, la 086, que le ordena la introducción de Diesel de Ultra Bajo Azufre y cuya fecha límite venció en enero del 2009. El secretario muestra, en entrevista, cierta claridad sobre las consecuencias para la calidad del aire, para la salud de los ciudadanos, de la economía y para el combate al cambio climático por el retraso en la distribución de un combustible de mejor calidad. El tono de sus observaciones no parece el de quien personifica la ley y busca su cumplimiento, sino la queja y exhorto de un ciudadano común. No menciona el secretario las sanciones que son acreditables, o que deberían serlo, para quien transgrede la norma. El momento de mayor claridad de lo que podría ser su entendimiento del Imperio de la Ley surgió cuando fincó sus esperanzas del cumplimiento de la norma 086 en el casual parentesco existente entre el secretario de Energía y la subsecretaria de normatividad de la Semarnat. El lazo sanguíneo y no la ley aparecen como solución a la conducta transgresora (Reforma, 18/IX/2011).
En la misma fecha en que este funcionario atribuía eficacia jurídica a las relaciones de consanguinidad se anunció el decomiso, en Nuevo León, de poco más de 300 mil litros de combustibles producto del tráfico ilegal. La extracción ilícita de combustible a Pemex no es un hecho aislado, o práctica esporádica de inexpertos y ocasionales ladrones. Es parte de un organizado y rentable negocio en el que se presume la participación de elementos del mundo de la delincuencia, la economía y el poder, que posee alta tecnología y que difícilmente sea imperceptible para los sistemas de contabilidad y vigilancia de la paraestatal. Se habla de pérdidas para la empresa de alrededor de 3 mil millones de pesos en 2010. No ver, no investigar, ser selectivos, o no exhaustivos en la aplicación de la ley, es sin duda síntoma de un pobre Estado de Derecho (Reforma, 18/IX/2011).
El tercer caso tiene que ver con los migrantes centroamericanos y el secuestro, tortura y criminalización a que son sometidos durante su tránsito por México, en actos en los que se presume están involucradas bandas criminales, autoridades y empleados de gobierno, particularmente del INM. El padre Tomás González, que dirige la Casa del Migrante en Tenosique, Tabasco, hizo denuncias en este sentido, señalando detalles de lugares donde se recluye a migrantes secuestrados. Poco después de sus declaraciones fue arrestado por agentes policíacos.
Esta detención epitoma la negación del Estado de Derecho, su autoderrota, la cancelación de las reglas del juego mediante las cuales nuestra sociedad quiere jugar al juego de nación moderna y civilizada.
El terror desatado por la criminalidad y la supresión del recurso de la ley no sólo genera un estado colectivo de impotencia sino que hace perder a los ciudadanos su capacidad de iniciativa para generar cambios. Christopher Nolan, director de la última película sobre Batman (The Dark Night), parece buen observador del combate a la criminalidad. La idea no es sólo que enfrentar el crimen con violencia genera más violencia, sino que su escalamiento por la autoridad lleva a un callejón sin salida, dejándola aplastada por la fuerza que tiene en sus manos, incapaz de distinguir la diferencia entre lograr el poder y ser su prisionero. Combatir la criminalidad con la violencia y con métodos y personajes que operan al margen de la ley, señala, atrae a los criminales, los hace más violentos, y disemina la barbarie y la locura.
Somos libres, decía Montesquieu, porque vivimos bajos leyes civiles. Las Naciones Unidas definen al Imperio de la Ley como un principio de gobernanza que hace posible que todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, incluyendo al Estado mismo, sean responsables, en el sentido de rendir cuentas a las leyes que son promulgadas públicamente, aplicadas igualitariamente y juzgadas independientemente, incluso de las que emanan de los acuerdos de la comunidad internacional de naciones.
Diversos síntomas hablan de la precariedad de nuestro Estado de Derecho. No son estos síntomas nuevos. Lo que es nuevo es su magnitud, su generalización y su transformación en práctica cotidiana, en actos desapercibidos, en componentes de la normalidad. No todos asumen la ultrajante y barbárica expresión del feminicidio en Ciudad Juárez, o la de los migrantes centroamericanos ejecutados o secuestrados, o de la masacre en el Casino Royale. Muchos de los síntomas de la descomposición de nuestro contrato de sociedad parecen de menor escala, tal vez hasta se consideren irrelevantes, y pudiera decirse que forman parte de nuestro ser mexicano.
Los ejemplos que se presentan aquí son de este tipo y no guardan necesariamente relación uno con otro. El primer caso se muestra con nitidez en las ideas expresadas hace unos días por el titular de la Semarnat, a propósito del incumplimiento por parte de Pemex de una norma ambiental, la 086, que le ordena la introducción de Diesel de Ultra Bajo Azufre y cuya fecha límite venció en enero del 2009. El secretario muestra, en entrevista, cierta claridad sobre las consecuencias para la calidad del aire, para la salud de los ciudadanos, de la economía y para el combate al cambio climático por el retraso en la distribución de un combustible de mejor calidad. El tono de sus observaciones no parece el de quien personifica la ley y busca su cumplimiento, sino la queja y exhorto de un ciudadano común. No menciona el secretario las sanciones que son acreditables, o que deberían serlo, para quien transgrede la norma. El momento de mayor claridad de lo que podría ser su entendimiento del Imperio de la Ley surgió cuando fincó sus esperanzas del cumplimiento de la norma 086 en el casual parentesco existente entre el secretario de Energía y la subsecretaria de normatividad de la Semarnat. El lazo sanguíneo y no la ley aparecen como solución a la conducta transgresora (Reforma, 18/IX/2011).
En la misma fecha en que este funcionario atribuía eficacia jurídica a las relaciones de consanguinidad se anunció el decomiso, en Nuevo León, de poco más de 300 mil litros de combustibles producto del tráfico ilegal. La extracción ilícita de combustible a Pemex no es un hecho aislado, o práctica esporádica de inexpertos y ocasionales ladrones. Es parte de un organizado y rentable negocio en el que se presume la participación de elementos del mundo de la delincuencia, la economía y el poder, que posee alta tecnología y que difícilmente sea imperceptible para los sistemas de contabilidad y vigilancia de la paraestatal. Se habla de pérdidas para la empresa de alrededor de 3 mil millones de pesos en 2010. No ver, no investigar, ser selectivos, o no exhaustivos en la aplicación de la ley, es sin duda síntoma de un pobre Estado de Derecho (Reforma, 18/IX/2011).
El tercer caso tiene que ver con los migrantes centroamericanos y el secuestro, tortura y criminalización a que son sometidos durante su tránsito por México, en actos en los que se presume están involucradas bandas criminales, autoridades y empleados de gobierno, particularmente del INM. El padre Tomás González, que dirige la Casa del Migrante en Tenosique, Tabasco, hizo denuncias en este sentido, señalando detalles de lugares donde se recluye a migrantes secuestrados. Poco después de sus declaraciones fue arrestado por agentes policíacos.
Esta detención epitoma la negación del Estado de Derecho, su autoderrota, la cancelación de las reglas del juego mediante las cuales nuestra sociedad quiere jugar al juego de nación moderna y civilizada.
El terror desatado por la criminalidad y la supresión del recurso de la ley no sólo genera un estado colectivo de impotencia sino que hace perder a los ciudadanos su capacidad de iniciativa para generar cambios. Christopher Nolan, director de la última película sobre Batman (The Dark Night), parece buen observador del combate a la criminalidad. La idea no es sólo que enfrentar el crimen con violencia genera más violencia, sino que su escalamiento por la autoridad lleva a un callejón sin salida, dejándola aplastada por la fuerza que tiene en sus manos, incapaz de distinguir la diferencia entre lograr el poder y ser su prisionero. Combatir la criminalidad con la violencia y con métodos y personajes que operan al margen de la ley, señala, atrae a los criminales, los hace más violentos, y disemina la barbarie y la locura.
